UN RECIO Y EJEMPLAR MILITAR

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

CONTRA LO QUE se dice ahora, el valiente General Sergio Aponte Polito no es el primero que pone en evidencia a los gobernantes civiles que mantienen ostensibles ligas con el narcotráfico. Ya a finales de la década de los 70’s del siglo anterior, el también General Alberto Quintanar López hizo lo propio: detuvo en las instalaciones de la Zona Militar que corresponde a Culiacán, a quien entonces gobernaba a Sinaloa: el cetemista Alfonso G. Calderón.

El escándalo fue mayúsculo. Intervinieron la Presidencia y Gobernación. El pupilo de Fidel Velázquez fue liberado. Todo ello, por supuesto, no trascendió más allá de los cuarteles castrenses.

Que no sea el primero, no resta méritos al recio guerrerense Aponte Polito, quien el reciente 22 de abril hizo pública una carta con la que dio puntual respuesta a Rommel Moreno Manjarrez, procurador general de Justicia de Baja California, respecto al ofrecimiento de pruebas que éste le solicitaba para demostrar la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esa entidad federativa.

El largo texto es contundente. Con nombres, cargos y descripción de situaciones en que los colaboradores del procurador panista aparecen involucrados en la comisión de hechos criminales y, en el mejor de los casos, cual cómplices abiertos de los delincuentes.

Aponte Polito pregunta. Y él mismo responde:

"¿Qué decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?... ¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?... ¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?... ¿Qué decepción?... ¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?... ¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?... ¿Esto no es corrupción?"

Y concluye: "¡Qué desgracia para la sociedad de Baja California!

Pero, ¿qué es lo que hacen los "guardianes del orden" en la entidad que desde 1989 gobierna el PAN. En palabras del propio General Aponte:

"Algunos acuden quincenal y mensualmente a las narcotienditas a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los narcomenudistas… proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (polleros)… protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos… protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes... fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico… alquilan sus patrullas para el traslado de droga… extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas… modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes… realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial… irregularidades en los Ceresos…"

Y quienes cumplen con su deber, prefieren permanecer en el anonimato para que sus compañeros cómplices de delincuentes "no les pierdan la confianza".

Lo que denuncia en Baja California sucede en el resto del país. Lástima que no en todas las zonas militares haya un general como Aponte Polito, ¿verdad?