TLC recrudece las condiciones en que ellas viven
Por Susana Trejo de Jesús
Las consecuencias adversas de la discriminación étnica, la crisis agrícola y la migración se recrudecieron para las mujeres con el TLC, denunciaron OSC en el Foro Social Mundial, llevado a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, del 22 al 26 de enero.
La migración femenina en las últimas décadas se incrementó en todo el mundo, de 35 millones en 1960, a 95 millones en el año 2006, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, lo que provocó también un aumento de las violaciones a sus derechos humanos, afirmó Siria Oliva Ruiz, integrante de la organización Sin Fronteras, que atiende a migrantes en México y Estados Unidos.
Antes se creía que estas mujeres viajaban para reunirse con su familia, pero hoy se sabe que actualmente se incorporan a la actividad productiva y son el sostén de sus familias a través del envío de remesas, dijo la abogada.
La vulnerabilidad de las mujeres ante la migración, explicó Siria Oliva Ruiz, se hace presente en problemas como el acceso a la protección debida, la regularización migratoria, la flexibilidad para el acceso al trabajo, la obtención de documentación de identidad para ellas y sus hijas e hijos y el acceso a los servicios de salud y de justicia.
Agregó que las mujeres migrantes y menores de edad que llegan procedentes de Centroamérica a vivir a Chiapas son una población bastante expuesta a la explotación pues ellas se emplean mayormente en trabajos domésticos o como trabajadoras sexuales. Mientras las niñas y los niños trabajan en el comercio informal.
Otras características que hacen a las mujeres más vulnerables cuando emigran a otro país son su bajo nivel de escolaridad y la pobreza, situaciones estrechamente relacionadas con el género femenino en México, señaló Oliva.
Dos de las propuestas que hizo para el trato justo de las mujeres migrantes es llevar a cabo una política con enfoque de género que elimine todo tipo de discriminación hacia ellas y que el status migratorio de una mujer no sea la excusa de los países para que accedan a todos sus derechos y así tener posibilidades de integración a la vida económica del país
MUJERES INDÍGENAS, SUMA DE AGRAVIOS
En condición también precaria con respecto a sus derechos humanos se encuentran las mujeres indígenas, señaló en su intervención Lina Rosa Berrio, antropóloga integrante de la Organización No Gubernamental Kinal Antzetik, pues existen brechas asociadas a la pertinencia étnica y a la clase, y otras relacionadas a la condición de género.
En su ponencia, presentó un panorama general sobre los índices de pobreza en todo el mundo, y la incidencia que éstos tienen en la población indígena. De acuerdo a cifras del Instituto Indigenista Interamericano, del total de población indígena de América Latina 93 por ciento se concentra en seis países: México ocupa el primer lugar con 13 por ciento, le siguen Perú con 11, Guatemala con 7, Bolivia con 5.6, Ecuador con 5.2 y Chile con cerca de un millón.
La pobreza de esta población, agravada por las políticas neoliberales, es evidente no sólo en México, sino en todo el Continente. Según el Banco Mundial, dijo Berrio, en Perú del total de población en situación de pobreza, el 43 por ciento es indígena, en Bolivia y Guatemala, tres cuartas partes de la población indígena se encuentra en esta condición, mientras que en Ecuador alcanza 87 por ciento.
En el caso de México, la incidencia de la pobreza en 2002 era 4.5 veces mayor en población indígena que en la no indígena. En materia de educación la tasa de analfabetismo en México entre las mujeres indígenas es de 42.2 por ciento, por encima de la media nacional que es de 27.3 por ciento.
En cuanto a la materia de salud, señaló que las mujeres indígenas tienen tres veces más posibilidades de morir durante el embarazo y después del parto, que una mujer no indígena, ya que más del 80 por ciento de la población indígena no es derechohabiente de algún tipo de seguridad social.
Para una mejor comprensión de la situación en que viven las mujeres indígenas, explicó Berrio, de acuerdo con un análisis propuesto por la feminista Marta Lamas, en el ámbito económico se tiene que trabajar en el reconocimiento al empleo de las mujeres y su derecho a una remuneración equitativa con los hombres, la igualdad en el trabajo doméstico al interior del hogar y su incursión en el trabajo de maquila. También considerar el tema de la propiedad de las mujeres sobre las tierras.
Políticamente, es necesario visualizar cómo se complica el acceso de las mujeres a puestos de decisión pública, incluso en regiones donde existen movimientos sociales; también es importante considerar el proceso organizativo de las indígenas alrededor de la lucha por los derechos colectivos de sus etnias y por los de ellas mismas.
Con respecto al acceso a la justicia, Lina Berrio explicó que la lucha contra la impunidad es un tema inherente, ya que en un informe reciente sobre violencia contra las mujeres indígenas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, arrojó que el eje conductor de la violencia estructural, comunitaria y doméstica es la impunidad, al no existir una resolución de los casos existentes.
En suma, las condiciones adversas en que viven las mujeres, provocadas por la discriminación, la crisis agrícola (principal origen de la migración de las mujeres campesinas e indígenas) y la migración, se convirtieron en críticas con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.
En respuesta a esta situación, y ante la liberación de aranceles para el maíz, frijol y leche en polvo (capítulo agropecuario) que entró en vigor el primer día de 2008, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), durante la VIII edición del Foro Social Mundial México 2008, anunciaron un paro nacional el 31 de enero a favor de la campaña Sin maíz no hay país.
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