Por Eduardo Ibarra Aguirre
Resulta preocupante, sino es que terrible, un diagnóstico como el presentado por Emilio Alvarez Icaza Longoria sobre la tragedia del News Divine, en la que murieron 12 personas, tres de ellas menores de edad.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal postula que no fue producto de un concierto de errores sino de una política pública “en la que se criminaliza a los jóvenes, en particular a los más pobres”. Política que se aplica de manera “sistemática e institucionalizada” y que es “imprescindible desmontar”.
Dice que lo denunció y documentó durante dos años ante el Gobierno del Distrito Federal, y específicamente frente a Marcelo Ebrard Casaubon. Dicho de otra manera: no es que después de la tragedia, el hijo de don José Alvarez Icaza, paradigma de defensor y también de promotor de los derechos humanos, descubra el hilo negro para proyectarse a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que mal encabeza José Luis Soberanes Fernández. No.
Los indicios propios están a la mano. Un adolescente sometido a revisión exhaustiva en Plan de San Luis y Carpio mientras la patrulla obstruye el tráfico en viernes y en hora pico. Dos muchachos acusados caprichosamente por un policía de incendiar un bote de basura en el parque Revolución de la colonia Nueva Santa María. Dos patrulleros que marcan el pase a una novel conductora y actriz en Insurgentes Sur y tras obedecerlos queda a medio arroyo vehicular por respetar el alto, y enseguida es extorsionada.
Larga es mi lista, pero dados como somos a hablar de la feria según nos va, subestimé lo que la CDHDF ratifica como política del gobierno capitalino. Y no tanto porque sea o no izquierda que, por lo demás, se es o no en razón no tanto del origen y la trayectoria como algunos ostentan tenerlos, sino sobre todo por el presente. Y tal condición se reafirma diaria, cotidianamente, con actos y políticas.
Estamos ante un grave problema de derechos humanos y de garantías individuales. Y ambos son puntos de definición de conductas institucionales democráticas y de adscripciones auténticas a la izquierda.
Como también lo es, y lo subraya el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, el apoyo que el gobierno de la capital “ha dirigido a los jóvenes a través de diversos programas sociales”.
Las renuncias de Joel Ortega Cuevas y de Rodolfo Félix Cárdenas son decisiones que no por presuntamente tardías, dejan de revelar la firme voluntad política de Ebrard para que la investigación ministerial no tenga interferencias.
Más trascendente aún es el compromiso institucional de “rehacer la relación” del GDF “con los jóvenes y los menores“.
Resulta preocupante, sino es que terrible, un diagnóstico como el presentado por Emilio Alvarez Icaza Longoria sobre la tragedia del News Divine, en la que murieron 12 personas, tres de ellas menores de edad.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal postula que no fue producto de un concierto de errores sino de una política pública “en la que se criminaliza a los jóvenes, en particular a los más pobres”. Política que se aplica de manera “sistemática e institucionalizada” y que es “imprescindible desmontar”.
Dice que lo denunció y documentó durante dos años ante el Gobierno del Distrito Federal, y específicamente frente a Marcelo Ebrard Casaubon. Dicho de otra manera: no es que después de la tragedia, el hijo de don José Alvarez Icaza, paradigma de defensor y también de promotor de los derechos humanos, descubra el hilo negro para proyectarse a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que mal encabeza José Luis Soberanes Fernández. No.
Los indicios propios están a la mano. Un adolescente sometido a revisión exhaustiva en Plan de San Luis y Carpio mientras la patrulla obstruye el tráfico en viernes y en hora pico. Dos muchachos acusados caprichosamente por un policía de incendiar un bote de basura en el parque Revolución de la colonia Nueva Santa María. Dos patrulleros que marcan el pase a una novel conductora y actriz en Insurgentes Sur y tras obedecerlos queda a medio arroyo vehicular por respetar el alto, y enseguida es extorsionada.
Larga es mi lista, pero dados como somos a hablar de la feria según nos va, subestimé lo que la CDHDF ratifica como política del gobierno capitalino. Y no tanto porque sea o no izquierda que, por lo demás, se es o no en razón no tanto del origen y la trayectoria como algunos ostentan tenerlos, sino sobre todo por el presente. Y tal condición se reafirma diaria, cotidianamente, con actos y políticas.
Estamos ante un grave problema de derechos humanos y de garantías individuales. Y ambos son puntos de definición de conductas institucionales democráticas y de adscripciones auténticas a la izquierda.
Como también lo es, y lo subraya el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, el apoyo que el gobierno de la capital “ha dirigido a los jóvenes a través de diversos programas sociales”.
Las renuncias de Joel Ortega Cuevas y de Rodolfo Félix Cárdenas son decisiones que no por presuntamente tardías, dejan de revelar la firme voluntad política de Ebrard para que la investigación ministerial no tenga interferencias.
Más trascendente aún es el compromiso institucional de “rehacer la relación” del GDF “con los jóvenes y los menores“.
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