En Concreto
Los efectos antipopulares de la política mercantil en materia habitacional se agravan día con día en todo el país. Hace poco salió de la cárcel el primer preso político del Infonavit. Me refiero al luchador social Juan Murgía, de Ciudad Obregón, quien permaneció tras las rejas 49 días por orden directa de dicho instituto. Para pedir su liberación, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) se movilizó en 12 entidades de la República.
Llama la atención que a últimas fechas hasta funcionarios municipales tengan que intervenir directamente para defender a los derechohabientes.
El mes pasado fui invitada a Monclova por el regidor Leonardo Rodríguez, quien encabeza una lucha en defensa de los acreditados del Infonavit que padecen la intimidación de las administradoras de cartera y de los despachos jurídicos contratados especialmente para amedrentar a los trabajadores.
A convocatoria de Leonardo Rodríguez y del ingeniero Luis Fernando Galaz se reunieron más de 250 afectados, los cuales denunciaron a los despachos IBCE, Acser y Muñoz y Asociados, que han amenazado a las familias con supuestas notificaciones de desalojo para despojarlas de su vivienda. Con ello se pretende extorsionar a la gente mediante la cobranza, haciéndose pasar por juzgados, con lo que se configuraría el delito de usurpación de funciones.
A principios de enero, el presidente municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez, encabezó una marcha de más de 2 mil personas contra la venta de cartera vencida que realizó Víctor Manuel Borrás, director general del Infonavit, a Capmark y Scrap II, mediante un proceso amañado, donde se presume corrupción y manejo privilegiado de información, entre otras cosas.
Por ello, el CDV realizó una auditoría ciudadana y presentó un amparo contra la destrucción de los archivos de dicha venta. Ahora podemos aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales. Por ejemplo, en 2006, el Infonavit favoreció con la venta de dicha cartera y fuera de subasta pública a la empresa Scrap II, cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa. Este personaje pagó al Infonavit con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó, y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera. De ahí que quienes realizan este tipo de transacciones respondan a la categoría de carteristas de cuello blanco.
www.vivienda.gobiernolegitimo.org.mx
Los efectos antipopulares de la política mercantil en materia habitacional se agravan día con día en todo el país. Hace poco salió de la cárcel el primer preso político del Infonavit. Me refiero al luchador social Juan Murgía, de Ciudad Obregón, quien permaneció tras las rejas 49 días por orden directa de dicho instituto. Para pedir su liberación, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) se movilizó en 12 entidades de la República.
Llama la atención que a últimas fechas hasta funcionarios municipales tengan que intervenir directamente para defender a los derechohabientes.
El mes pasado fui invitada a Monclova por el regidor Leonardo Rodríguez, quien encabeza una lucha en defensa de los acreditados del Infonavit que padecen la intimidación de las administradoras de cartera y de los despachos jurídicos contratados especialmente para amedrentar a los trabajadores.
A convocatoria de Leonardo Rodríguez y del ingeniero Luis Fernando Galaz se reunieron más de 250 afectados, los cuales denunciaron a los despachos IBCE, Acser y Muñoz y Asociados, que han amenazado a las familias con supuestas notificaciones de desalojo para despojarlas de su vivienda. Con ello se pretende extorsionar a la gente mediante la cobranza, haciéndose pasar por juzgados, con lo que se configuraría el delito de usurpación de funciones.
A principios de enero, el presidente municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez, encabezó una marcha de más de 2 mil personas contra la venta de cartera vencida que realizó Víctor Manuel Borrás, director general del Infonavit, a Capmark y Scrap II, mediante un proceso amañado, donde se presume corrupción y manejo privilegiado de información, entre otras cosas.
Por ello, el CDV realizó una auditoría ciudadana y presentó un amparo contra la destrucción de los archivos de dicha venta. Ahora podemos aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales. Por ejemplo, en 2006, el Infonavit favoreció con la venta de dicha cartera y fuera de subasta pública a la empresa Scrap II, cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa. Este personaje pagó al Infonavit con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó, y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera. De ahí que quienes realizan este tipo de transacciones respondan a la categoría de carteristas de cuello blanco.
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