Lo más probable es que este recurso presentado por Proceso solo sirva para alargar lo que será la destrucción de una de las evidencias del fraude. A saben que los magistebrios fingen como que sí primero y luego dan carpetazo y no hay justicia.
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo de Proceso en contra de la destrucción de las boletas de la elección presidencial del 2 de julio de 2006, en la que se declaró ganador a Felipe Calderón.
El pleno de la Corte desechó en su sesión pública del lunes el proyecto presentado por el ministro y expresidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, para que el máximo tribunal rechazara la solicitud de atracción del juicio de amparo formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En su proyecto, Azuela –quien se ausentó de la sesión– pretendía que la Corte no ejerciera su facultad de atracción, argumentando que “el asunto no implica establecer un criterio de interés previo y trascendencia”.
El proyecto, presentado por la ministra Margarita Luna Ramos, sostenía que el reclamo de Proceso sólo implicaba “aspectos de legalidad” que son previos a la denegación del derecho a la información reclamado por la revista.
Sin considerar el tema de fondo respecto de la apertura o no de los paquetes de la elección presidencial, los ministros decidieron atraer el amparo porque en el juicio está en juego el artículo sexto constitucional respecto del acceso a la información, tal y como lo planteó el abogado del semanario, Luis Miguel Cano.
Sin embargo, precisaron que el tema a debatir se refiere sólo al estudio de las razones por las que un juez de distrito desechó la demanda de amparo.
El ministro José Ramón Cossío precisó:
“El tema que debemos debatir no es el fondo en cuanto a si esta Suprema Corte ordena por vía de una sentencia de amparo abrir o no los paquetes de la elección para presidente de la República, del 2 de julio del año pasado. Lo único que tendríamos que analizar es si (hay) una causa notoria y manifiesta para el desechamiento del juicio de amparo”.
Por tanto la Corte definirá si el amparo se debe desechar o le ordena al Juzgado Cuarto de Distrito del Distrito Federal, que negó inicialmente el amparo, lo resuelva de fondo.
El ministro Genaro Góngora recordó que fue él quien propuso que el tema se discutiera en el pleno del máximo tribunal por sus implicaciones de presunta violación a garantías constitucionales, y no desecharlo desde la Segunda Sala, como lo pretendió el propio Azuela.
La ministra Olga Sánchez Cordero argumentó que el caso de Proceso tiene “características especiales”, pues “va a contribuir en gran medida para que se definan, dentro de los medios del sistema de impugnación en materia electoral, las resoluciones de acceso a la información electoral; pienso que en este asunto no hay precedentes”.
Luna Ramos y Sergio Valls Hernández apoyaron en un principio la propuesta de Azuela, pero al final se sumaron al resto de sus homólogos, con lo que la facultad de atracción tuvo el voto de los ocho ministros presentes en la sesión.
Impugnación al 254 del Cofipe
En el amparo, Proceso impugna el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), según el cual los paquetes se deben destruir una vez calificados los comicios, sin tomar en cuenta las peticiones de acceso a la información.
En agosto de 2006, Proceso solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) el acceso a los paquetes de la elección presidencial, pero la petición fue rechazada en diciembre pasado, por lo que el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, interpuso un amparo.
El Juzgado Cuarto de Distrito capitalino lo negó, por lo que la revista interpuso un recurso de revisión que recayó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Los magistrados de ese Tribunal Colegiado solicitaron que la Corte ejerciera su facultad de atracción, toda vez que el juicio implica temas electorales y constitucionales.
En mayo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la negativa del IFE al argumentar que la información contenida en las boletas ya era conocida, por lo que ahora sólo representaban “papeles inservibles”.
Ante esa decisión de los magistrados y autoridades electorales, Proceso solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pida al Estado mexicano tomar medidas precautorias para evitar la destrucción de las boletas de la elección presidencial.
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo de Proceso en contra de la destrucción de las boletas de la elección presidencial del 2 de julio de 2006, en la que se declaró ganador a Felipe Calderón.El pleno de la Corte desechó en su sesión pública del lunes el proyecto presentado por el ministro y expresidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, para que el máximo tribunal rechazara la solicitud de atracción del juicio de amparo formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En su proyecto, Azuela –quien se ausentó de la sesión– pretendía que la Corte no ejerciera su facultad de atracción, argumentando que “el asunto no implica establecer un criterio de interés previo y trascendencia”.
El proyecto, presentado por la ministra Margarita Luna Ramos, sostenía que el reclamo de Proceso sólo implicaba “aspectos de legalidad” que son previos a la denegación del derecho a la información reclamado por la revista.
Sin considerar el tema de fondo respecto de la apertura o no de los paquetes de la elección presidencial, los ministros decidieron atraer el amparo porque en el juicio está en juego el artículo sexto constitucional respecto del acceso a la información, tal y como lo planteó el abogado del semanario, Luis Miguel Cano.
Sin embargo, precisaron que el tema a debatir se refiere sólo al estudio de las razones por las que un juez de distrito desechó la demanda de amparo.
El ministro José Ramón Cossío precisó:
“El tema que debemos debatir no es el fondo en cuanto a si esta Suprema Corte ordena por vía de una sentencia de amparo abrir o no los paquetes de la elección para presidente de la República, del 2 de julio del año pasado. Lo único que tendríamos que analizar es si (hay) una causa notoria y manifiesta para el desechamiento del juicio de amparo”.
Por tanto la Corte definirá si el amparo se debe desechar o le ordena al Juzgado Cuarto de Distrito del Distrito Federal, que negó inicialmente el amparo, lo resuelva de fondo.
El ministro Genaro Góngora recordó que fue él quien propuso que el tema se discutiera en el pleno del máximo tribunal por sus implicaciones de presunta violación a garantías constitucionales, y no desecharlo desde la Segunda Sala, como lo pretendió el propio Azuela.
La ministra Olga Sánchez Cordero argumentó que el caso de Proceso tiene “características especiales”, pues “va a contribuir en gran medida para que se definan, dentro de los medios del sistema de impugnación en materia electoral, las resoluciones de acceso a la información electoral; pienso que en este asunto no hay precedentes”.
Luna Ramos y Sergio Valls Hernández apoyaron en un principio la propuesta de Azuela, pero al final se sumaron al resto de sus homólogos, con lo que la facultad de atracción tuvo el voto de los ocho ministros presentes en la sesión.
Impugnación al 254 del Cofipe
En el amparo, Proceso impugna el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), según el cual los paquetes se deben destruir una vez calificados los comicios, sin tomar en cuenta las peticiones de acceso a la información.
En agosto de 2006, Proceso solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) el acceso a los paquetes de la elección presidencial, pero la petición fue rechazada en diciembre pasado, por lo que el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, interpuso un amparo.
El Juzgado Cuarto de Distrito capitalino lo negó, por lo que la revista interpuso un recurso de revisión que recayó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Los magistrados de ese Tribunal Colegiado solicitaron que la Corte ejerciera su facultad de atracción, toda vez que el juicio implica temas electorales y constitucionales.
En mayo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la negativa del IFE al argumentar que la información contenida en las boletas ya era conocida, por lo que ahora sólo representaban “papeles inservibles”.
Ante esa decisión de los magistrados y autoridades electorales, Proceso solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pida al Estado mexicano tomar medidas precautorias para evitar la destrucción de las boletas de la elección presidencial.
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