Muchas de las garantías individuales previstas en la Carta Magna, como el de la libertad, serían acotadas de aprobarse la reforma judicial que la oligarquía conocida como PRIAN, “cocina” en el Congreso de la Unión. Según la escueta información que se difunde, se pretende establecer el arraigo y cateo sin orden de juez alguno y que los detenidos podrían quedar incomunicados. Todo ello, sopretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra “el narcotráfico y el crimen organizado”.
Conocedores de la materia, aseguran que tales reformas, representan a todas luces las sumisión del gobierno de facto de Felipe Calderón a los dictados del imperio yanqui, toda vez que sin razón alguna y contraviniendo lo previsto en nuestra Suprema Ley, se pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del Rey Juan, de 1215, hasta innumerables Tratados, Convenios y Pactos Internacionales suscrito por México.
Resulta que con motivo del Tratado de Libre Comercio (TLC), el imperio gringo ha buscado homologar el derecho mexicano al estadounidense. Pese a las marcadas diferencias en la legislación de ambos países, el gobierno ilegítimo de México, contra la voluntad de la mayoría de los mexicanos, está implantando esquemas jurídicos y policiacos ajenos a la usanza mexicana, pero afines al sistema Norteamericano, entre ellos, el llamado Juicio Oral. En suma, la ultraderecha está dando pasos agigantados en la integración de nuestra patria a E.U.A.
Luís Javier Garrido, escribe: (La Jornada, 14-dic-07) “El Plan México, que supone el dominio por parte de empresas transnacionales de recursos básicos de nuestro país y en particular de los energéticos, y el control permanente de agencias estadounidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visión totalitaria de los republicanos estadounidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio aéreo y el mar territorial de México, pero también de las personas; de ahí la pretensión de instaurar aquí mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganistán como en Irak”.
Bajo este nuevo esquema, el rostro del fascismo y del autoritarismo se asoman por diversos puntos de la patria. No se puede soslayar la criminilisación de la protesta social. La presencia del ejército, haciendo trabajos propios de la policía, acciones que violan lo que establece nuestra Constitución, que señala que en tiempos de paz los militares deben estar en los cuarteles.
En este alevoso ataque que se endereza contra el pueblo, está latente la inmoralidad de los diputados federales del PRI, PAN y algunos del PRD, a quienes muchos califican de vendepatrias y traidores, entes serviles al poder del dinero, por anteponer los intereses de sus electores a los de la casta gobernante que sólo vela por los dictados que ordena el gobierno de George W. Bush.
Diversos sectores han alzado la voz contra esas modificaciones judiciales. El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), comparó la reforma con la Ley Antiterrorista o Ley Patriótica de Estados Unidos la cual limita garantías individuales, Acuerdos y Tratados Internacionales “convirtiendo al país en un estado policiaco” (La Jornada-19-dic-07).
A su vez, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) Sergio García Ramírez, (La Jornada 2-ene-08), calificó de preocupante y de deplorable esa reforma en materia de justicia porque atenta contra derechos y significa un retroceso y porque: “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”, pues: “Entramos al terreno de los derechos con garantías recortadas o sin garantías”.
El lenguaje fascista y totalitario del sistema neoliberal implantado en México, contradice la benevolencia que se pregona con los llamados juicios orales, pues el espurio gobierno panista, abre las compuertas para que la policía se ensañe contra las libertades ciudadanas y para atropellar o extorsionar a inocentes. De hecho, con tales modificaciones legales, se patentiza y se “legaliza”, toda la barbarie que gobiernos priistas, como el de Oaxaca, infligen contra la ciudadanía y que se encuentran impunes ante la sesgada aplicación que se hace de la ley. Pronto, lo que dice el artículo 16 de la Constitución Federal, será letra muerta: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
ABRAHAM CRUZ GARCÍA
abrahamoax@hotmail.com abogado postulante.
'Seamos realistas, exijamos lo imposible'
Ernesto 'Che' Guevara
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