Estamos en la segunda mitad del 2008 y la información acerca de la situación actual, así como de las expectativas de la economía, se tornan negativas cotidianamente. Los temas que siguen estando presentes son: el debate por los cambios a PEMEX, con el alto precio del petróleo, pero con una producción que disminuye fuertemente; la crisis alimentaría, que ha desembocado en fuerte inflación; la profunda crisis en Estados Unidos, que se refleja en su baja producción, menor consumo, elevado desempleo, rescates a enormes empresas hipotecarias; etcétera.
En este marco general quisiéramos enfocar 3 particularidades:
1. En octubre pasado la CFE y el gobierno de Tabasco, con la presencia del presidente ilegítimo Felipe Calderón, lograron un Acuerdo Solidario de Cooperación (ASC) que significaba que la paraestatal iba a cobrar menores tarifas eléctricas a empresas y a viviendas en el estado; en parte se concedía este apoyo para compensar las altas temperaturas, a lo largo de todo el año, en la entidad y, segundo, para reconocer que Tabasco forma parte de la generación eléctrica nacional al ubicarse en los márgenes del Río Grijalva. Desde luego que la noticia de menores tarifas eléctricas se recibió con gran júbilo.
Días posteriores al acuerdo con la CFE vinieron las tormentas tropicales y el desastre que acompaño la apertura de la Presa Peñitas del Río Grijalva y las inundaciones que cubrieron gran parte de Tabasco, incluyendo a su capital Villahermosa, en aquellas jornadas la CFE anunció que no enviaría los recibos de energía eléctrica, lo que se entendió fue que la CFE estaba condonando los adeudos; un mes o mes y medio después de las inundaciones empezaron a llegar a las familias los recibos de la paraestatal y en una sola exhibición se solicitaba pagar los adeudos y el consumo eléctrico vigente. Este agravio es el extremo opuesto al acuerdo solidario de octubre. A la fecha no ha habido ninguna disminución de las tarifas eléctricas sino incrementos, y además se están haciendo cobros indebidos a tal grado que desde el gobierno del Estado se convoca a no pagar, a una resistencia civil contra la paraestatal, entre tanto no se ha logrado una audiencia del gobernador con la CFE, para revisar donde quedó el Acuerdo Solidario de Cooperación con Tabasco. Y de lo demás ni hablar, que se puede esperar de la derecha.
2. En otro orden. Este mismo año, hace un par de meses se publicó en la Secretaría de Hacienda un documento de planeación de mediano plazo, el programa de financiamiento para el desarrollo, 2008-2012, es un análisis amplio con mucha información y con las tendencias hacia el futuro cercano. En esta ocasión sólo comentaremos los escenarios que se consideran: escenarios conservador, favorable y desfavorable, esta división es usual dentro de los economistas que se encargan de realizar proyecciones.
El documento establece que el escenario desfavorable en México “incorpora la incertidumbre frente al entorno externo, dada la posibilidad de observar un crecimiento por debajo del potencial en los Estados Unidos durante los próximos años a raíz de la reciente crisis en los sectores hipotecario y financiero que está observándose en ese país” y utilizan pronósticos del Fondo Monetario Internacional y de la oficina de presupuestos del Congreso Estadounidense. La realidad a pocas semanas de haberse elaborado este documento ha demostrado que nos encontramos tanto en México como en Estados Unidos ante una economía más estancada. En México se han creado algunos empleos, que son pocos incluso comparados con las promesas de los políticos y muy distantes de las necesidades demográficas. Se ha subido la tasa de interés hasta el 8% en la TIE, restringiendo más el crecimiento económico y dificultando el financiamiento de las familias y de los proyectos productivos.
Aquellas diez medidas anunciadas para evitar “el contagio” de la crisis Estadounidense no evitaron que hoy estemos por debajo del escenario desfavorable ¿Hará una revisión pública la Secretaría de Hacienda de su estrategia de crecimiento de mediano plazo? Seguramente no, y de seguir así podrían irse de aquí al fin del sexenio.
3. El Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Secretaría de Economía publican un análisis de la competitividad de las ciudades en México, tomando como referencia 225 municipios de los cerca de tres mil que tiene el país y consolidan 60 ciudades o áreas metropolitanas. La competitividad urbana que definen para estas ciudades se basa en cuatro aspectos: 1) indicadores económicos: producción, salarios, inversión, etc.; 2) indicadores institucionales: ingresos y deuda pública, catastro actualizado, reglamentos, transparencia, etc.; 3) indicadores socio demográficos: población en edad de trabajar, marginación, nivel de desarrollo económico, delincuencia, etc.; y 4) indicadores urbanos: bancos, tiendas de autoservicio, estudiantes universitarios, Internet, científicos, parques industriales, etc.
Con este gran conjunto de información se realiza un procesamiento de datos para tratar de identificar que ciudades son más competitivas, desde luego salen mejor calificadas las que ya sabemos, las ciudades del centro y norte del país, en tanto que las ciudades del sur sureste de México quedan en los últimos lugares. En estos listados siempre debe aparecer alguna ciudad, el problema no es éste, sino la distancia abismal entre los primeros lugares y los últimos. A través de este estudio de competitividad podemos volver a mirar la amplia desigualdad regional entre el norte y el sur del país.
Estos análisis de competitividad comparativa entre ciudades tienen una ventaja: sintetizar muchas variables en una sola cifra, que es la calificación de competitividad. Sin embargo, se distorsionan los fines con los medios. El propósito de la economía debe ser el incremento permanente del nivel de vida de la población y como consecuencia la competitividad se incrementará. Pero lo anterior, no es la manera en que proceden los gobiernos para tomar decisiones, se hace un manejo político para mejorar la calificación de competitividad y si con eso se mejora el nivel de vida, pues que bien; claramente entrar a compararse con estos listados genera un comportamiento perverso en los círculos políticos, pero no redunda en bienestar para la población.
*Taller de economía Social y Políticas Públicas, Facultad de Economía de la UNAM.
Primero son los jugosos contratos a favor de los socios de fuera y de dentro postergando los intereses de la ciudadanía: independencia, soberanía, desarrollo y paz social. Hoy, como ayer, las cúpulas del PAN y PRI impulsan una involución mayor del proyecto nacional, esperando superar la hazaña que protagonizaron en 1995, cuando Estados Unidos, al calor de la macrocrisis financiera fraguó el rescate conocido como el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana, que, como acotó María Fernanda Campa Uranga, “más que una carta de intención solicitada a un prestamista exigente por un deudor moroso, parece una carta de rendición incondicional al término de una guerra”.
Esta puntualización atiende el hecho de que esa operación, orientada en realidad a salvar a grandes inversionistas estadunidenses, exigió el aval-factura a futuro por exportaciones de crudo que aún se encontraba en el subsuelo, lo que, además de magna irregularidad jurídico-constitucional, transformó la riqueza petrolera mexicana en reserva estratégica de facto de EU. Según expliqué en La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002), el entreguismo fue –y es– de gran alcance: el 29 de abril de 1995 Zedillo logró con los votos del PRI y del PAN modificar la ley que regula el artículo 27 constitucional para proceder con la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, de la transmisión, almacenaje y distribución del gas natural. Ése fue el diktat imperial para desmonopolizar y hacer competitivo a Pemex. Oil and Gas Journal, la conocida revista del ramo, celebró así la proeza antinacional de Zedillo: (la medida) “representa la primera y más importante modificación de la Constitución mexicana en relación con la industria del gas natural y del petróleo efectuada desde su nacionalización en 1938” (número 19, vol. 93, mayo 1995, p. 83.)
Es lo mismo que ahora proponen PRI y Calderón, con arrebato traidor, pero esta vez para todo Pemex. Al igual que ayer poco les preocupa el riesgo de una grave crisis político-constitucional como advierten economistas y juristas de amplio espectro ideológico o el deterioro socioeconómico, jurisdiccional y de seguridad que acarrea el despojo de la renta petrolera. Lo que vale para ellos es coparticipar con extranjeros, en el filón de dejar a Pemex como administradora de contratos, paso previo a su finiquito formal. Por medio de la autonomía de gestión, su director y consejo administrativo pueden manejar a su gusto el portafolios de negocios por lo que es vital una desregulación que abra espacio al ejercicio pleno e impune de la criminalidad de Estado: un sexenio es poco para el pillaje de tan magno botín. Por eso desaparecen los órganos internos de control. Y también los contralores de la Secretaria de la Función Pública, quienes por ley participan en todo acto de Pemex (Fortuna: abril, 2008). Se trata de instaurar una regulación sui géneris que cancele todo intento por hacer público el contenido de los contratos, los juicios por conflicto de interés o el tráfico de influencias.
La prioridad de La Casa Blanca y Los Pinos es dejar los negocios amarrados, comprando o extorsionando el voto legislativo. Constitucionalizar la privatización de facto de Pemex es un regalo de Bush y sus cómplices para Halliburton, Slumberger, y muchas otras firmas, que operarían a su gusto con las empresas filiales estratégicas de Pemex, que, como alertó Mario di Costanzo al comentar la iniciativa priista, gozarían “de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria”, así que no importa si se las define como “propiedad de Pemex”, ya que “no existe impedimento para que se asocien en cualquier actividad de la cadena productiva, exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera, con socios nacionales o extranjeros, y en cualquier porcentaje de participación”.
La meta es privatizar ganancias y socializar costos y riesgos. Hasta que el país estalle, otra vez.
Se avecina una movilización social que no podrá ser contenida por la administración calderonista, consideran sociólogos, politólogos, historiadores y luchadores sociales. Pobreza, despojo, desempleo y crisis de legitimidad del actual régimen, las causas. La respuesta de los gobiernos federal y estatales ha sido la criminalización de más de 60 movimientos sociales en los dos años recientes
Paulina Monroy
La crisis alimentaria, el deterioro económico, la violencia institucionalizada, la fragmentación social y las reformas estructurales son “caldo de cultivo” para una escalada de movilizaciones que cuestionará la estabilidad de Felipe Calderón en el poder. Especialistas advierten que, como sucedió en Argentina, Bolivia y Ecuador, en México el estallido social se avecina.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 42 por ciento de la población vive en la pobreza y casi el 14 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial asegura que el 50 por ciento de mexicanos está en condiciones de miseria.
En tanto que Carlos Slim –considerado el segundo hombre más rico del mundo– concentra el 8 por ciento del producto interno del país (PIB) y las 38 familias más ricas, el 14.4 por ciento, el capital del 10 por ciento de los más pobres representa sólo 1.6 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Para ese año se contaban 1 millón 616 mil mexicanos desempleados y el 50 por ciento de los trabajadores ganaban de uno a tres salarios mínimos, el cual perdió casi 24 por ciento de su poder adquisitivo (Contralínea 101).
Según los especialistas, el gasto social es deficitario, no hay política económica que revierta la crisis en el campo y tampoco una visión de desarrollo. Diputados, especialistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la tolerancia de los mexicanos está en el límite.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa que el país camina, como en la última etapa del Porfiriato, hacia un estallido social similar al ocurrido en la Revolución de 1910. Advierte que las condiciones de vida de los mexicanos se deterioran y pierden referentes de cohesión: “Hay un país que ve la administración de Felipe Calderón y el que existe”.
Politólogo y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Lozano Ángeles considera que el cierre de 2008 será conflictivo. Anuncia que las condiciones serán tan deplorables que proyecten un posible estallido social, pues se avecina una crisis económica aguda.
Descontento social
Edgar Cortez Morales –secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT)– dice que las pequeñas movilizaciones en la vía pública son expresión de un enorme y diverso descontento social en el país, que puede aumentar.
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal apunta que en 2007 12.5 millones de personas realizaron 2 mil 93 movilizaciones en la vía pública: 892 en el ámbito local y 1 mil 582 en el federal, a las que asistieron 882 mil 525 personas. Durante ese año se contaron 1 mil 58 concentraciones, 466 bloqueos, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, tres huelgas de hambre y una protesta individual.
Sólo en enero de 2008 se registraron 194 movilizaciones: 91 concentraciones, 18 marchas, cinco mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos de acceso a instalaciones y 12 caravanas. Del total de movilizaciones, 107 fueron manifestaciones contra el gobierno federal y 87, contra el local. Del 31 de diciembre al 3 de febrero, las dependencias federales atendieron a los inconformes en un promedio de 10 horas, mientras que el gobierno capitalino lo hizo en tres horas.
En su Primer informe de labores 2007, la secretaría enuncia que del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 protestaron 14 millones 892 mil 300 personas en 1 mil 779 actos; 931 de ellos fueron de carácter federal con la participación de 643 mil 50 personas, y 513 de carácter local con la intervención de 66 mil 191 ciudadanos. Agrega que de los 1 mil 444 actos políticos realizados, 516 fueron concentraciones, 251 marchas, 303 bloqueos, 262 mítines, 26 plantones y 86 en el rubro de otros.
Represión, la respuesta
del Estado
Sesenta protestas sociales han sido criminalizadas desde 2005 hasta la fecha. Según la Red TDT, en 17 entidades federativas se registraron 32 proyectos económicos impuestos y a 28 expresiones de inconformidad se les imputó carácter delictivo. De éstas, 14 tenían como objetivo exigir el respeto a derechos, y el resto, la defensa y acceso a recursos naturales.
Organizaciones y ciudadanos en resistencia –apunta la Red TDT en el documento Sistematización de casos de criminalización de la protesta social– se defienden y protestan mediante el diálogo, la negociación y la realización de denuncias públicas, plantones, misas, tomas de instalaciones, campañas de difusión, foros, mítines, bloqueos y acciones jurídicas.
“Como respuesta –indica la Red TDT, compuesta por 58 organizaciones civiles– encuentran represión, militarización y criminalización de la protesta social”. Advierte que en la intención de imponer proyectos –que implican despojo de tierras y recursos naturales en su mayoría a pueblos indígenas– se recurre a la violencia policiaca, detenciones arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos, amenazas y hostigamientos.
De 2005 a la fecha, se documentó el uso de la represión en dos casos: en los retenes para acceder a la zona wixárica en Jalisco y en el conflicto en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
Once se criminalizaron: el arresto de migrantes en Chiapas; las protestas contra el proyecto de desarrollo social en Chihuahua; la disputa sindical en la empresa La Estrella en Coahuila; la construcción de una regasificadora y la ampliación del puerto de Manzanillo en Colima; la detención de Pedro Alvarado Delgado como observador del conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México; la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el DIF y el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación en Guanajuato; la exigencia de una educación en lengua me’phaa batá y la aprehensión del nan’cue o amuzgo David Valtierra, coordinador de la radio La Palabra de Agua en Guerrero; la protestas contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la detención de cuatro indígenas otomíes en Veracruz.
Además, se reprimieron y criminalizaron otros 11: el operativo policiaco de Bochil en Chiapas; la intervención policial en San Salvador Atenco, en el Estado de México; la oposición a un desarrollo habitacional en Morelos; la represión a miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, del Movimiento Ciudadano Juquileño y el desalojo de los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca; la inconformidad al Plan de Desarrollo Municipal en Puebla; la manifestación en contra del presidente estadunidense George Bush y las detenciones arbitrarias en Ciudad Caucel en Yucatán.
En el marco de su campaña “La protesta es un derecho, la represión, un delito”, la Red TDT anota que, pese a la alternancia en el poder, se siguen cometiendo casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social.
Expone que con Felipe Calderón ha continuado esta política represiva, que tiende a institucionalizarse mediante el incremento de la militarización y las reformas a la seguridad pública que originan un estado policial.
Así, en la Agenda de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México, publicada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su página electrónica, se incluye a los movimientos sociales como uno de los componentes sobre los que se recopila, procesa y difunde información junto con grupos armados, delincuencia organizada y terrorismo.
El artículo 139 del nuevo Código Penal Federal, respecto al delito de terrorismo, establece penas de seis a 40 años y hasta 1 mil 200 días de multa a “todo aquel que utilice medios violentos y realice actos en contra de personas o servicios públicos, que produzcan alarma y terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
La Red TDT señala que es tan ambiguo que puede ser utilizado contra los movimientos sociales. Para la Unidad Obrera Socialista (Unios) con estas modificaciones se condena cualquier intento de coacción para que el gobierno cumpla las demandas de la población: “El régimen reafirma su carácter autoritario y adopta medidas de corte fascista, pues quiere contener todo el descontento popular acumulado en más de 30 años de despojo neoliberal”.
Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red TDT, explica que las realidades de necesidad y lucha se tratan como hechos criminales y no como realidades originadas por el modelo económico de empobrecimiento y devastación.
“Los conflictos sociales –observa– son sacados del ámbito político y llevados al jurídico, se les somete a toda la complejidad que supone nuestro sistema de justicia para desgastarlos”.
Aunado al uso de la fuerza, las autoridades recurren a la detención y acusación a líderes sociales en delitos como robo, portación de armas, daño a propiedad ajena, obstrucción de las vías de comunicación o incitación a la violencia. También se les imputan delitos agravados, como los relacionados con la seguridad nacional, o se equiparan figuras delictivas para penalizarlos, como la retención de funcionarios con el secuestro.
El activista anota que así se determinan penas desproporcionadas y se imposibilita que continúen su proceso en libertad, además de ser encarcelados en prisiones de alta seguridad y obstruir su derecho al debido proceso: “La justicia en México se usa como un instrumento para castigar y presionar a la movilización social”.
Al ser criminalizadas, las organizaciones postergan sus demandas principales: su prioridad es la libertad de sus presos. A su parecer las instancias en procuración de justicia no garantizan imparcialidad en dichos procesos judiciales, pues son ellas mismas quienes están involucradas en las acciones represivas.
“El estado de derecho al que alude el gobierno federal –opina– es faccioso y selectivo. Se usa el derecho mafioso que se ensaña con quienes debería proteger y favorece a quienes debería vigilar, es decir, daña y ataca a los más débiles y se alía a los más poderosos”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringir el ejercicio de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos. Cortez Morales observa que los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, contenidos en la Constitución, contribuyen a la calidad de la democracia.
Se difama la lucha social, agrega, cuando se dice que afecta derechos de terceros, como el intento de la fracción panista para regular las marchas en el Distrito Federal: “Los espacios públicos no sólo son vías de tránsito, también son foros donde se debaten los asuntos de interés de la sociedad y son importantes, sobre todo, en una sociedad tan inequitativa donde los más pobres tienen menos posibilidades de ser escuchados”.
Guerra contra La Otra Campaña
El 19 de enero de 2008, Felipe Calderón se anunció como un presidente cercano a las fuerzas armadas y advirtió que no toleraría los desafíos a la autoridad del Estado.
El subcomandante insurgente Marcos ya advertía que tambores de guerra seguían sonando. Y es que, calificado por especialistas como el movimiento nacional más relevante, La Otra Campaña también sufre una guerra frontal con el Ejército. Su presencia en las 32 entidades de la República, con sus alrededor de 15 mil organizaciones e individuos adherentes, representa un reto para el gobierno federal, consideran los especialistas.
Lozano Ángeles explica: “La posibilidad del cambio ya no se ve en los partidos políticos, sino en la movilización organizada desde abajo”. Asegura que es por la vía de la organización y la participación donde habrá un cambio y es en las calles donde se ganará. “A eso le apuesta La Otra Campaña”.
Nacido a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 2006, es el “movimiento civil y pacífico de los de abajo y a la izquierda”, dice. Ese año, el subcomandante Marcos, como “delegado zero” de los zapatistas, recorrió 50 mil kilómetros por el país escuchando y recogiendo demandas. Contraria al paternalismo del gobierno, la visión del movimiento es que la gente del pueblo sea responsable de su futuro, explica Alejandro Varas, dirigente de Unios, organización adherente a La Otra.
Para Varas, el sistema explota, reprime y criminaliza a las víctimas: “No soportan el debate de ideas, no dialogan y engañan a la gente. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), cualquier partido en el poder lleva al país al declive por su desmesura y ambición”.
Aguirre Rojas señala que un movimiento con claridad en sus demandas puede derrocar a un presidente de una manera totalmente pacífica. Por ello, el cerco militar ceñido sobre Chiapas y el silencio respecto a esa militarización. El historiador indica que entre 6 y 7 de cada 10 militares están en territorio chiapaneco.
El 4 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) El Camino al Futuro denunció la incursión de 200 militares y elementos de la policía judicial y municipal a los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro del Caracol de La Garrucha. El gobierno autónomo advirtió que rodearon La Garrucha tres convoyes, nueve vehículos militares y de seguridad pública. Las bases de apoyo zapatista apuntan que fueron intimidados y acusados de tener sembradíos de marihuana.
Guiados por la policía municipal de Ocosingo, policías y militares se internaron a Galeana, donde la población se armó con machetes, piedras y hondas para impedirles el paso. Lo situación se repitió en San Alejandro, con soldados de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Los castrenses advirtieron que regresarían en 15 días.
“Toda la zona zapatista de Garrucha –aclaran– y sus autoridades autónomas somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay trabajador de milpa y platanar. Estamos dispuestos a luchar por libertad, justicia y democracia y rechazamos cualquier provocación”.
Además de la irrupción del Ejército, los zapatistas en Chiapas también sufren otros embates. Casi un mes antes, el 26 de mayo, también la JBG de Oventic denunció el secuestro de Manuel Hilario Gómez, base de apoyo zapatista, por perredistas de la comunidad de Chactoj, en el municipio de Zinacantán. Después de ser privado de su libertad por 34 horas, se le dijo que de no pagar una multa por 2 mil pesos sería nuevamente detenido.
Señala que desde 2002 en la comunidad de Sok’on los caciques perredistas privan de agua a familias base de apoyo zapatista. Además anota que en Zinacantán se hostiga a zapatistas para que se unan al PRD y así asegurar votos a favor de la presidencia municipal.
El 27 de mayo de 2008 el cuerpo policial Grupo Lobo golpeó y trasladó a miembros de la Voz del Amate –grupo de reclusos que se definen como presos políticos por apoyar al ELZN y a La Otra Campaña–, del Centro de Rehabilitación Social número 14, a diferentes reclusorios en el estado.
Desde que el grupo comenzó su protesta –alude el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en una acción urgente emitida el 24 de julio de 2006– las autoridades carcelarias animan a otros presos para que hostiguen y amenacen al grupo. Según Enlace Zapatista –la bitácora en línea de la Comisión Sexta del EZLN– se les tiene prohibido ayunar y realizar huelgas de hambre o protestar de cualquier forma.
Debido al despliegue de las fuerzas armadas en Chiapas, La Otra Campaña interrumpió su segunda etapa en septiembre del año pasado. El cierre estaba previsto para junio, cuando se cumplieran tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Aún así se trabaja en la estructuración del Programa Nacional de Lucha, del que ha dicho el subcomandante Marcos se pasará entonces a la agitación y la difusión. El dirigente de Unios advierte que el gobierno federal está jugando con una bomba de tiempo y habrá respuestas más concluyentes. “El movimiento será explosivo, pero pacífico”.
El lopezobradorismo
Autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil y a la movilización social para oponerse al fraude electoral y defender el petróleo. El sociólogo y politólogo Carlos Lozano Ángeles sostiene que el PRD, si quisiera encabezar el cambio social, tendría que olvidarse de las confrontaciones electorales. Además, las disputas internas desgastan la institucionalidad del partido y la figura de López Obrador.
Observa que de unirse a otros movimientos sociales, se podría generar un pacto social novedoso que obligara al gobierno de Calderón a llegar a un acuerdo nacional para impulsar temas desde una reforma política. Advierte que tendría que ser una movilización que rebase la influencia partidista.
Sin embargo, Aguirre Rojas encuentra como limitante que de origen dichas movilizaciones hubiesen nacido para defender a López Obrador, luego de los comicios de 2006.
La diputada perredista y secretaria de la Comisión de Gobernación, Valentina Batres, asegura que el “gobierno legítimo” de López Obrador tendrá como sostén “al pueblo organizado”. Señala que 2 millones y medio de personas manifestaron su oposición al fraude electoral. Además de que 2 millones de ciudadanos se mueven en defensa del petróleo. Agrega que como parte del Frente Amplio Progresista, el PRD sumará esfuerzos con la iniciativa civil para defender los temas nacionales.
Falta de gobernanza, el otro factor
Para Alberto Amador Leal, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la polarización política –agravada tras las elecciones del 2 de julio de 2006– es también factor para que aumente la movilización social.
En la administración calderonista observa que no hay gobernanza, que –según la Real Academia Española– es el arte de gobernar para lograr el desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
Agrega que la relación entre el gobierno federal con los poderes de la Unión no alcanza a ser institucional, como tampoco lo es el trato con legisladores ni con gobiernos locales. Apunta que también la administración de Felipe Calderón está desvinculada de sectores sociales, sindicales y campesinos, a los que ha excluido y desconoce su papel de intermediarios sociales.
Considera que otro factor de riesgo es la pugna electoral de 2009, en la que se renovará la Cámara de Diputados.
En opinión del diputado priísta, Calderón debe asumir su papel de jefe del Ejecutivo y no de partido.
Valentina Batres, secretaria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, considera que el costo de tener un presidente ilegítimo es mayor que el de haber repetido las elecciones. “Al frente está un partido con visión pequeña de lo que significa gobernar y está ausente de su obligación de escuchar las demandas populares”. Advierte que el ciudadano está desamparado porque “prevalece la ley de la selva, donde gobierna el más fuerte”.
Si el hecho de que el 80% de un millón y medio de personas digan NO a la privatización de PEMEX carece de importancia para los legisladores panistas, priistas y chuchistas podría significar que están muy ciegos, que son ignorantes o quizá solo que son estúpidos. Nada de eso, saben que ese millón y medio que se tomó la molestia de salir a buscar una casilla y sufragar su opinión, incluidos los que optaron por el SI, no pueden ser ignorados; hacerlo significaría jugar con fuego.
La consulta ciudadana, aunque con una participación menor a la esperada, logró demostrar lo que ya se preveía; amplios sectores de la población, evidentemente no están de acuerdo con la reforma energética, ni con privatizar Pemex en ninguna de sus variantes, pero además detrás de ese NO, está implícito su rechazo a las políticas neoliberales que Feli-pele Calderón ha venido aplicando desde que usurpó la silla presidencial, no es cosa menor.
Los panistas, priístas y chuchos le apostaron a boicotear la consulta y fracasaron pues millón y medio de participaciones, con más del 80 % manifestándose por el No, es una manifestación que no puede ser ignorada, aunque cerrados como son, ahora tratarán de contrarrestar los efectos con mentiras y mediatización propagada por los medios masivos de comunicación comerciales. Pero no van a poder, pues ya mucha gente está encaminada y seguramente defenderá su opinión. Ya los integrantes del FAP afirmaron que el próximo lunes harán públicas las medidas de resistencia civil, pero la gente accionará por sobre de ellos en caso de que se queden cortos ante la gravedad de los acontecimientos. Ya muchas organizaciones, grupos y personas están claras de lo que sucede y de lo que hay que hacer. Se aproximan tiempos de acción y si fuera necesario de autodefensa y confrontación eso lo saben los mismos reaccionarios, ojala lo entiendan los democráticos que se dicen de izquierda.
El Gobierno Federal y la colusión (perdón coalición) de los partidos PRI, PAN y PRCHUCHOS ante lo previsible del resultado y ante el desprestigio de la propuesta original panista ya adelantaron su plan ‘b'; la propuesta priista o ‘Ley Beltrones' que en términos reales es la misma gata solo que revolcada para engañar a los mexicanos, de esa manera pretenden hacerle creer a la gente que el planteamiento del PRI representa un punto intermedio entre la postura privatizadora panista y la no reformadora frenteamplista, un ‘promedio' pa' que todos queden contentos', pero no será así.
De ahí, una deducción importarte sería que la ‘democracia representativa' que conocemos no es en realidad democracia, sino una partidocracia tendiente al parlamentarismo que no sirve al pueblo, es decir, el problema no es que los diputados existan como instancia de representación, sino que crean que pueden hacer lo que les plazca por que este derecho les fue asignado por una mayoría silenciosa... Lo que en realidad funciona al pueblo es la participación incluyente directa organizada por el mismo pueblo desde abajo, existen en nuestra historia reciente ejemplos de organización desde las bases, haciendo a un lado a los falsos representantes populares, tales son los casos de Consejo Nacional de Huelga en el movimiento del 68 y el del CGH durante la Huelga Rebelde del 99-2000, ambos, triunfos para la lucha social que generaron grandes avances en hacer democracia de a de veras, ni la represión que sufrieron podrá nunca negarles sus méritos como tales.
Es por ello que el Pan y Calderón aunque traten de aparentar lo contrario no pueden ocultar su preocupación, con la aprobación -o no-, de la reforma energética están en juego también los resultados de las elecciones intermedias del próximo año para renovar el congreso; el regreso de Vicente Fox al gran circo de la política mexicana y el nuevo acercamiento con Espino por parte del PAN, demuestra que ante la falta de legitimidad y gobernabilidad del gobierno federal, el statu quo presiona al espurio a permitir que Fox y el Yunke continúen gobernando México, signo inequívoco de debilidad, que se hará mas patente si su reforma no pasa.
Por eso, querido lector, lo mejor es no creer lo que dicen los medios oficiales como Televisa, TV Azteca, Radio fórmula, Radio Centro, El Reforma y busques fuentes alternas de información, te formes tu propia opinión con sentido crítico constructivo y lo más importante; hayas votado o no hayas votado, organízate y lucha. El Foro Abierto de Casa del Lago en Chapultepec, es un espacio universitario gratuito para ti y tu familia en el que puedes participar y hacer algo para organizarte con los tuyos en la defensa de la voluntad popular, al mismo tiempo que disfrutas de teatro, música y talleres.
Cortesía Machete Arte
Ora vez, la misma película: el ahorro de los trabajadores, ese con el que muchos esperan jubilarse para seguir disfrutando cuando menos del mismo nivel de vida que ahora llevan, está valiendo ‘madres', para decirlo en buen castizo. Sólo en junio inmediato anterior, las Afores tuvieron "el peor rendimiento histórico en el sistema de pensiones" que se haya registrado en México.
De acuerdo a un estudio de Banamex, fechado hace cinco días, publicado este lunes y firmado por Arnulfo Rodríguez y Theany Bazet, nada más el mes pasado tuvieron una minusvalía de 5.66 por ciento –esto es, en un mes, perdieron más del 5%--, lo que implica más del 50% en forma anualizada. ¿Sabe usted que quiere decir esto? Pues que sus ahorros se redujeron a la mitad de lo que usted tenía depositado en junio de 2007.
El sistema de pensiones de los trabajadores, otra vez, es la víctima pasiva sobre la que se ceban los grandes intereses financieros, nacionales y extranjeros, para obtener cuantiosas ganancias, aprovechando la crisis planetaria. ¿Por qué se redujo el valor de su ahorro para el retiro? Fundamentalmente, porque el Banco de México que gobierna Guillermo Ortiz subió la tasa de interés, cuando de acuerdo a los expertos –y pese a las súplicas del señor Felipe Calderón y su secretario de Hacienda--, no había necesidad de hacerlo, habida cuenta de los muchos cientos de millones de dólares que ingresan al país cada día, principalmente por la venta de petróleo crudo en el extranjero.
Su Afore está valiendo madres, también, porque los administradores de esos recursos, los dueños y accionistas de las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefores) se pagaron a sí mismo, en junio, la muy bonita suma de un mil 200 millones de pesos por concepto de comisiones. Reporta el análisis de Banamex, en efecto, que a junio de este año los activos netos administrados por las Siefores sumaron 834.6 mil millones de pesos, cifra que significó un descenso de 49.9 mil millones de pesos respecto al cierre de mayo. En junio, señala el reporte, las administradores de Afores cobraron comisiones por 1.2 mil millones de pesos, además se registró una disminución total en los activos administrados de 52.3 mil millones de pesos, imputable a minusvalías en sus portafolios. "Por efecto de estas minusvalías, al cierre de junio, las Afores registraron en promedio un rendimiento mensual negativo de 5.66% nominal, 50.28% (en términos) anualizado (s).
Esta tasa representa el peor rendimiento histórico del sistema de pensiones en México", señala el reporte. La legislación mexicana en la materia autoriza a cada Afore a administrar dos Siefores, una de ellas dedicada principalmente a invertir en papeles del gobierno y la otra a inversiones indexadas a los mercados financieros internacionales. Según Banamex, los mayores niveles inflacionarios en el país y el incremento en 25 puntos bases en la tasa de fondeo por parte del Banco de México, impulsaron al alza la curva local de rendimientos, donde, las tasas de los bonos con vencimiento en 2017, 2027 y 2036 alcanzaron máximos históricos de 9.22%, 9.34% y 9.42% durante junio. Bonita explicación, ¿no cree usted? Lo cual no implica que su ahorro para el retiro no esté valiendo… Por: Francisco Rodríguez
J. Enrique Olivera Arce
¿Cómo habría que explicarle a nuestra clase política que lo que la ciudadanía está expresando por diversas vías, son mensajes más que evidentes de la necesidad de cambio de rumbo? México no puede ni debe ya seguir por el camino de la simulación democrática, so pena de un estallido social que complique aún más la ya de sí compleja y polarizada vida política nacional y su acompañante, el estancamiento y retroceso que acusa la economía.
Si lo que se pretende es involucrar a toda la sociedad en la búsqueda de respuestas a la problemática que se vive, este involucramiento no se logra ni por decreto ni por voluntarismo cupular. La sociedad tiene por si misma, desde la profundo de sus entrañas, que generar el impulso necesario para, a partir de una conciencia colectiva, le concite a asumirse corresponsable en la construcción de su presente proyectado al futuro. Lo que no es posible en tanto la mayoría transite su vida cotidiana bajo el velo de la desinformación, la manipulación y el engaño, que desde la cima del poder se le impone.
Lo cual salta a la vista en el reciente ejercicio de participación y consulta ciudadana. Los mismos que desde el poder niegan a la población la posibilidad de estar informada, han sido los primeros que agitar el argumento en contra del ejercicio democrático, de que la ciudadanía no cuenta con elementos de juicio para expresarse en torno a una temática de indudable interés para la Nación. Descalificando el legítimo interés de un importante segmento de la sociedad por participar en el debate, expresando su opinión en un asunto que compete a todos los mexicanos.
Y por si fuera poco, la reacción no duda en insistir en despreciar la inteligencia del pueblo de México, sacando de entre las “momias de Guanajuato” a un personaje ya juzgado y condenado por la historia reciente de este país, elevándolo al primer nivel decisorio del partido en el gobierno, “por haber dado futuro y democracia a México”. Ninguno de los partidos políticos que se ostentan como oposición, elevó su más enérgica condena frente a este hecho deleznable. Con su silencio se hacen cómplices de tal desprecio a la inteligencia popular.
Como también resulta harto sintomático de tal desprecio el que la clase política nacional en pleno, aplauda el papel protagónico que desde Los Pinos se asigna a otro personaje salido de las catacumbas, la auto asignada líder moral vitalicia del SNTE, en una simulada reforma con la que se pretende elevar la calidad educativa en México. Premiándose el corporativismo, la corrupción, la impunidad, y el retroceso democrático, como paradigmas del progreso y la modernidad.
Vaya necedad y que necesidad de restregarle en el rostro a las mayorías de este país, el papel de menor de edad que la cúpula del poder le asigna en la asimétrica relación entre mandantes y mandatarios. Reduciendo la legitimación del ejercicio del poder público a un mero asunto de retórica. Y aún así, la clase política se llena la boca llamando a la llamada “sociedad civil” a sumarse a presuntas soluciones a problemas que aquejan al país, que por principio, excluyen a la ciudadanía de su derecho a la participación democrática.
Hoy un renombrado comunicador veracruzano, me reiteró que la democracia representativa se legitima, de principio a fin, con el sufragio mayoritario a favor de los mandatarios electos, así se obtenga tal mayoriteo por un voto de diferencia. Si el pueblo se equivoca a la hora de elegir, “se chinga” y esperará su próxima oportunidad. En ello se sustenta la democracia simulada de este país.
■ Participaron alrededor de 870 mil personas
■ Por el sí votaron 106 mil, según proyección
Al menos 870 mil personas participaron en la consulta ciudadana sobre la reforma energética, según el resultado de un conteo rápido sobre 10 por ciento de mesas receptoras de opinión computadas, lo que significa casi el doble del promedio histórico que se ha obtenido en la ciudad en este tipo de procesos, informó el Consejo Ciudadano, el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y el Instituto Electoral local.
Los resultados de una encuesta de salida realizada por Consulta Mitofsky arrojaron que 84.7 por ciento de las personas encuestadas respondió no, y en ese mismo sentido lo hicieron 82.9 por ciento en la segunda pregunta.
Pasada la media noche, el conteo del Centro General de Cómputo, con 2 mil 988 mesas computadas, 53.52 por ciento de las 5 mil 585, daba los siguientes resultados: para la pregunta 1: “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan participar empresas privadas?”, 439 mil 715 opiniones: 384 mil 85 por el no (87.37 por ciento); 51 mil 872 por el sí (11.78 por ciento) y 3 mil 758 anuladas (0.85 por ciento).
En la pregunta 2: “En general, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?”, 441 mil 374 votos: 372 mil 76 por el no (84.30 por ciento), 65 mil 310 por el sí (14.80 por ciento) y 3 mil 988 no válidos (0.90 por ciento).
Cifras del conteo rápido
En conferencia de prensa, a las 21:30 horas, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila Pérez; el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Círigo; el consejero presidente del IEDF, Isidro Cisneros, y los integrantes del Consejo Ciudadano presentaron una proyección de la participación general en la consulta a partir del conteo rápido con 181 mesas receptoras computadas.
El periodista Carlos Payán Velver explicó que, a partir de dicho conteo, en la pregunta uno se obtuvieron 28 mil 38 votos, 24 mil 362 por el no y 3 mil 415 por el sí, anulándose 261. Es decir, calculando la proyección a las 5 mil 585 mesas, el resultado sería de 869 mil 488 participantes, 755 mil 491 por el no y 105 mil 903 por el sí, con 8 mil 094 anulados.
De la pregunta 2, en estas 181 mesas se obtuvieron 28 mil 66 participaciones, de las cuales 23 mil 667 son por el no, 4 mil 191 por el sí, y se anularon 208, es decir, una proyección de 870 mil 356 opiniones con 733 mil 939 por el no,129 mil 967 por el sí y 6 mil 450 anuladas.
Se rebasó el promedio
Payán resaltó que el promedio histórico de participaciones en ejercicios similares realizados con anterioridad es de 448 mil participantes con credencial de elector: 170 mil en el de la reforma política de 1989; 318 mil en la del horario de verano de 2001; 47 mil en el de la tarifa de transporte público; construcción del segundo piso en viaducto, 80 mil, en 2002; construcción del segundo nivel en Periférico, 420 mil, el mismo año y la consulta verde, 472 mil.
Ávila Pérez afirmó que por el nivel de organización y el desarrollo de la jornada, en la que participaron 80 notarios públicos para certificar el proceso –desde la entrega y apertura de actas, el desarrollo y el conteo–, la consulta “ha sido todo un éxito”.
Los resultados de una encuesta de salida realizada por la empresa de opinión pública Consulta Mitofsky arrojaron que 84.7 por ciento de las personas encuestada respondieron no en la primera pregunta y 153 por ciento sí, mientras que en la segunda pregunta 82.9 por ciento dijeron no y 17.1 por ciento sí.
Marcelo Ortega, director general de la empresa, explicó que la encuesta se realizó a un universo de mil 600 ciudadanos en 74 mesas receptoras de opinión en todo el Distrito Federal, seleccionadas en proporción del universo de mesas instaladas en cada delegación con un nivel de confiabilidad de 95 por ciento y un margen de error de más/menos 3 por ciento.
Ávila Pérez informó que será hasta mañana cuando Ebrard, junto con la Asamblea Legislativa, hagan un pronunciamiento sobre el resultado de la consulta. Se tenía previsto que a partir de las 21:30 horas, el conteo del Centro General de Cómputo debía observarse en la página de Internet www.consultaenergetica.gob.mx, pero debido a “problemas técnicos”, la información se pudo apreciar hasta después de las 0:40 horas y se mantendrá hasta que concluya.
Mientras que los candidatos a la presidencia intercambian dardos y se acusan mutuamente de cambiar con facilidad sus posiciones políticas, ambos están de acuerdo con el presidente Bush en su entusiasta apoyo a la energía nuclear.
El senador John McCain ha pedido 100 nuevas centrales nucleares. El senador Barack Obama, en un debate entre los candidatos demócratas a la presidencia en julio de 2007, respondió a un miembro del público que estaba en favor de la energía nuclear: “verdaderamente creo que debemos analizar el uso de la energía nuclear como parte del mix energético”. Entre los máximos contribuyentes a la campaña de Obama se encuentran ejecutivos de Exelon Corp., el principal operador de plantas nucleares del país. Precisamente esta semana, Exelon lanzó un nuevo proyecto llamado “Exelon 2020: mapa de ruta para reducir las emisiones de carbono” (Exelon 2020: A Low-Carbon Roadmap). La industria de la energía nuclear percibe el calentamiento global como una oportunidad de oro para venderle al mundo sus centrales de energía nuclear absurdamente caras y peligrosas.
Pero la energía nuclear no es una solución al cambio climático; más bien, provoca problemas. Amory Lovins es cofundador y director científico del Instituto Rocky Mountain de Colorado. Plantea argumentos sencillos y poderosos contra la industria nuclear: “El resurgimiento nuclear del que solemos hablar no está ocurriendo realmente. Es una ilusión cuidadosamente fabricada... no hay compradores. Wall Street no está poniendo ni un solo centavo de capital privado en esta industria, a pesar de los subsidios de más de 100 por ciento”. Y añade: “Básicamente, podemos tener tantas centrales nucleares como el Congreso sea capaz de hacer pagar a los contribuyentes. Pero no se tendrá ninguna en la economía de mercado”.
Incluso si la energía nuclear fuera económicamente viable, prosigue Lovins, “el primer problema que habría que considerar, en mi opinión, sería la proliferación de armas nucleares, cosa que esta industria facilita en sumo grado. Si tomas por ejemplo lugares como Irán y Corea del Norte... ¿cómo crees que lo están haciendo? Irán asegura que está generando electricidad esencial para su desarrollo... La tecnología, los materiales, el equipo, las habilidades son aplicables a ambos procesos... El presidente tiene toda la razón al identificar la proliferación de armas nucleares como la más seria amenaza a nuestra seguridad, así que es realmente incomprensible para mí que esté intentando acelerar dicha proli- feración por todos los caminos que se le ocurren... Es una pésima idea a menos que realmente estés interesado en fabricar bombas. Realmente ha provocado una nueva carrera armamentista en Medio Oriente al intentar impulsar la energía nuclear en la región”.
Junto con la proliferación, está el problema de las amenazas terroristas a los reactores nucleares ya existentes, como la polémica central nuclear Indian Point, de la empresa Entergy, a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Lovins las llama “el mayor blanco terrorista que te puedas imaginar. No es necesario estrellar un avión contra una central nuclear o tomar por asalto una central y ocupar la sala de control para provocar que el material peligroso sea liberado al exterior. En la mayoría de los casos se lo puede hacer desde el exterior del emplazamiento con métodos que los terroristas tendrían fácilmente a su disposición”.
También están los residuos nucleares: “Siguen siendo peligrosos durante mucho tiempo. Así que se los debe colocar en algún lugar lejos de la gente y la vida y el agua durante un periodo de tiempo muy largo... millones de años, posiblemente... Hasta ahora, todos los lugares que hemos analizado resultaron ser geológicamente no adecuados, incluyendo Yuca Mountain”. Durante su testimonio en una audiencia del Congreso celebrada esta semana, el funcionario del Departamento de Energía Edward Sproat afirmó que el costo del vertedero nuclear en Yuca Mountain, Nevada, había ascendido a 90 mil millones de dólares. Programado para ser puesto en funcionamiento hace 10 años, su apertura se prevé ahora para el año 2020. E incluso esa previsión es optimista. El representante Jim Matheson, demócrata por Utah, quiere impedir que los residuos nucleares pasen por el estado de Utah, y la mayoría de los habitantes de Nevada se oponen al proyecto del vertedero nuclear de Yucca.
Los candidatos a la presidencia se equivocan con respecto a la energía nuclear. La energía eólica, la energía solar y la microgeneración (generación de electricidad y calor al mismo tiempo en pequeñas centrales), por otra parte, están tomando impulso en todo el mundo, consiguiendo acaparar miles de millones de dólares de inversiones privadas. Lovins lo resume así: “Una de las principales razones por las que en la actualidad tenemos el problema del petróleo y el problema climático es porque nos hemos gastado el dinero en lo que no debíamos. Si lo hubiéramos gastado en la eficiencia energética y las energías renovables, esos problemas no existirían y habríamos ganado billones de dólares a cambio porque es mucho más barato preservar energía que suministrarla”.
La respuesta está flotando en el viento.*
* The answer is blowing in the wind, de la famosa canción de Bob Dylan.
Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now! (www.democracynow.org), noticiero internacional emitido diariamente en más de 700 emisoras de radio y televisión en EU y el mundo.
© 2008 Amy Goodman
Traducción: Ángel Domínguez
