Por: Eduardo Ibarra Aguirre
Involuntariamente se exhibió de cuerpo completo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al asegurar, en Buenavista de Cuéllar, Guerrero: “Si estuviéramos más unidos gobierno federal y autoridades estatales, en este caso del Distrito Federal, seguramente ya hubiéramos avanzado mucho más en el camino de mejorar la calidad de la policía”.
Primero porque escogió un pésimo escenario que ni sus adversarios le recomendarían. Una gira para entregar obra pública en un estado gobernado por Zeferino Torreblanca Galindo, nominalmente militante del Partido de la Revolución Democrática, y además en víspera de elecciones.
Y, finalmente, por el uso politiquero del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí Haik que conmocionó a la plutocracia y la autodenominada clase política, incluido el grupo gobernante, y por ambos conductos a buena parte de la sociedad, hasta el punto de desnudarse a la luz del día para ostentar actitudes clasistas extremas al ignorar el asesinato del chofer.
Ninguna de las más de cuatro mil vidas perdidas en 20 meses de la denominada Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, motivaron reacción semejante. Decenas de víctimas eran ajenas a la magna operación gubernamental y a los ajustes de cuentas entre los mandos operativos de los cárteles. Sin embargo, cayeron por los recurrentes excesos criminales del Ejército, la Policía Federal Preventiva y los cuerpos policiales estatales y municipales.
La ostentación clasista no es ninguna novedad. En este país donde formalmente todos somos iguales ante la ley, existen mexicanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de quinta.
Lo novedoso y por supuesto que peligroso es que en tiempos de precaria legitimidad presidencial, de crispación política creciente y aguda conflictividad social, los dueños del país lo ostenten hasta provocar a las mayorías que dominan de buenas y malas maneras, mucho más con las segundas que con las primeras.
Pero volvamos al discurso del economista y abogado. Y sobre todo a los datos duros. En el estado de México, gobernado por el priísta Enrique Peña Nieto que asegura que él no se distrae en la puja por el 2012, se incrementó el número de secuestros en 62 por ciento.
Gobernado por el compañero de partido de Calderón, pero no de sector, de grupo de poder, pues, Juan Manuel Oliva Ramírez, Guanajuato sufrió un incremento de 66 por ciento en los secuestros cometidos en lo que va de 2008 respecto al mismo lapso de 2007. Y en Tabasco, donde Andrés Granier Melo rinde culto a la colaboración con el primero, suman 53 los casos, frente a los 60 mexiquenses y los 62 en el estado modelo que Germán Martínez Cázares amenaza con extender a todo el país.
La realidad de Guanajuato, Tabasco y el estado de México, en materia de secuestros, desmiente la aseveración presidencial que contempla una exigencia: “dediquemos nuestra actividad pública y los recursos de la gente, no a actividades que dividen a los mexicanos, sino a los problemas que realmente la afectan, como es el caso de la seguridad pública”.
Con todo el aparato ministerial a su servicio, Calderón Hinojosa está en condiciones de colocar en aprietos institucionales y mediáticos a Marcelo Ebrard Casaubon. Si no lo hace es porque sus dos piezas discursivas fueron hechas bajo impulsos circunstanciales, para la coyuntura electoral de Guerrero y para capitalizar grupalmente las características del asesinato del adolescente. Amén de que en materia de transparencia en el gasto público, su gobierno tiene poco de ejemplar. Escupe al cielo.
Felipe de Jesús Calderón sabe muy bien que él es uno de los causantes de la división de los mexicanos y que con este tipo de discursos actúa como jefe de grupo y no como presidente que es como lo presentan diariamente y de lo que la nación está más que urgida.
Involuntariamente se exhibió de cuerpo completo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al asegurar, en Buenavista de Cuéllar, Guerrero: “Si estuviéramos más unidos gobierno federal y autoridades estatales, en este caso del Distrito Federal, seguramente ya hubiéramos avanzado mucho más en el camino de mejorar la calidad de la policía”.
Primero porque escogió un pésimo escenario que ni sus adversarios le recomendarían. Una gira para entregar obra pública en un estado gobernado por Zeferino Torreblanca Galindo, nominalmente militante del Partido de la Revolución Democrática, y además en víspera de elecciones.
Y, finalmente, por el uso politiquero del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí Haik que conmocionó a la plutocracia y la autodenominada clase política, incluido el grupo gobernante, y por ambos conductos a buena parte de la sociedad, hasta el punto de desnudarse a la luz del día para ostentar actitudes clasistas extremas al ignorar el asesinato del chofer.
Ninguna de las más de cuatro mil vidas perdidas en 20 meses de la denominada Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, motivaron reacción semejante. Decenas de víctimas eran ajenas a la magna operación gubernamental y a los ajustes de cuentas entre los mandos operativos de los cárteles. Sin embargo, cayeron por los recurrentes excesos criminales del Ejército, la Policía Federal Preventiva y los cuerpos policiales estatales y municipales.
La ostentación clasista no es ninguna novedad. En este país donde formalmente todos somos iguales ante la ley, existen mexicanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de quinta.
Lo novedoso y por supuesto que peligroso es que en tiempos de precaria legitimidad presidencial, de crispación política creciente y aguda conflictividad social, los dueños del país lo ostenten hasta provocar a las mayorías que dominan de buenas y malas maneras, mucho más con las segundas que con las primeras.
Pero volvamos al discurso del economista y abogado. Y sobre todo a los datos duros. En el estado de México, gobernado por el priísta Enrique Peña Nieto que asegura que él no se distrae en la puja por el 2012, se incrementó el número de secuestros en 62 por ciento.
Gobernado por el compañero de partido de Calderón, pero no de sector, de grupo de poder, pues, Juan Manuel Oliva Ramírez, Guanajuato sufrió un incremento de 66 por ciento en los secuestros cometidos en lo que va de 2008 respecto al mismo lapso de 2007. Y en Tabasco, donde Andrés Granier Melo rinde culto a la colaboración con el primero, suman 53 los casos, frente a los 60 mexiquenses y los 62 en el estado modelo que Germán Martínez Cázares amenaza con extender a todo el país.
La realidad de Guanajuato, Tabasco y el estado de México, en materia de secuestros, desmiente la aseveración presidencial que contempla una exigencia: “dediquemos nuestra actividad pública y los recursos de la gente, no a actividades que dividen a los mexicanos, sino a los problemas que realmente la afectan, como es el caso de la seguridad pública”.
Con todo el aparato ministerial a su servicio, Calderón Hinojosa está en condiciones de colocar en aprietos institucionales y mediáticos a Marcelo Ebrard Casaubon. Si no lo hace es porque sus dos piezas discursivas fueron hechas bajo impulsos circunstanciales, para la coyuntura electoral de Guerrero y para capitalizar grupalmente las características del asesinato del adolescente. Amén de que en materia de transparencia en el gasto público, su gobierno tiene poco de ejemplar. Escupe al cielo.
Felipe de Jesús Calderón sabe muy bien que él es uno de los causantes de la división de los mexicanos y que con este tipo de discursos actúa como jefe de grupo y no como presidente que es como lo presentan diariamente y de lo que la nación está más que urgida.
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