Por: Eduardo Ibarra Aguirre
Hace un mes recibí el primer indicio más que evidente de que la revista Forum, próxima a cumplir 17 años de vida, es boicoteada en materia de publicidad por los funcionarios de la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación.
A Eduardo Enrique Camacho Hernández, el único cofundador que permanece en el mensuario que prepara el número 179, le comunicó un director general de comunicación social de una dependencia pública, lo siguiente:
“Flaco. Parece que tu cabezal está proscrito. No sé si es de Gobernación o de Los Pinos'.
Sorprendido, el tenaz publicista sólo atinó a preguntar: “¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por quién?”
“Discúlpame, no puedo hacer nada. Dile a tu director que lo respeto y admiro mucho”.
Durante un mes observamos y escuchamos con más atención de la acostumbrada, cada una de las respuestas negativas, repetidas puntualmente durante seis meses de 2008, de los comunicadores del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Presupuestos no autorizados, recursos sin liberar, desautorización para incluir a tal o cual publicación, pautas sin autorizar, campañas sin el aval superior, hasta rayar en lo grotesco: anuncios que requieren el visto bueno de Los Pinos y de Bucareli. Todas ellas fueron las excusas disfrazadas de explicaciones tras horas y jornadas completas de antesalas de los publicistas tiradas al caño por un funcionariado que, además, está agobiado por un centralismo asfixiante, una elemental falta de respeto a las atribuciones y al profesionalismo, amén de la brutal revisión de todos los anuncios.
Finalmente, en otra dependencia pública logramos corroborar el boicot presidencial a Forum, tras recibir parcas pero gentiles explicaciones sobre responsabilidades ajenas al funcionario mayor y su comunicador, quienes “observamos con mucho respeto su publicación. No compartimos la decisión y hacemos lo que está a nuestro alcance para modificarla”.
Omito deliberadamente, por supuesto, los nombres de las dependencias y de los funcionarios públicos, pues como lo corroboró ampliamente Santiago Creel Miranda, el ánimo de venganza está suelto entre la efebocracia gubernamental y llegó hasta el Senado.
Es la misma ruta de intolerancia que emplearon contra Monitor y José Gutiérrez Vivó para asfixiarlo económicamente. Para rematarlo, el corporativismo cetemista declaró una huelga, como antes lo hizo en CNI Canal 40 contra Javier Moreno Valle, al gusto de los dos presidentes blanquiazules que refrendaron el continuismo en ambos litigios.
“El reparto faccioso y arbitrario de la publicidad oficial es particularmente inaceptable, por cuanto involucra recursos públicos que debieran estar sujetos a una estricta rendición de cuentas”, como bien planteó Carmen Lira Saade a los accionistas de La Jornada, el pasado 28 de mayo, porque se usan “para premiar afinidades, servilismo y sumisiones, y para castigar discordancias y posturas independientes”.
Es un camino tan excluyente que más temprano que tarde se le revertirá al grupo gobernante que, en esa estricta materia, resultó más intolerante que el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El hecho mismo de que Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, un baterista del grupo musical Timbiriche, esté al frente de la Dirección General de Comunicación Social de Presidencia, es indicativo de que fue colocado allí para golpear a quienes informan y comentan sin subordinarse al cada vez más estrecho interés presidencial.
Forum, como todos los medios de comunicación electrónicos e impresos, vive centralmente de sus anunciantes. Y de ellos, particularmente de de los poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos estatales y municipales -no sometidos al titular del Ejecutivo-, además de sus lectores, los solidarios colaboradores y amigos, dependerá que libre con éxito el tan desproporcionado como arbitrario boicot del gobierno federal.
Hace un mes recibí el primer indicio más que evidente de que la revista Forum, próxima a cumplir 17 años de vida, es boicoteada en materia de publicidad por los funcionarios de la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación.
A Eduardo Enrique Camacho Hernández, el único cofundador que permanece en el mensuario que prepara el número 179, le comunicó un director general de comunicación social de una dependencia pública, lo siguiente:
“Flaco. Parece que tu cabezal está proscrito. No sé si es de Gobernación o de Los Pinos'.
Sorprendido, el tenaz publicista sólo atinó a preguntar: “¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por quién?”
“Discúlpame, no puedo hacer nada. Dile a tu director que lo respeto y admiro mucho”.
Durante un mes observamos y escuchamos con más atención de la acostumbrada, cada una de las respuestas negativas, repetidas puntualmente durante seis meses de 2008, de los comunicadores del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Presupuestos no autorizados, recursos sin liberar, desautorización para incluir a tal o cual publicación, pautas sin autorizar, campañas sin el aval superior, hasta rayar en lo grotesco: anuncios que requieren el visto bueno de Los Pinos y de Bucareli. Todas ellas fueron las excusas disfrazadas de explicaciones tras horas y jornadas completas de antesalas de los publicistas tiradas al caño por un funcionariado que, además, está agobiado por un centralismo asfixiante, una elemental falta de respeto a las atribuciones y al profesionalismo, amén de la brutal revisión de todos los anuncios.
Finalmente, en otra dependencia pública logramos corroborar el boicot presidencial a Forum, tras recibir parcas pero gentiles explicaciones sobre responsabilidades ajenas al funcionario mayor y su comunicador, quienes “observamos con mucho respeto su publicación. No compartimos la decisión y hacemos lo que está a nuestro alcance para modificarla”.
Omito deliberadamente, por supuesto, los nombres de las dependencias y de los funcionarios públicos, pues como lo corroboró ampliamente Santiago Creel Miranda, el ánimo de venganza está suelto entre la efebocracia gubernamental y llegó hasta el Senado.
Es la misma ruta de intolerancia que emplearon contra Monitor y José Gutiérrez Vivó para asfixiarlo económicamente. Para rematarlo, el corporativismo cetemista declaró una huelga, como antes lo hizo en CNI Canal 40 contra Javier Moreno Valle, al gusto de los dos presidentes blanquiazules que refrendaron el continuismo en ambos litigios.
“El reparto faccioso y arbitrario de la publicidad oficial es particularmente inaceptable, por cuanto involucra recursos públicos que debieran estar sujetos a una estricta rendición de cuentas”, como bien planteó Carmen Lira Saade a los accionistas de La Jornada, el pasado 28 de mayo, porque se usan “para premiar afinidades, servilismo y sumisiones, y para castigar discordancias y posturas independientes”.
Es un camino tan excluyente que más temprano que tarde se le revertirá al grupo gobernante que, en esa estricta materia, resultó más intolerante que el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El hecho mismo de que Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, un baterista del grupo musical Timbiriche, esté al frente de la Dirección General de Comunicación Social de Presidencia, es indicativo de que fue colocado allí para golpear a quienes informan y comentan sin subordinarse al cada vez más estrecho interés presidencial.
Forum, como todos los medios de comunicación electrónicos e impresos, vive centralmente de sus anunciantes. Y de ellos, particularmente de de los poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos estatales y municipales -no sometidos al titular del Ejecutivo-, además de sus lectores, los solidarios colaboradores y amigos, dependerá que libre con éxito el tan desproporcionado como arbitrario boicot del gobierno federal.
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