Por: Eduardo Ibarra Aguirre
Preocupantes, perturbadoras -para decirlo en forma suave- resultan las reacciones gubernamentales frente a la ejecución de Edgar Eusebio Millán Gómez, considerado el número tres en la Policía Federal Preventiva.
En plena guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, el señor que la declaró sin consultar a nadie que no fuera del grupo con el que gobierna desde el 1 de diciembre de 2006, particularmente al general Guillermo Galván Galván y el entonces vicealmirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, convocó a “Todas y todos, sin excepción” a “condenar de manera unánime no sólo este cobarde asesinato, sino también la acción impune de la delincuencia”.
Por supuesto que como usted, amable lector, me sumo sin titubeos a la condena, pero ¿servirá de algo? ¿Estarán temblando los principales capos operativos de los cárteles del narcotráfico por la filípica de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa? Y digo operativos porque los capos financieros, políticos y bursátiles en éste y muchos países más, rara vez se les molesta con una indagatoria ministerial, mucho menos con la cárcel.
El abc de cualesquiera guerras es que éstas se declaran previo consenso nacional para suscitar el apoyo activo de la sociedad, sobre todo de las fuerzas políticas y los agentes económicos.
Aquí los gobernantes proceden al revés. Más aún: la ruidosa declaratoria de guerra al crimen organizado se utilizó abiertamente para que Calderón Hinojosa se legitimara en Los Pinos, pues el .56 por ciento que le otorgó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo convenció a los suyos.
Para declarar una guerra, se precisa también que el presidente unifique institucional y prácticamente al Estado y la sociedad, no sólo a los 39 dueños de México, las fuerzas armadas, el duopolio de la televisión y la radio oligopólica.
Perturba demasiado, por ello, que el economista y abogado convoque a “unirnos para enfrentar este mal; debemos decir las mexicanas y los mexicanos, juntos, un ¡ya basta! categórico y definitivo que nos una, precisamente para enfrentarlos”.
Si de discursos y llamados se tratara, de anuncios televisivos y radiofónicos, de fotos impactantes sobre las reuniones del gabinete de seguridad nacional presidido por Juan Camilo Mouriño Terrazo -“delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, Andrés Manuel López Obrador dixit-, de entradas aparatosas y previamente anunciadas de tropas y agentes de la PFP a las plazas dominadas por el narco, éste ya hubiera sido liquidado.
El exhorto presidencial fue pronunciado en Reynosa, Tamaulipas, muy cerca se encuentra Matamoros, en donde en 1955 me despertaba sobresaltado por el tableteo de las ametralladoras por los ajustes de cuentas que cometía la banda de Juan Nepomuceno Guerra, amo y señor del contrabando y la marihuana, tío de Juan García Abrego y -cuentan mis mayores- amigo tan entrañable de Raúl Salinas Lozano que los niños Salinas de Gortari le decían tío y le besaban la mano, incluido Carlos, el gran pensador que ahora dice ser.
Hace 53 años que el crimen organizado domina Matamoros. Ahora impone su voluntad en Tamaulipas, incluidos sus órganos de gobierno, toda la frontera norte y vastas regiones del país.
De 2 mil 220 ejecuciones cometidas en 2006, bajo el gobierno tan corrupto como ignaro de Vicente Fox Quesada, pasamos a 2 mil 265 en 2007 y en los primeros cinco meses de 2008 ya rebasan el millar. Para Mouriño Terrazo y Eduardo Medina-Mora Icaza “son síntoma inequívoco de los logros alcanzados en la lucha contra el narcotráfico”.
Tiene completa razón Calderón, son “millones y millones más quienes quieren ver un país de leyes, en orden y con libertad”. Pero gobernantes y gobernados no comparten visiones y prácticas sobre esos tres valores fundamentales.
Preocupantes, perturbadoras -para decirlo en forma suave- resultan las reacciones gubernamentales frente a la ejecución de Edgar Eusebio Millán Gómez, considerado el número tres en la Policía Federal Preventiva.
En plena guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, el señor que la declaró sin consultar a nadie que no fuera del grupo con el que gobierna desde el 1 de diciembre de 2006, particularmente al general Guillermo Galván Galván y el entonces vicealmirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, convocó a “Todas y todos, sin excepción” a “condenar de manera unánime no sólo este cobarde asesinato, sino también la acción impune de la delincuencia”.
Por supuesto que como usted, amable lector, me sumo sin titubeos a la condena, pero ¿servirá de algo? ¿Estarán temblando los principales capos operativos de los cárteles del narcotráfico por la filípica de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa? Y digo operativos porque los capos financieros, políticos y bursátiles en éste y muchos países más, rara vez se les molesta con una indagatoria ministerial, mucho menos con la cárcel.
El abc de cualesquiera guerras es que éstas se declaran previo consenso nacional para suscitar el apoyo activo de la sociedad, sobre todo de las fuerzas políticas y los agentes económicos.
Aquí los gobernantes proceden al revés. Más aún: la ruidosa declaratoria de guerra al crimen organizado se utilizó abiertamente para que Calderón Hinojosa se legitimara en Los Pinos, pues el .56 por ciento que le otorgó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo convenció a los suyos.
Para declarar una guerra, se precisa también que el presidente unifique institucional y prácticamente al Estado y la sociedad, no sólo a los 39 dueños de México, las fuerzas armadas, el duopolio de la televisión y la radio oligopólica.
Perturba demasiado, por ello, que el economista y abogado convoque a “unirnos para enfrentar este mal; debemos decir las mexicanas y los mexicanos, juntos, un ¡ya basta! categórico y definitivo que nos una, precisamente para enfrentarlos”.
Si de discursos y llamados se tratara, de anuncios televisivos y radiofónicos, de fotos impactantes sobre las reuniones del gabinete de seguridad nacional presidido por Juan Camilo Mouriño Terrazo -“delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, Andrés Manuel López Obrador dixit-, de entradas aparatosas y previamente anunciadas de tropas y agentes de la PFP a las plazas dominadas por el narco, éste ya hubiera sido liquidado.
El exhorto presidencial fue pronunciado en Reynosa, Tamaulipas, muy cerca se encuentra Matamoros, en donde en 1955 me despertaba sobresaltado por el tableteo de las ametralladoras por los ajustes de cuentas que cometía la banda de Juan Nepomuceno Guerra, amo y señor del contrabando y la marihuana, tío de Juan García Abrego y -cuentan mis mayores- amigo tan entrañable de Raúl Salinas Lozano que los niños Salinas de Gortari le decían tío y le besaban la mano, incluido Carlos, el gran pensador que ahora dice ser.
Hace 53 años que el crimen organizado domina Matamoros. Ahora impone su voluntad en Tamaulipas, incluidos sus órganos de gobierno, toda la frontera norte y vastas regiones del país.
De 2 mil 220 ejecuciones cometidas en 2006, bajo el gobierno tan corrupto como ignaro de Vicente Fox Quesada, pasamos a 2 mil 265 en 2007 y en los primeros cinco meses de 2008 ya rebasan el millar. Para Mouriño Terrazo y Eduardo Medina-Mora Icaza “son síntoma inequívoco de los logros alcanzados en la lucha contra el narcotráfico”.
Tiene completa razón Calderón, son “millones y millones más quienes quieren ver un país de leyes, en orden y con libertad”. Pero gobernantes y gobernados no comparten visiones y prácticas sobre esos tres valores fundamentales.
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