Documentos del Ejército Mexicano confirman su activa participación en esa vieja práctica ilícita del espionaje a líderes y grupos políticos, sociales y empresariales, incluso mediante la infiltración de efectivos militares en distintos sectores de la sociedad: partidos políticos, organizaciones civiles, grupos sociales y empresarios, iglesias, sectas, escuelas y universidades, bajo el esquema formal de “preservar la seguridad y el orden interno”.
El Ejército Mexicano, principal bastión del Estado mexicano y responsable por mandato constitucional de la defensa y soberanía nacional, realizó actividades de espionaje político durante la era priísta. Bajo el cobijo de la inteligencia militar, la Sección Segunda del Ejército se dedicó a espiar cada movimiento, reunión, asamblea, mitin, manifestación y expresión de los distintos grupos políticos, sociales, religiosos y empresariales.
Nada escapó –ni escapa actualmente– a los tentáculos de los espías de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que todo lo cubren a lo largo y ancho del territorio nacional, a través de las 12 regiones militares y 42 zonas militares, cuyos datos son reportados puntualmente al Estado Mayor de la Sedena y al presidente de la República, “para la toma de decisiones”.
Se trata de informes de lo que sucede en cada rincón del país enviados por comandantes al Estado Mayor durante los primeros cinco días de cada mes, que contienen “información del orden interno y del poder nacional”, la cual es “complementada con el informe anual en los aspectos históricos y geográficos que (a su vez) se integrarán en el informe anual de valuación estratégica que se debe elaborar en junio de cada año”.
Para el sistema de inteligencia militar del país, la información de orden interno no es “la repetición del radiograma diario, sino aquella que complementa a la información remitida diariamente con más datos y fotografías, volantes, panfletos, frases (slogans) y cualquier otro informe que se considere de interés”, refiere el formato denominado Inmenit: Sistema de Inteligencia Militar, de la 17ava. Zona Militar, Cuartel General con sede en Querétaro, Querétaro.
El Inmenit –cuya fecha de edición no aparece en el documento– instruye a los comandantes de región para mejorar la estrategia de inteligencia militar y para que remitan cada mes al centro de mando, “un panorama general de la situación, así como una síntesis de información en base al radiograma 9003”.
El nuevo instructivo de informe, dice el documento, sustituye al oficio circular 44417 del 2 de septiembre de 1966; al radiograma 13194 de abril de 1984; al radiograma 12310 del 25 marzo de 1985, y al oficio 6162 del 21 febrero de 1986, en el que se ordena a los comandantes de zona militar que remitan a ese organismo, en los primeros cuatro días de cada mes, un diagnóstico de la situación con base en un formato que incluye a “los cuatro campos de poder”.
Dichos campos son clasificados como “político, económico, social y militar”, de los que se ordena “hacer un análisis, valuación e interpretación de las actividades más importantes realizadas en cada uno de ellos por partidos, organizaciones políticas y acontecimientos relevantes que expongan problemas políticos, económicos y sociales”.
El apartado II del documento, denominado “Estructura del poder nacional”, explica a los comandantes de zona cómo clasificar la información gubernamental, federal, estatal y municipal, y los instruye a enviar los datos de los miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y su curriculum vitae.
Ordena remitir también la información de organizaciones políticas diversas, partidos políticos, dirigentes, coordinadoras, corrientes, movimientos, consejos, etcétera, sus inclinaciones e ideologías; así como de líderes de cada barrio, delegación, colonia, municipio, ejido, comunidad campesina e indígena, fábrica, empresa, etcétera.
El mandato castrense pide detectar a los “grupos de presión” que pueden ser –dice– organizaciones, asociaciones o grupos formales de hombres que se conducen sobre el mecanismo gubernamental o privado para imponer sus aspiraciones o reivindicaciones políticas, económicas, sociales, culturales y laborales, utilizando medios coercitivos o de cualquier otra índole para tratar de constituirse en “poderes de decisión”.
En el terreno económico, el Inmenit ordena a los comandantes remitir información de la iniciativa privada y de las empresas de participación estatal, clasificadas dentro del “campo económico”, con datos que incluyan nombre, ubicación, organización, número de empleados y principales “funcionarios”, así como de sus respectivos sindicatos, cantidad de agremiados, etcétera.
La misma información con datos pormenorizados se pide a los comandantes de las regiones militares respecto a instituciones nacionales de crédito, de seguros, fianzas y fideicomisos; de los sectores agrícola –cantidad de ejidos, ubicación, organización, etcétera–, pequeños propietarios, forestal, ganadería, pesca, industria (extractiva, manufacturera, construcción), servicios, turismo y comercio.
En el plano social, se solicita a los responsables de cada región militar que recaben y envíen información demográfica, de instituciones educativas –desglosada por niveles desde primaria a universidad y su composición organizativa–, así como del sector religioso y las sectas, medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones de salud, servicios turísticos, servicios urbanos.
En el campo militar, el formato incluye un instructivo de la A a la Z que ordena remitir información al cuerpo de mando central de la Sedena acerca de militares procesados, absueltos, consejos de honor realizados, correctivos disciplinarios impuestos, consejos de guerra, apariencia de los soldados, instalaciones con que cuentan, alimentación, servicio médico, condiciones de alojamiento, distribución, necesidades de jefes, oficiales y tropa.
También se pide información de elementos que realizan comisiones ajenas al servicio militar, bajas y motivos, desertores y causas probables, capacidad de decisión en las misiones encomendadas en las jerarquías de cabo a teniente, capacidad en planeación de ejercicios tácticos y operaciones (planes: de defensa, seguridad, adiestramiento, contrataque, operaciones especiales), en las jerarquías de capitán a teniente coronel.
Iguales datos sobre la capacidad de trabajo en equipo, ascendencia con sus subordinados, efectividad en el cumplimiento de misiones, nivel de espíritu de sacrificio, abnegación, lealtad, valor y patriotismo adquiridos en las unidades; así como efectivos reales en las unidades, vehículos, armamento, municiones, equipo de radio, etcétera.
Un apartado especial del modelo de formatos Inmenit se refiere al aspecto geográfico y plantea que el reporte debe contener “estudios militares sobre el terreno, límite, extensión, orografía, hidrografía, comunicaciones, vegetación, clima, del área correspondiente al mando de zona o región militar”.
Este estudio, dice, “debe contener un análisis estratégico militar, que además de lo establecido en nuestra doctrina, se deben hacer conclusiones de la relación territorio-población con los efectivos militares en el área, sin contar a la Armada de México, en un primer análisis, y tomándolos en cuenta, en un segundo análisis”.
Asimismo, pide determinar la cantidad y tipo de unidades que “idealmente deben existir en cada mando territorial, para estar en condiciones de cumplir con las misiones orgánicas establecidas y con las actividades en las que actualmente se desempeñen.”
Nota completa aquí
José Réyez
El Ejército Mexicano, principal bastión del Estado mexicano y responsable por mandato constitucional de la defensa y soberanía nacional, realizó actividades de espionaje político durante la era priísta. Bajo el cobijo de la inteligencia militar, la Sección Segunda del Ejército se dedicó a espiar cada movimiento, reunión, asamblea, mitin, manifestación y expresión de los distintos grupos políticos, sociales, religiosos y empresariales.
Nada escapó –ni escapa actualmente– a los tentáculos de los espías de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que todo lo cubren a lo largo y ancho del territorio nacional, a través de las 12 regiones militares y 42 zonas militares, cuyos datos son reportados puntualmente al Estado Mayor de la Sedena y al presidente de la República, “para la toma de decisiones”.
Se trata de informes de lo que sucede en cada rincón del país enviados por comandantes al Estado Mayor durante los primeros cinco días de cada mes, que contienen “información del orden interno y del poder nacional”, la cual es “complementada con el informe anual en los aspectos históricos y geográficos que (a su vez) se integrarán en el informe anual de valuación estratégica que se debe elaborar en junio de cada año”.
Para el sistema de inteligencia militar del país, la información de orden interno no es “la repetición del radiograma diario, sino aquella que complementa a la información remitida diariamente con más datos y fotografías, volantes, panfletos, frases (slogans) y cualquier otro informe que se considere de interés”, refiere el formato denominado Inmenit: Sistema de Inteligencia Militar, de la 17ava. Zona Militar, Cuartel General con sede en Querétaro, Querétaro.
El Inmenit –cuya fecha de edición no aparece en el documento– instruye a los comandantes de región para mejorar la estrategia de inteligencia militar y para que remitan cada mes al centro de mando, “un panorama general de la situación, así como una síntesis de información en base al radiograma 9003”.
El nuevo instructivo de informe, dice el documento, sustituye al oficio circular 44417 del 2 de septiembre de 1966; al radiograma 13194 de abril de 1984; al radiograma 12310 del 25 marzo de 1985, y al oficio 6162 del 21 febrero de 1986, en el que se ordena a los comandantes de zona militar que remitan a ese organismo, en los primeros cuatro días de cada mes, un diagnóstico de la situación con base en un formato que incluye a “los cuatro campos de poder”.
Dichos campos son clasificados como “político, económico, social y militar”, de los que se ordena “hacer un análisis, valuación e interpretación de las actividades más importantes realizadas en cada uno de ellos por partidos, organizaciones políticas y acontecimientos relevantes que expongan problemas políticos, económicos y sociales”.
El apartado II del documento, denominado “Estructura del poder nacional”, explica a los comandantes de zona cómo clasificar la información gubernamental, federal, estatal y municipal, y los instruye a enviar los datos de los miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y su curriculum vitae.
Ordena remitir también la información de organizaciones políticas diversas, partidos políticos, dirigentes, coordinadoras, corrientes, movimientos, consejos, etcétera, sus inclinaciones e ideologías; así como de líderes de cada barrio, delegación, colonia, municipio, ejido, comunidad campesina e indígena, fábrica, empresa, etcétera.
El mandato castrense pide detectar a los “grupos de presión” que pueden ser –dice– organizaciones, asociaciones o grupos formales de hombres que se conducen sobre el mecanismo gubernamental o privado para imponer sus aspiraciones o reivindicaciones políticas, económicas, sociales, culturales y laborales, utilizando medios coercitivos o de cualquier otra índole para tratar de constituirse en “poderes de decisión”.
En el terreno económico, el Inmenit ordena a los comandantes remitir información de la iniciativa privada y de las empresas de participación estatal, clasificadas dentro del “campo económico”, con datos que incluyan nombre, ubicación, organización, número de empleados y principales “funcionarios”, así como de sus respectivos sindicatos, cantidad de agremiados, etcétera.
La misma información con datos pormenorizados se pide a los comandantes de las regiones militares respecto a instituciones nacionales de crédito, de seguros, fianzas y fideicomisos; de los sectores agrícola –cantidad de ejidos, ubicación, organización, etcétera–, pequeños propietarios, forestal, ganadería, pesca, industria (extractiva, manufacturera, construcción), servicios, turismo y comercio.
En el plano social, se solicita a los responsables de cada región militar que recaben y envíen información demográfica, de instituciones educativas –desglosada por niveles desde primaria a universidad y su composición organizativa–, así como del sector religioso y las sectas, medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones de salud, servicios turísticos, servicios urbanos.
En el campo militar, el formato incluye un instructivo de la A a la Z que ordena remitir información al cuerpo de mando central de la Sedena acerca de militares procesados, absueltos, consejos de honor realizados, correctivos disciplinarios impuestos, consejos de guerra, apariencia de los soldados, instalaciones con que cuentan, alimentación, servicio médico, condiciones de alojamiento, distribución, necesidades de jefes, oficiales y tropa.
También se pide información de elementos que realizan comisiones ajenas al servicio militar, bajas y motivos, desertores y causas probables, capacidad de decisión en las misiones encomendadas en las jerarquías de cabo a teniente, capacidad en planeación de ejercicios tácticos y operaciones (planes: de defensa, seguridad, adiestramiento, contrataque, operaciones especiales), en las jerarquías de capitán a teniente coronel.
Iguales datos sobre la capacidad de trabajo en equipo, ascendencia con sus subordinados, efectividad en el cumplimiento de misiones, nivel de espíritu de sacrificio, abnegación, lealtad, valor y patriotismo adquiridos en las unidades; así como efectivos reales en las unidades, vehículos, armamento, municiones, equipo de radio, etcétera.
Un apartado especial del modelo de formatos Inmenit se refiere al aspecto geográfico y plantea que el reporte debe contener “estudios militares sobre el terreno, límite, extensión, orografía, hidrografía, comunicaciones, vegetación, clima, del área correspondiente al mando de zona o región militar”.
Este estudio, dice, “debe contener un análisis estratégico militar, que además de lo establecido en nuestra doctrina, se deben hacer conclusiones de la relación territorio-población con los efectivos militares en el área, sin contar a la Armada de México, en un primer análisis, y tomándolos en cuenta, en un segundo análisis”.
Asimismo, pide determinar la cantidad y tipo de unidades que “idealmente deben existir en cada mando territorial, para estar en condiciones de cumplir con las misiones orgánicas establecidas y con las actividades en las que actualmente se desempeñen.”
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