· Se relacionan con supuestos delitos sexuales, cuestiones laborales o maltrato, aseguró el académico de la FES Zaragoza de la UNAM, Fernando Mancilla Miranda
· Hace falta una adecuación que dé a la Psicología Jurídica y sub-áreas, la importancia debida, consideró
· Pocos quieren enfrentarse al estudio y análisis del lado oscuro de los seres humanos, indicó
Por lo menos el 40 por ciento de las denuncias en el país son falsas, y están relacionadas con presuntos delitos sexuales, acoso laboral o violencia familiar, aseguró el académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ) de la UNAM, Fernando Manuel Mancilla Miranda.
Ello abre paso a que la presunta víctima, denunciante u ofendido, obtenga “ganancias secundarias o beneficios”, como puede ser el divorcio o recursos económicos, a través de una sentencia favorable, añadió el especialista.
El también coordinador de los diplomados en Psicología Criminal y Forense e Investigación Psicocriminodelictiva en esa entidad, expuso que, por ello, la próxima reforma penal deberá contemplar una ley referente al pago de la reparación del daño para los sujetos encarcelados injustamente y, asimismo, deberá ponerse especial atención al delito de falsedad de declaración.
En la actualidad no hay investigaciones adecuadas para emitir un dictamen pericial en materia de psicología, pues se dan por verídicos “dichos o declaraciones” de las presuntas víctimas, y se da por hecho la culpabilidad en este tipo de casos. A ello se suma que los peritos en esta materia no están capacitados o se corrompen.
La utilización inadecuada de lo establecido en los códigos Civil, Penal, de Procedimientos Penales y en la Ley de Atención a Víctimas del Delito, todos del Distrito Federal, para integrar la “reparación del daño” –que si bien no se niega a una víctima verdadera–, sirve para reafirmar un dicho inicialmente motivado por el odio, el rencor, la venganza y reforzado por un interés económico.
Por ejemplo, si los padres de una chica menor de edad descubren que tuvo una relación sexual, podría argumentar que fue violada, pues la compensación podría ascender hasta 40 mil pesos, apuntó.
Ante este panorama, hace falta una reforma judicial adecuada que dé la importancia debida a la Psicología Jurídica y a sus sub-áreas: Psicología Criminal, Forense, del Testimonio, de la Mediación, de las Fuerzas Armadas, Penitenciaria y Victimal, que en otros países existe porque la ley las avala, las legaliza y las legitima, afirmó.
Ello, abundó, a pesar de que en el artículo 72 del Código Penal del DF, referido a los Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad, se establece que para que el juez pueda impartir sentencia o las medidas pertinentes, deberá conocer la personalidad del sujeto y el único profesional capacitado para hacerlo “es el psicólogo”.
En ese sentido, el psicólogo por la UNAM, con maestría en Criminología y Victimología, opinó que falta mucho por hacer. “Si así está la situación en el DF, hay que imaginar en el resto del país. No sólo falta una buena reglamentación que considere a la Psicología como parte de los procesos judiciales, sino un “colegio de especialistas”, que regule la práctica profesional.
Incluso, señaló que dentro de las instituciones de educación superior es necesario reconocer la importancia de esta área. En México, la Psicología Jurídica no existe como materia de pregrado o licenciatura. “Pocos quieren enfrentarse a esa parte, que sirve para explicar el comportamiento malvado. Nadie quiere afrontar el estudio y análisis del lado oscuro de los seres humanos”.
El académico de la FESZ desde hace dos décadas y perito independiente, explicó que mucha gente está en prisión porque no tuvo una buena defensa o porque no contó con un buen psicólogo que supiera hacer las preguntas idóneas o que usara los instrumentos adecuados, para realizar un dictamen pericial.
Por ello, además de formar a los especialistas en el área, que requieren las instituciones relacionadas con la impartición de justicia, en esa entidad se planea crear un centro de atención, donde la gente sin recursos pueda contar con un experto en Psicología Jurídica.
Hasta el momento, sólo se han atendido dos casos, explicó Mancilla, donde se ha coadyuvado a obtener la información solicitada por el juez. Para ello, se cuenta con ocho estudiantes, “pero se necesita crecer, porque la demanda es alta y los casos de violencia familiar, delitos sexuales y acoso laboral, principalmente, requieren de investigación”.
El académico universitario y coordinador de los diplomados de Investigación Psicocriminodelictiva y Psicología Criminal y Forense que se imparten en la FESZ, precisó que ahí se forman perfiladores o investigadores y peritos, para que puedan laborar en instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República o el Tribunal Superior de Justicia.
Son psicólogos con una formación jurídica, con conocimientos en Derecho Penal, Procesal, Familiar y Civil, al igual que en Medicina, Legal, Victimología, Psicometría Psicopatología, Psicología del Testimonio, Criminalística de Campo, Balística, modus operandi, violencia familiar, maltrato infantil, delitos sexuales, entrevista forense, interrogatorio, tipos delincuenciales y delincuencia organizada, entre otras ramas del conocimiento, que les permitirá trabajar de manera independiente, dijo.
Sin esos recursos intelectuales y técnicos, el psicólogo se convierte en un simple aplicador de pruebas, los resultados no tienen ninguna conexión y no resuelven nada, consideró.
Ante el elevado número de falsas denuncias, un campo de aplicación fundamental es la Psicología del Testimonio, es decir, la determinación sobre si alguien dice o no la verdad y si la acusación se fundamenta en hechos reales, que establezca la factibilidad de realización, apuntó.
No obstante, finalizó, aún falta mucho para subsanar en torno a la falta de formación, preparación, actualización y, sobre todo, de objetividad de los psicólogos que abordan el área del Derecho y de los peritos de tribunales, procuradurías, agencias de atención a víctimas e, incluso, de organizaciones no gubernamentales.
· Hace falta una adecuación que dé a la Psicología Jurídica y sub-áreas, la importancia debida, consideró
· Pocos quieren enfrentarse al estudio y análisis del lado oscuro de los seres humanos, indicó
Por lo menos el 40 por ciento de las denuncias en el país son falsas, y están relacionadas con presuntos delitos sexuales, acoso laboral o violencia familiar, aseguró el académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ) de la UNAM, Fernando Manuel Mancilla Miranda.
Ello abre paso a que la presunta víctima, denunciante u ofendido, obtenga “ganancias secundarias o beneficios”, como puede ser el divorcio o recursos económicos, a través de una sentencia favorable, añadió el especialista.
El también coordinador de los diplomados en Psicología Criminal y Forense e Investigación Psicocriminodelictiva en esa entidad, expuso que, por ello, la próxima reforma penal deberá contemplar una ley referente al pago de la reparación del daño para los sujetos encarcelados injustamente y, asimismo, deberá ponerse especial atención al delito de falsedad de declaración.
En la actualidad no hay investigaciones adecuadas para emitir un dictamen pericial en materia de psicología, pues se dan por verídicos “dichos o declaraciones” de las presuntas víctimas, y se da por hecho la culpabilidad en este tipo de casos. A ello se suma que los peritos en esta materia no están capacitados o se corrompen.
La utilización inadecuada de lo establecido en los códigos Civil, Penal, de Procedimientos Penales y en la Ley de Atención a Víctimas del Delito, todos del Distrito Federal, para integrar la “reparación del daño” –que si bien no se niega a una víctima verdadera–, sirve para reafirmar un dicho inicialmente motivado por el odio, el rencor, la venganza y reforzado por un interés económico.
Por ejemplo, si los padres de una chica menor de edad descubren que tuvo una relación sexual, podría argumentar que fue violada, pues la compensación podría ascender hasta 40 mil pesos, apuntó.
Ante este panorama, hace falta una reforma judicial adecuada que dé la importancia debida a la Psicología Jurídica y a sus sub-áreas: Psicología Criminal, Forense, del Testimonio, de la Mediación, de las Fuerzas Armadas, Penitenciaria y Victimal, que en otros países existe porque la ley las avala, las legaliza y las legitima, afirmó.
Ello, abundó, a pesar de que en el artículo 72 del Código Penal del DF, referido a los Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad, se establece que para que el juez pueda impartir sentencia o las medidas pertinentes, deberá conocer la personalidad del sujeto y el único profesional capacitado para hacerlo “es el psicólogo”.
En ese sentido, el psicólogo por la UNAM, con maestría en Criminología y Victimología, opinó que falta mucho por hacer. “Si así está la situación en el DF, hay que imaginar en el resto del país. No sólo falta una buena reglamentación que considere a la Psicología como parte de los procesos judiciales, sino un “colegio de especialistas”, que regule la práctica profesional.
Incluso, señaló que dentro de las instituciones de educación superior es necesario reconocer la importancia de esta área. En México, la Psicología Jurídica no existe como materia de pregrado o licenciatura. “Pocos quieren enfrentarse a esa parte, que sirve para explicar el comportamiento malvado. Nadie quiere afrontar el estudio y análisis del lado oscuro de los seres humanos”.
El académico de la FESZ desde hace dos décadas y perito independiente, explicó que mucha gente está en prisión porque no tuvo una buena defensa o porque no contó con un buen psicólogo que supiera hacer las preguntas idóneas o que usara los instrumentos adecuados, para realizar un dictamen pericial.
Por ello, además de formar a los especialistas en el área, que requieren las instituciones relacionadas con la impartición de justicia, en esa entidad se planea crear un centro de atención, donde la gente sin recursos pueda contar con un experto en Psicología Jurídica.
Hasta el momento, sólo se han atendido dos casos, explicó Mancilla, donde se ha coadyuvado a obtener la información solicitada por el juez. Para ello, se cuenta con ocho estudiantes, “pero se necesita crecer, porque la demanda es alta y los casos de violencia familiar, delitos sexuales y acoso laboral, principalmente, requieren de investigación”.
El académico universitario y coordinador de los diplomados de Investigación Psicocriminodelictiva y Psicología Criminal y Forense que se imparten en la FESZ, precisó que ahí se forman perfiladores o investigadores y peritos, para que puedan laborar en instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República o el Tribunal Superior de Justicia.
Son psicólogos con una formación jurídica, con conocimientos en Derecho Penal, Procesal, Familiar y Civil, al igual que en Medicina, Legal, Victimología, Psicometría Psicopatología, Psicología del Testimonio, Criminalística de Campo, Balística, modus operandi, violencia familiar, maltrato infantil, delitos sexuales, entrevista forense, interrogatorio, tipos delincuenciales y delincuencia organizada, entre otras ramas del conocimiento, que les permitirá trabajar de manera independiente, dijo.
Sin esos recursos intelectuales y técnicos, el psicólogo se convierte en un simple aplicador de pruebas, los resultados no tienen ninguna conexión y no resuelven nada, consideró.
Ante el elevado número de falsas denuncias, un campo de aplicación fundamental es la Psicología del Testimonio, es decir, la determinación sobre si alguien dice o no la verdad y si la acusación se fundamenta en hechos reales, que establezca la factibilidad de realización, apuntó.
No obstante, finalizó, aún falta mucho para subsanar en torno a la falta de formación, preparación, actualización y, sobre todo, de objetividad de los psicólogos que abordan el área del Derecho y de los peritos de tribunales, procuradurías, agencias de atención a víctimas e, incluso, de organizaciones no gubernamentales.
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