La Prisión Política

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Durante los primeros 17 meses del sexenio del estado de derecho y el gobierno de leyes, como reza el discurso oficial en boga, la prisión política es una de las instituciones más vigorosas.

El segundo gobierno de la alternancia, el del Anpri que sustituyó en 2000 al Prian, no se diferencia sustantivamente en esta materia de los gobiernos posrevolucionarios y los del último cuarto de siglo que con diferencia de tiempo y espacio históricos, hace de la prisión política un método de gobierno para castigar, con la colocación tras las rejas, a los disidentes políticos y sociales que se atreven a impugnarlos más allá de los límites tolerados por la delicada piel de las elites gubernamentales.

Si nos atenemos a los informes de las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, el número de prisioneros por sus ideas y prácticas políticas fluctúa entre los 500 y los 800.

La notable variación no sólo depende de la información de que dispone una organización u otra, sino de que el tipo de delitos que se les imputan y las sentencias dictadas con frecuencia logran ocultar las motivaciones sociales o políticas que condujeron a cientos de hombres y mujeres a la prisión política.

Un caso emblemático es el de Isabel Almaraz Matías . A seis años de que fue aprehendida, encarcelada y separada de sus dos hijas aún no se le ha dictado sentencia. Relata la reportera Aída Mendoza Flores : “Está acusada de secuestro, intento de homicidio, resistencia a la autoridad y organización delictuosa. Según algunos medios de comunicación, la mujer zapoteca participó en junio de 1997 en la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha , que mantuvo un plantón de cinco años en los portales del antiguo palacio de gobierno de Oaxaca para protestar contra la militarización que diezmó a su región. En su momento se presentaron más de 90 ejecuciones extrajudiciales, 15 desapariciones y cerca de 500 detenciones.”

Sin embargo, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos tiene documentados 395 casos ( Forum 178, VI-08, pp. 8-9). Pero en lo que convergen las ONG es en la naturaleza sociopolítica de las causas que enarbolan los 500 u 800 prisioneros castigados por los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León , pasando por el de Vicente Fox Quesada y el de su compañero de partido pero no de sector, de grupo de poder, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa .

Así, por ejemplo, para María Magdalena López Paulino , de la Red Solidaria Década contra la Impunidad , los prisioneros políticos “Son los damnificados de una política que ha decidido criminalizar la expresión pública del malestar social”.

En tanto que para Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, “Las autoridades abusan del uso de los procesos penales como forma de contención social”.

Sean cinco u ocho los centenares de prisioneros por causas políticas, como bien apunta el doctor Miguel Concha Malo –un hombre bueno como pocos– “Tantos presos políticos en México es síntoma de la existencia de un verdadero problema en el funcionamiento del sistema político”.

Además, muchos de quienes se encuentran tras las rejas, de acuerdo a la Red Solidaria Década, resultaron víctimas de la violencia por parte de los cuerpos policiales. “Fueron golpeados, torturados e inclusive abusados sexualmente, durante y después de su arresto. Muchos de ellos se encuentran en condiciones carcelarias humillantes y otros más están recluidos en penales de alta seguridad, al lado de torturadores, narcotraficantes y secuestradores”.

Un problema agudo de funcionalidad del sistema político sólo puede ser afrontado con una ley de amnistía general para los prisioneros políticos.