Por: Teodoro Rentería Arróyave
Los dos países vecinos, de los tres, con los que compartimos fronteras comunes en el norte y en el sur, Estados Unidos y Guatemala, han tomada decisiones legislativas que vulneran los derechos humanos empujadas por sus respectivos presidentes, George W. Bush y Alvaro Colom, del primero no nos sorprende, del segundo nos equivocamos creíamos que era un humanista.
La República de Guatemala, tierra de los premios Nobel: Miguel Angel Asturias y Rigoberta Menchú, adopta nuevamente la pena de muerte, según sus legisladores y el Jefe del ejecutivo para enfrentar al creciente crimen organizado; y en Estados Unidos, tierra de Abraham Lincoln y de Martin Luther King, el Senado ya aprobó una ley para otorgarles inmunidad a las empresas telefónicas que se prestaron al espionaje sin orden judicial.
Ante tales aberraciones legislativas e inhumanas, México no debe contaminarse; lo decimos porque también en México padecemos el mismo fenómeno de un creciente crimen organizado, al igual que allende el sur, todos los analistas e inclusive los funcionarios y los políticos aceptan que el grave deterioro social se debe a la incapacidad o morosidad de los aparatos de procuración y administración de justicia.
La información procedente de su ciudad capital, esta antecedida por el falso argumento de que la nación “asediada por una incontrolable penetración del crimen organizado cuyo escenario violento es de 16 asesinatos diarios”, Guatemala decidió volver a otorgarle al presidente la opción de perdonar o aplicar la pena de muerte, sin tomar en cuenta que por décadas está sumido en la impunidad por su cuestionado aparato judicial.
Más que presionado, chantajeado por el presidente George W. Bush, quien amenazó con vetar cualquier legislación sobre el tema que no incluya protecciones a las empresas que ayudaron a su gobierno en su programa de escuchas telefónicas, el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones involucradas en ese programa de espionaje del gobierno.
En verdad que el que no se midió en sus declaraciones, fue el presidente guatemalteco, Alvaro Colom a quien equívocamente por sus pensamientos vertidos en campaña, en el proceso electoral y al asumir el cargo el 14 de enero pasado, lo calificamos de humanista. Efectivamente, él sabía del agravado panorama de inseguridad de su país, no se topó con él, como dice la nota periodística, pues es el caso que el mandatario desde el lunes pasado también recurrió al chantaje, que la propia información la trata como una advertencia mortal, mientras el Congreso debatía: “no voy a perdonar o a indultar a ninguno de los condenados a muerte”.
Unas 40 demandas judiciales contra las compañías de telecomunicaciones AT&T Inc; Verizon Communications Inc. y Sprint Nextel Corp, presentadas por víctimas de violaciones a sus derechos a la privacidad se irán cesto de la basura, y aunque falta la decisión de la Cámara de Representes se da como un hecho que se aprobará, ya que están contrarreloj, porque si los representantes rechazan la medida o no la aprueban con rapidez están ante la presión de que la ley temporal expirará el sábado próximo y eso complicaría los deseos de la Casa Blanca.
La decisión del Congreso de Guatemala que reanudada la pena de muerte se logró con 140 votos en favor y tres en contra, afectará de inmediato a 34 personas encarceladas y en la ruta del corredor de la muerte, ya que sus ejecuciones quedaron suspendidas en 2002 por una serie de objeciones jurídicas y constitucionales.
México, en efecto, enfrenta un crimen organizado en crecimiento y el proyecto de la Reforma Judicial contempla entre otras aberraciones jurídicas el espionaje telefónico sin orden judicial; por eso mismo afirmamos que nuestro país por ningún motivo y bajo ningún concepto se puede contaminar ante tan aberrantes y absurdas medidas contrarias a los derechos humanos.
Los dos países vecinos, de los tres, con los que compartimos fronteras comunes en el norte y en el sur, Estados Unidos y Guatemala, han tomada decisiones legislativas que vulneran los derechos humanos empujadas por sus respectivos presidentes, George W. Bush y Alvaro Colom, del primero no nos sorprende, del segundo nos equivocamos creíamos que era un humanista.
La República de Guatemala, tierra de los premios Nobel: Miguel Angel Asturias y Rigoberta Menchú, adopta nuevamente la pena de muerte, según sus legisladores y el Jefe del ejecutivo para enfrentar al creciente crimen organizado; y en Estados Unidos, tierra de Abraham Lincoln y de Martin Luther King, el Senado ya aprobó una ley para otorgarles inmunidad a las empresas telefónicas que se prestaron al espionaje sin orden judicial.
Ante tales aberraciones legislativas e inhumanas, México no debe contaminarse; lo decimos porque también en México padecemos el mismo fenómeno de un creciente crimen organizado, al igual que allende el sur, todos los analistas e inclusive los funcionarios y los políticos aceptan que el grave deterioro social se debe a la incapacidad o morosidad de los aparatos de procuración y administración de justicia.
La información procedente de su ciudad capital, esta antecedida por el falso argumento de que la nación “asediada por una incontrolable penetración del crimen organizado cuyo escenario violento es de 16 asesinatos diarios”, Guatemala decidió volver a otorgarle al presidente la opción de perdonar o aplicar la pena de muerte, sin tomar en cuenta que por décadas está sumido en la impunidad por su cuestionado aparato judicial.
Más que presionado, chantajeado por el presidente George W. Bush, quien amenazó con vetar cualquier legislación sobre el tema que no incluya protecciones a las empresas que ayudaron a su gobierno en su programa de escuchas telefónicas, el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones involucradas en ese programa de espionaje del gobierno.
En verdad que el que no se midió en sus declaraciones, fue el presidente guatemalteco, Alvaro Colom a quien equívocamente por sus pensamientos vertidos en campaña, en el proceso electoral y al asumir el cargo el 14 de enero pasado, lo calificamos de humanista. Efectivamente, él sabía del agravado panorama de inseguridad de su país, no se topó con él, como dice la nota periodística, pues es el caso que el mandatario desde el lunes pasado también recurrió al chantaje, que la propia información la trata como una advertencia mortal, mientras el Congreso debatía: “no voy a perdonar o a indultar a ninguno de los condenados a muerte”.
Unas 40 demandas judiciales contra las compañías de telecomunicaciones AT&T Inc; Verizon Communications Inc. y Sprint Nextel Corp, presentadas por víctimas de violaciones a sus derechos a la privacidad se irán cesto de la basura, y aunque falta la decisión de la Cámara de Representes se da como un hecho que se aprobará, ya que están contrarreloj, porque si los representantes rechazan la medida o no la aprueban con rapidez están ante la presión de que la ley temporal expirará el sábado próximo y eso complicaría los deseos de la Casa Blanca.
La decisión del Congreso de Guatemala que reanudada la pena de muerte se logró con 140 votos en favor y tres en contra, afectará de inmediato a 34 personas encarceladas y en la ruta del corredor de la muerte, ya que sus ejecuciones quedaron suspendidas en 2002 por una serie de objeciones jurídicas y constitucionales.
México, en efecto, enfrenta un crimen organizado en crecimiento y el proyecto de la Reforma Judicial contempla entre otras aberraciones jurídicas el espionaje telefónico sin orden judicial; por eso mismo afirmamos que nuestro país por ningún motivo y bajo ningún concepto se puede contaminar ante tan aberrantes y absurdas medidas contrarias a los derechos humanos.
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