De los cuatro ofrecimientos básicos del TLCAN –crecimiento de la economía, empleo, oportunidades de comercio para los productos nacionales y el retiro de reglas fitosanitarias– ninguno se ha cumplido, con el TLCAN hubo más pobreza, más migración, y más incertidumbre, no hay nada que haga pensar que ahora sucederá algo diferente de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 14 años”.
Los artículos 131 y 27 constitucionales dan bases jurídicas al México para proteger a sus productores nacionales y la producción nacional de alimentos estratégicos. Los mismos artículos del TLCAN (artículo 2205) y los acuerdos que México ha firmado en la Organización Mundial de Comercio (OMC) dan la oportunidad y sustento jurídico para que México pueda declararse nación en vías de desarrollo y, por tanto, exigir un trato preferencial en aquellas áreas donde hay ‘dumping' (competencia desleal).
Estados Unidos y Canadá incurren en el delito de Dumping según las leyes de comercio internacional puesto que “los altos subsidios que canaliza Estados Unidos a sus agricultores alcanzan más de 26 mil dólares anuales por productor, mientras que en México los beneficiarios de los programas de Alianza para el Campo, apenas reciben 700 dólares anuales”, existe pues base jurídica para establecer demanda por competencia desleal ante los tribunales internacionales. El problema es que al gobierno de Felipe Calderón no le interesa defender el campo mexicano, más bien le interesa llevarlo a la quiebra para después rematarlo y entregarlo al capital extranjero.
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