TRAS LA PUERTA DEL PODER
Roberto Vizcaíno
Y uno se pregunta: ¿pero qué necesidad había? Los mal pensados como yo creemos que esto ocurre porque existe un compromiso inconfesable entre Larrea y el gobierno de Calderón. De otra forma todo sería claro y sustentado en la legalidad.
La obviedad indica que, cuando se transgrede la Constitución General de la República, la Ley Laboral y los pactos internacionales del caso desde el mismo seno del Gobierno Federal -como ocurre ahora mismo en el caso del sindicato minero y el reconocimiento a su vapuleado líder Napoleón Gómez Urrutia-, algo muy grueso e inconfesable debe estar prevaleciendo.
La pregunta surge sola: ¿Qué, cuanto le debe Felipe Calderón Hinojosa a Germán Larrea, para que su secretaría del Trabajo no solo incumpla con la Ley, sino que la viole como lo hace en el asunto de Gómez Urrutia?
Nuestra sorpresa respecto de la evidente fuerza y poder del empresario Germán Larrea, dueño del multimillonario Grupo México, se ha reflejado en otros textos en este mismo espacio, pero nuestra capacidad de asombro –tan golpeada por la realidad de la vida-, no se acaba en cuanto a este caso.
¿Cuál es el compromiso del Gobierno del panista Felipe Calderón con este empresario, como para que éste pueda usar a su antojo y lanzar a todo el Poder del Estado en contra de un gremio de 250 mil trabajadores especializados –como son los mineros-, y su dirigente que, por más discutible que sea su proceder y origen, pues está legal y legítimamente designado por estos trabajadores?, ¿Cuál es ese compromiso que nos pudiera explicar lo que ahí ocurre?
Mire, la historia es simple:
- Napoleón Gómez Urrutia, quien se encuentra a punto de cumplir los 64 años de edad, es hijo de Napoleón Gómez Sada quien fuera líder minero durante 40 años, hasta su muerte en 2002. En los últimos años de su vida, ya gravemente enfermo, lo preparó para dejarlo como su sucesor, lo cual se cumplió a su fallecimiento.
- Durante su etapa de inmersión en el gremio minero, Gómez Urrutia –quien había ocupado durante 14 años la dirección de la Casa de Moneda de México y de la empresa Minera Autlán-, se significó como un extraordinario negociador de convenios laborales. Por su experiencia administrativa y su preparación académica como economista, sabía cuales eran las utilidades reales de las empresas y sobre eso negociaba los aumentos salariales y prerrogativas de los mineros. Llegó incluso a obtener aumentos salariales cercanos al 30 por ciento cuando el resto de los sindicatos del país apenas alcanzaban el 4 o 5 por ciento de incremento.
- Esta cualidad le ganó el apoyo de la mayoría de los trabajadores quienes en tres ocasiones lo han elegido como su secretario general. La más reciente ocurrió entre el 2 y 9 de mayo de este año, durante la 35 Convención General Ordinaria.
- Como ha ocurrido desde su primera elección, la secretaría del Trabajo ha puesto obstáculos para recibir y tramitar “la toma de nota” de su nombramiento.
- Tanto a fines del sexenio de Fox como ahora, la STyPS no sólo ha obstaculizado su registro, sino que se ha colocado abiertamente del lado de Grupo México, de Germán Larrera, a quien Gómez Urrutia le ha estallado innumerables huelgas. Hoy mismo existen huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco, con pérdidas millonarias para la empresa. Estas huelgas fueron inicialmente calificadas como improcedentes por la StyPS, pero luego fueron avaladas por diversos jueces.
- Hace unas semanas, la STyPS volvió a desconocer a Gómez Urrutia como secretario general de los mineros, por más que éste acreditó la legalidad y procedencia de su nombramiento.
- Ante este nuevo intento, Gómez Urrutia –quien ya tiene casi dos años autoexiliado en Vancouver, Canadá, en defensa ante los intentos del Grupo México y del Gobierno de meterlo a la cárcel-, se inconformó ante la Organización Internacional del Trabajo. En esta denuncia fue apoyado por la poderosa Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, que tiene una afiliación de 25 millones de trabajadores mineros en el mundo.
- Ante esta denuncia, la OIT acaba de emitir 9 recomendaciones al Gobierno de México, es decir, al presidente Felipe Calderón: La OIT, con sde en Ginebra Suiza, le exige de entrada que informe por qué se le niega el reconocimiento a Gómez Urrutia y luego deplora la excesiva duración en la tramitación judicial en diferentes aspectos del presente caso, así como los graves perjuicios que ha implicado para el sindicato querellante.
La OIT le pide al gobierno mexicano que examine con los interlocutores sociales las medidas --reformas legales o de otro tipo-- que garanticen una justicia rápida en relación con el ejercicio de los derechos sindicales y lo urge a que asegure una rápida conclusión de los procesos judiciales respecto de los asuntos del líder minero.
De igual forma deplora profundamente la muerte del trabajador Reynaldo Hernández González y expresa la firme esperanza de que el procedimiento penal en curso se podrá concluir lo antes posible, y pide al gobierno de Calderón que le comunique la sentencia que se dicte.
Asimismo le exige indique si los sindicalistas capturados el 11 de agosto de 2007 han sido ya puestos en libertad (en referencia a los que fueron agredidos el mismo día y sitio en que fue asesinado el minero Reynaldo Hernández González, en Nacozari, Sonora).
Solicita (al gobierno de Calderón) que le comunique las decisiones de la autoridad judicial que se dicten sobre la votación relativa a la titularidad de los convenios colectivos en ocho empresas (en las elecciones fraudulentas operadas el 5 de septiembre de 2007, en connivencia de autoridades laborales y Grupo México, en las que se secuestró a mineros y con la fuerza pública se los presionó para que votaran contra su pertenencia al Sindicato Nacional de Mineros, asunto cuyo amparo sindical aún no se resuelve).
La OIT reclama del gobierno mexicano una información detalladas sobre la alegada expulsión violenta de huelguistas que estaban en las entradas de la mina Cananea, y de manera general sobre la intervención de la fuerza pública en el conflicto colectivo en cuestión.
La OIT expresa su profunda preocupación respecto de la gravedad de otros alegatos pendientes, a los que el gobierno no ha respondido detalladamente y que incluyen órdenes de arresto, congelación de cuentas sindicales, amenazas y actos de violencia que incluyen también la muerte o lesiones a sindicalistas, y conmina al gobierno a que responda sin demora a estos alegatos y a que se realice una investigación completa e independiente, así como que se le informe al respecto.
El caso es que gracias a su actuación respecto a su actuación en el lío laboral que mantienen desde hace tiempo la dirigencia de Gómez Urrutia y el Grupo México de germán Larrea, la OIT ya emitió recomendaciones al gobierno de Felipe Calderón.
Y uno se pregunta: ¿pero qué necesidad había? Los mal pensados como yo creemos que esto ocurre porque existe un compromiso inconfesable entre Larrea y el gobierno de Calderón. De otra forma todo sería claro y sustentado en la legalidad.
No tendría que andar el gobierno mexicano que responder a recriminaciones de la OIT “por su ingerencia en asuntos sindicales mineros, lo cual es incompatible con el Convenio 87”, se indica.
Roberto Vizcaíno
Y uno se pregunta: ¿pero qué necesidad había? Los mal pensados como yo creemos que esto ocurre porque existe un compromiso inconfesable entre Larrea y el gobierno de Calderón. De otra forma todo sería claro y sustentado en la legalidad.
La obviedad indica que, cuando se transgrede la Constitución General de la República, la Ley Laboral y los pactos internacionales del caso desde el mismo seno del Gobierno Federal -como ocurre ahora mismo en el caso del sindicato minero y el reconocimiento a su vapuleado líder Napoleón Gómez Urrutia-, algo muy grueso e inconfesable debe estar prevaleciendo.
La pregunta surge sola: ¿Qué, cuanto le debe Felipe Calderón Hinojosa a Germán Larrea, para que su secretaría del Trabajo no solo incumpla con la Ley, sino que la viole como lo hace en el asunto de Gómez Urrutia?
Nuestra sorpresa respecto de la evidente fuerza y poder del empresario Germán Larrea, dueño del multimillonario Grupo México, se ha reflejado en otros textos en este mismo espacio, pero nuestra capacidad de asombro –tan golpeada por la realidad de la vida-, no se acaba en cuanto a este caso.
¿Cuál es el compromiso del Gobierno del panista Felipe Calderón con este empresario, como para que éste pueda usar a su antojo y lanzar a todo el Poder del Estado en contra de un gremio de 250 mil trabajadores especializados –como son los mineros-, y su dirigente que, por más discutible que sea su proceder y origen, pues está legal y legítimamente designado por estos trabajadores?, ¿Cuál es ese compromiso que nos pudiera explicar lo que ahí ocurre?
Mire, la historia es simple:
- Napoleón Gómez Urrutia, quien se encuentra a punto de cumplir los 64 años de edad, es hijo de Napoleón Gómez Sada quien fuera líder minero durante 40 años, hasta su muerte en 2002. En los últimos años de su vida, ya gravemente enfermo, lo preparó para dejarlo como su sucesor, lo cual se cumplió a su fallecimiento.
- Durante su etapa de inmersión en el gremio minero, Gómez Urrutia –quien había ocupado durante 14 años la dirección de la Casa de Moneda de México y de la empresa Minera Autlán-, se significó como un extraordinario negociador de convenios laborales. Por su experiencia administrativa y su preparación académica como economista, sabía cuales eran las utilidades reales de las empresas y sobre eso negociaba los aumentos salariales y prerrogativas de los mineros. Llegó incluso a obtener aumentos salariales cercanos al 30 por ciento cuando el resto de los sindicatos del país apenas alcanzaban el 4 o 5 por ciento de incremento.
- Esta cualidad le ganó el apoyo de la mayoría de los trabajadores quienes en tres ocasiones lo han elegido como su secretario general. La más reciente ocurrió entre el 2 y 9 de mayo de este año, durante la 35 Convención General Ordinaria.
- Como ha ocurrido desde su primera elección, la secretaría del Trabajo ha puesto obstáculos para recibir y tramitar “la toma de nota” de su nombramiento.
- Tanto a fines del sexenio de Fox como ahora, la STyPS no sólo ha obstaculizado su registro, sino que se ha colocado abiertamente del lado de Grupo México, de Germán Larrera, a quien Gómez Urrutia le ha estallado innumerables huelgas. Hoy mismo existen huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco, con pérdidas millonarias para la empresa. Estas huelgas fueron inicialmente calificadas como improcedentes por la StyPS, pero luego fueron avaladas por diversos jueces.
- Hace unas semanas, la STyPS volvió a desconocer a Gómez Urrutia como secretario general de los mineros, por más que éste acreditó la legalidad y procedencia de su nombramiento.
- Ante este nuevo intento, Gómez Urrutia –quien ya tiene casi dos años autoexiliado en Vancouver, Canadá, en defensa ante los intentos del Grupo México y del Gobierno de meterlo a la cárcel-, se inconformó ante la Organización Internacional del Trabajo. En esta denuncia fue apoyado por la poderosa Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, que tiene una afiliación de 25 millones de trabajadores mineros en el mundo.
- Ante esta denuncia, la OIT acaba de emitir 9 recomendaciones al Gobierno de México, es decir, al presidente Felipe Calderón: La OIT, con sde en Ginebra Suiza, le exige de entrada que informe por qué se le niega el reconocimiento a Gómez Urrutia y luego deplora la excesiva duración en la tramitación judicial en diferentes aspectos del presente caso, así como los graves perjuicios que ha implicado para el sindicato querellante.
La OIT le pide al gobierno mexicano que examine con los interlocutores sociales las medidas --reformas legales o de otro tipo-- que garanticen una justicia rápida en relación con el ejercicio de los derechos sindicales y lo urge a que asegure una rápida conclusión de los procesos judiciales respecto de los asuntos del líder minero.
De igual forma deplora profundamente la muerte del trabajador Reynaldo Hernández González y expresa la firme esperanza de que el procedimiento penal en curso se podrá concluir lo antes posible, y pide al gobierno de Calderón que le comunique la sentencia que se dicte.
Asimismo le exige indique si los sindicalistas capturados el 11 de agosto de 2007 han sido ya puestos en libertad (en referencia a los que fueron agredidos el mismo día y sitio en que fue asesinado el minero Reynaldo Hernández González, en Nacozari, Sonora).
Solicita (al gobierno de Calderón) que le comunique las decisiones de la autoridad judicial que se dicten sobre la votación relativa a la titularidad de los convenios colectivos en ocho empresas (en las elecciones fraudulentas operadas el 5 de septiembre de 2007, en connivencia de autoridades laborales y Grupo México, en las que se secuestró a mineros y con la fuerza pública se los presionó para que votaran contra su pertenencia al Sindicato Nacional de Mineros, asunto cuyo amparo sindical aún no se resuelve).
La OIT reclama del gobierno mexicano una información detalladas sobre la alegada expulsión violenta de huelguistas que estaban en las entradas de la mina Cananea, y de manera general sobre la intervención de la fuerza pública en el conflicto colectivo en cuestión.
La OIT expresa su profunda preocupación respecto de la gravedad de otros alegatos pendientes, a los que el gobierno no ha respondido detalladamente y que incluyen órdenes de arresto, congelación de cuentas sindicales, amenazas y actos de violencia que incluyen también la muerte o lesiones a sindicalistas, y conmina al gobierno a que responda sin demora a estos alegatos y a que se realice una investigación completa e independiente, así como que se le informe al respecto.
El caso es que gracias a su actuación respecto a su actuación en el lío laboral que mantienen desde hace tiempo la dirigencia de Gómez Urrutia y el Grupo México de germán Larrea, la OIT ya emitió recomendaciones al gobierno de Felipe Calderón.
Y uno se pregunta: ¿pero qué necesidad había? Los mal pensados como yo creemos que esto ocurre porque existe un compromiso inconfesable entre Larrea y el gobierno de Calderón. De otra forma todo sería claro y sustentado en la legalidad.
No tendría que andar el gobierno mexicano que responder a recriminaciones de la OIT “por su ingerencia en asuntos sindicales mineros, lo cual es incompatible con el Convenio 87”, se indica.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario