* Bernardo Bátiz Vázquez y Rosario Ibarra de Piedra se reunieron por más de tres horas con los familiares de los presos políticos de la APPO
* Los dos servidores públicos brindaron su solidaridad y apoyo incondicional a los familiares de los presos políticos
Los oaxaqueños deben seguir luchando en contra de los gobiernos autoritarios, perseguidores del pueblo, no por medio de la violencia –como afirman algunos voceros del gobernador Ulises Ruiz y medios locales— “sino por la vía del derecho y de la exigencia enérgica, pero pacífica”, afirmaron el secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra.
Después de sostener un encuentro —que duró más de tres horas— con los familiares de presos políticos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes fueron víctimas de la represión por el gobierno oaxaqueño, Bernardo Bátiz Vázquez y Rosario Ibarra de Piedra brindaron su solidaridad y apoyo incondicional a los familiares de los luchadores sociales.
Por su parte, el secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad de México reciba, mientras dura el proceso legal, a los presos políticos de la APPO que están dispersos en otros reclusorios, y los cuales han sido maltratados.
Frente a los familiares de los luchadores sociales, la senadora Rosario Ibarra de Piedra propuso que las violaciones a los derechos humanos de los presos de la APPO se denuncien ante organismos internacionales.
Los visitadores afirmaron que la defensa de los presos, a cargo de un grupo de jóvenes abogados, hombres y mujeres, esta muy bien llevada y no desdice de la tradición oaxaqueña de buenos juristas; sin embargo, las trabas de las autoridades y lo largo de los traslados hace muy difícil la defensa y en la práctica es una violación a la garantía de debido proceso legal.
Durante la reunión con los familiares de los luchadores sociales, Bátiz Vázquez e Ibarra de Piedra recordaron que está en trámite, ante la primera instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aceptada por el ministro Juan Silva Meza, una solicitud para que se integre una comisión investigadora de violaciones a garantías individuales en Oaxaca.
Asimismo, explicaron que se encuentra pendiente una recomendación derivada de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza José Luis Soberanes.
Bernardo Bátiz Vázquez y Rosario Ibarra de Piedra escucharon las explicaciones que dieron esposas, madres e hijos sobre la situación de los perseguidos políticos, así como analizaron la información de los abogados encargados de la defensa.
Los dos servidores públicos recibieron la información de la actitud inhumana y perversa con la que están actuando los gobiernos encabezados por Felipe Calderón y Ulises Ruíz al dispersar a sus víctimas en diversas cárceles de lugares distantes de sus domicilios, no sólo dentro de Oaxaca sino en todo el país, lo que constituye un verdadero suplicio extra para los propios detenidos y para sus familiares, quienes para visitarlos, atenderlos o propiciar su defensa, tienen que hacer gastos muy altos para familias modestas como son las de los detenidos.
Los familiares les comentaron que el preso político Erick Sosa acusado tan solo por ser hermano de uno de los lideres de la APPO, Flavio Sosa, fue enviado al reclusorio de alta seguridad de Matamoros, Tamaulipas y otros más entre ellos el mismo Flavio, a la famosa cárcel de La Palma en el Estado de México.
Indicaron que más de 30 detenidos están dispersos en diversos reclusorios del estado de Oaxaca, siempre en condiciones infrahumanas y lo más lejos posible de sus familias y su comunidad.
Los padres de familia acusaron a las autoridades de que no permiten a los presos recibir correspondencia, periódicos o libros y de que con todo tipo de obstáculos y trabas, impiden o dificultan al máximo las visitas de familiares y abogados defensores.
Sin embargo, dijeron que la propaganda del gobernador Ruiz Ortiz dice que todo está en paz en Oaxaca, por supuesto de esa supuesta paz no disfrutan los presos de conciencia ni sus hogares desamparados, pero tampoco la mayoría del pueblo oaxaqueño, hostigado, espiado y vigilando constantemente, como lo pudieron constatar la senadora Ibarra y el maestro Bátiz.
Bátiz Vázquez e Ibarra de Piedra verificaron que personas armadas con vehículos recorren la ciudad, unos uniformados y otros de civil, una de cuyas patrullas con varios individuos con aspecto de policías, estuvieron fuera de la escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”, durante todo el tiempo que tuvo lugar el encuentro con los familiares y abogados de los presos políticos.
* Los dos servidores públicos brindaron su solidaridad y apoyo incondicional a los familiares de los presos políticos
Los oaxaqueños deben seguir luchando en contra de los gobiernos autoritarios, perseguidores del pueblo, no por medio de la violencia –como afirman algunos voceros del gobernador Ulises Ruiz y medios locales— “sino por la vía del derecho y de la exigencia enérgica, pero pacífica”, afirmaron el secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra.
Después de sostener un encuentro —que duró más de tres horas— con los familiares de presos políticos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes fueron víctimas de la represión por el gobierno oaxaqueño, Bernardo Bátiz Vázquez y Rosario Ibarra de Piedra brindaron su solidaridad y apoyo incondicional a los familiares de los luchadores sociales.
Por su parte, el secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad de México reciba, mientras dura el proceso legal, a los presos políticos de la APPO que están dispersos en otros reclusorios, y los cuales han sido maltratados.
Frente a los familiares de los luchadores sociales, la senadora Rosario Ibarra de Piedra propuso que las violaciones a los derechos humanos de los presos de la APPO se denuncien ante organismos internacionales.
Los visitadores afirmaron que la defensa de los presos, a cargo de un grupo de jóvenes abogados, hombres y mujeres, esta muy bien llevada y no desdice de la tradición oaxaqueña de buenos juristas; sin embargo, las trabas de las autoridades y lo largo de los traslados hace muy difícil la defensa y en la práctica es una violación a la garantía de debido proceso legal.
Durante la reunión con los familiares de los luchadores sociales, Bátiz Vázquez e Ibarra de Piedra recordaron que está en trámite, ante la primera instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aceptada por el ministro Juan Silva Meza, una solicitud para que se integre una comisión investigadora de violaciones a garantías individuales en Oaxaca.
Asimismo, explicaron que se encuentra pendiente una recomendación derivada de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza José Luis Soberanes.
Bernardo Bátiz Vázquez y Rosario Ibarra de Piedra escucharon las explicaciones que dieron esposas, madres e hijos sobre la situación de los perseguidos políticos, así como analizaron la información de los abogados encargados de la defensa.
Los dos servidores públicos recibieron la información de la actitud inhumana y perversa con la que están actuando los gobiernos encabezados por Felipe Calderón y Ulises Ruíz al dispersar a sus víctimas en diversas cárceles de lugares distantes de sus domicilios, no sólo dentro de Oaxaca sino en todo el país, lo que constituye un verdadero suplicio extra para los propios detenidos y para sus familiares, quienes para visitarlos, atenderlos o propiciar su defensa, tienen que hacer gastos muy altos para familias modestas como son las de los detenidos.
Los familiares les comentaron que el preso político Erick Sosa acusado tan solo por ser hermano de uno de los lideres de la APPO, Flavio Sosa, fue enviado al reclusorio de alta seguridad de Matamoros, Tamaulipas y otros más entre ellos el mismo Flavio, a la famosa cárcel de La Palma en el Estado de México.
Indicaron que más de 30 detenidos están dispersos en diversos reclusorios del estado de Oaxaca, siempre en condiciones infrahumanas y lo más lejos posible de sus familias y su comunidad.
Los padres de familia acusaron a las autoridades de que no permiten a los presos recibir correspondencia, periódicos o libros y de que con todo tipo de obstáculos y trabas, impiden o dificultan al máximo las visitas de familiares y abogados defensores.
Sin embargo, dijeron que la propaganda del gobernador Ruiz Ortiz dice que todo está en paz en Oaxaca, por supuesto de esa supuesta paz no disfrutan los presos de conciencia ni sus hogares desamparados, pero tampoco la mayoría del pueblo oaxaqueño, hostigado, espiado y vigilando constantemente, como lo pudieron constatar la senadora Ibarra y el maestro Bátiz.
Bátiz Vázquez e Ibarra de Piedra verificaron que personas armadas con vehículos recorren la ciudad, unos uniformados y otros de civil, una de cuyas patrullas con varios individuos con aspecto de policías, estuvieron fuera de la escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”, durante todo el tiempo que tuvo lugar el encuentro con los familiares y abogados de los presos políticos.
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