En plenos preparativos para los festejos del centenario de la Revolución mexicana, Javier Lozano Alarcón , experto en comunicaciones y más que torpe secretario del Trabajo, dicta cátedra al país desde Cananea, Sonora, sobre las formas con las que el gobierno del empleo y del estado de derecho pretende afrontar las movilizaciones y huelgas obreras, aplazar las reivindicaciones de los asalariados y defender los intereses de los monopolios y oligopolios.
Al ser declarada inexistente la huelga minera que comenzó el 30 de julio de 2007, por la sumisa Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y hacerla valer con el uso de la fuerza policíaca y --según diversas fuentes-- militar, Lozano Alarcón no reparó, seguramente más por razones ideológicas que por ignorancia, que del 31 de mayo al 3 de junio de 1906 allá se escribieron páginas de la historia obrera y de la revolución. Y que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se dispone a festejar con bombo y platillo.
Cinco meses y 11 días necesitó el titular de la STPS –autor también del protagónico anuncio de que procedería con una demanda judicial por calumnia frente al empresario asiático que lo exhibió como pistolero del Partido Acción Nacional: “Coopelas o cuello” – para que por medio de la JFCA declarara la inexistencia de la huelga por incumplimiento del “requisito del estallido oportuno”.
Los tardíos descubrimientos no logran ocultar que desde antes de la notificación de la autoridad laboral a los dirigentes sindicales, 800 agentes de la Policía Federal Preventiva , del Ejército –según el reportero Ulises Gutiérrez Ruelas y el laboralista Néstor del Buen Lozano -- y de los cuerpos policíacos del gobierno de José Eduardo Robinson Bours Castelo , se concentraron en la segunda mina de cobre más extensa e importante de la aldea global, después de la del Teniente , en Chile. Y a las 10 de la mañana del viernes 11 iniciaron el ataque con saldo de 40 heridos y cinco desaparecidos.
Se trataba de que el poderoso Grupo México y su muy influyente dueño Germán Larrea Mota-Velasco , integrante del Consejo de Administración de Televisa, se hicieran de una cabeza de playa desde de la empresa para trabajar por el quiebre de la huelga, mientras se resuelve el amparo de fondo solicitado por los huelguistas.
Por ahora, como dice el amparo obtenido por los mineros: “Suspéndanse las cosas y guárdense en el estado en que estaban”, asegura Carlos Pavón Campos , secretario de asuntos políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Ni el entonces secretario Francisco Javier Salazar Sáenz --orgulloso y tragicómico esquirol en Pasta de Conchos-- ni Vicente Fox Quesada , presuntamente vinculado por intereses mercantiles a Germán Larrea, se atrevieron a utilizar el mecanismo de la inexistencia de la huelga, pues como advierte el senador Carlos Navarrete Ruiz es “una manipulación de la ley para dar una coartada al uso de la fuerza” y mandar un mensaje de que a los múltiples actores del reclamo social y político se les aplicará “la fuerza del Estado para ponerlos en orden”.
Tanto Alarcón Lozano –“No voy a arriesgar vidas por unos cadáveres” en Pasta de Conchos, Coahuila, mina también del Grupo México-- como su jefe Calderón Hinojosa superaron, en menos de 14 meses, a sus antecesores en la puntual defensa de los intereses del consorcio del que es vocero Juan Rebolledo Gout , subsecretario de Relaciones Exteriores de Carlos Salinas de Gortari y muy cercano al entonces virtual vicepresidente José María Córdoba Montoya .
Sólo una convergencia de nombres como los hasta aquí mencionados, puede explicar la obstinación y continuidad con que los gobiernos del cambio , primero, y ahora el del empleo y de leyes , cuidan a sangre y garrote las concesiones del gigante minero.
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