Por Ernesto Carmona*
El Plan Condor, un sistema para secuestrar, torturar y eliminar físicamente a cualquier persona por sus ideas o tendencias políticas, que funcionó en América Latina, sobre todo en época de las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, bajo auspicio de los EEUU sigue vigente hoy bajo otra forma y modalidad. Estas redes mundiales de represión trabajan a escala internacional y son capaces de actuar y secuestrar a cualquier persona y violar cualquier soberanía, incluso bajo régimen democrático. Cuentan con la complicidad de ciertas esferas estatales en el país donde intervienen. El caso chileno.
En Chile están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritarían una autorización del Congreso Nacional. La historia de espionaje CIA, relatada por Luis Narváez y Javier Rebolledo en el diario La Nación [1] del domingo 8 de junio, ocurrió en 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, pero salió a la luz en un informe reciente del departamento de Estado.
Bajo el título «El frustrado secuestro de la CIA», el diario asegura que en marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico.
Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó plagiar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil se negó a ser parte en el secuestro. Pareciera que la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) no enfrentó esta amenaza «terrorista», porque La Nación no le atribuye ningún protagonismo en esta intriga internacional, sino a una rama de la Policía de Investigaciones llamada Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).
¿Quién es el ciudadano libanés? El matutino asegura que le cambió la identidad para protegerlo, llamándolo «Arafat Ismail».
Se trataría de un comerciante que se instaló en la zona franca de Iquique después de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre 2001. Sin embargo, pareciera que la presa de la CIA era Assad Ahmad Barakat, supuestamente vinculado a «Arafat Ismail».
Para la CIA, Barakat es la cara visible de los negocios de una supuesta red de Hezbollah en Ciudad del Este, Paraguay, zona franca enclavada en la Triple Frontera con Argentina y Brasil, paraíso del contrabando y la falsificación industrial de relojes Rolex, cámaras, perfumes y toda clase de productos de “marca”.
Según La Nación para «la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11, Iquique". El diario dice que es el mismo domicilio que después dio "Ismail».
La Nación aseguró que una «fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región». Añadió que «cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile».
Destino: Guantánamo
La Nación : «El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino. Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos. Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat».
El «reportaje» se basa también en un informe publicado el 30 de marzo de 2007 por el Departamento de Estado «donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años». Según ese documento, "funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas".
En lo medular, el diario destacó “la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington”. Y añadió que “en la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA)”.
Entrado marzo de 2002, “los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail”, dijo La Nación. “Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a La Nación Domingo que "se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible".
¿Policías «buenos»?
Pero también existirían policías «buenos», o por lo menos respetuosos del estado de derecho.
La Nación: «La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho».
Según el diario, «los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que ‘la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión’. Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro».
«No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países", aseguró a La Nación “un alto jefe policial de la época».
El diario afirmó que “los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez”.
Epílogo y preguntas que nadie formula
El epílogo fue que “Arafat Ismail” abandonó Chile “por su cuenta” a mediados de 2002 y no fue a parar con sus huesos y en secreto a Guantánamo donde 270 seres humanos se pudren en una inhumana “prisión preventiva” acusados de “terrorismo”, muchos sin saber de qué se les acusa y la mayoría sin que se les hayan formulado cargos específicos, excepto 19 juicios militares sin ninguna garantía de equidad, todavía no iniciados y ahora en tela de juicio por una decisión de la Suprema Corte del 13 de junio permitiendo por tercera vez que los detenidos acudan a tribunales civiles federales donde el gobierno de Bush debe justificar sus acusaciones.
Las dos decisiones anteriores de la Corte no fueron tomadas en cuenta por el “estado de derecho” impuesto por la virtual dictadura de Bush. Y un segundo epílogo fue que en octubre 2002, M.T., la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA también abandonó el país”.
Pero más allá de la CIA haya terminado frustrada, quedan flotando muchas preguntas sin respuesta:
–¿Quién o quiénes autorizaron el ingreso de estos agentes al país?
–¿Cómo ingresaron los agentes de la CIA al país?
–¿Con qué documentos de identidad pasaron las fronteras y el control de la Policía Internacional?
–¿Con qué armamento e instrumentos tecnológicos de persecución y utilización policial ingresaron al país y cuánto dinero acreditaron para su estadía en Chile?
–Si ingresaron con documentación falsa, ¿fueron advertidos los policías que controlan el ingreso al país de cualquier ciudadano?
–¿Qué lección sacaron los detectives de Policía Internacional tras su experiencia con el ingreso de Alberto Fujimori a Santiago en 2005?
–¿Cuántos procedimientos de control policial se violaron con el ingreso de los agentes CIA?
–¿Quiénes elaboraron y archivaron las bitácoras de ingreso de los agentes de la CIA a Chile?
–¿Qué vehículos ingresaron al país?, ¿utilizaron placas diplomáticas para desplazarse en Chile?, ¿eran vehículos de la Embajada o vehículos arrendados a empresas chilenas colaboradoras de la CIA?
–¿En qué lugares y cuándo se alojaron los agentes durante su permanencia en Santiago, Iquique y otras ciudades del país?
–¿Cuáles fueron sus contactos con la ANI en Santiago, con los policías de Investigaciones y con funcionarios del Gobierno?
–¿Contaron con el apoyo logístico de otras embajadas, aparte de la de Estados Unidos?
–¿Qué han dicho sobre este tema los voceros del Gobierno, de la policía de Investigaciones, ministerio del Interior, Relaciones Exteriores?
Etcétera. Todas estas preguntas pueden originar a su vez otras interrogantes. Pero nadie las formula.
Fuente: Red Voltaire
Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Ernesto Carmona es miembro de la Red Voltaire y del movimiento Axis for Peace.
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