El despotismo del "spot"

La misma semana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició las deliberaciones para determinar si el espectro radioeléctrico puede ser monopolizado por las empresas televisivas, el Instituto Federal Electoral (IFE) acordó un “procedimiento oficioso” para resolver el litigio sobre poco más de 280 mil spots de radio y televisión no acreditados por los ocho partidos contendientes.

El procedimiento del IFE ha sido duramente criticado, especialmente por el PRD, que documentó diversas anomalías en el monitoreo del IFE y acusó al Consejo General de tener “ánimo revanchista”. Otros observadores también han cuestionado la debilidad del organismo electoral ante Televisa y TV Azteca, las dos empresas que concentraron 85% del gasto publicitario en televisión durante la campaña electoral.

Tanto el expediente de la Ley Televisa como el escándalo del spotgate fueron el telón de fondo para la presentación, el jueves 24, de propuestas para la reforma del Estado que incluyen la demanda de los partidos –con excepción del PAN– para prescindir del “despotismo del spot” y establecer la “prohibición absoluta del uso comercial de la radio y la televisión para fines políticos y electorales”. Además se propuso evitar la compra de espacios publicitarios y utilizar los “tiempos oficiales” durante las campañas.

Estos acontecimientos coincidieron con el inicio de la discusión del proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en medio de nuevas presiones y señales confusas relacionadas con la Ley Televisa.

El lunes 21, el ministro José Ramón Cosío se excusó de participar en el debate del pleno de la corte, argumentando que en 2002 celebró “contratos profesionales” con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar, como asesor jurídico, la constitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Además de la excusa de Cosío se produjo otro hecho sintomático. El mismo día que los nueve ministros analizaron y votaron los primeros tres conceptos de invalidez de la Ley Televisa, relacionados con los alcances y la naturaleza de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el juez IV de lo Civil de Chihuahua, Arnulfo Melgar Márquez, emitió un fallo en contra de Javier Corral, por un presunto adeudo de poco más de 900 mil pesos con la repetidora de Televisa en esa entidad, derivado del pago de spots durante la campaña electoral de 2004.

Tal como el propio Corral relató a Proceso (edición número 1594), esa demanda ha sido activada por Televisa en los momentos más candentes de la discusión sobre reformas a la ley de medios electrónicos: primero fue en septiembre de 2005, dos meses antes de que se aprobara en la Cámara de Diputados la Ley Televisa, y ahora el lunes 21, en medio del debate iniciado en la SCJN y que continuará los próximos días con los puntos fundamentales: los artículos 16 y 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Corral ha dicho en varias ocasiones que Televisa utiliza esta demanda como “un mecanismo de presión”, cuando el PAN reconoce que el adeudo “es del partido y no del candidato”. Sin embargo, el uso de los adeudos por spots de campaña se está convirtiendo ahora en un mecanismo de presión por parte de las televisoras en contra de políticos y partidos, al tiempo que refleja los entretelones de una relación opaca entre el poder, los medios y los organismos electorales.

Legalidad o acuerdos

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del IFE, que duró hasta la madrugada del martes 22, el consejero presidente Luis Carlos Ugalde volvió a hacer un llamado a la “responsabilidad” para que “colaboren con la autoridad electoral en las investigaciones exhaustivas”.

Por su parte el consejero Andrés Albo, presidente del Comité de Fiscalización, precisó que de los 75 oficios girados a televisoras y empresas radiofónicas, éstas sólo han respondido 55, pero las facturas entregadas aún no se han hecho públicas.

Durante el debate, el representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, preguntó qué sucedió con el “multicitado convenio con los medios” para transparentar los gastos de campaña y criticó las excusas del organismo electoral para incluir dentro de ese rubro el gasto de la guerra sucia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El Convenio de Transparencia firmado por Luis Carlos Ugalde y el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, el 3 de octubre de 2005 –cuatro días antes de que iniciara formalmente el proceso electoral– establecía que la empresa televisiva entregara un resumen con copias de las notas de crédito, el pago y las facturas de los spots electorales que se transmitieran en sus canales.

El convenio fue alabado como un ejercicio de transparencia, pero incluía múltiples candados y “cláusulas fuga” que beneficiaron a Televisa. Por ejemplo, la entrega de la información dejaba abierta la posibilidad, “según el caso”, de entregar “el valor unitario de cada uno de los promocionales conforme al valor contratado”. Además obligó al IFE a mantener reservas de confidencialidad.

El representante perredista ante el IFE, Horacio Duarte, afirma que a pesar de estas “cláusulas fuga” el organismo tiene todas las atribuciones para solicitarle a la Secretaría de Hacienda los informes fiscales que incluyan los ingresos y facturas que amparen la publicidad electoral de los partidos.

Durante la misma sesión, Duarte señaló que los errores en el monitoreo y en el cálculo del costo de los promocionales pueden encubrir “bonificaciones” de las televisoras a favor de algunos partidos.

“Estamos convencidos de que los precios que adquirió su partido son precios muy por debajo del mercado, porque detrás de las negociaciones comerciales de los spots hubo otros intereses para apuntalar a su partido y a su candidato”, le comentó Duarte a la representante del PAN, Dora Alicia Martínez, quien presumió que en 2006 cada voto por su partido representó 38 pesos gastados en promocionales y fue el “más barato” en ese sentido.

La representante del PAN no respondió a Duarte, pero Luis Carlos Ugalde sí: “En ese aspecto de la legalidad, en ningún momento se establece el tema de las tarifas pagadas, de las tarifas negociadas, de las condiciones de pago. Son temas totalmente diferentes”, subrayó el consejero presidente del IFE.

A pesar de esta afirmación, el 10 de noviembre de 2005, el Consejo General del IFE aprobó un extenso reglamento de fiscalización que prohíbe que terceros contraten spots en radio y televisión, así como “donaciones en especie a favor de los partidos o candidatos, así como la contratación a través de intermediarios, ya sea por mandato, comisión o agencia donde sea expresa la representación del partido”.

Este reglamento se aprobó poco después que Proceso revelara documentos y contratos entre el gobierno del Estado de México y la empresa TV Promo, subsidiaria de Televisa, para “bonificar” y maquillar el pago de propaganda transmitida como información para beneficiar al entonces candidato del PRI a gobernador, Enrique Peña Nieto.

Errores en el monitoreo

El descontento de los partidos ante el resultado del monitoreo de 750 mil spots identificados por el IFE a través del sistema contratado con la empresa IBOPE-AGM se sumó a la polémica en torno del spotgate.

El PRD acreditó por medio de un DVD y de un extenso estudio de sus propios spots que el IFE sólo le contabilizó 165 mil promocionales en radio y televisión, cuando ellos tienen documentados 465 mil, de los cuales 430 mil corresponden a radio y el resto a televisión.

Consultado por Proceso, Duarte también aclara que el IFE tuvo ocho meses para analizar todas las cuentas de los spots entregados, pero que entre octubre de 2006 y febrero de 2007 no hizo al PRD ninguna observación relacionada con los promocionales.

Otro error del monitoreo y la fiscalización, documentado por Duarte, es que el costo de la campaña negativa del PAN contra López Obrador sólo es de 34 millones de pesos, ya que no se le suman los gastos de terceros, como Jumex, el CCE y Sabritas, a pesar de que la propia muestra del Ibope acredita en algunos casos que esos spots correspondían a la campaña de Felipe Calderón.

Cálculos extraoficiales revelan que entre mayo y junio de 2006, el CCE destinó 136 millones de pesos para spots contra López Obrador; la empresa Jumex pagó 13 millones 143 mil pesos; la asociación Ármate de Valor 30 millones 663 mil pesos –la misma que reprodujo las imágenes del presidente venezolano Hugo Chávez– y la empresa Sabritas destinó 16 millones 496 mil pesos.

Después de presentar varias críticas e inconsistencias sobre el monitoreo, el PRI no ha vuelto a mencionar nada. La situación de este partido es delicada porque está a sólo 3 millones de rebasar el tope de gastos de campaña porque tiene el mayor número de promocionales no acreditados: 144 mil de 281 mil (Proceso 1594).

El consejero Arturo Sánchez afirmó el viernes que “no hay duda de que el monitoreo está bien hecho” y el propio IFE y la empresa Ibope han explicado a lo largo de la semana el método utilizado para realizar el conteo de spots.

Finalmente, el primer acuerdo formal del PRD, PRI, Partido Verde, PT y Convergencia para impulsar la reforma del Estado se vinculó directamente con el gasto de los spots en campaña electoral. Los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) propusieron destinar los “tiempos fiscales” reservados para el Estado a transmitir publicidad en tiempos electorales.

Esta propuesta coincide con la iniciativa de reformas a los artículos 190 y 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al artículo 50 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral presentada en comisiones por el diputado priista Carlos Rojas.

En el fondo del debate sobre el spotgate, admiten los promotores de la propuesta, también está la negociación entre los partidos para sustituir o dejar en su cargo a los nueve consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde.

Fuente: Jenaro Villamil, Proceso 1595.