Mario Di Costanzo Armenta
No hay que ser un genio para darse cuenta de que tanto a Felipe Calderón como a la gran mayoría de los legisladores del PRI y del PAN les urge que ya concluya el debate que fue convocado por el Senado de la República como resultado de las acciones de resistencia civil que llevó y está llevando a cabo el movimiento que, en defensa del petróleo, encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Y es que a la urgencia de tener aprobada la “reforma petrolera” para poder rendirle buenas cuentas al presidente George W. Bush antes de que concluya su mandato, se suma un problema adicional: la derrota que los defensores del plan calderonista han tenido durante estas discusiones ha sido fenomenal.
Señalo lo anterior en virtud de que el jueves pasado me tocó asistir como ponente para tratar el tema referente al régimen fiscal de Pemex. Y debo decir que resulta más difícil encontrar un lugar para estacionarse cerca de la sede de los debates (por eso me fui en Metro), que refutar los argumentos que defienden la absurda e ineficiente reforma presentada por Calderón y su equipo.
Así, durante estas últimas semanas lo que ha quedado en evidencia es que:
Cada vez estamos más convencidos de que la visión que en su momento llevó al general Lázaro Cárdenas y a los legisladores a establecer la exclusividad de la nación en materia de explotación de petróleo y sus derivados, no fue producto de un capricho o una simple ocurrencia, ya que los propios hechos nos muestran claramente la importancia estratégica que tiene, que tendrá y que ha tenido este energético en el desarrollo del país.
Luego entonces, ¿qué ha sucedido, por qué razón, si actualmente nuestro país es el sexto productor de petróleo en el mundo, tenemos que importar poco más de 40 por ciento de la gasolina que consumimos, 25 por ciento del gas natural y millones de dólares en productos petroquímicos?
Más aún: de acuerdo a diversas opiniones, estudios y análisis de instituciones y de especialistas o técnicos ampliamente reconocidos, se ha hecho evidente que el país todavía cuenta con una cantidad muy importante de petróleo, tanto en el subsuelo de su territorio como en aguas someras y profundas.
Ahora sabemos que –ya sea porque contamos con ellas o porque se pueden adquirir– no existen barreras tecnológicas que nos impidan aprovechar en beneficio de la nación el enorme potencial de desarrollo que ofrece la industria del petróleo.
Todavía más, resulta absurdo que se acepte la premisa que sostiene que Petróleos Mexicanos está en quiebra, o bien que a pesar de los cuantiosos ingresos anuales que recibe haya registrado pérdidas en su operación.
Al respecto conviene señalar que actualmente las ventas anuales de esta empresa superan el billón de pesos, es decir, que sus ingresos representan el equivalente a 50 años del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De esta manera, la sensatez y el sentido común nos indican que la primera reflexión que debemos de llevar a cabo consiste en saber si nuestro país enfrenta un problema petrolero que se origina en la propia paraestatal, o bien tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.
Así, por ejemplo, de acuerdo con datos de Pemex se observa que desde 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 5 billones 100 mil millones de pesos, cifra que significa 80 por ciento de sus ventas.
Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex, nos damos cuenta que éstos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas, 3 por ciento de sus ventas totales.
La anterior es la verdadera razón que explica las circunstancias por las que atraviesa la industria petrolera del país y nos permite afirmar, con la mayor contundencia del mundo, que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva, que afecte los intereses de las grandes empresas privadas.
Es decir, que el problema de la paraestatal más bien obedece a un asunto fiscal y presupuestario, y no a uno de carácter energético: Pemex es uno de los principales damnificados de la política económica.
Lo peor de todo es que las iniciativas presentadas por Felipe Calderón no garantizan que la situación fiscal y presupuestaria de Pemex será modificada. En cambio, sí comprometen la entrega del mercado petrolero a la iniciativa privada.
Y es precisamente ahí donde se encuentra la mejor muestra de este neoliberalismo pervertido que busca proteger a pequeños grupos de poder económico en detrimento del patrimonio nacional.
Por esa razón debemos preguntarnos: ¿de qué sirve correr, si estamos en el camino equivocado?
No hay que ser un genio para darse cuenta de que tanto a Felipe Calderón como a la gran mayoría de los legisladores del PRI y del PAN les urge que ya concluya el debate que fue convocado por el Senado de la República como resultado de las acciones de resistencia civil que llevó y está llevando a cabo el movimiento que, en defensa del petróleo, encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Y es que a la urgencia de tener aprobada la “reforma petrolera” para poder rendirle buenas cuentas al presidente George W. Bush antes de que concluya su mandato, se suma un problema adicional: la derrota que los defensores del plan calderonista han tenido durante estas discusiones ha sido fenomenal.
Señalo lo anterior en virtud de que el jueves pasado me tocó asistir como ponente para tratar el tema referente al régimen fiscal de Pemex. Y debo decir que resulta más difícil encontrar un lugar para estacionarse cerca de la sede de los debates (por eso me fui en Metro), que refutar los argumentos que defienden la absurda e ineficiente reforma presentada por Calderón y su equipo.
Así, durante estas últimas semanas lo que ha quedado en evidencia es que:
Cada vez estamos más convencidos de que la visión que en su momento llevó al general Lázaro Cárdenas y a los legisladores a establecer la exclusividad de la nación en materia de explotación de petróleo y sus derivados, no fue producto de un capricho o una simple ocurrencia, ya que los propios hechos nos muestran claramente la importancia estratégica que tiene, que tendrá y que ha tenido este energético en el desarrollo del país.
Luego entonces, ¿qué ha sucedido, por qué razón, si actualmente nuestro país es el sexto productor de petróleo en el mundo, tenemos que importar poco más de 40 por ciento de la gasolina que consumimos, 25 por ciento del gas natural y millones de dólares en productos petroquímicos?
Más aún: de acuerdo a diversas opiniones, estudios y análisis de instituciones y de especialistas o técnicos ampliamente reconocidos, se ha hecho evidente que el país todavía cuenta con una cantidad muy importante de petróleo, tanto en el subsuelo de su territorio como en aguas someras y profundas.
Ahora sabemos que –ya sea porque contamos con ellas o porque se pueden adquirir– no existen barreras tecnológicas que nos impidan aprovechar en beneficio de la nación el enorme potencial de desarrollo que ofrece la industria del petróleo.
Todavía más, resulta absurdo que se acepte la premisa que sostiene que Petróleos Mexicanos está en quiebra, o bien que a pesar de los cuantiosos ingresos anuales que recibe haya registrado pérdidas en su operación.
Al respecto conviene señalar que actualmente las ventas anuales de esta empresa superan el billón de pesos, es decir, que sus ingresos representan el equivalente a 50 años del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De esta manera, la sensatez y el sentido común nos indican que la primera reflexión que debemos de llevar a cabo consiste en saber si nuestro país enfrenta un problema petrolero que se origina en la propia paraestatal, o bien tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.
Así, por ejemplo, de acuerdo con datos de Pemex se observa que desde 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 5 billones 100 mil millones de pesos, cifra que significa 80 por ciento de sus ventas.
Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex, nos damos cuenta que éstos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas, 3 por ciento de sus ventas totales.
La anterior es la verdadera razón que explica las circunstancias por las que atraviesa la industria petrolera del país y nos permite afirmar, con la mayor contundencia del mundo, que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva, que afecte los intereses de las grandes empresas privadas.
Es decir, que el problema de la paraestatal más bien obedece a un asunto fiscal y presupuestario, y no a uno de carácter energético: Pemex es uno de los principales damnificados de la política económica.
Lo peor de todo es que las iniciativas presentadas por Felipe Calderón no garantizan que la situación fiscal y presupuestaria de Pemex será modificada. En cambio, sí comprometen la entrega del mercado petrolero a la iniciativa privada.
Y es precisamente ahí donde se encuentra la mejor muestra de este neoliberalismo pervertido que busca proteger a pequeños grupos de poder económico en detrimento del patrimonio nacional.
Por esa razón debemos preguntarnos: ¿de qué sirve correr, si estamos en el camino equivocado?
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