Ahora, a borrar las huellas

Apro.- A dos años de ocurrido el colapso en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, la empresa y los gobiernos federal y local han incumplido sus compromisos con las 65 familias de los obreros que perecieron, e imponen el cierre definitivo de la mina.

De esta manera, pretenden abandonar los 63 cuerpos que permanecen bajo los escombros y con ello la posibilidad de un peritaje que deslinde responsabilidades en el caso de la explosión de la mina el 19 de febrero de 2006.

A pesar de las múltiples pruebas encontradas por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como por instancias gubernamentales que demuestran la culpabilidad de Grupo México –propietario de la mina–, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM), éstos no han sido cabalmente sancionados ni se ha resarcido el daño a las familias de las víctimas.

Al no haber culpables, tampoco hay pensiones: aunque el 27 de febrero de 2006 el Grupo México, controlador de la concesionaria minera Industrial Minera México (IMMSA), se comprometió a cumplir las prestaciones y obligaciones contractuales, actualmente las 64 viudas y 103 de los 166 huérfanos que dependían económicamente de los obreros fallecidos no tienen pensión ni servicios de salud porque la empresa se amparó para evitar el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alegando que no fue responsable del desastre.

Grupo México se comprometió también a entregar a las familias de los mineros fallecidos el triple salario integrado de éstos en tanto se iniciaba el pago de las pensiones del IMSS, pero dejó de hacerlo el 2 de marzo de 2007 con el argumento de que ya les habían dado el dinero suficiente.

En cuanto al gobierno estatal, éste entregó a los deudos de los obreros fallecidos dos tipos de actas de defunción, que son consideradas ilegales por certificar causas de muerte no comprobables. Y el proceso judicial que se abrió en el estado contra presuntos responsables de homicidio culposo se sobreseyó sin dictar sentencia.

En febrero de 2007, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) impulsó a los familiares a demandar pensiones con las actas de defunción ilegales. Sin embargo, ninguno de los procesos judiciales se ha resuelto a favor de las familias. La justicia federal ha determinado “que no tienen interés jurídico” y que no pueden reclamar “porque nada de lo que sucedió en la mina les afecta”, según consta en el expediente 1129/2007, del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

Por ese motivo, las familias representadas por el ENPL interpusieron dos denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que aún están en proceso de desahogo, una de ellas porque al negárseles “interés jurídico” en el caso, se les ha vedado el acceso a la justicia.

Ya el 17 de julio de 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la recomendación 026/2006 a la STPS y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se deslindaran responsabilidades, se procediera al pago de la indemnización de ley a los deudos y se tomaran medidas para prevenir accidentes semejantes.

La recomendación fue desatendida. Sólo hasta el pasado miércoles 13 la SFP inhabilitó por un año a los siguientes funcionarios de la Delegación de la STPS en Coahuila: el director jurídico, Luis Raúl Sarmiento Villegas; el jefe de oficina, Rogelio Fernando Aguirre Tovalín; y los inspectores federales Mario Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina.

Con un expediente de más de 3 mil 500 fojas en su poder desde hace un año, la SFP no había sancionado a ningún funcionario por negligencia en el caso de Pasta de Conchos, y cuando al fin lo hace, se trata de una sanción ridícula contra funcionarios menores, dice la abogada Cristina Auerbach Benavides, integrante del ENPL.

Ante ello, el ENPL y las 615 personas que asesora buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que sí tienen interés jurídico, con base en las pruebas documentales y testimoniales que acumularon en dos años. Su objetivo es conseguir la recuperación de los cuerpos, lo que será el primer paso para esclarecer el resto del caso.

Prioridad, tapar el pozo

En abril de 2007 IMMSA difundió un informe elaborado por el consultor estadunidense D.G. Wooton, en el que se advertía del riesgo de propagación de hepatitis, salmonela, VIH y tuberculosis, pues los agentes de estas enfermedades se habían propagado en la mina debido a la descomposición de los restos humanos y a una inundación.

Con ese argumento, la empresa dio por terminadas las posibilidades de rehabilitar la estructura y de buscar los cuerpos. El Informe Wooton, solicitado infundadamente por el Ministerio Público, ya que no formaba parte de la averiguación previa, fue ratificado por el consultor Donald McBride, quien aseguró que la mina estaba inundada hasta el techo.

Las familias consideraron absurda esa versión y solicitaron al secretario del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, que prosiguiera la reapertura de la mina. El funcionario ordenó que fuera el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), integrado por reconocidos expertos, el que determinara si era viable rescatar los cuerpos.

La presentación del resultado de los trabajos del FCCT fue aplazada en diferentes ocasiones, por lo que los deudos de las víctimas se instalaron en plantón frente a las instalaciones de la STPS durante 32 días para exigir el dictamen.

Finalmente, el FCCT determinó que la estructura era explorable a principios de octubre, siempre y cuando se pusieran las condiciones de seguridad. Precisamente lo que alegaban las familias, los rescatistas y el ENPL.

En consecuencia, el 6 de octubre Julio Alfonso Hernández López, director de Cartografía y Concesiones Mineras de la Secretaria de Economía (SE), inspeccionó la mina y, con base en sus observaciones, emplazó a la empresa mediante el oficio SE/5406/2007 para que, en un período de 30 días, restableciera el sistema de ventilación, retirara los derrumbes que impiden el paso a los inspectores, bombeara el agua acumulada y entregara los planos que ha mantenido ocultos desde el día del siniestro.

El pasado 23 de noviembre se venció el plazo, durante el cual no hubo actividades en Pasta de Conchos. Tres días después, el 26, Enrique Valverde, encargado de Seguridad y Responsabilidad Social de otra empresa del Grupo México, Mexicana de Cobre, declaró durante una visita de reporteros a la mina de Nacozari:

“Nunca más se reabrirá la mina de carbón Pasta de Conchos, porque no existen condiciones para continuar con los trabajos de recuperación de los restos de los 63 mineros”. Tuvo el cuidado de agregar que “no se puede señalar que la empresa violó la reglamentación en seguridad porque nadie conoce el sitio después del accidente”.

En efecto, el ENPL y los familiares de los mineros afirman que el cierre obedece a que el Grupo México no quiere que se conozcan las condiciones que imperaban en la mina Pasta de Conchos antes del colapso, ni que se investigue la responsabilidad de la empresa en la muerte de los obreros.

Pero Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, advierte: “Si la empresa no continúa con el rescate, lo deberá hacer el gobierno federal”.

El mencionado emplazamiento de la SE hizo pensar que podía cancelársele a IMMSA la concesión minera número 196623, que ampara la reserva de 62 millones de toneladas de carbón en los lotes “Rosita y Pasta de Conchos”, Polígono 4A (según consta en el Registro Público de Minería, Libro 130, volumen 32, foja 2, acta 78). La concesión se le otorgó el 6 de febrero de 1991, con vigencia hasta el 18 de marzo de 2031, a la empresa Carbonífera Nueva Rosita S.A. de C.V., que posteriormente se fusionó con IMMSA y le cedió la titularidad.

Finalmente, el pasado 20 de diciembre la SE dio a conocer la suspensión definitiva de las actividades de exploración y explotación de carbón, pero sólo en la zona donde murieron los mineros. IMMSA conserva la concesión 196623.

Al respecto Cristina Auerbach dice que el titular de Economía, Eduardo Sojo, debió enviar la cancelación sancionadora al Grupo México “con un moño navideño”, pues no implica un castigo, sino al contrario, respalda su interés de sellar la escena del crimen.

El presidente de IMMSA, Javier García de Quevedo, insistió durante 2006 en que se procuraría recuperar los cuerpos de los trabajadores. El entonces titular de la STPS, Francisco Xavier Salazar, también dijo en un primer momento que la única forma de deslindar responsabilidades era conocer toda la estructura, rehabilitarla y realizar un peritaje. Su sucesor, Javier Lozano Alarcón, mantuvo la misma posición en enero de 2007.

Por lo tanto, asegura Auerbach Benavides, con el cierre de la mina de Pasta de Conchos IMMSA incurrirá en desacato a las autoridades, que deberán determinar las sanciones correspondientes. Pero aun así, aclara, “eso no significa que de manera unilateral y arbitraria decida si entrega o no los restos de los mineros que fallecieron debido a su probada negligencia.

“Grupo México demuestra, una vez más, que su verdadero temor es a lo que pueda demostrarse con los estudios forenses de los restos de los mineros, que de haber sobrevivido a la explosión, murieron atrapados en los cañones de la mina aproximadamente a 100 metros de donde suspendieron el rescate. Quienes sobrevivieron a la explosión, murieron sin poder salir de la mina porque la empresa modificó y retiró las obras que sostenían los techos de los cañones y eso es lo que no quieren que se sepa”.

Contra la impunidad

Las condiciones de la mina de Pasta de Conchos eran deplorables, como han demostrado la Pastoral Laboral, el Servicio Geológico Mexicano, el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y la sobreseída averiguación previa por homicidio de la Procuraduría de Justicia de Coahuila.

El 26 de febrero de 2006 Proceso publicó que la mina no tenía un sistema de ventilación suficiente, utilizaba equipo eléctrico prohibido por la ley, retiraba los ademes para bajar sus costos de producción y no polveaba la mina para contrarrestar la explosividad del polvo de carbón, entre otras irregularidades.

El ENPL obtuvo esta información al mismo tiempo y de otras fuentes, pero ahora cuenta con un amplio soporte documental que planea presentar el 19 de febrero y parte del cual adelantó a este medio.

Por ejemplo, el ENPL tiene en su poder oficios que datan del año 2000 a 2004, en los cuales se emplazó a la empresa a que “polveara de manera sistemática y permanente”, pero nunca lo hizo, como se comprobó en un acta de verificación fechada el 7 de febrero de 2006.

En cuanto a la ventilación, una auditoría a proveedores practicada por Altos Hornos de México (AHMSA) determinó que el circuito de ventilación era insuficiente; también lo comprobó así la Procuraduría de Justicia estatal en su averiguación previa.

Adicionalmente, el Grupo México siempre negó que acostumbrara reutilizar los ademes, pero el ENPL consiguió copias de facturas emitidas por la contratista General de Hulla, que se encargó de la “recuperación” del equivalente a 550 metros de ademes.

La procuraduría estatal omitió mencionar en su averiguación previa que en la mina se utilizaba equipo eléctrico inadecuado, aunque existen muchas pruebas que lo documentan, incluidas las imágenes publicadas por Proceso.

En el informe que presentará, el ENPL reitera que los propios documentos del Grupo México y del gobierno federal confirman la responsabilidad de la empresa en la tragedia, pero que ahora se quiere mantener sepultadas las evidencias con el pretexto de la supuesta inseguridad.

“Nunca Pasta de Conchos fue tan segura como ahora. No vamos a permitir que la empresa nos siga mintiendo y le sigan mintiendo a la opinión pública con peritajes pagados por ella misma, que carecen de todo sustento técnico”, advierte la agrupación.

El dictamen del FCCT ordenado por la Secretaría del Trabajo carece de documentación fundamental que la empresa se negó a entregar, como en otros momentos lo hizo con la SE, el Servicio Geológico Mexicano y las familias afectadas. Aun así, con base en la información disponible los expertos del foro concluyeron que la estructura colapsada sí era explorable.

Cristina Auerbach recuerda que el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, se comprometió a cumplir las recomendaciones del Panel de Expertos en Seguridad Minera del OCT sobre Pasta de Conchos. Y lo que dice el dictamen, a decir de Auerbach, es que “se deberán conseguir las condiciones de seguridad e higiene necesarias, para que se reinicien las labores de recuperación de los restos”.

Por lo pronto, del 18 al 20 de febrero las familias de los mineros realizarán diversas protestas en el Distrito Federal, como la instalación de un campamento frente a las oficinas de Grupo México en Polanco y una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo (el 19).

En el mismo lapso se realizarán actos conmemorativos en Toronto, Canadá; Madrid, España; Phoenix, Estados Unidos; y San Juan de Sabinas, para denunciar la complicidad de las autoridades mexicanas con el grupo empresarial propietario de IMMSA.