Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional es el nombre de la nueva ventanilla que permitirá, entre otras cosas, dar empleo a algunos de los 600 componentes del generalato más numeroso de la aldea global, después del estadunidense, el ruso y el chino.
Pero más que propósitos de empleo, tiene el de contrarrestar la creciente pérdida de credibilidad de unas fuerzas armadas que en las encuestas tienen los más altos niveles de respaldo ciudadano, pero en la inocultable vida diaria no son respetadas sino temidas por una ciudadanía, sobre todo la rural, víctima de la prepotencia, la corrupción y los excesos adictivos de buena parte de sus integrantes.
El alto mando militar, encabezado por Guillermo Galván Galván y Mariano Francisco Saynés Mendoza , materializa puntualmente las políticas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para transformar a las fuerzas armadas en cuerpos policiacos --muy a tono con los proyectos geopolíticos de la Casa Blanca y el Pentágono para los ejércitos de las naciones de América Latina--, en instituciones que trastocaron sus funciones constitucionales para hacer frente al narcotráfico, el crimen organizado y hasta el conflicto social.
El protagonismo de la milicia en tareas que la ley de leyes le prohíbe explícitamente, es la fuente principal de la sistémica violación de los derechos humanos y las garantías individuales de los mexicanos. Entre otras, por la elemental razón de que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están preparadas y educadas para combatir y liquidar enemigos externos y no para afrontar a los adversarios nacionales, y menos para contemplar las raíces socioeconómicas del vigoroso auge del narcotráfico y el crimen organizado.
Generosos lectores de Utopía como Emilio España Krauss , consideran “logrado el objetivo planteado” por Forum (número 22, octubre de 1993, páginas 9-14) al publicar Las necesidades de un ombudman militar, del general –y ahora doctor-- José Francisco Gallardo Rodríguez . Más cauteloso y pragmático, Ramsés Ancira propone: “Deberían pagarle derechos de autor a la publicación o en su defecto la Sedena debía asignarle un presupuesto de publicidad como compensación.”
Hasta senadores de la República no identificados por El Sol de México , estiman que la Dirección General de Derechos Humanos es la consumación del ombudsman militar. Ignoran, por supuesto, que en 1995 se creó la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia Militar, encabezada por el atrabiliario Rafael Marcial Macedo de la Concha , y que en 2000 entró en funciones la Subsección de Derechos Humanos de la Sección V (planes estratégicos) del Estado Mayor de la Sedena , que ahora será sustituida por la DGDH.
Marivilia Carrasco Bazúa , por el contrario, comparte el juicio del general Gallardo, expresado en la penúltima edición de Hoy por Hoy, bajo la incluyente y profesional conducción de Carmen Aristegui Flores : “Tiende a ser parte de una ofensiva que encubra acciones represivas contra el movimiento social en crecimiento contra el TLC, por ejemplo. Lo cual me parece que no debemos dejar de observar, sin que ello signifique debilitar a una institución cuyo papel es vital y desde mi punto de vista, seguirá siendo, para la salud y la defensa de la República ”. En palabras de José Francisco Gallardo “Es un blindaje de la Sedena frente a las repercusiones y consecuencias del Plan México” o Iniciativa Mérida.
Con la Dirección General de Derechos Humanos y tras la acumulación de 161 mil deserciones del Ejercito durante 2001-2007, con todo y aumento sustancial de sueldos, Galván Galván y Calderón Hinojosa pretenden distraer la creciente simpatía que suscita en la academia y las organizaciones civiles, la llamada clase política y la opinión pública, la tesis de la necesidad de la reforma militar, enarbolada con firmeza y sustentada con brillantez durante 14 años por Gallardo, incluso a costa de ser privado de su libertad ocho años y tres meses, y que el Frente Amplio Opositor convertirá en iniciativa de ley.
La tesis de que sin reforma de las fuerzas armadas no hay reforma del Estado digna de ese nombre, se estudia y debate en múltiples foros. Y tal labor reformadora es inconcebible sin la abrogación del fuero de guerra –artículo 13 constitucional--, que es la columna vertebral de la arbitrariedad castrense. Y ésta no puede ser sometida al orden jurídico sin la existencia de un ombusman militar o con cualesquiera denominaciones, pero autónomo respecto del Ejecutivo y electo por el Legislativo, por medio de la Cámara de Diputados, para vigilar y hacer respetar los derechos humanos de los militares y que éstos respeten los de los ciudadanos.
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