Jorge Zepeda Patterson
Vale la pena preguntarse: ¿con qué rapidez cambiaría México si existieran muchos informes como el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el New’s Divine? Imagínese usted si tuviéramos un reporte equivalente sobre la Oaxaca de Ulises Ruiz y sus funcionarios, los abusos de los militares, las irregularidades en la elección del PRD, los negocios de los Bribiesca Sahagún, o de la familia Mouriño y sus nexos con Pemex
¿Qué pasaría si todos supieran que tras sus corruptelas vendrá un informe tan preciso como el de la CDHDF?
Vale la pena preguntarse: ¿con qué rapidez cambiaría México si existieran muchos informes como el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el New’s Divine? Imagínese usted si tuviéramos un reporte equivalente sobre la Oaxaca de Ulises Ruiz y sus funcionarios, los abusos de los militares, las irregularidades en la elección del PRD, los negocios de los Bribiesca Sahagún, o de la familia Mouriño y sus nexos con Pemex.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si Emilio Álvarez Icaza fuese el secretario de la Función Pública en lugar de los empleados que el Presidente coloca allí para proteger a los suyos? ¿Qué sucedería en el país si todo gobernador y secretario de Estado supiera que detrás sus corruptelas y violaciones sobrevendrá un informe tan preciso y claridoso como el de esta semana?
Aprovechemos a este defensor del pueblo y su equipo antes de que lo paren. La clase política, los tres partidos, han sido terriblemente perversos para tapiar las escasas ventanas que abrió la sociedad para participar en los asuntos públicos y para propiciar la rendición de cuentas.
Recordemos que en la década de los 90 el PRI se vio obligado a ceder terreno simplemente para evitar o retrasar su derrumbe presidencial. En esa coyuntura se abrió una tibia oleada de procesos de ciudadanización que se concretaron en comisiones de derechos humanos, en un IFE ciudadano, en comités de regulación en materia económica y hasta en una Secodam que antes no existía.
Pero todos esos espacios se han ido cerrando. La partidocracia volvió a cooptar al IFE, los gobernadores controlaron a sus comités electorales y de derechos humanos, y los dos presidentes panistas decidieron que la democracia sonaba mejor cuando eran oposición y no gobierno.
La decisión de Zedillo de entregar la Procuraduría a la oposición resulta hoy en día en absoluto impensable, justamente por esa cerrazón. La trayectoria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de José Luis Soberanes es particularmente triste, pues terminó siendo una aliada de los políticos, un defensor del poder.
Alguien ha dicho que todo lo reportado por esta CDHDF sobre la tragedia de los jóvenes ya se conocía. No es así: léase el informe. Por otro lado, muchos detalles habían salido a la prensa, pero eso no asegura que fuesen verdaderos; había mucha información distorsionada e inflada. Era imprescindible que una investigación oficial e imparcial estableciese paso a paso las violaciones y responsabilidades que en realidad existieron.
Lo más importante es que hasta ahora nadie ha puesto en duda la veracidad del reporte o su independencia. Y eso no es poca cosa en un país en el que la simulación y la impunidad han ocasionado la pérdida de credibilidad del tejido institucional.
No se trata de glorificar a Emilio Álvarez Icaza y a su equipo. Simplemente han hecho lo que les exige su tarea como defensores de los defeños. Justamente ese es el fondo de la cuestión. Nos hemos acostumbrado a que estas comisiones sean paleras. Bastaría con que estos espacios comenzaran a funcionar para resquebrajar el edificio de la impunidad que domina al país. Esa debe ser una exigencia de todos, independientemente del partido con el que simpatice cada quien. Esto no mejorará hasta que todos seamos un poco “ombudsman, o defensores, de los demás”.
Vale la pena preguntarse: ¿con qué rapidez cambiaría México si existieran muchos informes como el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el New’s Divine? Imagínese usted si tuviéramos un reporte equivalente sobre la Oaxaca de Ulises Ruiz y sus funcionarios, los abusos de los militares, las irregularidades en la elección del PRD, los negocios de los Bribiesca Sahagún, o de la familia Mouriño y sus nexos con Pemex
¿Qué pasaría si todos supieran que tras sus corruptelas vendrá un informe tan preciso como el de la CDHDF?
Vale la pena preguntarse: ¿con qué rapidez cambiaría México si existieran muchos informes como el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el New’s Divine? Imagínese usted si tuviéramos un reporte equivalente sobre la Oaxaca de Ulises Ruiz y sus funcionarios, los abusos de los militares, las irregularidades en la elección del PRD, los negocios de los Bribiesca Sahagún, o de la familia Mouriño y sus nexos con Pemex.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si Emilio Álvarez Icaza fuese el secretario de la Función Pública en lugar de los empleados que el Presidente coloca allí para proteger a los suyos? ¿Qué sucedería en el país si todo gobernador y secretario de Estado supiera que detrás sus corruptelas y violaciones sobrevendrá un informe tan preciso y claridoso como el de esta semana?
Aprovechemos a este defensor del pueblo y su equipo antes de que lo paren. La clase política, los tres partidos, han sido terriblemente perversos para tapiar las escasas ventanas que abrió la sociedad para participar en los asuntos públicos y para propiciar la rendición de cuentas.
Recordemos que en la década de los 90 el PRI se vio obligado a ceder terreno simplemente para evitar o retrasar su derrumbe presidencial. En esa coyuntura se abrió una tibia oleada de procesos de ciudadanización que se concretaron en comisiones de derechos humanos, en un IFE ciudadano, en comités de regulación en materia económica y hasta en una Secodam que antes no existía.
Pero todos esos espacios se han ido cerrando. La partidocracia volvió a cooptar al IFE, los gobernadores controlaron a sus comités electorales y de derechos humanos, y los dos presidentes panistas decidieron que la democracia sonaba mejor cuando eran oposición y no gobierno.
La decisión de Zedillo de entregar la Procuraduría a la oposición resulta hoy en día en absoluto impensable, justamente por esa cerrazón. La trayectoria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de José Luis Soberanes es particularmente triste, pues terminó siendo una aliada de los políticos, un defensor del poder.
Alguien ha dicho que todo lo reportado por esta CDHDF sobre la tragedia de los jóvenes ya se conocía. No es así: léase el informe. Por otro lado, muchos detalles habían salido a la prensa, pero eso no asegura que fuesen verdaderos; había mucha información distorsionada e inflada. Era imprescindible que una investigación oficial e imparcial estableciese paso a paso las violaciones y responsabilidades que en realidad existieron.
Lo más importante es que hasta ahora nadie ha puesto en duda la veracidad del reporte o su independencia. Y eso no es poca cosa en un país en el que la simulación y la impunidad han ocasionado la pérdida de credibilidad del tejido institucional.
No se trata de glorificar a Emilio Álvarez Icaza y a su equipo. Simplemente han hecho lo que les exige su tarea como defensores de los defeños. Justamente ese es el fondo de la cuestión. Nos hemos acostumbrado a que estas comisiones sean paleras. Bastaría con que estos espacios comenzaran a funcionar para resquebrajar el edificio de la impunidad que domina al país. Esa debe ser una exigencia de todos, independientemente del partido con el que simpatice cada quien. Esto no mejorará hasta que todos seamos un poco “ombudsman, o defensores, de los demás”.
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