Sobre Colombia y Brasil ¿también en la revolución latina?

Colombia: La ficha clave de Álvaro Uribe

Como era previsible, la transferencia de fondos ilegales por parte de una transnacional estadunidenses a grupos paramilitares de Colombia, saltó en Estados Unidos del campo legal al campo político. Ahora, mientras el presidente colombiano Álvaro Uribe procura en Washington limpiar su imagen con apoyo de George W. Bush, la mayoría demócrata en el Congreso ha condicionado cualquier ayuda al país sudamericano a que se investiguen todos los nexos empresariales y gubernamentales con grupos irregulares.

Según se recordará, hace dos meses la compañía Chiquita Brands International Inc. fue multada con 25 millones de dólares por una corte radicada en la capital estadunidense, debido a que, a lo largo de varios años, entregó 1.7 millones de dólares a paramilitares de derecha en la región colombiana de Urabá, a cambio de seguridad. La bananera, empero, a través de su filial local, Banadex, también aparece involucrada en tráfico de drogas y armas en beneficio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autoras de varias de las peores masacres en territorio colombiano.

Estos cargos ya serían suficientes para imputar a cualquiera, pero el juicio en Estados Unidos se abrió porque las AUC, junto con las guerrillas de izquierda colombianas, aparecen como “organización terrorista” en las listas del Departamento de Estado, y tener tratos con ellas, ya no digamos realizar actividades criminales, viola la ley antiterrorista presentada por la administración Bush y aprobada por el Congreso.

La multa a Chiquita Brands coincidió, además, con un escándalo en Colombia destapado por la información encontrada en la computadora de uno de los jefes militares de las AUC, en la que, aparte de empresarios, se involucaraba a toda una corte de personajes políticos y gubernamentales. Por esos días, inclusive tuvo que renunciar la canciller, María Consuelo Araújo, porque su padre, su hermano y un primo aparecían en las listas. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia investiga a 17 congresistas, todos vinculados con el uribismo, y la Fiscalía General realiza pesquisas en torno de por lo menos otro medio centenar de funcionarios y exfuncionarios públicos que también habrían tenido tratos con esos grupos.

Si nada de esto favorece la imagen de Colombia, para caldear más el ambiente político en Estados Unidos, hace unos días, el periódico Los Angeles Times publicó que el general Mario Montoya, comandante en jefe del Ejército colombiano, habría realizado, en 2002, operaciones contrainsurgentes con ayuda de grupos paramilitares. Y, por si no fuera suficiente, el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático, denunció ante el Senado norteamericano que el mismísimo Álvaro Uribe y su familia también estarían involucrados con los paramilitares y, por extensión, con el narcotráfico.

Todo esto derivó en que Uribe se apresurara a ir otra vez a Washington, donde efectivamente logró que el presidente Bush lo reivindicara, no así los demócratas en el Congreso, quienes, para ratificar un Tratado de Libre Comercio y aprobar 55 millones de dólares en apoyo al Plan Colombia, exigieron que primero se investiguen todas las denuncias presentadas. Por los mismos motivos, el exvicepresidente Al Gore canceló su asistencia a un foro ecológico en Miami, donde debía compartir mesa con el mandatario colombiano.

Exceptuando el asunto de Chiquita Brands, en Colombia nada de lo anterior es nuevo. Desde la primera vez que Uribe presentó su candidatura a la presidencia, los vínculos de su familia con las AUC fueron ampliamente divulgados. También las relaciones del ejército con paramilitares y narcotraficantes han sido reiteradamente documentadas y la intromisión de ambos en la vida política, gubernamental y partidaria, ha sido casi proverbial.

En Estados Unidos también deberían saberlo, sobre todo a alto nivel. No sólo porque esta información ha circulado generosamente a través de las agencias noticiosas internacionales, sino porque los servicios de inteligencia estadunidenses tienen expedientes completos de todos los actores del embrollo colombiano, que pueden ser solicitados por la Presidencia y el Congreso, y a los que dejan asomarse a la prensa cuando la coyuntura lo requiere.

Así, apelando al Acta de Libertad de Información, a principios de agosto de 2004, el National Security Archive, un grupo independiente de investigadores y periodistas con sede en Washington, obtuvo un documento desclasificado de inteligencia del Pentágono, en el que aparecen los nombres de 106 personajes vinculados con el Cártel de Medellín en Colombia. Traficantes, asesinos, lavadores de dinero, abogados corruptos, militares y funcionarios cómplices, políticos clientelares y afines integran el selecto grupo.

Elaborada por el Departamento de Defensa en 1991, durante la presidencia de George Bush padre, la lista menciona por supuesto al líder del cártel, Pablo Escobar Gaviria, y a otro personaje conspicuo de la época, el general Manuel Antonio Noriega, principal objetivo de la invasión de dos años antes a Panamá. Pero en el número 82 aparece el nombre de un joven político colombiano, poco conocido entonces: Álvaro Uribe Vélez.

Para efecto de los cargos que actualmente se levantan contra el presidente colombiano, la ficha no tiene desperdicio: “82. Álvaro Uribe Vélez – senador y político colombiano que se dedica a colaborar con el Cértel de Medellín desde altos niveles de gobierno. Uribe estuvo vinculado con una empresa involucrada en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los traficantes de droga. Uribe ha trabajado para el Cártel de Medellín y es un amigo cercano de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para alcanzar el cargo de legislador suplente de Jorge (Ortega). Uribe es uno de los políticos que, desde el Senado, han atacado todas las variantes del Tratado de Extradición”.

El más firme aliado

Estos diez renglones, revelados a dos años de iniciado su primer mandato y publicados por la revista Newsweek, no sólo involucraban al presidente colombiano en un ilícito grave, sino que desmitificaban toda su presunta lucha contra el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la ilegalidad en general, y ponían en entredicho la ayuda brindada por Estados Unidos, a través del Plan Colombia, y la pretensión de establecer un Tratado de Libre Comercio.

Pero después de su investudura, en agosto de 2002, Uribe visitó inmediatamente a George Bush hijo en la Casa Blanca, y lo haría varias veces más. Incondicional en su apoyo a la guerra contra el terrorismo y la invasión de Irak; detractor tenaz de las izquierdas latinoamericanas, particularmente de Fidel Castro y Hugo Chávez; facilitador de inversiones estadunidenses en la agricultura y la energía colombianas, con mucho, Uribe se convirtió en el más firme aliado de la administración republicana en Sudamérica. Así que, en su momento, ambos gobiernos desestimaron la información de inteligencia, atribuyéndola a “funcionarios menores mal informados”.

Aunque el nombre del autor (o autores) del documento fue tachado por los censores del Pentágono, la detallada descripción de los miembros del Cártel de Medellín y sus asociados, que se extiende en 14 páginas, hace suponer que proviene de agentes antinarcóticos estadunidenses y/o colombianos, y el sello de “confidencial” le da plena validez oficial. George W. Bush, además, estaba descalificando al Departamento de Defensa de su propio padre.

Reputado de tener mano dura, en 2002 Uribe Vélez ganó por primera vez la elección presidencial, con el apoyo de una sociedad cansada del violento desorden que reina en Colombia desde hace 40 años. Sus lazos con grupos paramilitares eran conocidos, pero no constituyeron ningún obstáculo, ya que, según la historia oficial, Uribe habría apoyado la formación de estos ejércitos privados después de que su padre fuera secuestrado y asesinado por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). De ahí le vendría su particular odio a ese grupo guerrillero.

Pero resultó que, según el documento desclasificado del Pentágono, su padre no fue asesinado por la guerrilla, sino “por sus conexiones con el narcotráfico”, lo que, en realidad, no resulta excluyente, ya que guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha –y aun subgrupos dentro de ellos– se pelean constantemente a muerte los territorios de cultivo, los laboratorios, las rutas de tráfico y toda la infraestructura del negocio de los estupefacientes. O sea, que pudo tratarse de un crimen por motivos combinados.

Pero si todo esto no bastara para suponer que las acusaciones de entonces y de ahora que se le hacen a Uribe tienen por lo menos un fondo de verdad, la forma contradictoria y desigual en que ha combatido como presidente a los diferentes grupos, despierta por lo menos la suspicacia de que hay intereses sesgados.

Llama la atención, por ejemplo, que los únicos que se han acogido a su “proceso de paz” sean precisamente los paramilitares, porque las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla más importante) consideran que no existen ni siquiera condiciones mínimas para una verdadera pacificación. Eso sí, quienes se acogieron a este proceso pudieron contar con un indulto para todos sus crímenes, incluyendo por supuesto el narcotráfico, y hasta ahora no han podido ser extraditados a Estados Unidos.

Aunque para remontar su fama antiextradición, Uribe se ha esforzado por extraditar a varios narcotraficantes solicitados por Washington. La protección de que gozan, vía el indulto, algunos de los más conspicuos jefes paramilitares, todos sin excepción documentadamente vincualdos con el narcotráfico, ha exasperado inclusive a oficiales antinarcóticos estadunidenses, que se han visto atados de manos para actuar.

No sólo ellos. Tanto en Colombia como en Estados Unidos la política se impuso sobre la legalidad. Pese a todas las evidencias, Uribe logró modificar la Constitución y se reeligió el año pasado con un amplio margen. Y sobra decir que, durante toda la administración de George W. Bush, ha disfrutado de un apoyo irrestricto en Washington. Su historia, empero, ha vuelto a aflorar gracias al escándalo de la bananera estadunidense, y ahora los demócratas quieren que se investigue.

Bush volvió a defenderlo, pero ya va de salida y no tiene el mismo poder que antes. Nancy Pelosi, demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, le dijo a Uribe que “es esencial que el gobierno colombiano investigue y procese a los funcionarios señalados, incluso a los de más alto nivel”.

Habrá que ver si esto lo incluye a él.

Fuente: lucía luna México, Apro.

La guerra por las favelas

La lucha por el control de las 600 favelas de Río de Janeiro ha disparado la violencia en esta ciudad. A los enfrentamientos entre las bandas del Comando Rojo y de los Amigos de los Amigos –en las que participan niños y adolescentes– se agregan ahora las acciones de milicias integradas por policías y bomberos corruptos. La situación es tan grave que el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, solicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva la presencia del ejército.

RÍO DE JANEIRO.- Armados con pistolas, fusiles y granadas, 50 integrantes del Comando Rojo –organización de narcotraficantes de esta ciudad– ingresaron al Morro da Mineira, una favela ubicada en el barrio de Catumbí, en el centro de la ciudad.

Su objetivo: recuperar los puntos de venta de droga que les había arrebatado una organización rival: los Amigos de los Amigos (Ada).

Los jefes del grupo del Comando Rojo apostaron a cinco francotiradores en puntos elevados y a otros los enviaron por los largos y angostos pasillos de la favela. La mayoría iban vestidos de rojo y se movían con sigilo. La oscuridad les ayudaba: eran las cuatro de la madrugada del pasado 17 de abril.

Pero los miembros de Ada ya estaban preparados para defenderse. Los llamados Halcones –niños menores de 15 años que hacen guardias nocturnas provistos de armas largas– habían avisado por celular a los jefes de Ada de la presencia de sus enemigos. El avance de los hombres del Comando Rojo fue repelido con fuego de ametralladoras.

Empezó así el día más violento de Río de Janeiro en lo que va del año. La batalla duró 10 horas y se extendió por varias calles del barrio de Catumbí. Adultos que iban a sus trabajos y niños que se desplazaban a la escuela corrieron para esconderse en casas y comercios, detrás de automóviles o de botes de basura. En una de las avenidas el enfrentamiento provocó que varios automóviles colisionaran en carambola y que sus ocupantes los abandonaran para buscar refugio. Muchos incluso corrieron hacia un cementerio cercano. Los disparos se escuchaban desde el Palacio de Laranjeiras, sede del gobierno del estado de Río de Janeiro.

Pobladores de Catumbí avisaron por teléfono a la policía. Ésta llegó tres horas después de iniciados los enfrentamientos. Acordonó la zona centro y provocó que decenas de automóviles quedaran atrapados en el túnel Santa Bárbara, que comunica el centro con el sur de la ciudad, donde se encuentran las playas de Copacabana, Ipanema y Leblón. Equipados con cascos, chalecos antibalas y armas de alto poder, los efectivos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales atacaron las posiciones de Ada al mismo tiempo que persiguieron por las calles a los miembros del Comando Rojo.

El saldo: 13 pandilleros muertos, varios civiles heridos y 11 detenidos, la mayoría de los cuales eran adolescentes integrantes del Comando Rojo, a los que se les decomisaron ocho armas largas, cuatro pistolas, dos granadas y seis cargadores de pistolas calibres 9 y 45 milímetros.



Los niños “Halcones”



De las 600 favelas que existen en Río de Janeiro, la del Morro da Mineira es estratégica para los narcotraficantes. Se encuentra cerca del túnel que conduce al área donde habitan los más ricos de esta ciudad, muchos de los cuales acuden a esta favela en sus autos blindados para comprar drogas.

Los hechos del 17 de abril se produjeron un día después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceptó enviar tropas del ejército a Río de Janeiro. El gobernador del estado, Sergio Cabral, le había hecho esta solicitud ante el aumento de las violentas confrontaciones entre bandas de narcotraficantes y las llamadas “milicias parapoliciales”.

Las fuerzas armadas aceptaron colaborar, pero se negaron a patrullar las calles. Sólo vigilarán las entradas a la ciudad de Río de Janeiro, llamada paradójicamente “la ciudad maravillosa”. “Vamos a examinar el tema de acuerdo con las instituciones y la Constitución”, declaró el ministro de Defensa, Waldir Pires, en referencia a que las leyes brasileñas no permiten al ejército realizar labores policiacas.

Más aún, de acuerdo con especialistas, el papel de las fuerzas armadas contra la delincuencia en Río de Janeiro será “intermedio”, ya que sólo podrían actuar directamente si el gobierno federal brasileño interviene los poderes públicos del estado y suprime la policía local.

La llamada “masacre del martes 17” estuvo precedida por otros hechos de violencia. Uno en particular conmocionó a los habitantes de Río. Ocurrió el pasado 7 de febrero, en el centro de la ciudad. Tres delincuentes, uno de ellos adolescente, detuvieron a la señora Rosa Cristina Fernández para robarle su auto. El hijo de Rosa Cristina, Joao Helio, de seis años de edad, se encontraba en el asiento trasero. Cuando la madre intentó sacar al niño, éste se quedó sujeto al cinturón de seguridad mientras los delincuentes ponían en marcha el vehículo y escapaban a toda velocidad. Medio cuerpo del menor quedó fuera y su cabeza fue arrastrada a lo largo de siete kilómetros.

Esta escena dramática motivó el nacimiento del Movimiento por la Paz, una organización civil formada por víctimas de la delincuencia y de la propia policía.

Más aún, a raíz de ese hecho, el gobernador Cabral se dijo partidario de aplicar las sanciones penales a partir de los 16 años de edad, y no de los 18, como ocurre actualmente. Además, los dos principales diarios de Brasil, O Globo y Folha de Sao Paulo, abrieron el debate sobre la conveniencia de instaurar la pena de muerte. El 55% de los brasileños se mostró a favor de estas medidas, según una encuesta difundida por el diario Folha de Sao Paulo.

De acuerdo con riobodycount.com.br.

–sitio en internet inspirado en iraqbodycount, que registra el número de muertos en Irak–entre febrero y el pasado 2 de mayo han muerto 830 personas en Río de Janeiro debido a la ola de violencia. “El sitio es para abrir una discusión seria sobre la violencia. Queremos la paz de la inclusión social”, explicó a Proceso la organización mediante un correo electrónico.

En muchos casos, las víctimas y los victimarios son menores de edad.

“Es un genocidio lo que está ocurriendo con los niños en Brasil”, dijo MV Bill, uno de los músicos de rap más famosos del país y director del documental Halcón: niños del narcotráfico, transmitido en marzo del año pasado por Fantástico, uno de los programas de la cadena TV Globo más vistos en Brasil.

El documental fue realizado entre 1998 y 2003, y recibió en abril pasado el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Relata la historia de 17 niños, de los cuales 16 están muertos y el otro en prisión.

Los Halcones son niños y adolescentes que trabajan para las organizaciones de narcotráfico como centinelas en las favelas. Portan fusiles M-16 o AK-47, así como granadas de mano. Reciben un salario de 400 a 600 dólares mensuales.

Uno de estos menores, de apenas 10 años de edad, contó en el documental que no le preocupaban ni su presente ni su futuro. “Si muero, nace otro como yo, peor o mejor. Si muero voy a descansar”, dijo.

MV Bill –quien creció en una favela violenta– comentó: “Todos mis amigos de la infancia están muertos. Tuve una infancia normal para quien nace en este tipo de comunidades, es decir: estudiar hasta donde se pueda. La favela es sinónimo de sueños postergados y descubrí que el narcotráfico, de forma trágica, otorga respeto y visibilidad: caminar con un arma da respeto y todo el mundo quiere ser visible. Yo en cambio encontré la música, que es uno de los caminos” para salir adelante.



Los “parapolicías”



Durante décadas, Río de Janeiro fue la capital brasileña. En 1962 sufrió un proceso de desindustrialización debido al surgimiento de Sao Paulo como “pulmón económico de América del Sur”, así como por la mudanza de las oficinas de gobierno a Brasilia, la capital. En los hechos, Río de Janeiro careció de redes productivas para integrar social y económicamente a los inmigrantes provenientes del noreste, la región más pobre del país.

En los años setenta, durante la dictadura militar, surgió el Comando Rojo, una organización de oposición a la dictadura que mezcló la política con la delincuencia común. En 1985, con el derrumbe de la dictadura militar, el Comando Rojo se hizo fuerte en esos barrios miserables que se fueron levantando en los cerros que rodean a las playas. Allí la política fue desplazada por el crimen organizado. Las favelas se convirtieron en expendios de drogas y comenzaron a tener peso en la vida cotidiana de la ciudad porque, además, proporcionan mano de obra barata.

A finales de los años noventa, facciones del Comando Rojo –al que la policía acusa de recibir entrenamiento de grupos de narcotraficantes colombianos– se separaron y fundaron Amigos de los Amigos (Ada). Desde entonces empezó una guerra sin cuartel entre ambos grupos por el control de la venta de drogas en las favelas.

A partir del año pasado, un centenar de favelas fueron invadidas por las llamadas “milicias parapoliciales”. Las forman bomberos y policías en activo. Prometen “limpiar el narcotráfico” en las favelas y ofrecen “servicio de seguridad” a sus habitantes a cambio de un pago mensual. En realidad, se trata de escuadrones de la muerte que luchan a sangre y fuego con los grupos de narcotraficantes. En algunas zonas controlan además las líneas telefónicas y la televisión por cable, que piratean y luego redistribuyen.

Presionado por las revelaciones de la prensa sobre los “parapolicías”, el secretario de Seguridad de Río, José Beltrame, ofreció a principios de enero una conferencia de prensa en la que denunció a un centenar de policías que participan en estas milicias. El Departamento de Asuntos Internos de la Policía Militar investiga casos de venta de drogas y armas, así como violaciones sexuales cometidas por parapolicías en la favela Vila Sapé, cerca del autódromo del barrio Jacarepaguá, que será una de las sedes de los Juegos Panamericanos en julio próximo.

Según expertos en seguridad pública, los enfrentamientos en las favelas se incrementaron con las milicias, que pusieron en jaque la actuación del Comando Rojo. El policía Felix Tostes, de 49 años, señalado como jefe de la milicia de Jacarepaguá, fue asesinado el pasado 22 de febrero. Supuestos narcotraficantes que perdieron el control de ese territorio le tendieron una emboscada. Su cuerpo recibió 34 impactos de bala.



La “Franja de Gaza”



Para cualquier persona, viajar a Río de Janeiro tiene sus riesgos. Este reportero llegó en automóvil procedente de Sao Paulo. Utilizó la llamada autovía Línea Roja, que atraviesa un trecho conocido como la “Franja de Gaza”, ubicado entre dos barrios miserables, el Complexo da Maré y la Favela do Alemao.

La policía había puesto un retén en ese tramo de la carretera. Los agentes se percataron de que el auto del reportero traía placas de Sao Paulo. Le pidieron detenerse y alejarse del vehículo. Mientras unos policías revisaban el automóvil en busca de “armas o drogas”, otro cacheó al reportero. Nunca le pidieron documentos, ni personales ni del vehículo. Eso sí, tomaron la billetera y sacaron el dinero que contenía para contarlo una y otra vez.

“Soy periodista. Voy a la casa de Roberto Carlos, el cantante”, adujo el reportero tratando de evitar el atraco. Funcionó. Bastó el nombre del mítico ídolo de la canción romántica brasileña que vive en el barrio de Urca, al pie de la montaña conocida como Pan de Azúcar, para que le devolvieran el dinero y la cartera y lo dejaran ir. “Siga con cuidado, hay mucho peligro en Río”, aconsejó uno de los policías mientras detenía otro automóvil que se dirigía a la “ciudad maravillosa”.

Si la llegada es en avión, el riesgo de un atraco o de una extorsión suele ser similar. Desde el Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jobim hasta el centro hay que recorrer esos mismos 15 kilómetros de la “Franja de Gaza” carioca, donde después de las 16 horas se multiplican los asaltos. Es común escuchar disparos mientras se recorre esa parte de la carretera. Fue allí donde, en enero pasado, la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ellen Gracie, fue asaltada cuando un grupo de delincuentes bloqueó dicha vía.

Según una encuesta de la consultora Sensus, 90% de los brasileños considera que la violencia ha aumentado en los últimos años. El 17% lo atribuye a la corrupción de la policía.

Una investigación periodística realizada por el diario O Globo aseguró que los cariocas –como se llama a los habitantes de Río de Janeiro, los más liberales de Brasil– modificaron al menos 35 de sus costumbres de vida a raíz de los hechos delictivos. Por ejemplo, los habitantes con alto poder adquisitivo colocan rejas en los edificios de sus apartamentos, compran automóviles blindados y por las noches suelen transportarse sólo en taxis.

El ambiente nocturno de la ciudad también ha cambiado. Los bares han perdido 25% de clientes y las cenas en restaurantes son sustituidas cada vez más por servicios de comidas a domicilio.

Río de Janeiro cuenta con 28 mil agentes de seguridad privados registrados legalmente, pero existen otros 80 mil que trabajan en forma clandestina, según Fernando Bandeira, dirigente del sindicato de guardias privados.

“No podemos perder esta guerra frente a los criminales. Nosotros vamos a ganar esta guerra con inteligencia y coraje”, argumentó el gobernador Cabral, del centrista Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), cuando pidió al presidente Lula enviar a la ciudad a miembros de las fuerzas armadas.

Esa solicitud se produjo después de que Guaracy Oliveira, de 27 años y custodio de uno de los hijos de Cabral, fue asesinado de cinco disparos a quemarropa el pasado 8 de abril. Tal homicidio se sumó a los de 39 policías militares –dependientes de la gobernación de Río de Janeiro– que han sido eliminados desde el inicio de la gestión de Cabral, el pasado 1 de enero.

Cuatro días antes de que Cabral tomara posesión, Río de Janeiro –que registra 50 homicidios anuales por cada 100 mil habitantes– vivió una serie de ataques de bandas criminales que causaron 19 muertos. Ocho personas fallecieron luego de que un grupo de narcos incendió un autobús de pasajeros en diciembre pasado. El fin de año de 2006 fue uno de los más tristes para los habitantes de esta ciudad, famosa por sus fuegos artificiales a partir del primer minuto de enero en la playa de Copacabana.

Lula envió entonces a 500 policías de élite de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública –que no pertenecen a las fuerzas armadas– con la única misión de controlar las carreteras del estado, una tarea que no siempre garantiza seguridad al ciudadano ni evita la corrupción de la policía local.

Fuente: Pablo Giuliano, proceso 1592.