Laura Itzel Castillo
Felipe Calderón pretende llevar a Centroamérica un modelo de construcción de vivienda que ya fracasó en México y Estados Unidos
En vez de solucionar el gravísimo problema de cartera vencida y desalojos que se ha venido acrecentando en nuestro país, Felipe Calderón pretende exportar a Centroamérica nuestro modelo habitacional, con lo cual extendería a toda la región el conflicto social creciente que aquí ha significado. Los 33 millones de dólares que México aportará a la construcción de vivienda, según anuncio oficial, es sólo un gancho para que las naciones presuntamente beneficiadas importen este modelo de vivienda que, además de ser un agente de depredación ambiental y agraria, excluye a los sectores más pobres y sólo favorece a los constructores privados.
En realidad, el modelo habitacional mexicano no es propio. Corresponde a un conjunto de políticas impuestas desde el exterior en las últimas tres décadas. Como resultado, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía nacional se ha colocado a la zaga de América Latina y el Caribe. Así, para 2007 y 2008 nuestro país habrá de registrar un crecimiento promedio del 3 por ciento, mientras que las economías de los países de esta región crecerán a una tasa de 5 por ciento.
En materia de vivienda los cambios han sido profundos. Lo mismo en regulación financiera que en la normatividad que rige a los organismos del sector. Éstos perdieron el carácter social que les dio origen y se transformaron en entidades bancarias. Así, el Estado mexicano pasó de ser un promotor de habitaciones a un simple facilitador o intermediario financiero, que favorece a entidades privadas, monopolios inmobiliarios y a trasnacionales que lucran con la cartera vencida hipotecaria.
Desde hace varios años, la derecha implantó en México el mismo esquema de créditos hipotecarios que ha sumido a Estados Unidos, y a buena parte de las entidades financieras del mundo, en una crisis inmobiliaria mayúscula. Se trata de empréstitos públicos y privados a personas cuya capacidad de endeudamiento es nula o baja: los llamados subprime o créditos de riesgo. Estos préstamos neutrones, como los llama el destacado economista estadounidense James K. Galbraith (porque destruyen a las familias), han generado una crisis de tal magnitud, que a finales de junio pasado el Senado de Estados Unidos tuvo que autorizar una garantía de Estado por cerca de 300 mil millones de dólares, con el objeto de frenar la ola de juicios contra los deudores y evitar que más de 500 mil personas en aquel país pierdan sus viviendas.
Este modelo inmobiliario que se pretende exportar a Centroamérica (con 50 mil acciones de vivienda en una primera etapa y 500 mil en el largo plazo) ha sido un fracaso total en Estados Unidos y en México. Aquí se ha convertido también en un problema social creciente. Cito algunos ejemplos: 1. De acuerdo con el INEGI, en octubre de 2007, el 14 por ciento de las viviendas del país, es decir 4.3 millones, estaban deshabitadas.
2. En junio de 2007, la cartera vencida del Infonavit era de 110 mil créditos. Para mayo de este año, el número de créditos quebrados ascendió a 130 mil. Esto se debe al diseño mercantil de los préstamos, que los vuelve impagables, y al creciente desempleo.
3. La problemática no es privativa del Infonavit. Se trata de una crisis general. Según la Secretaría de Hacienda, la cartera vencida del sistema financiero mexicano aumentó 2 mil millones de pesos en tres meses, colocándose en 27 mil 200 millones de pesos en marzo de este año. De esta cifra, 9 mil millones corresponde a los créditos hipotecarios de la banca.
4. Otro indicador del fracaso social de esta política es el creciente número de asentamientos irregulares en todo el país. No existe una visión integral del desarrollo urbano y por tanto no se garantiza reserva territorial ni dotación de suelo para la población necesitada. Según Corett, hay 53 millones de personas que no cuentan con vivienda escriturada y cada año se integran a zonas urbanas 300 mil hogares, de los cuales 125 mil ocupan el suelo de manera irregular. Esto se debe, en buena medida, a que las nueve desarrolladoras inmobiliarias que controlan el mercado en México (Homex, Sare, Geo, Ara, Urbi y otras) acaparan gran parte del suelo de las principales ciudades del país.
Algunos directivos de esas empresas han fungido previamente como funcionarios de gobierno. Tal es el caso del gallego David Sánchez Tembleque, quien, como subdirector de Finanzas de Infonavit, vendió 55 mil créditos a 2 trasnacionales y vio crecer 900 por ciento a la empresa Homex, de la cual, casualmente, después fue directivo. Si a esto le sumamos los subsidios que las desarrolladoras reciben a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, entonces nos explicamos su crecimiento de mil 118 por ciento, de acuerdo con el Índice Habita de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Será por eso que los directivos de estas corporaciones estuvieron presentes en el acto donde fue rebautizado el abortado Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica?
Felipe Calderón pretende llevar a Centroamérica un modelo de construcción de vivienda que ya fracasó en México y Estados Unidos
En vez de solucionar el gravísimo problema de cartera vencida y desalojos que se ha venido acrecentando en nuestro país, Felipe Calderón pretende exportar a Centroamérica nuestro modelo habitacional, con lo cual extendería a toda la región el conflicto social creciente que aquí ha significado. Los 33 millones de dólares que México aportará a la construcción de vivienda, según anuncio oficial, es sólo un gancho para que las naciones presuntamente beneficiadas importen este modelo de vivienda que, además de ser un agente de depredación ambiental y agraria, excluye a los sectores más pobres y sólo favorece a los constructores privados.
En realidad, el modelo habitacional mexicano no es propio. Corresponde a un conjunto de políticas impuestas desde el exterior en las últimas tres décadas. Como resultado, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía nacional se ha colocado a la zaga de América Latina y el Caribe. Así, para 2007 y 2008 nuestro país habrá de registrar un crecimiento promedio del 3 por ciento, mientras que las economías de los países de esta región crecerán a una tasa de 5 por ciento.
En materia de vivienda los cambios han sido profundos. Lo mismo en regulación financiera que en la normatividad que rige a los organismos del sector. Éstos perdieron el carácter social que les dio origen y se transformaron en entidades bancarias. Así, el Estado mexicano pasó de ser un promotor de habitaciones a un simple facilitador o intermediario financiero, que favorece a entidades privadas, monopolios inmobiliarios y a trasnacionales que lucran con la cartera vencida hipotecaria.
Desde hace varios años, la derecha implantó en México el mismo esquema de créditos hipotecarios que ha sumido a Estados Unidos, y a buena parte de las entidades financieras del mundo, en una crisis inmobiliaria mayúscula. Se trata de empréstitos públicos y privados a personas cuya capacidad de endeudamiento es nula o baja: los llamados subprime o créditos de riesgo. Estos préstamos neutrones, como los llama el destacado economista estadounidense James K. Galbraith (porque destruyen a las familias), han generado una crisis de tal magnitud, que a finales de junio pasado el Senado de Estados Unidos tuvo que autorizar una garantía de Estado por cerca de 300 mil millones de dólares, con el objeto de frenar la ola de juicios contra los deudores y evitar que más de 500 mil personas en aquel país pierdan sus viviendas.
Este modelo inmobiliario que se pretende exportar a Centroamérica (con 50 mil acciones de vivienda en una primera etapa y 500 mil en el largo plazo) ha sido un fracaso total en Estados Unidos y en México. Aquí se ha convertido también en un problema social creciente. Cito algunos ejemplos: 1. De acuerdo con el INEGI, en octubre de 2007, el 14 por ciento de las viviendas del país, es decir 4.3 millones, estaban deshabitadas.
2. En junio de 2007, la cartera vencida del Infonavit era de 110 mil créditos. Para mayo de este año, el número de créditos quebrados ascendió a 130 mil. Esto se debe al diseño mercantil de los préstamos, que los vuelve impagables, y al creciente desempleo.
3. La problemática no es privativa del Infonavit. Se trata de una crisis general. Según la Secretaría de Hacienda, la cartera vencida del sistema financiero mexicano aumentó 2 mil millones de pesos en tres meses, colocándose en 27 mil 200 millones de pesos en marzo de este año. De esta cifra, 9 mil millones corresponde a los créditos hipotecarios de la banca.
4. Otro indicador del fracaso social de esta política es el creciente número de asentamientos irregulares en todo el país. No existe una visión integral del desarrollo urbano y por tanto no se garantiza reserva territorial ni dotación de suelo para la población necesitada. Según Corett, hay 53 millones de personas que no cuentan con vivienda escriturada y cada año se integran a zonas urbanas 300 mil hogares, de los cuales 125 mil ocupan el suelo de manera irregular. Esto se debe, en buena medida, a que las nueve desarrolladoras inmobiliarias que controlan el mercado en México (Homex, Sare, Geo, Ara, Urbi y otras) acaparan gran parte del suelo de las principales ciudades del país.
Algunos directivos de esas empresas han fungido previamente como funcionarios de gobierno. Tal es el caso del gallego David Sánchez Tembleque, quien, como subdirector de Finanzas de Infonavit, vendió 55 mil créditos a 2 trasnacionales y vio crecer 900 por ciento a la empresa Homex, de la cual, casualmente, después fue directivo. Si a esto le sumamos los subsidios que las desarrolladoras reciben a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, entonces nos explicamos su crecimiento de mil 118 por ciento, de acuerdo con el Índice Habita de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Será por eso que los directivos de estas corporaciones estuvieron presentes en el acto donde fue rebautizado el abortado Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica?
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