Por: Manuel Fuentes Muñiz (CIMAC)
Es innegable la crisis que viven las policías federales y locales y el incremento de falta de seguridad a la población. Las reestructuraciones y cambios de personal generalizados son la confesión de la ineficacia de esas instituciones.
En el Distrito Federal la reciente salida de los dos funcionarios más importantes en materia de prevención y persecución de delitos, con motivo de los sucesos de la discoteca New's Divine, y la reestructuración de la PGR, ante la incapacidad de enfrentar al narcotráfico, son ejemplo de ello.
El secuestro y asesinato cobarde del joven Fernando Martí ha provocado una condena generalizada, sobre todo por la posible participación de elementos policíacos en este tipo de actos.
La gente ahora se pregunta: ¿cómo confiar en las policías si éstas se encuentran infiltradas de delincuentes? La tradicional corrupción sumada a su ineficacia ha provocado la intervención del Ejército en funciones que no le corresponden, pero a pesar de su intervención, no se ha logrado la respuesta esperada.
Por el contrario, ha habido atropellos y acciones que han afectado los derechos humanos de las personas donde el Ejército ha desarrollado sus acciones. Las detenciones y asesinatos a mansalva en los retenes son una muestra de acciones improvisadas y arbitrarias que evidencian su incapacidad.
Las policías municipales y estatales son una lástima. No tienen ni la preparación, personal, ni armamento requerido; la triste figura del policía con su rifle viejo se puede observar en todo el país, incluso en la Ciudad de México.
Es evidente que la legislación está muy atrasada en esta materia. No hay manera de llevar a cabo una adecuada coordinación porque las leyes y reglamentos lo impiden y los recursos económicos para llevarla a cabo son insuficientes.
Sufrimos una delincuencia organizada de primer mundo que hace de las suyas y una policía de tercer mundo que no sabe qué hacer.
La reestructuración en las dependencias policíacas no puede ser exclusivamente de personas; se requiere un cambio en las estrategias para la prevención y persecución de delitos con una visión nacional e internacional. Es inadmisible que en cada región se conserven cotos de poder que propician desorganización y que hacen campo fértil para la delincuencia.
La PGR tiene responsabilidades muy delicadas que requieren de tratamientos distintos, como es el caso del ataque contra el terrorismo, acopio y tráfico de armas, pero también tiene que hacer frente a aspectos relacionados con el tráfico de migrantes o tráfico de órganos que tiene repercusiones sociales y económicas muy amplias.
En México, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) es la responsable de estas tareas, que incluyen la persecución de delitos en donde ha sido afectada la mujer y los menores de edad, como es el caso de trata de personas, corrupción, pornografía y turismo sexual, y también en la trata de menores de edad y lenocinio de personas menores de dieciocho años.
Ahora se ha designado a la abogada Marisela Morales Ibáñez, de perfil duro, como responsable de la SIEDO quién tiene la obligación de lograr mejores resultados que sus antecesores y en el menor plazo posible.
La Procuraduría de Justicia capitalina con el reciente cambio de su titular también enfrenta una grave crisis. Los puestos estratégicos están bajo la responsabilidad de personas con más experiencia académica que práctica en la investigación y persecución de delincuentes.
Estos procesos de integración hacen que las tareas de investigación en las agencias del Ministerio Público se realicen con más lentitud porque todos los procesos están en revisión y son materia de aprendizaje de los nuevos mandos.
La corrupción de las agencias del Ministerio Público es de los principales retos a vencer. El talón de Aquiles de la justicia penal radica en el poder de los Ministerios Públicos que hacen de las suyas para lograr dinero fácil y evitar la consignación de delincuentes. Se requiere revisar este modelo de investigación anticuado y adecuarlo a los nuevos retos que presenta el incremento de la delincuencia.
El poder legislativo no debe continuar con la inercia de resolver el problema de la delincuencia con mayores penalidades que se quedan en el papel; se requiere una visión legislativa nacional de eficacia, integración y coordinación de los cuerpos policíacos.
No podemos admitir seguir soportando una policía infiltrada de ineficacia, improvisación y corrupción.
La materia de seguridad es una de las principales responsabilidades de los gobiernos y no se puede resolver solo con discursos; la población espera resultados concretos, no demagogia.
Manuel Fuentes Muñiz es Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Es innegable la crisis que viven las policías federales y locales y el incremento de falta de seguridad a la población. Las reestructuraciones y cambios de personal generalizados son la confesión de la ineficacia de esas instituciones.
En el Distrito Federal la reciente salida de los dos funcionarios más importantes en materia de prevención y persecución de delitos, con motivo de los sucesos de la discoteca New's Divine, y la reestructuración de la PGR, ante la incapacidad de enfrentar al narcotráfico, son ejemplo de ello.
El secuestro y asesinato cobarde del joven Fernando Martí ha provocado una condena generalizada, sobre todo por la posible participación de elementos policíacos en este tipo de actos.
La gente ahora se pregunta: ¿cómo confiar en las policías si éstas se encuentran infiltradas de delincuentes? La tradicional corrupción sumada a su ineficacia ha provocado la intervención del Ejército en funciones que no le corresponden, pero a pesar de su intervención, no se ha logrado la respuesta esperada.
Por el contrario, ha habido atropellos y acciones que han afectado los derechos humanos de las personas donde el Ejército ha desarrollado sus acciones. Las detenciones y asesinatos a mansalva en los retenes son una muestra de acciones improvisadas y arbitrarias que evidencian su incapacidad.
Las policías municipales y estatales son una lástima. No tienen ni la preparación, personal, ni armamento requerido; la triste figura del policía con su rifle viejo se puede observar en todo el país, incluso en la Ciudad de México.
Es evidente que la legislación está muy atrasada en esta materia. No hay manera de llevar a cabo una adecuada coordinación porque las leyes y reglamentos lo impiden y los recursos económicos para llevarla a cabo son insuficientes.
Sufrimos una delincuencia organizada de primer mundo que hace de las suyas y una policía de tercer mundo que no sabe qué hacer.
La reestructuración en las dependencias policíacas no puede ser exclusivamente de personas; se requiere un cambio en las estrategias para la prevención y persecución de delitos con una visión nacional e internacional. Es inadmisible que en cada región se conserven cotos de poder que propician desorganización y que hacen campo fértil para la delincuencia.
La PGR tiene responsabilidades muy delicadas que requieren de tratamientos distintos, como es el caso del ataque contra el terrorismo, acopio y tráfico de armas, pero también tiene que hacer frente a aspectos relacionados con el tráfico de migrantes o tráfico de órganos que tiene repercusiones sociales y económicas muy amplias.
En México, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) es la responsable de estas tareas, que incluyen la persecución de delitos en donde ha sido afectada la mujer y los menores de edad, como es el caso de trata de personas, corrupción, pornografía y turismo sexual, y también en la trata de menores de edad y lenocinio de personas menores de dieciocho años.
Ahora se ha designado a la abogada Marisela Morales Ibáñez, de perfil duro, como responsable de la SIEDO quién tiene la obligación de lograr mejores resultados que sus antecesores y en el menor plazo posible.
La Procuraduría de Justicia capitalina con el reciente cambio de su titular también enfrenta una grave crisis. Los puestos estratégicos están bajo la responsabilidad de personas con más experiencia académica que práctica en la investigación y persecución de delincuentes.
Estos procesos de integración hacen que las tareas de investigación en las agencias del Ministerio Público se realicen con más lentitud porque todos los procesos están en revisión y son materia de aprendizaje de los nuevos mandos.
La corrupción de las agencias del Ministerio Público es de los principales retos a vencer. El talón de Aquiles de la justicia penal radica en el poder de los Ministerios Públicos que hacen de las suyas para lograr dinero fácil y evitar la consignación de delincuentes. Se requiere revisar este modelo de investigación anticuado y adecuarlo a los nuevos retos que presenta el incremento de la delincuencia.
El poder legislativo no debe continuar con la inercia de resolver el problema de la delincuencia con mayores penalidades que se quedan en el papel; se requiere una visión legislativa nacional de eficacia, integración y coordinación de los cuerpos policíacos.
No podemos admitir seguir soportando una policía infiltrada de ineficacia, improvisación y corrupción.
La materia de seguridad es una de las principales responsabilidades de los gobiernos y no se puede resolver solo con discursos; la población espera resultados concretos, no demagogia.
Manuel Fuentes Muñiz es Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario