Saludos
René Sánchez Galindo
A través del “disfraz” legislativo pretenden “disfrazar” la justicia penal mexicana, que ya de por sí, “disfraza” las pruebas para encarcelar a pobres y a opositores al régimen. Tal conclusión puede fácilmente extraerse de la Declaración de Amnistía Internacional en el documento titulado: “Reformas al sistema de Justicia Penal, avances y retrocesos”, que recientemente publicaron.
Cuando tuve acceso a este documento llamó mi atención que no sólo se referían a los retrocesos, sino a los avances. Se destaca como avance la nulidad de toda prueba obtenida mediante la violación de derechos humanos fundamentales.
Sin lugar a dudas esto representa un importante avance (ver colaboración anterior, llamada: “‘¡No, gatopardismo, no!’, debí contestar hace 8 años”), sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿Cómo sabremos que las pruebas fueron obtenidas mediante la violación de derechos humanos?
Amnistía Internacional es contundente: “…El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia… la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el Juez mediante el uso de evidencias fabricadas…”
Así, los avances se diluyen, en lugar de una reforma constitucional de avanzada, estamos ante la incorporación de la “Ley Patriota”, la “ley Bush” en nuestra Constitución.
El disfraz legislativo demuestra el porqué de la desconfianza popular, por no decir odio, en contra de diputades y senadores. Con un texto, pretenden modificar la realidad. Su trabajo, repito: su trabajo, consiste en controlar los abusos de poder. ¿O por qué creen ustedes que se crearon los parlamentos en la historia de la humanidad? Simplemente para controlar los abusos del “Rey”.
Si los abusos de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por organismos internacionales, entonces el Poder Legislativo debería investigar, indagar, cuestionar, deslindar responsabilidades políticas, léase juicio político, y finalmente, sólo finalmente, legislar.
Aprobar la reforma constitucional permitiendo el arraigo hasta por 80 días y sin las pruebas de que se cometió un delito y sin las evidencias sobre la probable responsabilidad de quien sea inculpado, así como aprobarla autorizando los cateos sin orden judicial es un retroceso, es una contra reforma, es un atentado contra la gente.
En cambio el Congreso debería exigir a quienes detentan la fuerza pública que respondan a preguntas parlamentarias como estas:
¿En qué casos el uso de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia, ha hecho imposible la procuración y la administración de justicia, por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos?
¿En qué casos la negativa o retardo judicial a ordenar un arraigo por inconstitucionalidad han impedido que se procure y administre adecuadamente la justicia?
¿En qué casos del año 2000 a la fecha han resultado indispensables las órdenes de arraigo otorgadas por el poder judicial para la procuración y administración de justicia?
¿Cuántos y cuáles casos se ha ordenado un arraigo, una intervención a comunicaciones privadas y cateo, en que los resultados finales del procedimiento no han concluido con una orden de aprehensión?
¿Cuántos y cuales no han concluido con un auto de formal prisión que quede firme?
¿Cuántos y cuáles no han concluido con una sentencia definitiva condenatoria?
¿Qué va a pasar si se ordena una intervención a comunicaciones y resulta que no había delito? ¿el clásico: “usted disculpe”?
El combate a la delincuencia debe enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, de lo contrario no encontrarán a los culpables, sino que conseguirán solamente inhibir las libertades humanas e inventarán responsables de los delitos. Los derechos humanos no son para defender delincuentes sino para defender a la sociedad de que el gobierno abuse de su poder inventando culpables y reprimiendo a la población.
Si el Congreso se pliega a Calderón, si se pliega al verdadero peligro para México, que no pregunte por qué el Pueblo Mexicano manda, más pronto que tarde, al diablo a “sus” instituciones.
René Sánchez Galindo
A través del “disfraz” legislativo pretenden “disfrazar” la justicia penal mexicana, que ya de por sí, “disfraza” las pruebas para encarcelar a pobres y a opositores al régimen. Tal conclusión puede fácilmente extraerse de la Declaración de Amnistía Internacional en el documento titulado: “Reformas al sistema de Justicia Penal, avances y retrocesos”, que recientemente publicaron.
Cuando tuve acceso a este documento llamó mi atención que no sólo se referían a los retrocesos, sino a los avances. Se destaca como avance la nulidad de toda prueba obtenida mediante la violación de derechos humanos fundamentales.
Sin lugar a dudas esto representa un importante avance (ver colaboración anterior, llamada: “‘¡No, gatopardismo, no!’, debí contestar hace 8 años”), sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿Cómo sabremos que las pruebas fueron obtenidas mediante la violación de derechos humanos?
Amnistía Internacional es contundente: “…El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia… la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el Juez mediante el uso de evidencias fabricadas…”
Así, los avances se diluyen, en lugar de una reforma constitucional de avanzada, estamos ante la incorporación de la “Ley Patriota”, la “ley Bush” en nuestra Constitución.
El disfraz legislativo demuestra el porqué de la desconfianza popular, por no decir odio, en contra de diputades y senadores. Con un texto, pretenden modificar la realidad. Su trabajo, repito: su trabajo, consiste en controlar los abusos de poder. ¿O por qué creen ustedes que se crearon los parlamentos en la historia de la humanidad? Simplemente para controlar los abusos del “Rey”.
Si los abusos de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por organismos internacionales, entonces el Poder Legislativo debería investigar, indagar, cuestionar, deslindar responsabilidades políticas, léase juicio político, y finalmente, sólo finalmente, legislar.
Aprobar la reforma constitucional permitiendo el arraigo hasta por 80 días y sin las pruebas de que se cometió un delito y sin las evidencias sobre la probable responsabilidad de quien sea inculpado, así como aprobarla autorizando los cateos sin orden judicial es un retroceso, es una contra reforma, es un atentado contra la gente.
En cambio el Congreso debería exigir a quienes detentan la fuerza pública que respondan a preguntas parlamentarias como estas:
¿En qué casos el uso de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia, ha hecho imposible la procuración y la administración de justicia, por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos?
¿En qué casos la negativa o retardo judicial a ordenar un arraigo por inconstitucionalidad han impedido que se procure y administre adecuadamente la justicia?
¿En qué casos del año 2000 a la fecha han resultado indispensables las órdenes de arraigo otorgadas por el poder judicial para la procuración y administración de justicia?
¿Cuántos y cuáles casos se ha ordenado un arraigo, una intervención a comunicaciones privadas y cateo, en que los resultados finales del procedimiento no han concluido con una orden de aprehensión?
¿Cuántos y cuales no han concluido con un auto de formal prisión que quede firme?
¿Cuántos y cuáles no han concluido con una sentencia definitiva condenatoria?
¿Qué va a pasar si se ordena una intervención a comunicaciones y resulta que no había delito? ¿el clásico: “usted disculpe”?
El combate a la delincuencia debe enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, de lo contrario no encontrarán a los culpables, sino que conseguirán solamente inhibir las libertades humanas e inventarán responsables de los delitos. Los derechos humanos no son para defender delincuentes sino para defender a la sociedad de que el gobierno abuse de su poder inventando culpables y reprimiendo a la población.
Si el Congreso se pliega a Calderón, si se pliega al verdadero peligro para México, que no pregunte por qué el Pueblo Mexicano manda, más pronto que tarde, al diablo a “sus” instituciones.
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