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Para José Gutiérrez Vivó y el equipo de Monitor.
Hace dos días, en un salón del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, se llevó a cabo lo que parecía, a simple vista, un examen profesional para obtener un doctorado universitario. Era más que eso, mucho más. Esa tarde se presentaba la tesis –de más de mil páginas– Ejército y sociedad en México. Reforma de las fuerzas armadas. Concluía para su autor, en términos académicos, un largo y tormentoso periplo que significó persecución, difamación y años de cárcel promovidos, precisamente, desde la institución que ha propuesto reformar. Francisco Gallardo Rodríguez, el casi legendario general Gallardo, defendió su tesis, dirigida por el doctor Omar Guerrero, ante un jurado de doctores del más alto nivel en materia de derechos humanos, fuerzas armadas y política: Lorenzo Meyer, Raúl Olmedo, Ana Esther Ceceña, Gilberto López y Rivas, Francisco Patiño y Miguel Concha. Culminaba así un largo proceso de investigaciones sobre la vida institucional de las fuerzas armadas, y una revisión crítica sobre las violaciones a derechos humanos que se cometen por miembros del Ejército en contra de soldados y civiles. Era la culminación doctoral de su propuesta para realizar una amplia y profunda reforma de las fuerzas armadas mexicanas desde su propia condición de militar. Este vasto documento representa la continuación de sus trabajos de maestría que incluían la propuesta para crear un ombudsman militar. Idea sostenida y sustentada por años que le ha costado a Gallardo un largo camino de sangre, sudor y lágrimas. Es la historia que se convirtió en pesadilla cuando en octubre de 1993 la revista Forum publicó un artículo de quien era uno de los militares más jóvenes con el rango de general brigadier del Ejército Mexicano: Las necesidades de un ombudsman militar en México, extracto de su tesis de maestría. En noviembre de ese año, con motivo de dicha publicación, se le abrió una averiguación previa como presunto responsable de los delitos de injurias, difamación y calumnias en contra del Ejército Mexicano y de las instituciones que de él dependen y contra el honor militar. Se le dictó auto de formal prisión y se desató una batalla judicial plagada de irregularidades y persecuciones. En 94, organismos internacionales declararon que la detención fue arbitraria y logró ampararse. Obtuvo de regreso una furiosa respuesta: se le abrieron ocho causas penales más, 27 averiguaciones previas y se le fabrican en total 21 delitos. Al director de la revista, Eduardo Ibarra Aguirre, se le sometió durante 33 meses a una averiguación previa en la PGR, se presume que a instancias del propio Ejército. Los procesos eran tan grotescamente manipulados que la Suprema Corte concedió 37 amparos a favor de Gallardo. Se desató entonces una batalla nacional e internacional para exigir su liberación. El Ejército no cedió y se decidió formarle dos consejos de guerra. Finalmente lo sentenciaron a 28 años y 8 meses de prisión, el doble de la pena máxima a un reo militar de prisión ordinaria. La locura. Amnistía Internacional y otros organismos lo adoptan como preso de conciencia y la exigencia para liberarlo continuó. Finalmente, el 7 de febrero del 2002, después de 8 años y 3 meses de cárcel, fue liberado por decreto presidencial. Gallardo continuó su camino y ha logrado doctorarse con honores, pero el militar ha decidido ir por lo que le falta. Envió una carta el 1o. de diciembre al presidente Calderón en la que escribe "... en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, muy respetuosamente le solicito: 1º. Resuelva mi situación dentro del ejército. 2º. Me reintegre en mi dignidad militar. 3º. Ordene el resarcimiento moral y patrimonial. 4º. Consigne a los responsables de mi encarcelamiento y 5º. Dicten las medidas necesarias de no repetición". Con sencillez pero con firmeza se pide al Presidente que cierre de esta manera el voluminoso expediente del caso Gallardo y repare el daño. Cumplir estas peticiones no sólo restituiría a Gallardo y a su familia de años de difamación, hostigamiento y persecución; se devolvería también, en parte, lo que el Ejército perdió con su ominosa actuación.
Quien lo dijera, mientras Gallardo obtenía su doctorado y planteaba una transformación del Ejército Mexicano, en los mismos días salía de la cárcel –libre de cargos por narcotráfico, restituido de sus grados y condecoraciones y vistiendo a su salida el uniforme de general– Mario Arturo Acosta Chaparro, una de las biografías más negras de las que se tenga memoria en la historia de México. De nada sirvieron para enjuiciarlo señalamientos múltiples por homicidios, torturas y desapariciones. Salió libre de otros cargos y con la tranquilidad que le puede dar la virtual claudicación del Estado mexicano frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por él y por otros tantos que, o murieron antes de ser juzgados, o respiran tranquilos los últimos años de sus vidas. Una vergüenza para el país. (7-VII-07, p. 17).
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