A devolver la macrolimosna

felipe cobián y víctor m. lópez Álvaro Guadalajara, Jal., (apro).- De manera inesperada, el pasado viernes 13 el cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió a la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires que, en bien de “la paz, la armonía y caridad cristianas”, devuelva los 30 millones de pesos que le entregó el gobernador del estado como adelanto de la macrolimosna de 90 millones de pesos que le prometió públicamente.

Ese adelanto, para el que Emilio González Márquez echó mano de recursos públicos, ha provocado más de 7 mil denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), así como una investigación oficial de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, a petición de la Cámara de Diputados.

El 24 de marzo pasado, en una ceremonia efectuada en la Casa Jalisco –residencia oficial del mandatario– y a la que asistió Sandoval Íñiguez, González Márquez entregó a la mencionada fundación el cheque por 30 millones de pesos, fechado el 13 del mismo mes.

Pero el viernes 13 de junio, de viva voz, el cardenal Sandoval expuso lo que poco después el Arzobispado difundió en un comunicado:

“Como pastor de esta iglesia de Guadalajara, estimo que la paz y la concordia en la sociedad debe estar por encima de cualquier otra cosa. Por tal motivo, y tomando en cuenta las inconformidades que se han dado a propósito de los recursos que el gobierno del estado de Jalisco aportó para la obra de caridad del Santuario de los Mártires de Cristo, le pido a la comisión de finanzas de la Fundación Pro-Construcción del Santuario de los Mártires de Cristo, A.C., considere la posibilidad de devolver dichos recursos. La armonía y caridad cristianas forman parte importante del Reino de Dios, que el Señor nos manda buscar en primer lugar”.

A este breve comunicado, la oficina de comunicación social del Arzobispado añadió la aclaración de que el cardenal “no pidió ni tiene dicha aportación”, por lo que sugiere a la fundación que regrese el dinero.

El secretario de la fundación y tesorero en funciones, Juan Manuel Hernández, dijo ser el primer sorprendido ante la petición del cardenal, acotó que desconoce si ya se gastó el dinero y señaló que “será la comisión de finanzas de la fundación la que decida si es posible devolver el donativo”.

El martes 11, el Arzobispado informó que Sandoval Íñiguez se presentará a declarar ante el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, Héctor Martínez Flores, sobre el caso de la macrolimosna, puesto que un grupo de particulares interpuso un amparo (991/2008) para impedir la entrega de los 60 millones restantes que prometió Emilio González.

La institución católica confirmó que la investigación sobre el fundamento legal de la aportación del gobierno del estado seguirá su curso, “lo mismo que la respuesta del purpurado al citatorio del juez tercero del Tribunal de lo Administrativo”, el próximo martes 24.

Todos inconformes

El 24 de marzo, durante la entrega del cheque por 30 millones de pesos en la Casa Jalisco, Sandoval Íñiguez aseguró que el donativo “tiene pleno carácter legal” y que cumplía con las leyes de transparencia y de “la ley que contempla apoyar al turismo religioso”.

Así mismo, el jerarca católico reconoció que la macrolimosna causaría críticas, pero agradeció el apoyo del gobernador:

“A nombre de obispos, sacerdotes y fieles de esta Arquidiócesis de Guadalajara, doy a usted y a sus colaboradores las más sinceras gracias por esta oportuna ayuda para el Santuario de los Mártires.

“La mayoría de la gente comprende la importancia y el significado actuales y futuros de este santuario. Los católicos y las personas de buena voluntad agradecerán su ayuda, la cual, en realidad, es una inversión a mediano y largo plazo en bien de esta ciudad y del estado de Jalisco.”

Y remató: “Que Dios les pague y bendiga”.

Tan pronto fue entregado de manera oficial el cheque por 30 millones el 24 de marzo, el rechazo a la macrolimosna se generalizó en la sociedad, incluidos miles de católicos y miembros del clero.

Ante esas reacciones, el vocero del arzobispado, Antonio Gutiérrez Montaño, declaró: “Si se determina que (la entrega del donativo) es un acto ilegal, no iremos en contra de las leyes” (Proceso Jalisco 181). En cambio, el tesorero de la Fundación Pro Santuario de los Mártires, Juan Manuel Hernández, dijo de inmediato que el dinero no sería devuelto al gobierno del estado “porque es para obras sociales”.

No obstante, miles de personas acusaron a González Márquez, miembro destacado de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, de violar la Constitución Política y concretamente la laicidad del Estado mexicano. Después se presentaron 7 mil quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por el uso discrecional de recursos públicos.

Semanas después de la entrega oficial del adelanto de 30 millones, Sandoval Íñiguez minimizó estas denuncias; dijo incluso que no le preocupaba si se presentaban 3 millones de ellas.

En su edición del pasado 30 de marzo, Semanario, el órgano oficial de la Arquidiócesis de Guadalajara, justificó:

“Aunque las aportaciones de los fieles católicos han sido generosas y constantes, no han resultado suficientes. De ahí que una importante y saludable inyección monetaria al proyecto, como la que anunció por parte del estado el gobernador Emilio González Márquez, vendrá a fortalecer y a acelerar los trabajos. Se trata de dinero del erario público, proveniente de ciudadanos contribuyentes y que será destinado a estimular la promoción del turismo religioso.”

Sin embargo, el vocero de la Arquidiócesis, Antonio Gutiérrez Montaño, aseguró a este semanario que el donativo “no era estrictamente necesario” (Proceso Jalisco 181, del 27 de abril).

Ilegalidad

Los 30 millones de pesos del adelanto para el Santuario de los Mártires se extrajeron de la partida presupuestal 4222 Promoción Turística, a través del Programa de Apoyo a Sitios de Interés Turístico, que exigía al menos ocho requisitos para tener acceso a esos recursos. Sin embargo, la fundación solicitante no cumplió la mitad de esas condiciones.

Debió entregar su acta constitutiva actualizada, la descripción del proyecto para el cual solicitó el apoyo y una constancia en la que indicara claramente que éste no es incompatible con su objeto social.

Así mismo, la fundación tenía que justificar los beneficios directos e indirectos que obtendrá el estado e indicar el costo total de la obra desglosando la cantidad de apoyo solicitado y cómo se financiará el resto.

Las reglas del programa exigen además que la organización solicitante entregue una carta compromiso para asegurar que cumplirá la normatividad establecida e incluir una “relación sucinta y detallada de los conceptos a los que serán destinados los apoyos otorgados”, lo mismo que el calendario físico y financiero de la ejecución del proyecto.

Documentos obtenidos por Proceso muestran que la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires entregó una solicitud de sólo dos cuartillas, su acta constitutiva, la carta compromiso –sin la firma del presidente de la fundación, Carlos Álvarez Bermejillo– y el programa financiero de la obra, incluyendo una descripción arquitectónica.

Sin embargo, no entregó la relación “de los conceptos que serán cubiertos con el apoyo solicitado”, no especifica cómo se financiará el resto del proyecto y tampoco presentó la “justificación de los beneficios directos e indirectos” para el estado (Proceso 1646).

A esas carencias de documentación deben agregarse irregularidades como el hecho de que la solicitud del donativo se hizo en papel membretado de una constructora propiedad del secretario de la fundación, Juan Manuel Hernández Méndez.

Además, en el expediente gubernamental de la macrolimosna los documentos que deberían servir de sustento jurídico carecen de número de folio y no están firmados por los funcionarios que realizaron los oficios, lo que se presta a la manipulación y alteración de los mismos.

Posteriormente y ante la presión pública, en una visita al Santuario de la Virgen de Talpa de Allende el gobernador anunció que se invertirán 90 millones de pesos, a largo plazo, para mejorar las rutas de los peregrinos. Hasta ahora no se sabe que se haya realizado alguna.

Lo que sí está documentado es que un año antes Emilio González donó a Televisa 67.5 millones de pesos para su programa Espacio 2007 y alrededor de 40 millones para el Teletón, más una cantidad similar tanto en efectivo como en apoyo logístico y viáticos para la producción de la telenovela Las tontas no van al cielo.

El mandatario panista también repartió dinero a otras empresas: 34 millones a la trasnacional Flextrinix, con el mismo pretexto de “generar empleos”; y a Televisión Azteca y MTV para la producción de distintos programas.

El 24 de abril pasado aportó “un pinche papelito” de 15 millones de pesos para la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.

En esa ocasión, en el Banquete del Hambre, a voz en cuello y alcoholizado el jefe del Ejecutivo estatal dijo que le “valían madre” las críticas por sus donativos.

Y ante el cardenal Juan Sandoval Íñiguez soltó desde el estrado:

“Digan lo que quieran –perdón, señor cardenal–, chinguen a su madre. Ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen (sobre la macrolimosna) me vale madre, así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco”.

Ya encarrerado, soltó: “Este es un cuete, no me importa, me cae, don Juan (Sandoval), absuélvame desde allá”... Y enseñó el cheque por 15 millones. Según él, no tenía que consultar a nadie: “La gente votó por mí”.