Por José Alejandro González Garza
La tragedia del News Divine, ocurrida el pasado viernes, puede ser un ejemplo más de la corrupción imperante en nuestra sociedad o bien convertirse, mediante la reflexión y la acción, en el fulcro de un movimiento que genere responsabilidad social y motive al cambio.
En un operativo realizado por la Policía del DF, bajo las órdenes de Guillermo Zayas, coordinador de la Unipol, murieron 12 personas, incluyendo siete menores de edad, así como tres elementos de seguridad de la Ciudad de México, al quedar atrapados en el antro sin poder escapar al caos ocasionado entre los más de 600 jóvenes asistentes por los 200 policías que sorpresivamente entraron en acción.
La Policía respondió a la denuncia de vecinos que reportaron la venta de drogas y alcohol a menores en la discoteca News Divine, propiedad de Alfredo Maya Ortiz, mediante un operativo con aparentes objetivos mediáticos. Esto resultó contraproducente y lamentablemente contribuyó a la muerte de 12 personas, entre civiles y policías.
La opinión pública inmediatamente se volcó contra la Policía y su personal de mando, no sin justificación. Vivimos en un país en el que la mayoría de la población les teme a los guardianes del orden toda vez que utilizan sus facultades y la autoridad que les brinda una placa o un nombramiento no para cuidar el orden público, sino para extorsionar impunemente a la población.
Particularmente la clase media y baja son objeto de este trato. Víctimas y victimarios sufren por igual. Los primeros para obtener justicia o al menos un pobre remedo de ella, y los segundos para escaparla y expiar, por la vía económica, sus penas.
Por ello no es de extrañar que los primeros culpables en la mente de los jóvenes y los padres de las víctimas sea la policía que intervino. Es cierto que actuaron con torpeza e ineptitud en la planeación y ejecución del operativo. El bien común se hubiera servido mejor si arrestaban al dueño y al barman por corrupción de menores, multaban y clausuraban al negocio por servir alcohol a menores y por no cumplir con la normas de protección civil.
No había necesidad de que murieran jóvenes o policías para ello. Si alguien faltaba por arrestar, serían los vendedores de droga en el antro. No tenía caso arrestarlos si se buscaba poner fin a la venta de alcohol y drogas a menores. Por su misma condición (de menores) son inimputables, es decir, eximidos de responsabilidad. Sin embargo, arrestarlos podía generar un jugoso botín para evitar pasar la noche en la cárcel.
Un operativo multitudinario también crea un impacto mediático que pudiera generar capital político para la autoridad que aparece imponiendo orden en la ciudad. Desafortunadamente, el impacto se dio, pero no por las razones esperadas. Marcelo Ebrard enfrenta la rabia pública por la innecesaria muerte de 12 personas, se pide la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y se consignó por homicidio culposo al coordinador de la Unipol, Guillermo Zayas, quien dudo sea condenado.
El homicidio culposo se comete violándose un deber de cuidado que personalmente le incumbe al acusado, o bien por impericia o ineptitud. Si bien se puede acusar a la Policía de inepta, en realidad corresponde al responsable del local asegurarse de que el mismo cuente con salidas de emergencia y que no haya sobrecupo. Es él quien tiene el deber de cuidar que su local cumpla con la ley, evitando el ingreso o la venta de alcohol a menores y el sobrecupo.
El empresario Alfredo Maya Ortiz decidió a conciencia autorizar o al menos condonar la venta de alcohol a menores en su local; ganarse muchos pesos más permitiendo la entrada a más personas de las que cabían con seguridad en la disco y ahorrarse las modificaciones al local para tener accesos suficientes y seguros.
¿Por qué? Porque como muchos empresarios en México, sabe que es más barato pagar la multa o dar mordida que hacer las cosas bien. Los beneficios superan por mucho a los costos. Tampoco se puede culpar a los inspectores, es imposible vigilar cada negocio en una gran ciudad. La solución es la convicción de hacer las cosas bien, si no por otra razón que por temer las consecuencias de hacerlo mal: el pago de cuantiosas sumas económicas para reparar el daño a consecuencia de una demanda civil o hasta la pérdida de la libertad por responsabilidad penal.
Las condiciones están puestas para hacer de esta tragedia un parteaguas de la vida nacional. No en lo político, sino en lo económico y social, sentando las bases de una verdadera responsabilidad donde hacer las cosas bien sea la única manera de hacer negocio, por el bien de todos.
El autor es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
La tragedia del News Divine, ocurrida el pasado viernes, puede ser un ejemplo más de la corrupción imperante en nuestra sociedad o bien convertirse, mediante la reflexión y la acción, en el fulcro de un movimiento que genere responsabilidad social y motive al cambio.
En un operativo realizado por la Policía del DF, bajo las órdenes de Guillermo Zayas, coordinador de la Unipol, murieron 12 personas, incluyendo siete menores de edad, así como tres elementos de seguridad de la Ciudad de México, al quedar atrapados en el antro sin poder escapar al caos ocasionado entre los más de 600 jóvenes asistentes por los 200 policías que sorpresivamente entraron en acción.
La Policía respondió a la denuncia de vecinos que reportaron la venta de drogas y alcohol a menores en la discoteca News Divine, propiedad de Alfredo Maya Ortiz, mediante un operativo con aparentes objetivos mediáticos. Esto resultó contraproducente y lamentablemente contribuyó a la muerte de 12 personas, entre civiles y policías.
La opinión pública inmediatamente se volcó contra la Policía y su personal de mando, no sin justificación. Vivimos en un país en el que la mayoría de la población les teme a los guardianes del orden toda vez que utilizan sus facultades y la autoridad que les brinda una placa o un nombramiento no para cuidar el orden público, sino para extorsionar impunemente a la población.
Particularmente la clase media y baja son objeto de este trato. Víctimas y victimarios sufren por igual. Los primeros para obtener justicia o al menos un pobre remedo de ella, y los segundos para escaparla y expiar, por la vía económica, sus penas.
Por ello no es de extrañar que los primeros culpables en la mente de los jóvenes y los padres de las víctimas sea la policía que intervino. Es cierto que actuaron con torpeza e ineptitud en la planeación y ejecución del operativo. El bien común se hubiera servido mejor si arrestaban al dueño y al barman por corrupción de menores, multaban y clausuraban al negocio por servir alcohol a menores y por no cumplir con la normas de protección civil.
No había necesidad de que murieran jóvenes o policías para ello. Si alguien faltaba por arrestar, serían los vendedores de droga en el antro. No tenía caso arrestarlos si se buscaba poner fin a la venta de alcohol y drogas a menores. Por su misma condición (de menores) son inimputables, es decir, eximidos de responsabilidad. Sin embargo, arrestarlos podía generar un jugoso botín para evitar pasar la noche en la cárcel.
Un operativo multitudinario también crea un impacto mediático que pudiera generar capital político para la autoridad que aparece imponiendo orden en la ciudad. Desafortunadamente, el impacto se dio, pero no por las razones esperadas. Marcelo Ebrard enfrenta la rabia pública por la innecesaria muerte de 12 personas, se pide la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y se consignó por homicidio culposo al coordinador de la Unipol, Guillermo Zayas, quien dudo sea condenado.
El homicidio culposo se comete violándose un deber de cuidado que personalmente le incumbe al acusado, o bien por impericia o ineptitud. Si bien se puede acusar a la Policía de inepta, en realidad corresponde al responsable del local asegurarse de que el mismo cuente con salidas de emergencia y que no haya sobrecupo. Es él quien tiene el deber de cuidar que su local cumpla con la ley, evitando el ingreso o la venta de alcohol a menores y el sobrecupo.
El empresario Alfredo Maya Ortiz decidió a conciencia autorizar o al menos condonar la venta de alcohol a menores en su local; ganarse muchos pesos más permitiendo la entrada a más personas de las que cabían con seguridad en la disco y ahorrarse las modificaciones al local para tener accesos suficientes y seguros.
¿Por qué? Porque como muchos empresarios en México, sabe que es más barato pagar la multa o dar mordida que hacer las cosas bien. Los beneficios superan por mucho a los costos. Tampoco se puede culpar a los inspectores, es imposible vigilar cada negocio en una gran ciudad. La solución es la convicción de hacer las cosas bien, si no por otra razón que por temer las consecuencias de hacerlo mal: el pago de cuantiosas sumas económicas para reparar el daño a consecuencia de una demanda civil o hasta la pérdida de la libertad por responsabilidad penal.
Las condiciones están puestas para hacer de esta tragedia un parteaguas de la vida nacional. No en lo político, sino en lo económico y social, sentando las bases de una verdadera responsabilidad donde hacer las cosas bien sea la única manera de hacer negocio, por el bien de todos.
El autor es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
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