El debate sobre la participación del capital privado en una industria petrolera nacional es sencillo, “de economía política”, plantea Bernardo Alvarez Herrera, embajador de Venezuela en Estados Unidos. Con una larga trayectoria profesional en el sector energético de su país, el diplomático considera que el punto de definición es hacia dónde se debe dirigir la riqueza que genera la explotación de hidrocarburo: a beneficiar a un grupo de accionistas de una compañía particular, o a financiar necesidades del crecimiento en un país en desarrollo, como es el caso de las naciones latinoamericanas productoras de crudo.De paso por México, el embajador Alvarez Herrera habla, en una entrevista solicitada por La Jornada, del proceso vivido por su país en la última década para retomar el control estatal sobre la propiedad y los beneficios de la explotación del petróleo, una dinámica que ha llevado a Venezuela a enfrentar un litigio sin precedente con la multinacional ExxonMobil, que ha decidido recurrir a una corte internacional –cuya jurisdicción no reconoce Caracas– para reclamar un supuesto daño patrimonial, en un proceso que esta semana entrará en una fase de definiciones.
Ex presidente de la comisión de energía y minas del congreso venezolano, ex director general de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas y también ex viceministro de petróleo y gas, Alvarez Herrera explica que hasta antes de 1999 hubo una “simulación legal” en su país para, sin modificar la Constitución, crear mecanismos que permitieron a empresas trasnacionales extraer riqueza de la explotación del crudo, a costa de transferir menores beneficios al Estado. Un proceso que, asegura, prácticamente se ha revertido en el actual gobierno del presidente Hugo Chávez.
La industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1976. En los siguientes años, el régimen de propiedad permitía al Estado obtener ingresos derivados de la actividad petrolera por el equivalente a siete de cada 10 dólares que se exportaban de crudo. Pero en la siguiente década inició un “proceso de apertura” de la industria nacional, que provocó que sólo cuatro de cada 10 dólares por exportaciones petroleras fueran al Estado. Este proceso consistió en reducir los impuestos a la renta a las empresas extranjeras y abatir el pago de otras contribuciones fiscales. “Con este desplome en los ingresos fiscales cualquier gobierno se caía. Esta caída en los ingresos tuvo que ver con la crisis política, con el desplome político en Venezuela, porque el gobierno se quedó sin ingresos”, explica el diplomático, quien se encuentra en México para discutir los términos de un convenio de colaboración entre La Jornada y el Ministerio de Cultura de Venezuela.
La perversión de simular concesiones
La Constitución venezolana, después de la nacionalización de 1976, eliminó las concesiones a empresas privadas. El grupo político y económico que controlaba el aparato público y a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) simulaba, dice, concesiones a partir de otorgar a compañías extranjeras “contratos para prestar servicios” en un campo específico, incluso para exploración, bajo el argumento que se trataba de yacimientos agotados.
Para dar vuelta a las prohibiciones constitucionales, en Venezuela, relata el diplomático, se crearon convenios de asociación, acuerdos de ganancias compartidas y otras figuras como la “asociación estratégica” en bloques que se decía eran marginales pero producían 90 mil barriles por día.
“Otra gran perversión fue la de conceder, desde la óptica del grupo que controlaba al aparato público, una autonomía a PDVSA, empresa creada a partir de la nacionalización de 1976. Esta empresa pasó de ser una operadora del Estado, a una empresa que controla y es propietaria, a ser ella misma la administradora del recurso natural. La autonomía que se dio en Venezuela a PDVSA terminó en un proceso de disolución del control del gobierno, en un vaciamiento del Estado. Petróleos de Venezuela, bajo ese régimen de autonomía, tenía más poder que el Ministerio de Energía y Minas”, añade el diplomático, quien también ha sido representante de su país ante la OPEP.
Entre otras cosas, agrega, PDVSA aceptó de las multinacionales contratos en los que asumía las pérdidas que pudieran derivar de las labores conjuntas y, lo que considera más grave, aceptó la jurisdicción de tribunales internacionales y cortes de arbitraje para solucionar diferencias, como ahora sucede en la disputa de ExxonMobil con el estado venezolano. “Nuestra Constitución prohibía el arbitraje internacional y la entonces administración de PDVSA lo aceptó”.
La visión de la industria energética venezolana cambió con la llegada del presidente Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo, en febrero de 1999.
Explica el embajador Alvarez Herrera: La implantación del pensamiento neoliberal en el mundo –en la década de los años 80– hizo de Venezuela un campo de experimentación para el cambio de propiedad del hidrocarburo. Ese pensamiento, dice, planteaba que el petróleo era un commodity, una materia prima, más. “Se decía que básicamente el problema del petróleo era cómo se daban las condiciones para que el inversionista accediera a explotar los recursos, se deja de hablar de recursos naturales y la relación entre los estados y las empresas se busca que sea, casi, una relación entre iguales, cuando en realidad se trata de la relación de un propietario de los recursos con un concesionario. Eso planteó también el desmontaje del sistema fiscal”.
Luego, añade, la misma corriente de pensamiento dominante en esos años 80 y siguientes buscó sembrar la idea de que el Estado era ineficiente, que era malo. Y que, por el contrario, la empresa privada era eficiente y que la compañía petrolera estatal debía comportarse como cualquier firma privada.
Política nacional diseñada por BP
“Vendieron la idea de que el Estado no tenía capacidad para desarrollar la industria petrolera. Las empresas petroleras se fueron metiendo, el Estado fue perdiendo control sobre su recurso. La política de apertura de Venezuela fue diseñada por los abogados de la British Petroleum, y básicamente lo que les interesaba era más acceso a la producción. Venezuela, hasta antes de 1999, fue un actor fundamental en el desplome de la soberanía petrolera y había una gran desconfianza hacia Venezuela en la OPEP”.
En esos años, hacia finales de los 90, el precio del barril de crudo había caído a 7 dólares por barril. En México, por ejemplo, tal desplome forzó, en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, a reducir hasta en tres ocasiones el gasto público. El embajador Alvarez recuerda que en ese entonces México y Noruega, no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se unieron a los esfuerzos del cártel para revalorizar el precio del crudo.
Cuenta el embajador Alvarez que lo primero que hizo el nuevo gobierno de Hugo Chávez en 1999 fue impulsar una política de rescatar los precios internacionales del crudo, que beneficiaban a los grandes consumidores. En esa iniciativa, como recuerda, fue entonces acompañado por países como México, Noruega y Rusia, que se sumaron a la OPEP en acciones para reducir la oferta del energético.
“Lo que hizo Venezuela fue regresar a la noción de que el petróleo es un recurso natural estratégico y no una materia prima más. Restablecimos la idea de que el problema petrolero mundial es un problema de actores que no tienen el mismo peso: están los productores, los consumidores y las empresas, incluyendo las públicas”.
En este sentido, explica, toda empresa petrolera, como es el caso de PDVSA en Venezuela, “no puede ser equiparada a una compañía petrolera como Exxon o Shell. Los objetivos que tiene una empresa petrolera como PDVSA para un país como Venezuela en proceso de cambio no son los mismos que para una compañía como Shell. La empresa estatal no es una corporación petrolera internacional, sino una empresa de un país en desarrollo, y tiene que tener una responsabilidad mucho mayor, la de maximizar el valor de sus recursos naturales para transferirlo a la sociedad y no a un grupo de accionistas privados”.
Considera que, en todo caso, este es un debate que debe darse con toda la participación del pueblo. “Todo esto es una discusión de economía política. El problema básico es que durante muchos años, durante los años de la apertura, este no fue un debate público, lo consideraron de expertos y con una absoluta utilización ideológica y criminal, lo llamaron técnico. No era una discusión popular, eso lo cambió Chávez”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario