Por: Pablo Dávalos (ALAI)
La referencia al Estado social de derecho se ha convertido casi en un tópico en el debate político, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Se considera que, casi por definición, el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Si hay algo que no se discute es, precisamente, el carácter que tendría el Estado como garante de los derechos fundamentales. Sin embargo, una mirada más atenta nos demuestra que tras la utilización del concepto “Estado social de derecho”, en realidad se inscribe una de las transformaciones políticas más profundas y radicales provocadas por el neoliberalismo. Con este concepto, el neoliberalismo se convierte no solo en un proyecto económico sino, y en lo fundamental, en un proyecto político e histórico.
Si se le pide al Estado que sea un “Estado de derecho”, es porque se desconfía del Estado. Si se exige que conste en el marco constitucional la caracterización del Estado como “Estado de derecho” (con todos los adjetivos y variantes que puedan constar en el medio, como: social, constitucional, democrático, etc.), es porque se ve al Estado como una amenaza a la libertad fundamental de los individuos. El Estado debe ser construido sobre la desconfianza, el temor, la suspicacia de la sociedad civil, porque se trataría del ámbito de coerción, limitación, violencia, y de un poder desmesurado pero inevitable. Es el retorno a la visión hobbesiana del Estado, en el que éste era visto como el Leviatán, el monstruo marino del que habla la Biblia. Una visión en la que los hombres buscan imponer su interés egoísta y en la cual el hombre se convierte en lobo del hombre, para utilizar la pesimista metáfora de Thomas Hobbes.
Nada que ver con la idea del Estado como representante del “interés general” que expresaba un acuerdo expreso de individuos libres, iguales, racionales y autónomos según la idea de Rousseau. Nada que ver con la idea de la “soberanía limitada” de John Locke. Para los neoliberales, el Estado siempre es una amenaza y debe, por tanto, ser regulada y constreñida al máximo. En la distopía del neoliberalismo, el Estado debe desvanecerse poco a poco, hasta que quede solamente su cáscara de represión y uso legítimo de la violencia para proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Todo lo demás será realizado por la vía de los mercados. Por ello se le exige de entrada que se comprometa con el respeto a los derechos fundamentales, sobre todo con el derecho a la propiedad. Por ello, esa desconfianza en lo que pueda o deba hacer el Estado. Así, desde el Estado social de derecho, desaparece esa noción de lo público como el interés de todos, y de la planificación como una racionalización de la producción, la distribución y el consumo, y en su lugar permanece la racionalidad del interés egoísta de los consumidores como reguladores de la sociedad por la vía de los mercados.
Este concepto del Estado social de derecho vino en el equipaje de las reformas políticas, económicas e institucionales del FMI y del Banco Mundial. Al parecer, vino para quedarse. Es curioso, y una paradoja de la historia, que en contextos de insurgencia supuestamente radical en contra del neoliberalismo, como los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, las Constituciones de estos países adscriban y ratifiquen la noción neoliberal del Estado social de derecho y, al mismo tiempo, se declaren en contra del modelo neoliberal.
Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.
La referencia al Estado social de derecho se ha convertido casi en un tópico en el debate político, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Se considera que, casi por definición, el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Si hay algo que no se discute es, precisamente, el carácter que tendría el Estado como garante de los derechos fundamentales. Sin embargo, una mirada más atenta nos demuestra que tras la utilización del concepto “Estado social de derecho”, en realidad se inscribe una de las transformaciones políticas más profundas y radicales provocadas por el neoliberalismo. Con este concepto, el neoliberalismo se convierte no solo en un proyecto económico sino, y en lo fundamental, en un proyecto político e histórico.
Si se le pide al Estado que sea un “Estado de derecho”, es porque se desconfía del Estado. Si se exige que conste en el marco constitucional la caracterización del Estado como “Estado de derecho” (con todos los adjetivos y variantes que puedan constar en el medio, como: social, constitucional, democrático, etc.), es porque se ve al Estado como una amenaza a la libertad fundamental de los individuos. El Estado debe ser construido sobre la desconfianza, el temor, la suspicacia de la sociedad civil, porque se trataría del ámbito de coerción, limitación, violencia, y de un poder desmesurado pero inevitable. Es el retorno a la visión hobbesiana del Estado, en el que éste era visto como el Leviatán, el monstruo marino del que habla la Biblia. Una visión en la que los hombres buscan imponer su interés egoísta y en la cual el hombre se convierte en lobo del hombre, para utilizar la pesimista metáfora de Thomas Hobbes.
Nada que ver con la idea del Estado como representante del “interés general” que expresaba un acuerdo expreso de individuos libres, iguales, racionales y autónomos según la idea de Rousseau. Nada que ver con la idea de la “soberanía limitada” de John Locke. Para los neoliberales, el Estado siempre es una amenaza y debe, por tanto, ser regulada y constreñida al máximo. En la distopía del neoliberalismo, el Estado debe desvanecerse poco a poco, hasta que quede solamente su cáscara de represión y uso legítimo de la violencia para proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Todo lo demás será realizado por la vía de los mercados. Por ello se le exige de entrada que se comprometa con el respeto a los derechos fundamentales, sobre todo con el derecho a la propiedad. Por ello, esa desconfianza en lo que pueda o deba hacer el Estado. Así, desde el Estado social de derecho, desaparece esa noción de lo público como el interés de todos, y de la planificación como una racionalización de la producción, la distribución y el consumo, y en su lugar permanece la racionalidad del interés egoísta de los consumidores como reguladores de la sociedad por la vía de los mercados.
Este concepto del Estado social de derecho vino en el equipaje de las reformas políticas, económicas e institucionales del FMI y del Banco Mundial. Al parecer, vino para quedarse. Es curioso, y una paradoja de la historia, que en contextos de insurgencia supuestamente radical en contra del neoliberalismo, como los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, las Constituciones de estos países adscriban y ratifiquen la noción neoliberal del Estado social de derecho y, al mismo tiempo, se declaren en contra del modelo neoliberal.
Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.
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