Los ministros de la Suprema Corte se tomaron su tiempo. Casi seis meses después de que un grupo de 47 senadores presentaron un recurso de inconstitucionalidad frente a los cambios aprobados a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, se hizo pública la ponencia de Salvador Aguirre Anguiano. En ella declara “procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad”.
Su postura resultó sorpresiva en el contexto del autoritarismo que vivimos; del predominio de los intereses particulares sobre los generales. El ministro acepta algunas de las inconformidades, toca en especial los polémicos artículos 28 y 28A, así como el 17G que permitían la cesión de concesiones por subasta y a 20 años. Declara válidos 12 artículos que se refieren al refrendo automático de concesiones, las facultades exclusivas de la Cofetel y a la contratación de propaganda electoral.
La Suprema Corte también abrió un período de consultas. Éstas constituyen un arma de doble filo. Por un lado dan lugar a que las presiones se vuelvan a manifestar, a favor y en contra. Además, ponen el tema otra vez en el tapete de las discusiones. Aunque los emisores que defienden la ley tal y como fue aprobada en diciembre de 2006 son mayoría y constituyen el sector más fuerte de los medios. Las opiniones en contra se reducen a ciertos periódicos, revistas y uno que otro programa radiofónico. Además, se da tiempo a que las grandes televisoras cabildeen de manera secreta en la corte, que ofrezcan beneficios, que amenacen y utilicen todos los medios que conocen para salirse con la suya.
La sociedad civil, en cambio, poco organizada, sin información de primera mano ni acceso a esas instancias de poder, está nuevamente en desventaja.
La tardanza en resolver ha dado margen a que Televisa y Telmex echen a andar sus proyectos. La primera está ya ofreciendo servicios de telefonía y la segunda contenidos televisivos. Ambas se preparan para utilizar las ventajas tecnológicas que les ofrece la así llamada Ley Televisa. Hace meses que Televisa puso a funcionar sus permisos de casas de juego, también por medio de la tecnología a su alcance. Es decir que a pesar de que no se podía considerar a la ley como vigente, las empresas actuaron como si lo fuera, con toda la prepotencia de la que son capaces.
Por otra parte, diputados del PRI y del PRD pretenden darle la vuelta al decreto foxista, que evitó el pago de 12.5% en tiempo al Estado por los concesionarios de radio y televisión. Ligando la recuperación con la reforma del Cofipe, para que ese espacio sea cedido de manera gratuita a los partidos políticos en tiempos de elecciones. Esta propuesta tiene que ir más allá. Es conocido el manejo de las televisoras en el asunto: otorgaban espacio en horarios de la madrugada, negándose a insertar propaganda partidista en los programas de mayor rating. Ello fue llevando a los institutos y a los políticos a comprar minutos en el horario estelar. Así que habría que legislar también para especificar que ese tiempo gratuito debe ser en los segmentos triple A.
La Ley Televisa corresponde de manera fiel a la realidad existente en el país. Dos grandes grupos controlan 70% de las concesiones, del público, de la publicidad. No hay derecho de réplica ni ombudsman. Los medios públicos se encuentran en situación precaria, cada vez más arrinconados. Se ejerce la censura económica y política. Todo ello en un contexto en el cual la audiencia masiva es analfabeta funcional, su nivel de escolaridad apenas llega a seis años en promedio, no consume periódicos ni libros. La base de su información y entretenimiento proviene de los medios audiovisuales.
Ese contexto no da lugar al optimismo, aunque la coyuntura ha cambiado y quizás, en aras de buscar una legitimidad que es inexistente, el Ejecutivo federal ceda y modifique algunos artículos de una ley que representa un despojo a la nación.
Su postura resultó sorpresiva en el contexto del autoritarismo que vivimos; del predominio de los intereses particulares sobre los generales. El ministro acepta algunas de las inconformidades, toca en especial los polémicos artículos 28 y 28A, así como el 17G que permitían la cesión de concesiones por subasta y a 20 años. Declara válidos 12 artículos que se refieren al refrendo automático de concesiones, las facultades exclusivas de la Cofetel y a la contratación de propaganda electoral.
La Suprema Corte también abrió un período de consultas. Éstas constituyen un arma de doble filo. Por un lado dan lugar a que las presiones se vuelvan a manifestar, a favor y en contra. Además, ponen el tema otra vez en el tapete de las discusiones. Aunque los emisores que defienden la ley tal y como fue aprobada en diciembre de 2006 son mayoría y constituyen el sector más fuerte de los medios. Las opiniones en contra se reducen a ciertos periódicos, revistas y uno que otro programa radiofónico. Además, se da tiempo a que las grandes televisoras cabildeen de manera secreta en la corte, que ofrezcan beneficios, que amenacen y utilicen todos los medios que conocen para salirse con la suya.
La sociedad civil, en cambio, poco organizada, sin información de primera mano ni acceso a esas instancias de poder, está nuevamente en desventaja.
La tardanza en resolver ha dado margen a que Televisa y Telmex echen a andar sus proyectos. La primera está ya ofreciendo servicios de telefonía y la segunda contenidos televisivos. Ambas se preparan para utilizar las ventajas tecnológicas que les ofrece la así llamada Ley Televisa. Hace meses que Televisa puso a funcionar sus permisos de casas de juego, también por medio de la tecnología a su alcance. Es decir que a pesar de que no se podía considerar a la ley como vigente, las empresas actuaron como si lo fuera, con toda la prepotencia de la que son capaces.
Por otra parte, diputados del PRI y del PRD pretenden darle la vuelta al decreto foxista, que evitó el pago de 12.5% en tiempo al Estado por los concesionarios de radio y televisión. Ligando la recuperación con la reforma del Cofipe, para que ese espacio sea cedido de manera gratuita a los partidos políticos en tiempos de elecciones. Esta propuesta tiene que ir más allá. Es conocido el manejo de las televisoras en el asunto: otorgaban espacio en horarios de la madrugada, negándose a insertar propaganda partidista en los programas de mayor rating. Ello fue llevando a los institutos y a los políticos a comprar minutos en el horario estelar. Así que habría que legislar también para especificar que ese tiempo gratuito debe ser en los segmentos triple A.
La Ley Televisa corresponde de manera fiel a la realidad existente en el país. Dos grandes grupos controlan 70% de las concesiones, del público, de la publicidad. No hay derecho de réplica ni ombudsman. Los medios públicos se encuentran en situación precaria, cada vez más arrinconados. Se ejerce la censura económica y política. Todo ello en un contexto en el cual la audiencia masiva es analfabeta funcional, su nivel de escolaridad apenas llega a seis años en promedio, no consume periódicos ni libros. La base de su información y entretenimiento proviene de los medios audiovisuales.
Ese contexto no da lugar al optimismo, aunque la coyuntura ha cambiado y quizás, en aras de buscar una legitimidad que es inexistente, el Ejecutivo federal ceda y modifique algunos artículos de una ley que representa un despojo a la nación.
Fuente: Florence Toussaint. Proceso 1594.
Comentario: francamente no hay nada que revisar a esa basura de ley, lo que se debe hacer es lo que pasa similar en Venezuela, MANDAR AL CARAJO A LOS MONOPOLIOS CHAYOTEROS DEL IMPERIO Y PUNTO.
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