Regreso al autoritarismo

juan pablo proal

Absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del caso Lydia Cacho, con un control absoluto del Congreso del estado, y un predominio del PRI en la entidad, el gobernador Mario Marín Torres llega a la mitad de su sexenio con una fortaleza política tal que existe el temor fundado de que el mandatario vuelva a sus orígenes autoritarios, a tomar decisiones sin consultar voces disidentes y a que aflore la intolerancia a la critica, según coinciden en afirmar analistas, empresarios y académicos.

Por lo pronto, la semana pasada los poblanos ya tuvieron un primer aviso de lo que viene en adelante, cuando Marín arremetió contra la iniciativa privada que ha criticado la falta de transparencia durante su gestión.

“¿Qué hacen ellos para que el estado salga adelante, porque no todo lo hace el gobierno? El gobierno hace una parte, pero ellos son los responsables de generar empleo y riqueza”, recriminó a sus detractores.

Marín Torres asumió la gubernatura del estado el 15 de enero de 2005. En el primer año, dice Luis Mora Velasco, presidente del Consejo Empresarial Puebla, filial de la Coparmex, su gestión se caracterizó por su “autoritarismo y soberbia”.

Por ejemplo, no pocas veces hizo pública su intención de sepultar electoralmente al PAN, cosa que en la pasada elección intermedia donde el PRI arrasó en al contienda electoral. Además, fue uno de los gobernadores que más viajó por el mundo y, por si fuera poco, chocó permanentemente con la prensa. Incluso, demandó penalmente al corresponsal de la agencia Reuters, Julio Martínez, quien en una nota informó de un robo ocurrido en Casa Puebla, sede del Poder Ejecutivo del estado.

Pero la altivez que caracterizó a Mario Marín en su primer año de gobierno vino a menos en diciembre de 2006, cuando la prensa nacional reveló el contenido de las conversaciones telefónicas que el gobernador sostuvo con el empresario textilero, Kamel Nacif Borge, en una de las cuales quedó de manifiesto cómo el funcionario estatal manipuló a la justicia poblana para afectar a la periodista Lydia Cacho, quien había puesto al descubierto una red de pederastas en la que presuntamente participaba Nacif.

El escándalo nacional e internacional obligó a Marín Torres a pertrecharse en sus oficinas, a desembolsar carretadas de dinero para lavar su maltrecha imagen pública con notas pagadas en medios de comunicación nacionales --de cuyo gasto no ha rendido cuentas--, así como a emprender obras públicas de relumbrón y a conceder algunas concesiones a los partidos de oposición.

José Ojeda Bustamante, académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, con maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que en esa etapa Marín Torres se avocó a inaugurar obras públicas de bajo perfil en el estado, al tiempo que emprendió una campaña mediática para persuadir a la ciudadanía de que la investigación que le seguía la SCJN no le impedía seguir al mando del Poder Ejecutivo.

El especialista afirma también que es una incógnita también si las acciones realizadas por el gobierno del estado coinciden con el Plan Estatal de Desarrollo que el gobernador presentó en los albores de su administración.

Mora Velasco aporta otro dato, nada menor: la discrecionalidad y falta de transparencia con que Martín Torres ha manejado la obra pública en la entidad.

Noe s el único punto opaco en su gestión. También le falta rendir cuentas de los gastos en publicidad, confirma Josefina Buxadé Castelán, de la Comisión Para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

“No se ha entendido cabalmente que la información que tienen los funcionarios debe ser pública. Por ejemplo, entregar información de gastos en materia de publicidad, de contratos, de viáticos, evitaría suspicacias”, señala.

En entrevista con Apro, Buxadé Castelán, quien tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma que en las dependencias gubernamentales “existe un desconocimiento de lo que significa la transparencia y el acceso a la información pública. Nosotros nos hemos encontrado con respuestas absurdas, ridículas, pero no se puede generalizar”.

Los entrevistados coinciden que 2008 será clave del gobierno de Marín Torres, ya que éste tendrá la oportunidad de “mejorar su imagen” y la de su administración. De lo contrario, advierten, se regresaría al autoritarismo y a los errores de su primer año de gobierno.

“El gran reto de Marín será reflexionar si quiere seguir actuando con una visión autoritaria o adquirir un poco de visión democrática, si es que quiere seguir tambaleándose en el gobierno”, dice Eduardo Rivera Pérez, coordinador de los diputados panistas en la LVII legislatura del Congreso local.

Rivera Pérez acusa a Marín de no consultar a la oposición y de ejercer un “control omnipotente” en el estado, donde, señala, controla a los poderes Legislativo y Judicial y a la mayoría de los medios de comunicación.

Por su lado, Ojeda Bustamante afirma que, luego de que la SCJN exoneró a Marín en el caso de Lydia Cacho, “ahora tenemos a un gobernador más fortalecido”, al grado de que tiene ahora la posibilidad de que el PRI siga gobernando en el estado.

Añade: “Sería gravísimo que Mario vuelva a mostrar la actitud de su primer año de gobierno, de no tolerar la crítica. Sin embargo, sabemos que tiene un problema de personalidad, por lo que es difícil un cambio”.