Porfirio Muñoz Ledo
En tertulia reciente de políticos ilustrados e intelectuales informados surgió a la discusión el significado del nombramiento de Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación. Las interpretaciones más memoriosas se remontaron al virreinato y las más pragmáticas a su actual expresión: la política petrolera. En el trasfondo, las motivaciones sicológicas y las intenciones últimas de quien lo nombró.
En la matriz de la nación es claro el papel que corresponde al peninsular, en contraste con el criollo, el indio, el mestizo y el resto de las castas que a la postre formaron la identidad mexicana. La diferencia más sutil pero también la frontera más precisa se establece entre criollo y peninsular, porque a pesar de provenir del mismo origen étnico, mientras el primero se coloca a la cabeza de todos los oriundos, el segundo es el agente de la dominación colonial y, con el tiempo, la opresión encarnada.
Criollos fueron los novohispanos más ilustrados, como Clavijero y Juana de Asbaje. Lo fueron los precursores de la Independencia como Primo de Verdad y los primeros insurgentes encabezados por Hidalgo. Durante las guerras de reforma militaron más bien en el bando conservador, así Lucas Alamán, su esclarecido dirigente. La Revolución fue también una emergencia del mestizaje, que coloreó a casi todos nuestros líderes, con excepción de José López Portillo y de sus “churumbeles”.
Los ecos del 15 de septiembre nos recuerdan todavía el grito feroz: ¡A coger gachupines! La República española nos devolvió en cambio la devoción por misioneros y humanistas. Pero jamás fue equiparable un “transterrado” a un peninsular. El primero se acogió a nuestra hospitalidad y nos aportó su caudal de sabiduría. El segundo permanece atado a la memoria del explotador de los naturales y de sus riquezas.
Por ello, el lugar de nacimiento del joven Mouriño —ocultado durante largo tiempo— no resulta banal. Menos aún el uso de pasaporte español durante su estadía en Florida, que “lo convirtió de nuevo en súbdito de la Corona”. Más reveladora todavía la trayectoria rocambolesca de la familia, cuyo patriarca, nacido y crecido modestamente en Vigo, casado y cebado en Madrid, arribó a Campeche para “hacer la América”, siempre en la turbia confluencia entre política y negocios.
La relación de empresas hechizas empolladas por el clan en ambos lados del Atlántico y la de sus jugosas operaciones realizadas al amparo del favor público son el retrato vivo del maridaje entre poder y dinero que tipifica la corrupción mexicana. Son los Ahumada peninsulares al servicio de un proyecto político y económico a gran escala: de carácter transnacional, transexenal y transgeneracional.
Salvo las actividades relacionadas con el lavado de dinero, cuya investigación —iniciada en 2003— todavía no concluye la PGR y las operaciones inmobiliarias en la península, todos los giros y negocios familiares se relacionan con la venta y transportación de hidrocarburos. Clan gasolinero, la gente lo llama. Comenzaron como prestanombres de políticos, crecieron por el tráfico de influencias y ahora están en posición de escoger a sus socios en el mercado local y en el global.
De ahí que las denuncias formuladas por la prensa y recogidas en su mensaje del día 24 por López Obrador adquieran una relevancia estratégica. Se trata de contratos millonarios, adjudicados de modo directo en favor de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar, firmados por Juan Camilo como apoderado, en el tiempo en que fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, asesor y subsecretario, bajo el cobijo de Felipe Calderón.
Asombra el desenfado, por no decir la falta de escrúpulos, que semejante coincidencia exhibe. Inspirado en el descaro de los hermanos Bribiesca —igualmente beneficiarios de Pemex— explica el celo de la administración foxista en eliminar al candidato de la oposición e imponer a un sucesor que asegurase la continuidad de las complicidades. El encadenamiento de un proyecto que disuelve la autoridad republicana, degrada el poder político y compromete el patrimonio de la nación.
Ese es el meollo del debate que libramos entre los mexicanos. Las intenciones del gobierno son evidentes y sus métodos inequívocos. Las respuestas debieran serlo también. Más allá de las supuestas diferencias de estilo entre “moderados” y “radicales”, lo que se requiere es ir a la raíz del problema y desechar toda forma, voluntaria o involuntaria, de colaboración con el designio oficial. Una vez más, ser o no ser oposición.
Los legisladores tienen en la instancia inmediata la responsabilidad de procesar la denuncia. Habrán de dar la medida de su posibilidad y de su convicción. Pero el campo de acción se extiende a toda la sociedad, que ya percibe la cuestión del petróleo como la madre de todas las batallas.
En tertulia reciente de políticos ilustrados e intelectuales informados surgió a la discusión el significado del nombramiento de Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación. Las interpretaciones más memoriosas se remontaron al virreinato y las más pragmáticas a su actual expresión: la política petrolera. En el trasfondo, las motivaciones sicológicas y las intenciones últimas de quien lo nombró.
En la matriz de la nación es claro el papel que corresponde al peninsular, en contraste con el criollo, el indio, el mestizo y el resto de las castas que a la postre formaron la identidad mexicana. La diferencia más sutil pero también la frontera más precisa se establece entre criollo y peninsular, porque a pesar de provenir del mismo origen étnico, mientras el primero se coloca a la cabeza de todos los oriundos, el segundo es el agente de la dominación colonial y, con el tiempo, la opresión encarnada.
Criollos fueron los novohispanos más ilustrados, como Clavijero y Juana de Asbaje. Lo fueron los precursores de la Independencia como Primo de Verdad y los primeros insurgentes encabezados por Hidalgo. Durante las guerras de reforma militaron más bien en el bando conservador, así Lucas Alamán, su esclarecido dirigente. La Revolución fue también una emergencia del mestizaje, que coloreó a casi todos nuestros líderes, con excepción de José López Portillo y de sus “churumbeles”.
Los ecos del 15 de septiembre nos recuerdan todavía el grito feroz: ¡A coger gachupines! La República española nos devolvió en cambio la devoción por misioneros y humanistas. Pero jamás fue equiparable un “transterrado” a un peninsular. El primero se acogió a nuestra hospitalidad y nos aportó su caudal de sabiduría. El segundo permanece atado a la memoria del explotador de los naturales y de sus riquezas.
Por ello, el lugar de nacimiento del joven Mouriño —ocultado durante largo tiempo— no resulta banal. Menos aún el uso de pasaporte español durante su estadía en Florida, que “lo convirtió de nuevo en súbdito de la Corona”. Más reveladora todavía la trayectoria rocambolesca de la familia, cuyo patriarca, nacido y crecido modestamente en Vigo, casado y cebado en Madrid, arribó a Campeche para “hacer la América”, siempre en la turbia confluencia entre política y negocios.
La relación de empresas hechizas empolladas por el clan en ambos lados del Atlántico y la de sus jugosas operaciones realizadas al amparo del favor público son el retrato vivo del maridaje entre poder y dinero que tipifica la corrupción mexicana. Son los Ahumada peninsulares al servicio de un proyecto político y económico a gran escala: de carácter transnacional, transexenal y transgeneracional.
Salvo las actividades relacionadas con el lavado de dinero, cuya investigación —iniciada en 2003— todavía no concluye la PGR y las operaciones inmobiliarias en la península, todos los giros y negocios familiares se relacionan con la venta y transportación de hidrocarburos. Clan gasolinero, la gente lo llama. Comenzaron como prestanombres de políticos, crecieron por el tráfico de influencias y ahora están en posición de escoger a sus socios en el mercado local y en el global.
De ahí que las denuncias formuladas por la prensa y recogidas en su mensaje del día 24 por López Obrador adquieran una relevancia estratégica. Se trata de contratos millonarios, adjudicados de modo directo en favor de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar, firmados por Juan Camilo como apoderado, en el tiempo en que fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, asesor y subsecretario, bajo el cobijo de Felipe Calderón.
Asombra el desenfado, por no decir la falta de escrúpulos, que semejante coincidencia exhibe. Inspirado en el descaro de los hermanos Bribiesca —igualmente beneficiarios de Pemex— explica el celo de la administración foxista en eliminar al candidato de la oposición e imponer a un sucesor que asegurase la continuidad de las complicidades. El encadenamiento de un proyecto que disuelve la autoridad republicana, degrada el poder político y compromete el patrimonio de la nación.
Ese es el meollo del debate que libramos entre los mexicanos. Las intenciones del gobierno son evidentes y sus métodos inequívocos. Las respuestas debieran serlo también. Más allá de las supuestas diferencias de estilo entre “moderados” y “radicales”, lo que se requiere es ir a la raíz del problema y desechar toda forma, voluntaria o involuntaria, de colaboración con el designio oficial. Una vez más, ser o no ser oposición.
Los legisladores tienen en la instancia inmediata la responsabilidad de procesar la denuncia. Habrán de dar la medida de su posibilidad y de su convicción. Pero el campo de acción se extiende a toda la sociedad, que ya percibe la cuestión del petróleo como la madre de todas las batallas.
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