* El académico de la FI de la UNAM, Víctor Rodríguez, lo informó al participar en el último día de trabajos del Debate Universitario sobre la Reforma Energética
* El incremento en la extracción del petróleo no se sustentó en un aumento de la demanda, sino en una política neoliberal, dijo la investigadora del II, Claudia Sheinbaum
* La propuesta tiene fortalezas y debilidades, señaló el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Manuel Barquín Álvarez
* Jorge Fernández Ruiz, académico del IIJ, expuso que el paquete de reformas tiene aspectos privatizadores
En los últimos seis años, el sector privado ha realizado más del 90 por ciento de las inversiones en la industria petrolera, sea a través de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) o con financiamiento propio en plantas, ductos, barcos y estaciones de servicio, señaló el académico de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, Víctor Rodríguez Padilla.
Al participar en el último día de trabajos del Debate Universitario sobre la Reforma Energética, manifestó que se desconoce el alcance de esta iniciativa, dirigida al control, propiedad y obtención de las rentas de la industria, única parte en la que le falta incursionar a la iniciativa privada, que ya cuenta con importantes participaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex).
El sector privado, explicó, interviene en actividades estratégicas de la paraestatal y recibe el 88 por ciento de los beneficios. Esta reforma sólo está dirigida a controlar a Pemex y a incentivar más la renta del producto.
En el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), se realizó la mesa El contenido de la reforma petrolera, donde la investigadora del Instituto de Ingeniería (II), Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que 2004 fue un buen año en la extracción de petróleo, porque se obtuvieron 3.4 millones de barriles diarios, cuando en 1990 eran 2.5 millones. Sin embargo, este incremento no estuvo sustentado en un aumento de la demanda, sino en una política neoliberal, porque ese petróleo se destinó a la exportación.
Asimismo, consideró, Pemex no tiene recursos porque no le queda nada de la reserva petrolera, y con ese argumento, la reforma energética propuesta plantea la necesidad de la inversión privada.
Con esta iniciativa, apuntó, la paraestatal pierde su autonomía, porque su verdadera riqueza está en el desarrollo de la energía. Si se entrega a otros, se convertirá en un administrador y no en operador y ejecutor de los proyectos de la industria mexicana. Por ello, una reforma conveniente para México debe incluir un uso racional del petróleo y de fuentes renovables de energía, así como el impulso a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico.
La mesa fue moderada por el director del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), Luis Enrique Sansores Cuevas, y fungió como relatora la titular de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Hermelinda Osorio Carranza.
En su intervención, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Manuel Barquín Álvarez, aseguró que la propuesta tiene fortalezas y debilidades. Hay problemas que no se han enfocado ni tratado de resolver en décadas, especificó, como la autonomía de gestión de Pemex y el documento hace un intento por deslindar el nivel de formulación de política de regulación y de operación. En la iniciativa, se dan facultades ejecutivas en forma más clara a algunos órganos internos.
Otro problema, subrayó, es que las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública han dificultado la actividad de Pemex. “La desinformación sobre la empresa más importante del país es asombrosa”. También comentó que la gente piensa que el asunto de los sueldos o la incidencia sindical es importante, pero en la actualidad esa situación ha cambiado.
En tanto, el también académico del IIJ, Jorge Fernández Ruiz, expuso que el paquete de reformas que se presenta tiene, entre sus diversas iniciativas de ley, aspectos de privatización en el sentido de encomendar a particulares actividades que están reservadas al Estado.
Esta acción, detalló, tiene diversas modalidades, es decir, en unos casos significa convertir en un esquema privado un sistema de gestión encargado al sector público. En otros casos, se trata de transferir ciertas acciones a la iniciativa privada.
Además, puntualizó, al examinar la forma de gestión petrolera es necesario enfocarse no sólo a Pemex y sus organismos subsidiarios, sino al aparato burocrático, de la Administración Pública Federal, a la que pertenece esta paraestatal.
* El incremento en la extracción del petróleo no se sustentó en un aumento de la demanda, sino en una política neoliberal, dijo la investigadora del II, Claudia Sheinbaum
* La propuesta tiene fortalezas y debilidades, señaló el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Manuel Barquín Álvarez
* Jorge Fernández Ruiz, académico del IIJ, expuso que el paquete de reformas tiene aspectos privatizadores
En los últimos seis años, el sector privado ha realizado más del 90 por ciento de las inversiones en la industria petrolera, sea a través de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) o con financiamiento propio en plantas, ductos, barcos y estaciones de servicio, señaló el académico de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, Víctor Rodríguez Padilla.
Al participar en el último día de trabajos del Debate Universitario sobre la Reforma Energética, manifestó que se desconoce el alcance de esta iniciativa, dirigida al control, propiedad y obtención de las rentas de la industria, única parte en la que le falta incursionar a la iniciativa privada, que ya cuenta con importantes participaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex).
El sector privado, explicó, interviene en actividades estratégicas de la paraestatal y recibe el 88 por ciento de los beneficios. Esta reforma sólo está dirigida a controlar a Pemex y a incentivar más la renta del producto.
En el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), se realizó la mesa El contenido de la reforma petrolera, donde la investigadora del Instituto de Ingeniería (II), Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que 2004 fue un buen año en la extracción de petróleo, porque se obtuvieron 3.4 millones de barriles diarios, cuando en 1990 eran 2.5 millones. Sin embargo, este incremento no estuvo sustentado en un aumento de la demanda, sino en una política neoliberal, porque ese petróleo se destinó a la exportación.
Asimismo, consideró, Pemex no tiene recursos porque no le queda nada de la reserva petrolera, y con ese argumento, la reforma energética propuesta plantea la necesidad de la inversión privada.
Con esta iniciativa, apuntó, la paraestatal pierde su autonomía, porque su verdadera riqueza está en el desarrollo de la energía. Si se entrega a otros, se convertirá en un administrador y no en operador y ejecutor de los proyectos de la industria mexicana. Por ello, una reforma conveniente para México debe incluir un uso racional del petróleo y de fuentes renovables de energía, así como el impulso a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico.
La mesa fue moderada por el director del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), Luis Enrique Sansores Cuevas, y fungió como relatora la titular de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Hermelinda Osorio Carranza.
En su intervención, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Manuel Barquín Álvarez, aseguró que la propuesta tiene fortalezas y debilidades. Hay problemas que no se han enfocado ni tratado de resolver en décadas, especificó, como la autonomía de gestión de Pemex y el documento hace un intento por deslindar el nivel de formulación de política de regulación y de operación. En la iniciativa, se dan facultades ejecutivas en forma más clara a algunos órganos internos.
Otro problema, subrayó, es que las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública han dificultado la actividad de Pemex. “La desinformación sobre la empresa más importante del país es asombrosa”. También comentó que la gente piensa que el asunto de los sueldos o la incidencia sindical es importante, pero en la actualidad esa situación ha cambiado.
En tanto, el también académico del IIJ, Jorge Fernández Ruiz, expuso que el paquete de reformas que se presenta tiene, entre sus diversas iniciativas de ley, aspectos de privatización en el sentido de encomendar a particulares actividades que están reservadas al Estado.
Esta acción, detalló, tiene diversas modalidades, es decir, en unos casos significa convertir en un esquema privado un sistema de gestión encargado al sector público. En otros casos, se trata de transferir ciertas acciones a la iniciativa privada.
Además, puntualizó, al examinar la forma de gestión petrolera es necesario enfocarse no sólo a Pemex y sus organismos subsidiarios, sino al aparato burocrático, de la Administración Pública Federal, a la que pertenece esta paraestatal.
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