· La académica del IIJ de la UNAM, Marisol Anglés Hernández, informó que ello es así porque se desechan más rápidamente y generan toneladas de basura peligrosa
· La coordinadora del PUMA, Irma Rosas Pérez, señaló que el 60 por ciento de las pilas no formales comercialmente, no están bien selladas y los metales que contienen afectan directamente al ser humano
Las pilas ilegales contaminan más el medio ambiente y no porque contengan más tóxicos, sino porque se desechan más rápidamente y generan toneladas de basura peligrosa, aseguró la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Marisol Anglés Hernández.
En este sentido, la coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM, Irma Rosas Pérez, señaló que el 60 por ciento de las pilas no formales comercialmente, no están bien selladas y los metales que contienen afectan directamente al ser humano.
Por ello, señaló Anglés Hernández, es indispensable vigilar que estos productos no ingresen al país, pues sólo así se podrá tener mayor control.
Estas pilas entran en gran cantidad al país de manera ilegal. La población las adquiere por su bajo costo, sin saber que tienen menor calidad y escasa duración. En el Metro o en puestos ambulantes, un paquete vale cinco pesos.
Además, sugirió impulsar la responsabilidad compartida, de la sociedad y de los empresarios que fabrican estos artículos y que se incluyera el costo por la gestión al final de la vida de esas baterías, aunque incrementara el precio, pero con la certeza de que habría un lugar para depositarlas al término de su vida útil.
La especialista del IIJ, recordó que en México no se cuenta con la infraestructura necesaria para el tratamiento a este tipo de residuos; se debe propiciar la creación de plantas de reciclaje, con la certeza jurídica para quien invierta en este sector, de que a mediano plazo va a recuperar la inversión.
La doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, y fundadora de la Asociación Iberoamericana de Doctores y Doctorandos en Derecho Ambiental, con sede en esa misma ciudad, y parte integrante de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, subrayó que se necesita trabajar con la sociedad civil.
Al respecto, Rosas Pérez –integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II–, se pronunció por la colocación de contenedores de estos materiales para su manejo y destino final. No sólo servirían para depositarlos, sino que se realizaría un inventario.
Hasta hoy, las pilas de celulares deben enviarse a Europa, porque en México no existe metodología y tecnología para reciclarlas. El proceso es simple, “no quedarse con los residuos, y menos mal puestos”, indicó la doctora en Ciencias Biológicas Ambientales por la Facultad de Ciencias, UNAM, con especialización en Aerobiología en Rothamsted Experimental Station de Inglaterra.
Por su parte, Anglés Hernández se refirió a la iniciativa de reformas a la Ley General para Prevenir y Gestionar los Residuos Peligrosos, en la que se busca modificar la fracción V del Artículo 31, para denominar a todas las pilas y baterías como materiales peligrosos.
En el país, subrayó, la agenda ambiental no es un tema prioritario y, por ello, estas propuestas han sido soslayadas.
· La coordinadora del PUMA, Irma Rosas Pérez, señaló que el 60 por ciento de las pilas no formales comercialmente, no están bien selladas y los metales que contienen afectan directamente al ser humano
Las pilas ilegales contaminan más el medio ambiente y no porque contengan más tóxicos, sino porque se desechan más rápidamente y generan toneladas de basura peligrosa, aseguró la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Marisol Anglés Hernández.
En este sentido, la coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM, Irma Rosas Pérez, señaló que el 60 por ciento de las pilas no formales comercialmente, no están bien selladas y los metales que contienen afectan directamente al ser humano.
Por ello, señaló Anglés Hernández, es indispensable vigilar que estos productos no ingresen al país, pues sólo así se podrá tener mayor control.
Estas pilas entran en gran cantidad al país de manera ilegal. La población las adquiere por su bajo costo, sin saber que tienen menor calidad y escasa duración. En el Metro o en puestos ambulantes, un paquete vale cinco pesos.
Además, sugirió impulsar la responsabilidad compartida, de la sociedad y de los empresarios que fabrican estos artículos y que se incluyera el costo por la gestión al final de la vida de esas baterías, aunque incrementara el precio, pero con la certeza de que habría un lugar para depositarlas al término de su vida útil.
La especialista del IIJ, recordó que en México no se cuenta con la infraestructura necesaria para el tratamiento a este tipo de residuos; se debe propiciar la creación de plantas de reciclaje, con la certeza jurídica para quien invierta en este sector, de que a mediano plazo va a recuperar la inversión.
La doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, y fundadora de la Asociación Iberoamericana de Doctores y Doctorandos en Derecho Ambiental, con sede en esa misma ciudad, y parte integrante de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, subrayó que se necesita trabajar con la sociedad civil.
Al respecto, Rosas Pérez –integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II–, se pronunció por la colocación de contenedores de estos materiales para su manejo y destino final. No sólo servirían para depositarlos, sino que se realizaría un inventario.
Hasta hoy, las pilas de celulares deben enviarse a Europa, porque en México no existe metodología y tecnología para reciclarlas. El proceso es simple, “no quedarse con los residuos, y menos mal puestos”, indicó la doctora en Ciencias Biológicas Ambientales por la Facultad de Ciencias, UNAM, con especialización en Aerobiología en Rothamsted Experimental Station de Inglaterra.
Por su parte, Anglés Hernández se refirió a la iniciativa de reformas a la Ley General para Prevenir y Gestionar los Residuos Peligrosos, en la que se busca modificar la fracción V del Artículo 31, para denominar a todas las pilas y baterías como materiales peligrosos.
En el país, subrayó, la agenda ambiental no es un tema prioritario y, por ello, estas propuestas han sido soslayadas.
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