Dos versiones de traidores a la democracia: uno enormeee otro, el segundo, ahí la lleva

Ambas notas de Apro, la primera referente al traidor de Fox:

El complot foxista contra los mineros (Primera de dos partes)

rosalía vergara México, D.F., 30 de abril (apro).- La decisión del cuarto tribunal de lo laboral de rehabilitar a Napoleón Gómez Urrutia --como secretario general del sindicato minero-- puso fin al conflicto en el sector, pero puso en evidencia a funcionarios foxistas y exhibió las disputas entre el gobierno de Felipe Calderón con el guanajuatense y la directiva nacional del blanquiazul.

Incluso el 10 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que eran falsas las firmas de la ‘toma de nota’ con que se entronizó a Elías Morales en la dirección nacional del sindicato minero (SNTMMSRM), y con ello avaló las denuncias que la defensa de Gómez Urrutia interpuso el 22 de diciembre de 2006 (averiguación previa 022/DGDCSPI/07).

Al día siguiente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Laboral ordenó restituir a Gómez Urrutia, por lo que la Secretaría del Trabajo lo tuvo que restituir el 16 de abril como secretario general.

De esta manera, en dos días se resolvió el problema que detonó en el seno del foxismo el año pasado y que, de acuerdo con el líder sindical y fuentes del Grupo México, fue fraguado desde las “más altas esferas del poder” y con el aval de un puñado de empresarios de los grupos Villacero y México, firmas dedicadas a la minería que impusieron a Elías Morales, afín a los propietarios, para que encabezara “un sindicato a modo”.

Así, el gobierno de Calderón se quitó de encima dicha herencia foxista, después de 14 meses en los que se encadenaron hechos como las huelgas de mineros en apoyo a Gómez Urrutia y la de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuya represión dejó como saldo la muerte de dos mineros, entre otros conflictos.

Incluso se registró el cierre de empresas en Nacozari y Agua Prieta, Sonora, la consignación de funcionarios de Grupo México por la explosión en Pasta de Conchos, Coahuila, y la detención ilegal del ‘mensajero’ del sindicato Gerardo Pérez Romo, desde hace 82 días, pese a que el tribunal de San Luis Potosí --donde se radicó el caso-- ya se declaró incompetente.

Sin embargo, en todo este entramado salieron a la luz nombres de excolaboradores del foxismo, como el exsecretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar; el exsubsecretario Emilio Gómez Vives y el director de Registro de Asociaciones, Jesús Cervantes, principalmente. Sin embargo, según Gómez Urrutia, éstos sólo son “parte de la orquesta que montó la opereta” de su deposición.

Incluso fue más allá. Acusó a la presidencia de Vicente Fox de haber operado la embestida contra el sindicato minero.

Así, la ‘operación Napito’ se planeó desde el 2005, en varias reuniones que sostuvieron entonces Francisco Javier Salazar, Gómez Vives, el exsubsecretario de Gobernación, Felipe González –a nombre de su jefe, Carlos Abascal Carranza--, y el extitular de Economía, Fernando Canales, con varios empresarios, entre ellos los hermanos Julio, César y Pablo Villarreal Guajardo --de Grupo Villacero--, así como Germán Larrea Mota Velasco --de Grupo México--, en la sede de la STPS.

Ahí decidieron “resucitar” a Elías Morales, un minero expulsado del sindicato en mayo de 2004 por traición que, de la noche a la mañana, fue habilitado como “nuevo dirigente”, y al que se le encomendó la tarea de acusar a Gómez Urrutia de haber desviado recursos –55 millones de dólares-- del fideicomiso minero, que data desde la gestión de su padre y antecesor, Napoleón Gómez Sada.

Por ello el secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero, Carlos Pavón, denunció --en mayo anterior-- que en diciembre de 2005 hubo una reunión en casa de Julio Villarreal, donde se urdió el complot contra el sindicato minero. (Proceso 1543)

Un año antes, Abascal le advirtió al presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, que irían tras Gómez Urrutia y otros líderes sindicales, de acuerdo con el dirigente de los telefonistas.

Otra versión, ventilada desde el Grupo México, refiere que Industrial Minera México (IMMSA) y Grupo Villacero se coordinaron con el expresidente de la Coparmex, Bernardo Ardavín Migoni; el jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental, Ramón Muñoz --actual senador panista por Guanajuato--, Salazar y Gómez Vives, a fin de convencer a Fox de dar “el golpe minero”.

El expresidente dudó y consultó a Abascal, quien se opuso en un principio. Sin embargo, el exsecretario del Trabajo tomó el caso como un asunto personal, y calculó que “el golpe” le daría prestigio e imagen a la administración foxista ante la opinión pública.

Grupo México ya había hablado con los dirigentes del Congreso del Trabajo (CT) y, cuando Víctor Flores fue consultado por el gobierno foxista, el líder ferrocarrilero apoyó la decisión.

En el momento de la deposición de Napoleón, Salazar se lo comenta a Flores Morales, quien a su vez lo filtra en una comida con sindicatos, algunos afines a Gómez Urrutia, al que avisan inmediatamente.

Cabe señalar que en Proceso (edición 1538) se documentó el apoyo de la Presidencia al grupo Industrial Minera México. Este respaldo sólo se explica por las ligas que mantiene la empresa con la fundación Vamos México de Marta Sahagún de Fox, a través de Valentín Diez Morodo, Francisco Javier Soni Ocampo y Gilberto Perezalonso Cifuentes, altos ejecutivos que destacan en el directorio de Grupo México.

La mafia foxista

Un año y dos meses después se destapó la cloaca. El conflicto que el foxismo heredó a Calderón dejó al descubierto que este y otros casos se dan “en el marco de las rectificaciones presidenciales respecto de las torpezas de Fox, y va a impactar en forma determinante en la disputa de Los Pinos en relación con el PAN”, evaluó el senador perredista Carlos Navarrete, en alusión a la cercana renovación de la dirigencia blanquiazul.

Francisco Salazar es ahora secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, pero tiene ya tras de sí sendas denuncias por falsificación y uso de documentos.

Abascal, por su parte, es secretario general adjunto en la directiva nacional panista. Sin embargo, ambos exfuncionarios están involucrados política y legalmente en la destitución del líder minero, ocurrida en febrero de 2006.

Incluso, según Gómez Urrutia, Francisco Salazar es proveedor de Grupo México a través de las empresas Latinoamericana de Productos Químicos SA y Productos Químicos de San Luis SA.

“La verdadera delincuencia organizada está en estas empresas, en la mafia política de los exfuncionarios del gobierno de Vicente Fox, y en esa mafia sindical de pillos hampones a su servicio”, afirmó Napoleón Gómez Urrutia.

Incluso el 22 de diciembre anterior la defensa del líder sindical presentó una denuncia contra exfuncionarios por la falsificación de las firmas de, entre otros, Juan Zúñiga, así como por el uso de documentos apócrifos para entregar la ‘toma de nota’ a Elías Morales.

Confió que la PGR arraigará al extitular del Trabajo, su exsubsecretario y “a todas esas gentes que, como advertimos, fueron los que instrumentaron una acusación falsa contra Gómez Urrutia”.

En ese tenor, el abogado Juan Rivero señaló:

“Por ello el pasado viernes 13 se dio aviso del robo de la toma de nota y cinco actas originales del expediente PGR/DDF/SPEXX/5393/2006 del sindicato minero, las que se sustrajeron de la delegación metropolitana de la PGR entre el miércoles y jueves pasados; pero que el delegado Armando del Río Leal dio aviso hasta el viernes, y por eso fue separado del cargo, junto con el personal que tenía acceso al expediente.

“Se los robaron para que no se pueda saber quién materialmente falsificó el documento y se consigne de inmediato”, consideró.

En un comunicado, la PGR informó que agentes de la Visitaduría General se presentaron en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS en busca de una copia original de los documentos sustraídos, e informó que continuará con “los procedimientos penales y administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades, en relación con la sustracción del primer juego de documentos originales”.

Por cierto, la semana pasada el exsubsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública --hombre fuerte del titular de la PGR, Eduardo Medina Mora desde que éste encabezaba el Cisen--, Rafael Gerardo Ríos García, fue ungido como directivo en Grupo Minera México, en el área de seguridad.

Y la segunda referente a Sabines, sí por ese que varias veces AMLO dio la cara y que fue en vano pues resultó un vil traidor, nche Sabines ya te tocará algún día el repudio a escala:

Retrocede Sabines en acceso a la información

isaín mandujano Tuxtla gutiérrez, Chis., 30 de de abril (apro).- El gobierno de Juan Sabines impuso un “filtro de control” a las solicitudes de acceso a la información pública, con la emisión de un nuevo reglamento, el segundo en menos de cuatro meses, en el que establece que las peticiones para cualquiera de las 75 dependencias del Poder Ejecutivo tendrán que realizarse a través de una “ventanilla única”.

El reglamento anterior, publicado en diciembre del año pasado ni siquiera había entrado en vigor, cuando el gobierno del estado decidió emitir otro, el 7 de marzo, mediante el cual crea la “Unidad de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal”, misma que se encargará de recibir las solicitudes y de entregar la información requerida, sin importar la dependencia de que se trate.

Esta Unidad será un órgano interno del Poder Ejecutivo que dependerá de la Contraloría General del Gobierno del estado y tendrá presencia en cada una de las 9 regiones del estado.

Según el artículo 53 de ese reglamento, esta Unidad se encargará de “coordinar y vincular las acciones en materia de transparencia y acceso a la información pública con las unidades de enlace y los comités de información de cada uno de los sujetos obligados, y fungirá como ventanilla única para la recepción de la solicitudes de información, datos personales y recursos de reconsideración que se interpongan a los organismos que forman parte de la administración pública estatal”.

Para el comisionado presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información (IAIP), Gildardo Domínguez Ruiz, esta repentina medida camina en sentido contrario a la tendencia de apertura informativa que ordena el artículo 6 constitucional, en el sentido de estandarizar la apertura informativa, de modo que la transparencia y el acceso a la información pública sea similar en todo el país.

Domínguez Ruiz criticó la determinación de emitir un nuevo reglamento para derogar el primero --que ni siquiera había entrado en vigor--, ya que el anterior abarcaba a los tres poderes de gobierno y marcaba las directrices para todas las dependencias oficiales, mientras que el actual, que tendrá vigencia a partir del mes de septiembre, es exclusivo para las dependencias del Poder Ejecutivo.

“Es un reglamento que modifica en materia de transparencia el procedimiento, creando un portal único, una ventanilla única, a través de la cual se publicitará toda la información pública de todas las dependencias del Poder Ejecutivo”, dijo Domínguez Ruiz.

“Aducen que es para que la información sea uniforme, con criterios únicos y que sea más fácil de entender para la población, eso es lo que nos dijeron”, indicó.

En materia de acceso a la información dijo que se modificaron procedimientos nuevos, pues con el anterior reglamento la petición era a cada una de las dependencias, ellas la procesaban a través de sus unidades de enlace y su comité de información, notificaban al ciudadano y le entregaban directamente la información, ahora ésta tendrá que ser entregada a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal.

--¿Esto es un embudo?

--Un embudo. La va a recibir, la va a revisar, la va a digerir y a través de esa ventanilla única le van a contestar al ciudadano.

--¿Eso es un filtro?

--Es un filtro… pero me parece que se puede prestar a una confusión y que se puede interpretar como atinadamente le dices, el que sea un filtro de control. Claro, todas las dependencias tienen el derecho que les asista para defender sus propios intereses en este sentido.

--¿Algún ciudadano podría interponer algún recurso jurídico contra este reglamento?

--Existen algunos procedimientos administrativos en los cuales tú podrías protestar que existe algún conflicto entre tu calidad de ciudadano y la imposición de una nueva reglamentación sin tu consenso. Desconozco si sería o no procedente, pero lo que sí sé es que tanto el Poder Ejecutivo como su dependencia, la Contraloría, sólo están haciendo uso de sus facultades.

Explicó que el IAIP nunca conoció el nuevo reglamento, sino hasta que ya estuvo publicado. Sin embargo, el gobierno del estado se los entregó el 10 de abril: “Nos informaron que ese era el nuevo reglamento, que el procedimiento cambiaba, que el acceso a la información pública era otro al establecido en el anterior reglamento.”

--¿No debieron haber consultado antes al IAIP para pedirle su opinión?

--No hubo nada. Nunca hubo una consulta oficial. Finalmente lo hicieron, ellos tienen esa facultad y, pues, nosotros somos una dependencia más del Poder Ejecutivo pero descentralizada, nuestro presupuesto viene de la Secretaría de Finanzas.

Domínguez Ruiz dijo que situaciones como ésta pueden subsanarse con nuevas reformas a la ley en la material para homologar los criterios del artículo 6 constitucional en materia de acceso a la información pública.

El consejero presidente confió en que estas reformas alcancen pronto a Chiapas y se eliminen algunas otras limitantes, como el hecho de que al momento de solicitar la información se le exija al ciudadano una identificación oficial, situación que cuestionó en su pasada visita la consejera del IFAI, María Marván Laborde y la experta de Libertad de Información-México, Perla Gómez Gallardo.

El artículo 16 de la ley prevé que el ciudadano que solicite información deberá presentar un “documento oficial de identificación”, además se pide que la solicitud deba contener “firma del solicitante o su representante. En caso de que no pueda o no sepa escribir, el solicitante imprimirá su huella digital”. Lo que ha sido considerado como inhibitorio al peticionario y sólo pocas leyes como la Chiapas la consideran.