* La experta del IIS de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que el 46 por ciento de los mexicanos desconfía de los funcionarios
* México ocupa el segundo lugar en la escala de los países más corruptos en América Latina, sólo superado por Haití, y está peor posicionado que Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela, indicó
* De 2000 a 2005, la Secretaría de la Función Pública inició sólo 87 averiguaciones previas contra funcionarios corruptos, un promedio de dos al año
A pesar de los importantes avances alcanzados en materia de transparencia y en el combate a la corrupción, el 46 por ciento de los mexicanos desconfía de los funcionarios y está convencido de que éstos son parte del problema, de acuerdo a los estándares del organismo Transparencia Internacional.
Así lo informó la coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La doctora en Ciencia Política por la Universidad de California y consultora del Banco Mundial, detalló que México ocupa el segundo lugar en la escala de los países más corruptos de América Latina, sólo superado por Haití.
En esa lista, el país está por debajo de Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela, que poseen altos índices, señaló.
Un rezago mayor, indicó, es la corrupción estructural, que se refiere a los conflictos de interés de diversa índole que abundan en las más altas esferas, además de la opacidad y, sobre todo, la falta de indicadores de desempeño.
Con la modificación del artículo sexto constitucional, que establece el derecho de los ciudadanos a obtener información pública, se logró un importante avance en transparencia, sostuvo.
Sin embargo, los funcionarios en vez de respetar la ley y rendir cuentas claras, prefieren destruir cualquier documento que les pueda ser requerido con posterioridad, puntualizó.
Según los datos del Instituto Federal de Acceso a la Información, ningún funcionario está obligado a hacer públicas las declaraciones patrimoniales, a diferencia de países como Estados Unidos, donde no sólo están obligados a ello, sino que se deben deshacer de cualquier bien que comprometa su desempeño.
En cuanto a las cifras de la impunidad en el combate a la corrupción, reveló que de 2000 a 2005, la Secretaría de la Función Pública sólo inició 87 averiguaciones previas contra funcionarios corruptos, un promedio de dos al año.
De las investigaciones abiertas, los cargos se han referenciado a cuestiones menores, puntualizó. El 48.8 por ciento de los expedientes han sido por negligencia administrativa, es decir, descuidos; el 35.9, por violación de normativas presupuestales; el 8.8, por violación de procedimientos de adquisiciones; el cinco por abuso de autoridad, y sólo el uno por ciento por corrupción.
Estas cifras se agravan por lo expuesto por Transparencia Internacional, que menciona que casi la mitad de la población está convencida de las prácticas corruptas del gobierno, apuntó.
Sin embargo, profundizó, si se revisa lo que se hace con las quejas, se ha encontrado que los ciudadanos han dejado de interponer querellas. Entre 2000 y 2001 la oficina recibió 250 casos al año, mientras que de 2004 y 2005 se redujo a 75 anuales.
Además, no existe ningún registro del tratamiento que se les da y se desconoce si se resuelven satisfactoriamente, mencionó. Sin embargo, el dato más revelador es que la SFP ha logrado cobrar sólo el 0.03 por ciento de las multas que ha impuesto.
Los avances que se han dado en el país son de gran importancia, concluyó, pero es necesario vincular a la transparencia con la corrupción. Es necesario consolidar la rendición de cuentas para no caer en la impunidad.
* México ocupa el segundo lugar en la escala de los países más corruptos en América Latina, sólo superado por Haití, y está peor posicionado que Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela, indicó
* De 2000 a 2005, la Secretaría de la Función Pública inició sólo 87 averiguaciones previas contra funcionarios corruptos, un promedio de dos al año
A pesar de los importantes avances alcanzados en materia de transparencia y en el combate a la corrupción, el 46 por ciento de los mexicanos desconfía de los funcionarios y está convencido de que éstos son parte del problema, de acuerdo a los estándares del organismo Transparencia Internacional.
Así lo informó la coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La doctora en Ciencia Política por la Universidad de California y consultora del Banco Mundial, detalló que México ocupa el segundo lugar en la escala de los países más corruptos de América Latina, sólo superado por Haití.
En esa lista, el país está por debajo de Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela, que poseen altos índices, señaló.
Un rezago mayor, indicó, es la corrupción estructural, que se refiere a los conflictos de interés de diversa índole que abundan en las más altas esferas, además de la opacidad y, sobre todo, la falta de indicadores de desempeño.
Con la modificación del artículo sexto constitucional, que establece el derecho de los ciudadanos a obtener información pública, se logró un importante avance en transparencia, sostuvo.
Sin embargo, los funcionarios en vez de respetar la ley y rendir cuentas claras, prefieren destruir cualquier documento que les pueda ser requerido con posterioridad, puntualizó.
Según los datos del Instituto Federal de Acceso a la Información, ningún funcionario está obligado a hacer públicas las declaraciones patrimoniales, a diferencia de países como Estados Unidos, donde no sólo están obligados a ello, sino que se deben deshacer de cualquier bien que comprometa su desempeño.
En cuanto a las cifras de la impunidad en el combate a la corrupción, reveló que de 2000 a 2005, la Secretaría de la Función Pública sólo inició 87 averiguaciones previas contra funcionarios corruptos, un promedio de dos al año.
De las investigaciones abiertas, los cargos se han referenciado a cuestiones menores, puntualizó. El 48.8 por ciento de los expedientes han sido por negligencia administrativa, es decir, descuidos; el 35.9, por violación de normativas presupuestales; el 8.8, por violación de procedimientos de adquisiciones; el cinco por abuso de autoridad, y sólo el uno por ciento por corrupción.
Estas cifras se agravan por lo expuesto por Transparencia Internacional, que menciona que casi la mitad de la población está convencida de las prácticas corruptas del gobierno, apuntó.
Sin embargo, profundizó, si se revisa lo que se hace con las quejas, se ha encontrado que los ciudadanos han dejado de interponer querellas. Entre 2000 y 2001 la oficina recibió 250 casos al año, mientras que de 2004 y 2005 se redujo a 75 anuales.
Además, no existe ningún registro del tratamiento que se les da y se desconoce si se resuelven satisfactoriamente, mencionó. Sin embargo, el dato más revelador es que la SFP ha logrado cobrar sólo el 0.03 por ciento de las multas que ha impuesto.
Los avances que se han dado en el país son de gran importancia, concluyó, pero es necesario vincular a la transparencia con la corrupción. Es necesario consolidar la rendición de cuentas para no caer en la impunidad.
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