Por: Waldo Munizaga
waldomunizaga@hotmail.com
El grado de inmediatez y apasionamiento como fue recibido el bien cacareado “videito” del alcalde Gian Carlos Di Martino en Colombia, Davos y Venezuela realmente asombra y no deja de preocuparnos. Lo automático de las airadas respuestas ante lo sucedido es más que una incontrastable señal de la existencia, quizás programática, de planes de invasión hacia Venezuela por parte del gobierno sanguinario de Washington.
Mucho más que el gobierno norteamericano son los gobiernos de Uribe (con su parapolítica guerrerista) y los apatridas sectores del gobierno regional del Estado Zulia, a quienes más preocupa y aterra la crisis financiera que actualmente aturde no sólo a la economía de los EE.UU. sino al capitalismo internacional.
Las últimas declaraciones de la recién liberada Consuelo González de Perdomo sobre importantes movilizaciones militares tendientes a cercar los campamentos guerrilleros donde se presume la existencia de rehenes (incluyendo Ingrid Betancourt) no dejan lugar a dudas sobre la posición histórica mantenida por la administración de USA ante el conflicto colombiano, y la causa de la intempestiva y reveladora conversación, en la misma Colombia, entre Condoleezza Rice, Uribe y los Paramilitares.
Lamentablemente queda claro que hoy en día la presencia de estos rehenes en poder de la guerrilla es un enorme trastorno tanto para Colombia como para los Estados Unidos, y el futuro de los planes de su dominio en la región, por lo que no sería del todo descabellado el considerarlos en grave peligro. La innegable popularidad que alcanzó la esperanza de una salida pacífica al conflicto colombiano claramente abortaría inaplazablemente toda estrategia por continuar promoviendo el mercado bélico de su principal industria, y el mantenimiento y control del tráfico y comercio del lucrativo negocio de las drogas.
Sólo a razón del Acuerdo Humanitario promovido por el presidente Chávez y Piedad Córdoba la opinión internacional logró sensibilizarse sobre lo grave y complejo del conflicto colombiano. Los continuos señalamientos sobre los nexos del gobierno de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo han abierto hoy más que nunca el debate sobre el verdadero atractivo de Colombia para la política genocida y corrupta del gobierno norteamericano.
El grado de infiltración presente en territorio venezolano por parte del paramilitarismo colombiano es hoy indiscutible para todos. Precisamente ha sido el propio alcalde Di Martino el que ha venido siendo el más continuo y certero denunciante sobre esta peligrosa violación a nuestra soberanía y defensa nacional. En un Estado fronterizo tan rico y neurálgico para la integridad territorial y política de Venezuela, para nada suele ser extraño que sus máximas autoridades hayan marcado claro interés por las relaciones con los gobiernos de Colombia y Norteamérica, más cuando se les ha sido innegable el marcado protagonismo de sus actuaciones en los aciagos días del golpe del mes de abril del 2002.
El video en sí no resiste ni el más mínimo análisis, quizás por esto es que sólo el Presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia haya levantado tan histéricas y atormentadas declaraciones en aras de su defensa. Incluso el propio Gobernador Manuel Rosales más se ha empecinado en desmentir la supuesta propiedad del canal televisivo donde se dio la premisa, que en opinar sobre la autenticidad del mismo.
waldomunizaga@hotmail.com
El grado de inmediatez y apasionamiento como fue recibido el bien cacareado “videito” del alcalde Gian Carlos Di Martino en Colombia, Davos y Venezuela realmente asombra y no deja de preocuparnos. Lo automático de las airadas respuestas ante lo sucedido es más que una incontrastable señal de la existencia, quizás programática, de planes de invasión hacia Venezuela por parte del gobierno sanguinario de Washington.
Mucho más que el gobierno norteamericano son los gobiernos de Uribe (con su parapolítica guerrerista) y los apatridas sectores del gobierno regional del Estado Zulia, a quienes más preocupa y aterra la crisis financiera que actualmente aturde no sólo a la economía de los EE.UU. sino al capitalismo internacional.
Las últimas declaraciones de la recién liberada Consuelo González de Perdomo sobre importantes movilizaciones militares tendientes a cercar los campamentos guerrilleros donde se presume la existencia de rehenes (incluyendo Ingrid Betancourt) no dejan lugar a dudas sobre la posición histórica mantenida por la administración de USA ante el conflicto colombiano, y la causa de la intempestiva y reveladora conversación, en la misma Colombia, entre Condoleezza Rice, Uribe y los Paramilitares.
Lamentablemente queda claro que hoy en día la presencia de estos rehenes en poder de la guerrilla es un enorme trastorno tanto para Colombia como para los Estados Unidos, y el futuro de los planes de su dominio en la región, por lo que no sería del todo descabellado el considerarlos en grave peligro. La innegable popularidad que alcanzó la esperanza de una salida pacífica al conflicto colombiano claramente abortaría inaplazablemente toda estrategia por continuar promoviendo el mercado bélico de su principal industria, y el mantenimiento y control del tráfico y comercio del lucrativo negocio de las drogas.
Sólo a razón del Acuerdo Humanitario promovido por el presidente Chávez y Piedad Córdoba la opinión internacional logró sensibilizarse sobre lo grave y complejo del conflicto colombiano. Los continuos señalamientos sobre los nexos del gobierno de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo han abierto hoy más que nunca el debate sobre el verdadero atractivo de Colombia para la política genocida y corrupta del gobierno norteamericano.
El grado de infiltración presente en territorio venezolano por parte del paramilitarismo colombiano es hoy indiscutible para todos. Precisamente ha sido el propio alcalde Di Martino el que ha venido siendo el más continuo y certero denunciante sobre esta peligrosa violación a nuestra soberanía y defensa nacional. En un Estado fronterizo tan rico y neurálgico para la integridad territorial y política de Venezuela, para nada suele ser extraño que sus máximas autoridades hayan marcado claro interés por las relaciones con los gobiernos de Colombia y Norteamérica, más cuando se les ha sido innegable el marcado protagonismo de sus actuaciones en los aciagos días del golpe del mes de abril del 2002.
El video en sí no resiste ni el más mínimo análisis, quizás por esto es que sólo el Presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia haya levantado tan histéricas y atormentadas declaraciones en aras de su defensa. Incluso el propio Gobernador Manuel Rosales más se ha empecinado en desmentir la supuesta propiedad del canal televisivo donde se dio la premisa, que en opinar sobre la autenticidad del mismo.
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