En México, la vivienda no sólo ha dejado de ser un derecho humano, sino que se ha convertido en un negocio para los funcionarios y un pago de facturas políticas. Sólo mencionaré dos ejemplos. Durante el sexenio pasado, Elba Esther Gordillo recibió a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “aportaciones” de alrededor de 10 mil millones de pesos para el Fideicomiso para el Financiamiento de la Vivienda Magisterial (Vima).
Esto equivale a lo ejercido durante todo el sexenio anterior por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). Para este año la inversión pública federal aplicada para la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y Fonhapo, es de sólo 5 mil millones de pesos para atender a una población de más de 100 millones de habitantes que existen en toda la República, mientras que el SNTE agrupa a un millón y medio de maestros, suponiendo que el dinero les fuera a beneficiar.
Si se hubiera invertido el recurso en lo que se debía, se podrían haber construido más de 30 mil viviendas de interés popular para los mentores. Esta cifra representa, por otra parte, más de la cantidad de viviendas que existen en la ciudad de Tlaxcala.
Al finalizar el año 2000, después de la realización de una auditoría externa al FOVISSSTE, salieron a relucir irregularidades detectadas en los fideicomisos que conforman el Fondo Vima: cobros excesivos, presunto daño patrimonial, así como el evidente contubernio con las empresas inmobiliarias contratadas que habían incumplido los estándares mínimos de calidad. Sin embargo, en el país de la impunidad no hay sanciones; al contrario, se premia la corrupción con dinero del erario público.
Un ejemplo más. También durante el mandato de Fox, el FOVISSSTE vivió otro escándalo nacional. Se debió a un presunto fraude por tráfico de influencias manejado por dicha dependencia para beneficiar a las empresas Inmobiliarias Kilate y Construcciones Prácticas SA de CV, firmas con vínculos muy cercanos a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún.
La operación ilícita consistió en que los hermanos bribones adquirieron alrededor de 250 viviendas en Acapulco, Guerrero, en tres mil pesos cada una que luego revendieron al FOVISSSTE en más de 300 mil pesos. En todo este proceso intervino gente incondicional a Gordillo como Antonio Goñi Jasso y Fernando González Sánchez, yerno de la maestra. A pesar de ello, el 29 de noviembre de 2006, dos días antes de que “tomara protesta” Felipe Calderón, la PGR liberó de cualquier responsabilidad a los hermanos Bribiesca, declarando el no ejercicio de la acción penal.
¿Esa es la política de vivienda que aplicará Calderón para enfrentar la crisis que viene?
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