La izquierda contra la impunidad: el caso Divine

Laura Itzel Castillo

De la tragedia del viernes 20 de junio se puede escribir muchísimo y este espacio es insuficiente. Nada puede ser comparado a la muerte de un hijo. Hasta hoy, la información difundida permite establecer lo que ocurrió, de manera muy próxima a la realidad. Los videos, fotos y testimonios de los involucrados, dejan muy poco lugar a dudas. Entre los litigantes se dice que una serie de evidencias concatenadas hacen prueba plena.

Primeros apuntes: 1) las víctimas no pueden ser tratadas como delincuentes (¿por qué detienen a más de 100 jóvenes?); 2) tampoco se puede responsabilizar a los padres por no cuidar a los hijos (es propio del pensamiento conservador); 3) el antro funcionaba en condiciones inapropiadas de seguridad, con el riesgo de provocar una tragedia en caso de incendio, como ya ocurrió en el pasado con el caso de la discoteca Lobohombo; y 4) lo grave es que esta nueva tragedia derivó en un acto de autoridad.

Conclusión: existen diversos grados de responsabilidad, pero es un hecho inocultable que la policía capitalina actuó con negligencia criminal. Hubo errores graves de mando, de criterio, de técnica. ¿Quién ordenó cerrar las puertas?

Hace bien Marcelo Ebrard en reconocer errores. Deben deslindarse responsabilidades: legales, políticas, éticas. Que no quede duda qué le corresponde a cada quién. En ese sentido, las palabras deberán corresponder a los hechos.

El más grave problema de México se llama impunidad. Todo lo demás es consecuencia de ello. Un régimen autoritario no castiga a los delincuentes. Y los delitos emanados desde la autoridad o desde el poder, menos. Aquí los únicos culpables son los pobres, porque no pueden comprar a la justicia.

Dicen que el poder iguala a las personas. En muchos casos es verdad, pero cada quien construye su destino. Desde la izquierda no puede haber impunidad.

Ya la administración pasada del Distrito Federal procesó penalmente a diversas personas relacionadas con presuntos actos de corrupción, a diferencia del PAN y del PRI —la derecha siamesa—, que protegen a capa y espada a sus criminales.

Ahí están los gobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín, así como el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y los hermanos Bribiesca.

Esa es, precisamente, una de las principales diferencias entre ellos y nosotros. La ética no está reñida con la praxis política, pero hay que demostrarlo todos los días.