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24 mayo 2008

Política de cooperación

Ifigenia Martínez

En México parece haber menos interés que en otras ocasiones por el próximo cambio de presidente en EU. Influye el reconocimiento de un poder bien constituido en el vecino país, que no prevé un giro significativo en su política exterior ni militar ni económica que conduzca a suspender los conflictos militares o a una acción sustantiva ante los cambios ambientales y la crisis de recursos, en especial la del petróleo.

Con un nuevo liderazgo en EU el avance democrático en Europa, en América Latina y aun en Asia podría contribuir a fortalecer el funcionamiento de los organismos especializados de la ONU y la UE, y dar un nuevo impulso a los esquemas de cooperación técnica y económica, hoy tan menguados con la extinción del esquema bipolar que mantenía la antigua URSS.

Existe una nueva realidad internacional y un avance democrático en América Latina, en un entorno de aparente estabilidad que esconde una terrible desigualdad de ingresos y riqueza, que podría atenuarse con nuevos esquemas de amplia cooperación económica que incluyera temas no sólo de recursos, como la diversidad energética, sino culturales, como el del cumplimiento real de los derechos humanos, entre otros el de acceso a la educación y al empleo como se intenta en la UE.

En el sentido de un nuevo orden interamericano, el hecho de que el próximo presidente de EU sea por primera vez un afroestadounidense es reconfortante, porque indica que los valores de igualdad de oportunidades se respetan, independientemente de los orígenes raciales de la persona. Si bien la contienda electoral no ha terminado, el casi seguro candidato del Partido Demócrata, Barack Obama, sería el primer presidente afroestadounidense, pues su oponente, el republicano John McCain, hereda la debilidad y desencanto interno del actual presidente Bush, el sufrimiento y sangre derramada por la costosa, despiadada e inútil intervención militar en Irak, y el estancamiento de la economía, que puede durar mucho tiempo, recordando la de Japón de casi nueve años.

Aparentemente ahora es menor la presión de Washington en América Latina y en México, y está contrarrestada con un fuerte avance democrático en los países del Sur. Sin embargo, la aparente estabilidad política en México contiene graves problemas no resueltos relacionados con el lento crecimiento del PIB incapaz de resolver la demanda de empleo y salarios remunerativos de una creciente fuerza de trabajo que se ha visto obligada a refugiarse en la informalidad y aun en la ilegalidad. Además hay que considerar los complejos efectos de una emigración forzada.

Otro acuciante problema bilateral es el de las drogas, cuyo tráfico y consumo registra un preocupante ascenso en México y en el cual la cooperación de EU a través de la Iniciativa Mérida no parece ser la solución. Ya México está empleando la fuerza militar para el combate del narcotráfico, pero las enormes utilidades, así sean ilícitas, confrontadas con una baja generación de empleo, han motivado un incremento en la violenta competencia de los cárteles y de éstos con el Ejército ahora involucrado, la policía y los encargados de restablecer el orden, en especial en la frontera donde coexiste el consumo de la población del país vecino. La manera de combatir el empleo informal y el ambiente delictivo que propicia requiere una política económica diferente y una institucionalidad para llevarla a cabo, inexistente por ahora en México.

Esperamos que el cambio de gobierno en EU permita un resurgimiento de una política de cooperación económica que sustituya, o cuando menos supere, las graves deficiencias del TLCAN y cuyo objeto sea el empleo y no el simple comercio de bienes y servicios que ha favorecido enormemente a los grandes consorcios, pero no a los trabajadores ni a sus familias.

La perspectiva de una nueva política hacia América Latina, que se acerque más a una cooperación como la de la Unión Europea, nos llevará a celebrar el triunfo de un nuevo presidente que sustituya la belicosidad y mediocridad del actual mandatario.

Presidenta del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista

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