Traducido por Juan Carlos Saladré y revisado por Yasnay Houelly, del Equipo de Traductores de Rebelión y Cubadebate
La tabla que aparece a continuación muestra el aumento de los impactos en la base de datos. El texto reza:
Impactos en la Base de Datos Antiterrorista
Las veces que el gobierno ha hecho coincidir los nombres de individuos con la base de datos para la detección de terroristas ha aumentado desde que el sistema comenzó a funcionar.
Después de diciembre de 2003
Fuente: Informe de presupuesto del FBI
The Washington Post
Autoridades a nivel estadual, local y federal al igual que embajadas de los Estados Unidos en el exterior, se apoyan en la base de datos para ubicar a los sospechosos de terrorismo, quienes pueden ser identificados en las fronteras, e incluso, durante paradas rutinarias del tráfico. La base de datos reúne una docena de listas de vigilancia prioritaria del gobierno al igual que una creciente cantidad de información proveniente de varias fuentes, lo que incluye los datos de los pasajeros que viajan a través de las líneas aéreas. El gobierno afirmó que planeaba ampliar el intercambio de información a grupos del sector privado con “una participación importante en la seguridad nacional” aunque los funcionarios no fueron más específicos.
Se conocen pocos detalles específicos en cuanto a la forma en que funciona el sistema, a cuantas personas se detiene o se les hace regresar cuando llegan a las fronteras, o los criterios utilizados para identificar a los sospechosos. El gobierno no discutirá los casos ni tampoco confirmará si el nombre de algún individuo en particular se encuentra en la lista.
Según funcionarios de aduana, poco más de la mitad de los 20 000 encuentros del año pasado fue reportado por oficiales de la autoridad de protección fronterizas y de aduana, quienes hicieron regresar o entregaron a las autoridades a 550 personas, la mayoría extranjeros. Funcionarios del FBI y de otros organismos dijeron que no podían brindar datos sobre el número de personas que han sido arrestadas o a quienes se les ha negado la entrada a territorio de los Estados Unidos y que equivale a la otra mitad de impactos en la base de datos. Los funcionarios del FBI indicaron que el número de arrestos era pequeño.
El gobierno afirma que la base de datos es una poderosa herramienta para identificar y rastrear a sospechosos de terrorismo y para compartir información de inteligencia y que su propósito no es necesariamente llevar a cabo arrestos. Pero los nuevos detalles sobre las cifras, revelados en un informe de presupuesto del FBI y en entrevistas concedidas por funcionarios de este organismo, suscitaron preguntas con relación a la efectividad de la base de datos y su impacto en la privacidad, según expresaron críticos. Ellos afirman que el número de impactos por concepto de arrestos era alarmantemente alto e indicaba que el umbral para incluir a alguien en esta lista de vigilancia era muy bajo, por lo que posiblemente se violen las libertades civiles de miles de estadounidenses cuando se les detiene.
David Sobel, consejero principal de la Fundación de la Frontera Electrónica , una organización para la protección de la privacidad, afirmó que las cifras “sugieren una asombrosamente alta tasa de falsos positivos con respecto a la identificación de supuestos terroristas.” Añadió que “esta realidad confirma el antiguo temor de que esta lista sea inexacta y que al final resulte ineficaz como herramienta antiterrorista”.
Jayson P. Ahern, comisionado adjunto de Aduanas y Protección de las Fronteras de los Estados Unidos, afirmó que concentrarse en los arrestos hace que se pierda “un universo mucho mayor” de ciudadanos estadounidenses sospechosos.
“Existen muchos individuos potencialmente peligrosos que viajan por debajo del radar de las acciones que se pueden realizar para hacer cumplir la ley y que son mucho más siniestros que aquellos que interceptamos” afirmó.
La base de datos se mantiene a través del Centro para la Detección de Terroristas, una entidad en la que participan de manera conjunta el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Rick Koper, subdirector del Centro para la Detección de Terroristas (TSC, sigla en inglés), lo calificó como “uno de los mayores logros del gobierno desde los sucesos del 11 de Septiembre”.
El gobierno afirma que las entidades del sector privado con una “participación importante en la seguridad nacional” también podrían tener acceso a los datos que se almacenan por 99 años, de acuerdo con una nota del Registro Federal esta semana.
La lista de vigilancia incluye información relativa a la “lista de pasajeros que no pueden viajar en avión” de la Administración de Seguridad del Transporte, la lista de vigilancia consular y sistemas de apoyo del Departamento de Estado y del archivo de bandas violentas y organizaciones terroristas del FBI.
Para ser incluido en esa base de datos la persona debe ser “un terrorista conocido o sospechoso de terrorismo, miembro conocido de una organización terrorista, agente terrorista o alguien que brinda apoyo material a algún terrorista o a alguna organización terrorista” afirmó Michelle Petrovich, portavoz del Centro de Detección de Terroristas. De acuerdo con el Inspector General del Departamento de Justicia, la base de datos contenía 235 000 registros hasta el otoño del año pasado.
Mediante la utilización de la base de datos las autoridades de los Estados Unidos y autoridades internacionales evitaron “numerosos intentos” de entrar a los Estados Unidos del ciudadano egipcio Omar Ahmed Ali, quien en 2005 se suicidó con una carga explosiva en Qatar, hecho en el que murió un ciudadano británico y donde otras doce personas resultaron heridas, dijo Petrovich.
Muchos ciudadanos estadounidenses son detenidos, interrogados y si no hay ninguna orden de arresto pendiente en su contra, liberados. No se les informa si son o no parte de la lista de vigilancia. Según el gobierno, hacer tal cosa podría alertar a los sospechosos de que es posible que se les interrogue o se les detenga.
Algunos viajeros a quienes se les detiene con regularidad solamente pueden especular respecto al hecho de que se encuentran en la lista.
Abe Dabdoub, de 39 años y su esposa, ambos ciudadanos estadounidenses, viven en un barrio residencial de las afueras de la ciudad de Cleveland. Él afirma que desde agosto del año pasado ha sido detenido en 21 ocasiones en la frontera entre Michigan y Canadá. Dabdoub, quien trabaja para una empresa fabricante de productos electrónicos, afirma que hasta empezó a llevar una hoja de cálculo. Afirma que lo esposaron las cuatro primeras veces. También refiere que en una ocasión su esposa tuvo que rogar que no lo esposaran frente a sus dos hijos de 5 y 7 años. Los agentes lo conocen tan bien que lo llaman por su nombre. Cada vez que pregunta por qué lo han detenido, los agentes de Aduana le responden “No podemos decírselo por razones de seguridad nacional”, afirmó.
Los funcionarios de Aduana se negaron a comentar sobre el caso.
Los organismos proponen nombres para la lista basados en criterios rigurosos y secretos, dijo Kopel. El TSC ha creado una unidad que se encarga de la subsanación de errores para garantizar que la información de la lista de vigilancia y su fuente sean exactas, dijeron funcionarios. Desde 2005 la unidad ha resuelto el 90 por ciento de los varios cientos de quejas que ha recibido, con procedimientos como el borrar nombres de la lista y ajustar datos de esta.
Cada impacto en la lista de vigilancia es un “encuentro positivo” -lo que a decir del gobierno es una coincidencia concluyente con la base de datos- de un oficial de inmigración u otro funcionario con un ciudadano de EEUU, ya sea estadounidense o extranjero, a quien no se le podrá negar la entrada al país de no existir una orden de arresto en su contra. Casi la mitad de los encuentros ocurren en puestos fronterizos terrestres, aeropuertos o puertos. Otros viajeros son marcados en las oficinas consulares o por la policía local o estadual.
El número de impactos ha aumentado desde la segunda mitad del año fiscal 2004 cuando se creó la base de datos. Ese año el FBI informó 5 396 encuentros, entre los que se contabilizan varios encuentros con una misma persona. En 2005 se informaron 15 730 impactos. El próximo año se pronostica que habrá 22 400 impactos.
Funcionarios del FBI afirman que el aumento de las cifras es el resultado de un mayor intercambio de información con autoridades internacionales, federales, estaduales y locales.
“En muchas ocasiones no nos conviene realizar un arresto” dijo el portavoz del FBI Paul Bresson “No queremos que el sujeto sepa lo que nosotros sabemos. Esto no significa que no estemos prestando atención. Por el contrario, esto muestra que hemos puesto en práctica iniciativas propias para tratar de identificar las amenazas”.
Pero Steven Aftergood, director del Proyecto sobre el Secretismo del Gobierno de la Federación de Científicos Estadounidenses afirmó que la creciente utilización de esta red multiplica las consecuencias de los errores que se le incluyan.
“Debe haber una manera confiable de corregir la información errónea y de proteger a los inocentes”, dijo.
El sistema del gobierno lanza una red demasiado grande y su definición de quien debe incluirse en esa lista de vigilancia es demasiado amplia, afirmó Harvey Grossman, director legal de la Unión para la Defensa de las Libertades Civiles de Illinois, quien ha presentado una demanda colectiva a nombre de diez musulmanes estadounidenses que alegan se les detuvo y se les maltrató después de que se les incluyera sin motivos en una lista de vigilancia. Personas con contacto lejano u ocasional con un sospechoso pudieran aparecer en la lista, afirmó. “Lo que usted tiene al final es solo una inútil lista de personas”.
En muy pocos casos hay ciudadanos que han descubierto que están en la lista de vigilancia.
Francisco “Kiko” Martínez, abogado de Colorado y activista a favor de los derechos civiles, dijo que en los últimos años ha sido detenido en dos ocasiones por agentes de la policía. En la primera lo detuvieron, lo obligaron a estacionar y lo retuvieron por más de tres horas y en la segunda, lo esposaron. A través de procedimientos legales Martínez obtuvo información sobre su estatus en cuanto a la lista de vigilancia.
“Una verificación de licencia de conducción hizo aparecer el nombre (Martínez) como un individuo con vínculos con el terrorismo”, escribió un policía estadual después de detenerlo en el 2004 en las cercanías de Chicago, de acuerdo con un informe.
El año pasado Martínez demandó al gobierno federal argumentando que había sido detenido ilegalmente y que había sido incluido en la lista de vigilancia como resultado de sus actividades políticas.
El mes pasado ganó el pago de 106 500 dólares por parte del gobierno federal, estadual y de autoridades tribales. Aunque el acuerdo no abordó ninguna de las reclamaciones constitucionales subyacentes, Martínez aseguró que “esto muestra que de ningún modo debía haber estado en la lista” y que “el gobierno le está dando un uso indebido a la llamada guerra contra el terrorismo para atacar a sus adversarios políticos”.
El portavoz del Departamento de Justicia, Charles Millar, dijo que el departamento declinó comentar sobre el caso.
Jim McMahon, jefe de estado mayor de la Asociación Internacional de Jefes de Policía que representa 18 000 agencias de policía estaduales y locales en todo el país, afirmó que la base de datos ayuda a los agentes del orden a “tener mayor capacidad para determinar” cuando detener a una persona. Uno de los secuestradores del 11 de Septiembre, Ziad Samir Jarrah, fue multado por ir a 153 kilómetros por hora por la interestatal 95 en Maryland dos días antes de los ataques, afirmó. “Es muy posible, que hoy él hubiese estado en la lista”, dijo.
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