A quince meses de ocurrida la tragedia de Pasta de Conchos, dos informes de distinta naturaleza, de objetivos diversos, coincidieron en establecer la responsabilidad de la empresa Industrial Minera México, cuya negligencia y omisiones causaron la muerte de 65 personas, cuyos cuerpos (excepto el de dos personas) yacen todavía bajo los escombros, desde el 19 de febrero del año pasado. La comisión especial de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de nueve a cinco (el decimoquinto integrante estaba ausente) un informe cuya principal conclusión caracteriza a la tragedia minera como “un suceso provocado, originado por negligencia y omisión”, lo que permite establecer responsabilidad de la empresa concesionaria y de las autoridades del Trabajo, por homicidio culposo. De allí que se proponga al pleno de la Cámara, que debe conocer este reporte cuando lo presente la Junta de Coordinación Política (lo que, de no haber un período de sesiones extraordinarias sólo ocurriría en septiembre próximo), exigir la cancelación de la concesión otorgada a Industrial Minera México (IMMSA). La aprobación del informe se realizó no sólo con la oposición panista, que en la reunión postrera de la comisión expresó sus desacuerdos con las conclusiones y recomendaciones, sino que obligó a uno de los subcoordinadores de la bancada, Cristian Castaño, a salir a descalificar el informe al día siguiente y a defender a la empresa. Lo hizo sin bases, pues alegó por ejemplo que se demanda cancelar la concesión sin atender las causales de la ley minera, la cual, al contrario, se cita de modo pertinente como el fundamento para ese pedido que, aunque no podrá formularse de inmediato, ni necesariamente tendrá efecto, genera un impacto político poderoso, reforzado por las conclusiones del informe presentado el sábado 19 por el Equipo Nacional de Pastoral Social (ENPS), que desde dos días después de la tragedia ha acompañado a los deudos de las víctimas y realizado una investigación a la que juzgó prudente titular Por una “cuerda de vida” para los mineros del carbón. En Pasta de Conchos no había, no hubo nunca una cuerda de vida, un mecate grueso o una baranda que corre a lo largo de los túneles, al que en caso de oscuridad súbita originada por cualquier causa puedan asirse los trabajadores como guía segura hacia la salida de la mina. El ENPS no juzga que de haber esa cuerda se hubieran salvado los 65 mineros caídos. Pero considera la falta de ese elemento como ilustrativa de las deficientes o ausentes medidas de seguridad que condujeron al siniestro. El estudio del Equipo Nacional de Pastoral Social no se limita a analizar el entorno inmediato de la tragedia. Revisó las actas de inspección a IMMSA y General de Hulla (la empresa que ofrecía personal a la concesionaria para disminuir costos) desde 2000 hasta unos días después del grave acontecimiento que aún cimbra a las familias de las víctimas. En sus 16 conclusiones el reporte del ENPS establece que desde 2000 había condiciones que ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. Llama “largo historial de negligencia” al comportamiento de la empresa, a la que juzga responsable de la muerte de sus trabajadores. En negligencia semejante incurrieron los miembros de la delegación Coahuila de la Secretaría del Trabajo, que demoraban hasta un año en entregar los emplazamientos de medidas de seguridad y no exigían la documentación referida a su cumplimiento. Se hace notar así mismo la discordancia de la información relativa a la seguridad social entre el IMSS y las hojas obrero patronales sobre los salarios fijados y los recibidos y sobre los accidentes de trabajo sufridos. Tanto el informe de los diputados como el del Equipo Nacional de Pastoral Social ponen en la escena a la Secretaría de Economía, omisa en la vigilancia que la ley minera le impone acerca de “las medidas necesarias para prevenir accidentes”, pues ni siquiera se realizaron nunca las inspecciones correspondientes. Los legisladores van más allá, pues señalan al actual titular de esa secretaría, Eduardo Sojo, como responsable de ocultar a su investigación reportes del Servicio Geológico Mexicano. Era buen negocio violar la ley en la mina número ocho de la Unidad Pasta de Conchos, según descubrió el ENPS: “No cumplir con la legislación laboral... a la empresa no le representa un gasto mayor de 580 mil pesos por inspección, lo que resulta una cantidad inferior a la que debería invertir en seguridad e higiene cada año. Es decir, si la penalización máxima que establece la ley es menor que la inversión que debe hacer la empresa para garantizar la seguridad de sus trabajadores, dicha penalización resulta en ahorro en gastos de producción”. Con esa lógica (y por supuesto otros factores) se explica la prosperidad de IMMSA y en general del Grupo México a que pertenece. Según la revista Expansión, que cada año publica la lista de las 500 empresas más importantes de México, sitúa a la encabezada por Germán Larrea Mota de Velasco en el lugar 84, en el 27 entre 50 cuando se mide el crecimiento de ingresos y en el 22 (también entre 50) de las más rentables. Durante el tercer trimestre del año pasado las ventas del grupo sumaron más de mil 600 millones de dólares, cifra superior en 31% a la de igual trimestre del año anterior, y 9% mayor que la del segundo trimestre del año pasado. A diferencia de los informes de pastoral social y de la Cámara de Diputados, los dictámenes y decisiones del Ministerio Público y los jueces son benévolos con los implicados. Quedaron en libertad, después de que su empresa depositó 180 mil pesos por cada una de las víctimas, los cinco funcionarios de IMMSA a los que se inició proceso por homicidio culposo. Y los funcionarios de la Secretaría del Trabajo ni siquiera han sido consignados a un juez. Todos libres, todos contentos, a diferencia de los deudos de las víctimas y de las propias víctimas. Ismael, uno de los sobrevivientes, dijo al Equipo de Pastoral Social: “Hoy en día, las cosas se me olvidan. No recuerdo nada y ahora parece que tendré que vivir todo el tiempo con eso y no lo puedo superar. Me duele la cabeza, la columna, los oídos, no puedo dormir bien, tengo pesadillas y todo me asusta. Cambió todo para siempre”.
Fuente: Miguel Ángel Granados Chapa, Proceso 1594.
Fuente: Miguel Ángel Granados Chapa, Proceso 1594.
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