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01 mayo 2007

No hay tregua

Se acerca una crucial elección interna para Acción Nacional. Unos creen necesario que el presidente de la República controle a su partido; otros están convencidos de que el partido es el que debe influir en las decisiones del presidente, los gobernantes y los legisladores que le deben el cargo. En la primera esquina, Felipe Calderón; en la otra, la gente de Fox y de Espino...

“¡No entienden, no entienden! ¡Yo no quedé en esto con el presidente!”, tronó Manuel Espino al recibir de parte de Juan Camilo Mouriño, vía fax y en una “hoja ciega”, la propuesta de boletín para poner fin a otro capítulo de la confrontación entre la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) y el gobierno de Felipe Calderón.

Era el lunes 16 de abril, tres días después de que –en Los Pinos– Espino propuso a Calderón un pacto: no exhibir públicamente a prominentes funcionarios por “interferir indebidamente” en la integración del Consejo Nacional del PAN y evitar un nuevo escándalo, a cambio de cesar ese proselitismo desde la estructura gubernamental.

El enojo de Espino obedeció a que Mouriño Terrazo, jefe de la Oficina de la Presidencia, planteó la exoneración de los funcionarios del gobierno señalados porque el PAN “no encontró elementos suficientes” de su indebida intervención en tareas partidistas. “¡Ahora resulta que hasta disculpas les tenemos que pedir!”.

Todavía antes de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el propio lunes 16, el secretario particular de Calderón, César Nava Vázquez, insistió en negar el comportamiento faccioso de servidores públicos, pero le fueron exhibidas pruebas de las quejas y tuvo que deponer su actitud.

Así, aunque cuidadoso para preservar la esencia del pacto que aceptó Calderón con Espino, el comunicado no suprimió los señalamientos que acreditan la intervención gubernamental en asuntos partidistas, aunque prevaleció el criterio de impunidad:

“El CEN ratifica que quienes pudieran haber incurrido en acciones no permitidas, lo habrían hecho a título personal. También certifica que hasta ahora no se ha afectado el proceso de renovación del Consejo Nacional, por lo que, en aras de su vida interna, se da por cerrado el caso.

“El Comité Ejecutivo Nacional otorga un voto de confianza a los servidores públicos a quienes se les atribuyen esos hechos, que no corresponden a nuestra práctica política, y los exhorta a que cuiden al presidente de México, al gobierno federal y al partido del que forman parte, desempeñándose conforme al código de ética de Acción Nacional.”

La respuesta de Calderón contra Espino se produjo sólo unos días después y fue inequívoca: el sábado 22, en la conmemoración del 20 aniversario de Acción Juvenil, no sólo hizo ostensible una vez más su repulsa al presidente de su partido –apenas si lo saludó y le negó el abrazo que dio a todos los miembros del presídium–, sino que previamente amenazó con no asistir al festejo del organismo celebrado en la ciudad de Puebla.

En efecto, Calderón aceptó participar sólo si se cancelaba la intervención de Carlos Abascal Carranza como orador en el encuentro juvenil con la ponencia El liderazgo de los jóvenes para un partido humanista de vanguardia, una actividad que se había anunciado incluso en conferencia de prensa.

Espino cedió: el exsecretario de Gobernación y secretario general adjunto del PAN ni siquiera estuvo en el presídium del evento celebrado en Puebla, un estado donde este domingo 29 se desarrollará la asamblea para elegir a los 18 consejeros estatales, cuyos números se anticipan adversos para Calderón.

Ese mismo día habrá otras 10 asambleas estatales que definirán, en buena medida, la fortaleza de las dos fuerzas –los espinistas y calderonistas– que se disputan el control del Consejo Nacional, cada una de las cuales asegura tener la mayoría.

Los incondicionales de Calderón filtran que tienen la mayoría y Espino alardea proponiendo apuestas, y critica: “Están cometiendo un error en hacerse llamar calderonistas. ¿Y si no ganan? No están cuidando al presidente”.

El PAN no es el PRI

La reyerta entre facciones en el PAN, que ha sido intensa desde que Espino ganó la presidencia del partido en marzo de 2005, ha llegado a extremos inéditos por el uso de todos los recursos –al menos violatorios del código de ética partidista– para alcanzar el dominio del Consejo Nacional, el máximo órgano de dirección de ese partido y que elige al presidente del CEN.

Aun desde antes de que, el pasado 29 de marzo, Enrique Navarro Flores, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, anunció que había recibido quejas sobre la intervención de servidores públicos federales en el proceso de integración del Consejo Nacional, el propio Espino había advertido desde noviembre del año pasado de la pretensión de Calderón de apoderarse del PAN.

En entrevista con el reportero, Espino le recordó a Calderón que, como expresidente del PAN, sabía que una autoridad no debe intentar controlar a ese partido, y le advirtió que si pretendía meter un solo dedo en el PAN, le cortaría el brazo.

“Es una expresión que se me hace muy fuerte, pero que describe lo que el PAN piensa de esto: Si este gobernante quiere meter un dedo en el proceso interno del partido, el partido no le corta el dedo, le corta el brazo completo.”

Pero el propósito de Calderón y su facción de controlar el PAN los ha llevado a ofrecer una embajada a Espino al menos en dos ocasiones, según lo acreditó el reportero: la primera oferta se la hizo llegar Mouriño a través de Navarro Flores, y después fue en una reunión entre ambos:

–¿Oye, presidente, que me estás ofreciendo que me vaya de embajador?

–No, yo no, pero no es mala idea. ¿Por qué no lo piensas?

Conforme se ha ido desahogando el proceso de registro y contienda municipal y estatal para la elección de delegados a la Asamblea Nacional, que se celebrará en León, Guanajuato, los días 2 y 3 de junio, y de consejeros nacionales en sus dos modalidades –150 por inciso A, e igual número por inciso B–, se han multiplicado en todos los estados del país las acusaciones de manipulación por parte de dirigentes locales y de altos servidores públicos federales.

El domingo 11 de marzo, en entrevista con el diario Norte de Juárez, Chihuahua, Espino fue específico al denunciar el proselitismo de servidores públicos federales, aunque trató de mantener al margen a Felipe Calderón:

“Hay funcionarios públicos panistas que están ejerciendo una indebida presión en el proceso. Quiero aclarar esto: no hay una política de gobierno para eso, es a título de panistas que son algunos funcionarios, que están cayendo en la tentación de usar el peso de su responsabilidad de gobierno para incidir en el proceso interno.”

–Dinos nombres de esos funcionarios –le pidió a Espino el periodista Manuel Aguirre.

–No, porque yo ofrecí dárselos solamente al presidente Felipe Calderón en su momento.

–¿Qué es lo que está haciendo el partido al respecto?

–Pues simplemente decirles que este no es un partido de Estado, que este no es el partido del gobierno, que este no es el PRI.

–¿Son muchos los funcionarios en esa situación?

–Muchos se me hace poco.

El código de ética para los servidores públicos del PAN es claro: “Para Acción Nacional la política es eminentemente ética”, establece desde el inicio, y en relación con su partido indica: “Evitaré usar o permitir el uso del cargo o comisión para coaccionar o inducir alguna conducta a la militancia panista. Respetaré el derecho de los subalternos a votar libremente en las asambleas o convenciones partidistas”.

Sin embargo, funcionarios gubernamentales han sido señalados por operadores de Espino de pretender arrebatar, con el uso de la estructura gubernamental, el control del Consejo Nacional. Al frente de la facción que a sí misma se denomina “calderonista” está Mouriño, quien coordina la estrategia junto con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública y delfín de Calderón.

De acuerdo con miembros del CEN del PAN, la intervención de los incondicionales de Calderón prevalece inclusive después de las denuncias públicas, con el propósito de “comprar lealtades” mediante el ofrecimiento de chambas en la administración pública federal, particularmente las delegaciones de las secretarías de Estado y organismos descentralizados.

“Están cometiendo el mismo error de marzo de 2005: dicen en los medios que van ganando, pero esta es una batalla que se gana dentro del partido. Los medios no votan”, afirma Erik Porres, exsecretario particular de Espino, quien sigue de cerca el proceso de integración del Consejo Nacional a pesar de su condición de secretario técnico de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que preside Espino.

Funcionarios facciosos

La identidad plena de los funcionarios federales que han intervenido “indebidamente” en el proceso partidista ha sido mantenida en secreto hasta para los miembros del CEN del PAN –al único al que le exhibieron las evidencias fue a Nava–, pero operadores calderonistas señalan, en corto, a varios de ellos.

Además del tabasqueño Francisco Javier Soberano Miranda, allegado a Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación y excoordinador de giras de la campaña de Calderón, que fue el único nombre que se filtró a los medios a raíz de la denuncia de Navarro Flores, hay otros prominentes personajes que se han colocado al frente de equipos para la operación política.

Mouriño opera a través de Carlos Flores Gutiérrez, director general de Enlace Institucional de la Oficina de la Presidencia, responsable de incorporar a la nómina de las delegaciones federales a quienes se declaren “calderonistas”, designado él mismo candidato a consejero nacional por el Distrito Federal.

Otro es Arcadio Echeverría Lanz, director general adjunto de Gestión, un campechano que fue publirrelacionista del secretario particular de Vicente Fox, Emilio Goicoechea, exhibido en fotografías publicadas esta semana por Proceso con el presunto narcotraficante Genaro Caro Quintero.

Uno más: Juan Manuel Llera Blanco, secretario técnico de la Oficina de la Presidencia y allegado a Mariana Gómez del Campo Gurza, sobrina de Calderón y presidenta del PAN en el Distrito Federal.

En la Secretaría de la Función Pública (SFP), según los informantes de la facción de Espino, el operador más prominente, además del propio Germán Martínez, es el subsecretario Salvador Vega Casillas, un expriista michoacano discreto que coordinó la oficina de Calderón en la campaña, y quien también negocia con comités estatales la integración de consejeros a cambio de delegaciones federales.

En lo que se refiere a los estados, en dos delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se ha identificado el uso del cargo con fines partidistas: la delegada en Nuevo León, Margarita Arellanes Cervantes, empleó a panistas del municipio de Sabinas Hidalgo en el que resultó electa, y el delegado en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, dio cobijo a militantes de Mulegé que le dieron su voto.

En Veracruz, la facción hegemónica encabezada por Alejandro Vázquez Cuevas, presidente estatal panista, era afín a Espino, pero la entrega de la delegación de la Secretaría del Trabajo al hermano del dirigente, Alfonso Vázquez Cuevas, significó unir fuerzas con el alcalde del puerto, Julen Rentería, quien hizo campaña por Calderón.

En otros estados la reacción del grupo hegemónico es a la inversa, como en Guanajuato: La facción afín a Espino ganó, salvo dos, todas las posiciones para el Consejo Nacional, y en respuesta se nombraron delegados federales allegados a Calderón. De hecho en la primera gira de Beatriz Zavala, titular de la Sedesol, a Guanajuato, los funcionarios estatales impidieron al delegado, Justino Arriaga, subir al templete.

En Jalisco pactaron los grupos del PAN cuya estructura formal es afín a Calderón: el exgobernador Ramírez Acuña ocupó el primer lugar de la lista para consejero nacional, pero entró también el secretario particular del gobernador Emilio González Márquez, Antonio Gloria Morales, quien había sido repudiado en Lagos de Moreno.

Por ahora, los allegados a Espino en el CEN del PAN no han querido hacer pública información de la que disponen para exhibir a altos burócratas federales en “indebida interferencia” durante la integración del Consejo Nacional, que podría incluso tipificarse como delito por realizarla en horario laboral y con recursos públicos.

Apenas el martes 17, un día después de haberse emitido el comunicado que intentaba cerrar el capítulo de la participación de funcionarios en el proceso partidista, el propio Espino confió en que se inhibirían conductas análogas.

“Creo que van a disminuir considerablemente, ojalá fuera totalmente. El voto de confianza que ha dado el CEN a todos esos servidores públicos lo vamos a hacer vigente. No habrá procesos de sanción en contra de nadie. Confiamos en que el compromiso de ellos con el PAN, con el presidente de México, con el gobierno que encabeza el presidente Calderón, es un compromiso de lealtad.”

A pregunta expresa, Espino se comprometió a denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) a servidores públicos del gobierno de Calderón si eventualmente desvían recursos del erario: “Si tuviera las pruebas contundentes de ellos, sí lo haría”.

–De otra manera se volvería cómplice.

–Así es.

Fuente: Álvaro Delgado, Proceso 1591.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Este artículo que publica Proceso es una demostración de la pugna que existe por parte de los panistas perversos, ellos pretenden ver que grupo va a seguir deciendo lo fuerte para el destino de los potentados. Se están repartiendo el pastel pero quieren ver quien va tener la cuchara para servirlo... muchas gracias por su información y tambien a Proceso.