Por: Eduardo Ibarra Aguirre
Uno de los argumentos sólidos frente a la consulta ciudadana sobre el paquete legislativo gubernamental para la reforma de Petróleos Mexicanos, es el que expuso el doctor Leonardo Curzio en Primer plano de Canal Once, el 2 de junio, al impugnar la “lógica política” –sin especificarla- que encierra la propuesta de Marcelo Ebrard Casaubon.
Difícilmente es posible localizar una iniciativa de un gobernante, en este caso del Distrito Federal, que no contenga su propia “lógica política”, y menos frente a un tema decisivo como el futuro inmediato de Pemex. No existe asunto público que no la contenga implícita o explícitamente.
Santiago Creel Miranda fue el único hombrecito de todo el establecimiento panista que se atrevió a llamarle por su nombre: “descarrilamiento”, a lo que acrecienta los temores y la desesperación del gobierno federal frente a la consulta ciudadana propuesta inicialmente por la senadora Rosario Ybarra de la Garza a la Asamblea Legislativa del DF y al Senado de la República por el doctor Juventino Castro y Castro, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hace muy bien el “playboy panista que hoy despacha en el Senado” (Proceso, 1-VI-08, pp. 28-31) en colocar el asunto en sus justos términos, y hacer a un lado las subestimaciones que de la ciudadanía hacen Jesús Federico Reyes (Heroles) González (Garza) y Georgina Kessel Martínez, director de Pemex y secretaria de Energía, respectivamente, quienes ante su incapacidad reiterada para entregar buenas cuentas sobre el debate nacional en materia petrolera a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se refugian en el expediente de transferir sus limitaciones intelectuales a la ciudadanía y magnificar la complejidad del tema, hasta el punto de convertir en “imposible una consulta” que cuenta con el interés de 17 gobernadores y 300 alcaldes.
Los impugnadores del oficialismo ya se percataron de que su alegato constitucional es endeble, amén de que se les revierte porque con el paquete legislativo de Calderón Hinojosa se busca reformar leyes secundarias para negar la Constitución, específicamente el artículo 27.
Se enteraron también -excepto Juan Manuel Oliva Ramírez que en Guanajuato presiona a los diarios a.m. con el cebo de la publicidad oficial, igual que desde Los Pinos lo hacen contra Grupo Monitor y José Gutiérrez Vivó- que en 1824 se realizó en nuestro país el primer referéndum, en 1854 el primer plebiscito y que las consultas a los capitalinos se efectúan desde 2001. Además de que el 26 constitucional establece: “La ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular”.
Por este camino tiene el gobierno de la República la batalla pérdida. Igual que pierde el debate organizado en Xicoténcatl, gracias a la toma de las tribunas de ambas cámaras por el Frente Amplio Progresista y la movilización del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
A esta altura de la contienda por el oro negro del país, el grupo gobernante debería tomar nota de que no basta con negociar -o cooptar- con las cúpulas legislativas del Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista y la franquicia de Elba Esther Gordillo Morales para que se apruebe su paquete legislativo.
Tampoco basta con tener alineado a casi todo el aparato mediático. Como se evidenció el 6 de julio de 1988 y con el .56 por ciento del 2 de julio 2006, la credibilidad y eficacia de aquél están a la baja.
Mucho menos es tiempo de amenazas como la pronunciada por Calderón, acompañado por Mario Marín Torres, El góber precioso: “Ay de aquellos que sólo siembran odio y rencor entre nosotros…”
El burro hablando de orejas. Antonio Solá Reche, autor de la campaña de odio con Andrés Manuel López Obrador “es un peligro para México”, funge como promotor del gobierno federal en España.
La desesperación es pésima consejera.
Uno de los argumentos sólidos frente a la consulta ciudadana sobre el paquete legislativo gubernamental para la reforma de Petróleos Mexicanos, es el que expuso el doctor Leonardo Curzio en Primer plano de Canal Once, el 2 de junio, al impugnar la “lógica política” –sin especificarla- que encierra la propuesta de Marcelo Ebrard Casaubon.
Difícilmente es posible localizar una iniciativa de un gobernante, en este caso del Distrito Federal, que no contenga su propia “lógica política”, y menos frente a un tema decisivo como el futuro inmediato de Pemex. No existe asunto público que no la contenga implícita o explícitamente.
Santiago Creel Miranda fue el único hombrecito de todo el establecimiento panista que se atrevió a llamarle por su nombre: “descarrilamiento”, a lo que acrecienta los temores y la desesperación del gobierno federal frente a la consulta ciudadana propuesta inicialmente por la senadora Rosario Ybarra de la Garza a la Asamblea Legislativa del DF y al Senado de la República por el doctor Juventino Castro y Castro, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hace muy bien el “playboy panista que hoy despacha en el Senado” (Proceso, 1-VI-08, pp. 28-31) en colocar el asunto en sus justos términos, y hacer a un lado las subestimaciones que de la ciudadanía hacen Jesús Federico Reyes (Heroles) González (Garza) y Georgina Kessel Martínez, director de Pemex y secretaria de Energía, respectivamente, quienes ante su incapacidad reiterada para entregar buenas cuentas sobre el debate nacional en materia petrolera a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se refugian en el expediente de transferir sus limitaciones intelectuales a la ciudadanía y magnificar la complejidad del tema, hasta el punto de convertir en “imposible una consulta” que cuenta con el interés de 17 gobernadores y 300 alcaldes.
Los impugnadores del oficialismo ya se percataron de que su alegato constitucional es endeble, amén de que se les revierte porque con el paquete legislativo de Calderón Hinojosa se busca reformar leyes secundarias para negar la Constitución, específicamente el artículo 27.
Se enteraron también -excepto Juan Manuel Oliva Ramírez que en Guanajuato presiona a los diarios a.m. con el cebo de la publicidad oficial, igual que desde Los Pinos lo hacen contra Grupo Monitor y José Gutiérrez Vivó- que en 1824 se realizó en nuestro país el primer referéndum, en 1854 el primer plebiscito y que las consultas a los capitalinos se efectúan desde 2001. Además de que el 26 constitucional establece: “La ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular”.
Por este camino tiene el gobierno de la República la batalla pérdida. Igual que pierde el debate organizado en Xicoténcatl, gracias a la toma de las tribunas de ambas cámaras por el Frente Amplio Progresista y la movilización del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
A esta altura de la contienda por el oro negro del país, el grupo gobernante debería tomar nota de que no basta con negociar -o cooptar- con las cúpulas legislativas del Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista y la franquicia de Elba Esther Gordillo Morales para que se apruebe su paquete legislativo.
Tampoco basta con tener alineado a casi todo el aparato mediático. Como se evidenció el 6 de julio de 1988 y con el .56 por ciento del 2 de julio 2006, la credibilidad y eficacia de aquél están a la baja.
Mucho menos es tiempo de amenazas como la pronunciada por Calderón, acompañado por Mario Marín Torres, El góber precioso: “Ay de aquellos que sólo siembran odio y rencor entre nosotros…”
El burro hablando de orejas. Antonio Solá Reche, autor de la campaña de odio con Andrés Manuel López Obrador “es un peligro para México”, funge como promotor del gobierno federal en España.
La desesperación es pésima consejera.
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