Por el Doctor Luís Javier Garrido
“Las decisiones deben ser democráticas... los Consejos Técnicos sustituidos por profesores y alumnos... el Consejo Universitario dejar su lugar a la comunidad... estudiantes, trabajadores y académicos tomados en cuenta para designar directores... suprimir el Tribunal Universitario... el Rector dejar de ser dotado de facultades excesivas”, son sus propuestas.
“La matrícula universitaria ampliada... fortalecer la docencia... fomentar el desarrollo de actividades culturales... que todos los alumnos practiquen un deporte”, propone.
México se halla inmerso en un proceso inédito de derechización y la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra una vez más ante el peligro de que las fuerzas más retrógradas del país aprovechen la coyuntura actual para acelerar el proceso de privatización y de destrucción de la misma, conforme lo prevén los programas neoliberales, impulsados por el gobierno de Estados Unidos y por el gran capital a través del FMI, el Banco Mundial y la OCDE.
La derecha mexicana ha visto en la destrucción de la UNAM , que es la universidad más importante de América Latina y del mundo de habla española, uno de sus objetivos, y al margen de cuál de los aspirantes oficiales sea el que la Junta de Gobierno de la UNAM busque imponer, el sector democrático de la UNAM debe aprovechar este momento e impedir que la UNAM vaya hacia un proceso de privatización más abierto.
La UNAM es un proyecto de la Nación mexicana, edificado a través del esfuerzo de muchas generaciones, y no puede ser un botín de grupos de tecnoburócratas o del gran capital.
Los actuales aspirantes oficiales pretenden todos defender a la universidad pública siendo que la mayor parte de ellos la combatieron en 1999, pero no pueden ocultar sin embargo algunos rasgos de su verdadero proyecto: el establecimiento subrepticio de nuevas cuotas, la entrega de los proyectos de docencia e investigación a lo que llaman “el sector productivo”, es decir al gran capital, la substitución de la actual planta académica que consideran está integrada por profesores comprometidos con el proyecto universitario histórico por nuevas generaciones de académicos neoliberales, la destrucción completa del proyecto de los CCH's, una mayor separación de la investigación de la docencia, el abandono de las preparatorias, o la partición de Ciudad Universitaria en varios campus.
Las autoridades neoliberales que ha tenido la Máxima Casa de Estudios de México desde 1985 han buscado desmantelar el proyecto histórico de la UNAM , privatizándola y poniéndola al servicio del gran capital, y todos sin excepción han debido enfrentarse a vigorosas respuestas de la comunidad universitaria impidiéndoles avanzar en sus designios. El Movimiento Estudiantil y Popular de 1999-2000 encabezado por el Consejo General de Huelga (CGH), constituyó un parteaguas en la historia universitaria reciente pues no obstante enfrentar al gobierno federal, a los partidos y a los medios, empecinados todos en instaurar cuotas y privatizar la educación superior en contra de los principios constitucionales e históricos del país, y en impulsar una “solución de fuerza”, fue un movimiento victorioso que logró detener la ofensiva privatizadora y obligó al gobierno federal y a las autoridades universitarias a dar marcha atrás, no obstante la cárcel y la represión sufrida por muchos de sus integrantes.
La gestión de De la Fuente , a pesar de lo que dice la propaganda oficial, ha constituido un período de múltiples regresiones, ya que la privatización ha continuado de manera soterrada y de los programas de estudio se han suprimido disciplinas que no convienen al capital privado, la investigación está cada vez más financiada por corporaciones y al servicio de éstas, las cuotas de servicios, exámenes y procesos de titulación se han ampliado, la difusión de la cultura se ha tornado cada vez más elitista y las instalaciones universitarias se hallan subutilizadas en un país que reclama un crecimiento de la matrícula, sin olvidar que la corrupción se ha incrementado como el autoritarismo que ha llevado a que decenas de estudiantes hayan sido expulsados por motivos políticos.
La crítica situación actual no debe soslayarse y es urgente una participación en la coyuntura actual para expresar la voz que refleje la posición de miles de universitarios en torno a una serie de ideas centrales.
La Universidad Nacional Autónoma de México es una comunidad de cultura de más de 350 mil miembros cuyo potencial de creatividad no está plenamente aprovechado porque sus formas de organización y de trabajo están sustentadas en criterios de control y en formas autoritarias de organización que inhiben en buena medida, ese potencial.
En el ámbito académico debe revertirse la situación actual en la que la burocracia se ha impuesto a la academia y fortalecer un proyecto que se ha desviado en el que debe prevalecer un conocimiento crítico y de compromiso con el pueblo.
Las formas de toma de decisión, tanto a nivel local en cada plantel como a nivel global, deben ser a su vez revisadas para incorporar a las mismas, con criterios democráticos, a la comunidad afectada por ellas. De tal manera, los Consejos Técnicos deben ser sustituidos por órganos paritarios de profesores y alumnos en los que exista también una representación de los trabajadores, a fin de transformarse en espacios amplios de reflexión, discusión y decisión. El Consejo Universitario debe dejar su lugar a un organismo realmente paritario y representativo de la comunidad, libremente electo, y sustentado en principios democráticos y de revocación del mandato. El actual mecanismo de designación de directores de facultades, escuelas, institutos y centros en manos de la Junta de Gobierno ha de ser en consecuencia suprimido y sustituido por mecanismos democráticos en los que participen estudiantes, trabajadores y académicos. El Tribunal Universitario, que ha sido un órgano de represión en manos de las autoridades administrativas, y cuya existencia violenta el orden constitucional del país, debe a su vez ser suprimido. El Rector en consecuencia ha de dejar de ser un funcionario situado al margen de la normatividad universitaria y dotado de facultades excesivas que lo sitúan por encima de los otros órganos de gobierno universitario para convertirse, como en la mayor parte de las universidades del mundo, en uno más entre sus pares.
La enorme y costosa burocracia universitaria, integrada por miles de funcionarios de confianza, y que ha prevalecido en los últimos decenios por sobre la academia, debe ser reducida a su mínima expresión y en el futuro han de trasparentarse sus tareas y sus ingresos.
Los trabajadores universitarios constituyen un pilar fundamental de la comunidad y lo que es la UNAM no sería entendible sin ellos El aumento de los salarios de los trabajadores universitarios debe ser por lo mismo entendido como una prioridad de la Universidad Nacional , además de que debe abrírseles a todos ellos la oportunidad para incorporarse a las actividades educativas, artísticas y deportivas.
El presupuesto universitario debe ser ampliado con una exigencia cada vez más firme ante las autoridades federales pero también debe ser objeto de un manejo racional y democrático que tome en cuenta las preocupaciones del conjunto de la comunidad a fin de que se termine con las prácticas actuales de dispendio y corrupción, y en el desorden que hoy prevalece pues diversos sectores la burocracia intervienen en él de manera irracional.
Un manejo racional del presupuesto que suponga poner un alto a la actual política de dispendio y de manejo patrimonial del mismo por la alta burocracia de la UNAM permitiría elevar sustancialmente los sueldos de todos los trabajadores universitarios y hacer efectiva la gratuidad, pues es una vergüenza que existan funcionarios que ganan más de cien mil pesos al mes y profesores de asignatura que reciben menos de mil pesos. Los sueldos de los profesores por horas, responsables en la actualidad de la mayor carga docente, deben elevarse y darles mayores oportunidades de optar por plazas de profesores de tiempo completo.
La normatividad universitaria puede y debe ser modificada democráticamente por los propios universitarios, como ya se ha discutido de manera muy amplia en el pasado, sin necesidad de hacer intervenir al Poder Legislativo, y en ese ámbito hay que tomar medidas urgentes. Los Acuerdos del Congreso General Universitario de la UNAM de 1990, que el Consejo Universitario se había comprometido a hacer suyos, deben ser asumidos por éste cuanto antes. Las contrarreformas universitarias del llamado “Plan Barnés”, que se buscó imponer de manera antidemocrática generando el conflicto y la huelga de 1999, y que las actuales autoridades se comprometieron a suspenderlas hasta la reunión de un nuevo Congreso Universitario, deben ser definitivamente suprimidas de la legislación universitaria pues permanecen ahí pendiendo cual espada de Damocles sobre los universitarios. A los cientos de estudiantes expulsados tras estos acontecimientos debe serles concedida una amnistía a fin de que puedan retornar a su Universidad y concluir sus estudios.
La matrícula universitaria debe ser sustancialmente ampliada, pues no obstante que existe espacio suficiente y una infraestructura adecuada para incorporar a la UNAM , desde el bachillerato hasta el posgrado, a un número mayor de estudiantes en términos reales la Universidad ha decrecido. En los CCH debe regresarse al sistema de cuatro turnos e implementar lo propio en las preparatorias, además de utilizar de mejor manera las instalaciones los fines de semana.
La docencia tiene que fortalecerse pues ha sido cada vez más despreciada en los proyectos recientes, en particular en el bachillerato y en los primeros años de la licenciatura. No puede desconocerse que existen serias dificultades de los alumnos en el aprendizaje, y aunque los índices de reprobación y deserción son inferiores a los de las universidades privadas, no por ello son aceptables. Muchas de las dificultades son inherentes al sistema educativo nacional en sus niveles, elemental y medio, pero la UNAM debe responsabilizarse plenamente de sus alumnos y dedicar especial atención a este problema. En este aspecto debe ampliarse la oferta de aprendizaje de idiomas a todos los estudiantes. Los semestres, hoy reducidos a 16 semanas, deben ser ampliados para evitar prosiga el empobrecimiento de los cursos.
Las actividades culturales que lleva a cabo la UNAM están cada vez más marcadas por el mercantilismo y en consecuencia ésta no cumple debidamente su tarea fundamental en el ámbito de la difusión de la cultura a nivel nacional, como tampoco lo hace en el ámbito interno. Es menester fomentar el desarrollo masivo de todo tipo de actividades culturales en facultades y escuelas, hoy en manos de la iniciativa estudiantil, pues resulta inaceptable que los auditorios de la mayoría de las escuelas y facultades permanezcan cerrados la mayor parte del tiempo, cuando no alquilados para fines privados. Deberían existir grupos musicales, pequeñas orquestas y coros, grupos de danza en cada escuela e impartirse cursos de pintura y dibujo. La música clásica, por ejemplo, que como dijera un músico surgió de unos cuantos para unos pocos y luego fue de unos cuantos para muchos, debe ser de muchos para muchos.
Este deterioro de la vida cultural en la UNAM tiene que ver de manera importante con el hecho de que dos de sus escuelas fundamentales se hallan hoy en día lejos del campus de Ciudad Universitaria por absurdas razones de carácter político: la Escuela Nacional de Música y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Al margen de que éstas puedan seguir teniendo enclaves en diversos ámbitos de la ciudad, deben ser trasladadas a Ciudad Universitaria.
La UNAM tiene la obligación de fortalecer su presencia en la sociedad por el uso de los medios masivos de comunicación en la educación y la cultura del pueblo, y en particular la radio y la televisión, fortaleciendo nuevos proyectos como el de apoyar la instalación de radios comunitarias en las zonas marginadas.
Las actividades deportivas en la Universidad Nacional están hoy reducidas a su mínima expresión, existiendo un absoluto divorcio entre la preparación cultural y física de los alumnos y desaprovechándose las espléndidas instalaciones universitarias, por lo que deben instaurarse mecanismos para que todos los alumnos practiquen un deporte de manera regular y sistemática.
La UNAM tiene que responsabilizarse por el establecimiento de un sistema digno de comedores y cafeterías universitarias de calidad, que resuelvan el problema de la alimentación de sus estudiantes a precios accesibles, pues el sistema actual es inaceptable. Las cafeterías que hoy existen, a excepción de la de Ciencias , son negocios de concesionarios que obligan a los jóvenes a consumir productos de escasa calidad en las postas y puestos ambulantes con las consecuencias negativas que esto entraña para su salud.
La Universidad Nacional debe preocuparse seriamente por la salud de sus estudiantes, académicos y trabajadores, y resulta impostergable por lo mismo que no se establezca lo antes posible en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y no lejos de la Facultad de Medicina, un Hospital de la UNAM , similar a los que existen en muchas de las grandes universidades estadounidenses, el que sea además de un espacio de excelencia para la docencia y la investigación una institución de servicio social vinculada a la comunidad.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha cumplido con un papel relevante en el México del siglo XX y éste no debe trastocarse subordinándola a proyectos y programas privatizadores que han fracasado y están siendo desechados en muchos países, sino por el contrario confiar en su vocación crítica sustentada en los principios de libertad de cátedra y de investigación e impulsar una más amplia vinculación de sus tareas con el pueblo de México.
Ciudad Universitaria / Otoño de 2007.
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