PGR… Otra vez la mano de Fernández de Cevallos
Ricardo Ravelo
México, D.F., 27 de noviembre (apro).- A unas horas de que el presidente electo Felipe Calderón dé a conocer a los titulares de su gabinete político y ampliado, el jaloneo y las presiones aumentan al interior del equipo de transición por una de las posiciones más codiciadas: la Procuraduría General de la República (PGR).
Tal y como ha sido su estilo en los últimos tres sexenios, el exsenador y abogado Diego Fernández de Cevallos –quizá uno de los panistas más influyentes en el equipo foxista y ahora en el grupo político de Calderón– pretende, una vez más, imponer su hegemonía e influir en el nombramiento del próximo titular de la PGR.
Metido en escándalos y en “relaciones sospechosas” por su vinculación con empresarios presuntamente ligados al cártel de Juárez, Fernández de Cevallos “cabildea” al interior del equipo del presidente electo para que el nuevo procurador sea Julio Esponda, un panista ligado a él, quien además se desempeña como abogado postulante.
Diego Fernández, uno de los abogados y políticos que más ha explotado el llamado “influyentismo político” en su favor, ha sido pieza clave en el nombramiento de los últimos tres sexenios: con Ernesto Zedillo, Diego fue propuesto para ocupar la titularidad de la PGR. El panista rechazó la oferta y recomendó, “como un abogado honesto”, a Antonio Lozano Gracia, sobre quien recayó el nombramiento, y así Lozano Gracia se convirtió en el primer panista en ocupar un cargo público en un gobierno priista.
Tras la derrota del PRI en el 2000, Diego volvió a influir en el equipo de Vicente Fox: recomendó a Rafael Macedo de la Concha como un hombre íntegro y “la mejor opción” para encabezar la PGR. Entre otros argumentos, Diego Fernández de Cevallos pregonó que, como procurador de Justicia Militar, Macedo había integrado los expedientes criminales contra los generales Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro, quienes resultaron implicados con el narcotráfico.
* * *
En las últimas semanas, el cargo de procurador general de la República se ha convertido en una de las posiciones más peleadas al interior del equipo de transición de Calderón. En la lista de aspirantes aparece Genaro Nava, secretario particular del michoacano. Nava habría rechazado la oferta. La lista incluía al gobernador con licencia de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien como mandatario enfrenta serias acusaciones por violación a derechos humanos y actos de represión.
Otros nombres que se mencionan y que el presidente electo analiza son los de Francisco Molina Ruiz, excomisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
Molina Ruiz, exprocurador de Chihuahua con Francisco Barrio, sustituyó al general Jesús Gutiérrez Rebollo en el INCD, cuando el militar fue encarcelado por sus vínculos con Amado Carrillo y con Eduardo González Quirarte, “El Flaco”, operador del cártel de Juárez, socio y amigo del “señor de los cielos”.
En el periodo de transición del 2000, cuando Vicente Fox conformaba su equipo de trabajo, Molina Ruiz se vio envuelto en una investigación de carácter confidencial ordenada por José Luis Reyes Vázquez –el gallo de Fox para la PGR–, pues Reyes tenía informes de que Molina Ruiz estaba vinculado con el cártel de Juárez.
Tal historia, relatada en el libro “Los capos: las narco-rutas de México” (Plaza/ Janés 2005), incluye otros datos: que para armar el expediente contra Molina y “quitárselo de enmedio”, Reyes Vázquez contrató los servicios de José Luis Trillón, un informante de la PGR, del Ejército y de la DEA, quien viajó expresamente a Chihuahua para investigar a Molina, pues Reyes quería tener en sus manos toda su historia para hablar con Fox.
Sin embargo, en ese tiempo Reyes incurrió en varios errores. Según la citada historia, exigió a la PGR, entonces encabezada por Jorge Madrazo, un coche blindado.
“No tenemos vehículos”, le dijeron.
--Necesito un carro blindado, el que tengan disponible –insistió Reyes Vázquez.
Jorge Madrazo habló con José Larrieta, encargado de la UEDO (Unidad Especializada en Delincuencia Organizada). Le dijo:
--¿Te sobra algún coche blindado?, es que José Luis (Reyes) insiste en que quiere un coche blindado…
--Sólo tenemos un BMW blindado que le decomisamos a Albino Quintero. Sólo hay que advertirle que el carro está caliente.
--Dáselo y explícale las condiciones del coche –ordenó Madrazo Cuéllar.
El vehículo fue entregado a Reyes Vázquez, quien fue advertido de las condiciones del vehículo.
“No importa, así dámelo”, respondió Reyes Vázquez, quien a partir de ese momento dispuso del coche blindado que tanto le urgía.
Sin embargo, por incurrir en exceso de gastos y otros abusos, el presidente electo Vicente Fox marginó a Reyes Vázquez, y como procurador fue nombrado Rafael Macedo, a quien el propio Reyes Vázquez tenía considerado nombrar fiscal antidrogas.
* * *
En tanto, José Luis Tirión siguió investigando a Molina Ruiz en Chihuahua. Pero de pronto la investigación se suspendió y mucho tuvo que ver la decisión de Fox de no designar a Reyes Vázquez como procurador. No obstante, Tirión trabó relación con los funcionarios de la PGR en esa entidad, de donde obtuvo información sobre uno de los negocios más rentables en la dependencia: la venta de plazas. En ese tiempo –diciembre del 2000– uno de los personajes implicados en este escándalo era nada menos que el subprocurador Alfonso Navarrete Prida –hombre de confianza de Macedo de la Concha--, quien actualmente es otro de los aspirante a encabezar la PGR, según la lista de prospectos que tiene Felipe Calderón en su escritorio.
Navarrete Prida fue sometido a investigación por parte de la UEDO por sus presuntos vínculos en la venta de plazas en la PGR, que en ese tiempo –según el expediente del caso– favorecían al cártel de Juárez. Las presuntas relaciones de Navarrete Prida con el cártel de Juárez las dio a conocer el propio José Luis Trillón ante el general Augusto Moisés García Ochoa, secretario particular del secretario de la Defensa, Ricardo Clemente García.
A partir de esos datos, se le dio a conocer el asunto al procurador Macedo de la Concha en enero del 2000, y así se inició la investigación contra Alfonso Navarrete, quien terminó renunciando al cargo después que su oficina en la PGR fue sellada completamente, a fin de que no se moviera ningún documento de la misma, pues era necesario saber –según la propia indagatoria– con qué personas había hablado el funcionario en las últimas tres semanas.
En dicha indagatoria fueron implicados en el negocio el entonces delegado de la PGR en Chihuahua y el subdelegado de la Policía Judicial Federal. Supuestamente, ambos estaban ligados a dicho negocio. Cada plaza en la PGR costaba medio millón de dólares.
Navarrete Prida fue procurador mexiquense, donde tuvo a su cargo, entre otras investigaciones, el crimen de Sergio Salinas de Gortari. Navarrete fue una pieza clave para que dicho expediente no fuera atraído --al menos en las primeras semanas– por la PGR.
Tras dejar el cargo, Navarrete empezó a maniobrar políticamente: quiso ser diputado federal por el PRI. No pudo porque a su partido no le alcanzaron los votos para designarlo legislador plurinominal. Luego se vinculó al equipo de trabajo del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, insistentemente mencionado como posible presidente interino ante la trabazón legal que derivó luego de los comicios del 22 de julio, las cuales fueron calificadas como fraudulentas.
Navarrete Prida trabajó con el equipo del PRD y también con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en todo el trabajo legal de impugnación de las elecciones. Luego que el Tribunal Electoral federal determinó que el presidente electo era Calderón Hinojosa, Navarrete abandonó al sol azteca y se abocó a tocar las puertas del presidente electo.
A menudo de le veía en la casa de transición. Según una fuente consultada por Apro, Navarrete empezó a promoverse para ser el próximo procurador general de la República. Es impulsado, según datos consultados por esta agencia, por Miguel Lerma Candelaria, quien es amigo del exprocurador Jorge Carpizo, éste mentor de Navarrete Prida.
Lerma también es un personaje cercano a Alfonso Durazo, exsecretario particular y exvocero de Vicente Fox.
La relación de Navarrete Prida con Lerma Candelaria es añeja. En el expediente de su investigación, por la presunta venta de plazas en la PGR, obra una libreta de apuntes en donde la secretaria de Navarrete hizo varias anotaciones sobre las llamadas más frecuentes que realizaba el entonces funcionario de la PGR.
Entre otras –según consta en el documento–, existen llamadas de entrada y de salida realizadas por Navarrete Prida a Lerma Candelaria.
Junto con Navarrete, otros dos aspirantes son el actual procurador, Daniel Cabeza de Vaca –quien propuso continuar en el cargo–, y José Luis Santiago Vasconcelos, actual titular de la SIEDO, quien cuenta con el respaldo de la DEA y del Ejército.
De no ser el próximo procurador, Vasconcelos tiene ofrecimientos –según él mismo ha dicho-- en la ONU y como asesor de la DEA en el combate al narcotráfico. Pero el todavía funcionario de la SIEDO busca, también, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque en el equipo de transición ha manifestado sus intenciones primeras de encabezar la PGR.
Otro de los políticos panistas que están anotados en la lista para la PGR es el exdiputado y exsecretario general de Gobierno de Jalisco, Ricardo Franco Guzmán, principal impulsor para la apertura del expediente sobre el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y uno más es Arturo Chávez, secretario de Gobierno en Chihuahua en el periodo de Francisco Barrio. Chávez ha sido cuestionado por su fracaso para aclarar el caso de las muertas de Juárez.
Felipe Calderón dará a conocer la segunda parte de su gabinete esta misma semana.
Ricardo Ravelo
México, D.F., 27 de noviembre (apro).- A unas horas de que el presidente electo Felipe Calderón dé a conocer a los titulares de su gabinete político y ampliado, el jaloneo y las presiones aumentan al interior del equipo de transición por una de las posiciones más codiciadas: la Procuraduría General de la República (PGR).
Tal y como ha sido su estilo en los últimos tres sexenios, el exsenador y abogado Diego Fernández de Cevallos –quizá uno de los panistas más influyentes en el equipo foxista y ahora en el grupo político de Calderón– pretende, una vez más, imponer su hegemonía e influir en el nombramiento del próximo titular de la PGR.
Metido en escándalos y en “relaciones sospechosas” por su vinculación con empresarios presuntamente ligados al cártel de Juárez, Fernández de Cevallos “cabildea” al interior del equipo del presidente electo para que el nuevo procurador sea Julio Esponda, un panista ligado a él, quien además se desempeña como abogado postulante.
Diego Fernández, uno de los abogados y políticos que más ha explotado el llamado “influyentismo político” en su favor, ha sido pieza clave en el nombramiento de los últimos tres sexenios: con Ernesto Zedillo, Diego fue propuesto para ocupar la titularidad de la PGR. El panista rechazó la oferta y recomendó, “como un abogado honesto”, a Antonio Lozano Gracia, sobre quien recayó el nombramiento, y así Lozano Gracia se convirtió en el primer panista en ocupar un cargo público en un gobierno priista.
Tras la derrota del PRI en el 2000, Diego volvió a influir en el equipo de Vicente Fox: recomendó a Rafael Macedo de la Concha como un hombre íntegro y “la mejor opción” para encabezar la PGR. Entre otros argumentos, Diego Fernández de Cevallos pregonó que, como procurador de Justicia Militar, Macedo había integrado los expedientes criminales contra los generales Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro, quienes resultaron implicados con el narcotráfico.
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En las últimas semanas, el cargo de procurador general de la República se ha convertido en una de las posiciones más peleadas al interior del equipo de transición de Calderón. En la lista de aspirantes aparece Genaro Nava, secretario particular del michoacano. Nava habría rechazado la oferta. La lista incluía al gobernador con licencia de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien como mandatario enfrenta serias acusaciones por violación a derechos humanos y actos de represión.
Otros nombres que se mencionan y que el presidente electo analiza son los de Francisco Molina Ruiz, excomisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
Molina Ruiz, exprocurador de Chihuahua con Francisco Barrio, sustituyó al general Jesús Gutiérrez Rebollo en el INCD, cuando el militar fue encarcelado por sus vínculos con Amado Carrillo y con Eduardo González Quirarte, “El Flaco”, operador del cártel de Juárez, socio y amigo del “señor de los cielos”.
En el periodo de transición del 2000, cuando Vicente Fox conformaba su equipo de trabajo, Molina Ruiz se vio envuelto en una investigación de carácter confidencial ordenada por José Luis Reyes Vázquez –el gallo de Fox para la PGR–, pues Reyes tenía informes de que Molina Ruiz estaba vinculado con el cártel de Juárez.
Tal historia, relatada en el libro “Los capos: las narco-rutas de México” (Plaza/ Janés 2005), incluye otros datos: que para armar el expediente contra Molina y “quitárselo de enmedio”, Reyes Vázquez contrató los servicios de José Luis Trillón, un informante de la PGR, del Ejército y de la DEA, quien viajó expresamente a Chihuahua para investigar a Molina, pues Reyes quería tener en sus manos toda su historia para hablar con Fox.
Sin embargo, en ese tiempo Reyes incurrió en varios errores. Según la citada historia, exigió a la PGR, entonces encabezada por Jorge Madrazo, un coche blindado.
“No tenemos vehículos”, le dijeron.
--Necesito un carro blindado, el que tengan disponible –insistió Reyes Vázquez.
Jorge Madrazo habló con José Larrieta, encargado de la UEDO (Unidad Especializada en Delincuencia Organizada). Le dijo:
--¿Te sobra algún coche blindado?, es que José Luis (Reyes) insiste en que quiere un coche blindado…
--Sólo tenemos un BMW blindado que le decomisamos a Albino Quintero. Sólo hay que advertirle que el carro está caliente.
--Dáselo y explícale las condiciones del coche –ordenó Madrazo Cuéllar.
El vehículo fue entregado a Reyes Vázquez, quien fue advertido de las condiciones del vehículo.
“No importa, así dámelo”, respondió Reyes Vázquez, quien a partir de ese momento dispuso del coche blindado que tanto le urgía.
Sin embargo, por incurrir en exceso de gastos y otros abusos, el presidente electo Vicente Fox marginó a Reyes Vázquez, y como procurador fue nombrado Rafael Macedo, a quien el propio Reyes Vázquez tenía considerado nombrar fiscal antidrogas.
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En tanto, José Luis Tirión siguió investigando a Molina Ruiz en Chihuahua. Pero de pronto la investigación se suspendió y mucho tuvo que ver la decisión de Fox de no designar a Reyes Vázquez como procurador. No obstante, Tirión trabó relación con los funcionarios de la PGR en esa entidad, de donde obtuvo información sobre uno de los negocios más rentables en la dependencia: la venta de plazas. En ese tiempo –diciembre del 2000– uno de los personajes implicados en este escándalo era nada menos que el subprocurador Alfonso Navarrete Prida –hombre de confianza de Macedo de la Concha--, quien actualmente es otro de los aspirante a encabezar la PGR, según la lista de prospectos que tiene Felipe Calderón en su escritorio.
Navarrete Prida fue sometido a investigación por parte de la UEDO por sus presuntos vínculos en la venta de plazas en la PGR, que en ese tiempo –según el expediente del caso– favorecían al cártel de Juárez. Las presuntas relaciones de Navarrete Prida con el cártel de Juárez las dio a conocer el propio José Luis Trillón ante el general Augusto Moisés García Ochoa, secretario particular del secretario de la Defensa, Ricardo Clemente García.
A partir de esos datos, se le dio a conocer el asunto al procurador Macedo de la Concha en enero del 2000, y así se inició la investigación contra Alfonso Navarrete, quien terminó renunciando al cargo después que su oficina en la PGR fue sellada completamente, a fin de que no se moviera ningún documento de la misma, pues era necesario saber –según la propia indagatoria– con qué personas había hablado el funcionario en las últimas tres semanas.
En dicha indagatoria fueron implicados en el negocio el entonces delegado de la PGR en Chihuahua y el subdelegado de la Policía Judicial Federal. Supuestamente, ambos estaban ligados a dicho negocio. Cada plaza en la PGR costaba medio millón de dólares.
Navarrete Prida fue procurador mexiquense, donde tuvo a su cargo, entre otras investigaciones, el crimen de Sergio Salinas de Gortari. Navarrete fue una pieza clave para que dicho expediente no fuera atraído --al menos en las primeras semanas– por la PGR.
Tras dejar el cargo, Navarrete empezó a maniobrar políticamente: quiso ser diputado federal por el PRI. No pudo porque a su partido no le alcanzaron los votos para designarlo legislador plurinominal. Luego se vinculó al equipo de trabajo del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, insistentemente mencionado como posible presidente interino ante la trabazón legal que derivó luego de los comicios del 22 de julio, las cuales fueron calificadas como fraudulentas.
Navarrete Prida trabajó con el equipo del PRD y también con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en todo el trabajo legal de impugnación de las elecciones. Luego que el Tribunal Electoral federal determinó que el presidente electo era Calderón Hinojosa, Navarrete abandonó al sol azteca y se abocó a tocar las puertas del presidente electo.
A menudo de le veía en la casa de transición. Según una fuente consultada por Apro, Navarrete empezó a promoverse para ser el próximo procurador general de la República. Es impulsado, según datos consultados por esta agencia, por Miguel Lerma Candelaria, quien es amigo del exprocurador Jorge Carpizo, éste mentor de Navarrete Prida.
Lerma también es un personaje cercano a Alfonso Durazo, exsecretario particular y exvocero de Vicente Fox.
La relación de Navarrete Prida con Lerma Candelaria es añeja. En el expediente de su investigación, por la presunta venta de plazas en la PGR, obra una libreta de apuntes en donde la secretaria de Navarrete hizo varias anotaciones sobre las llamadas más frecuentes que realizaba el entonces funcionario de la PGR.
Entre otras –según consta en el documento–, existen llamadas de entrada y de salida realizadas por Navarrete Prida a Lerma Candelaria.
Junto con Navarrete, otros dos aspirantes son el actual procurador, Daniel Cabeza de Vaca –quien propuso continuar en el cargo–, y José Luis Santiago Vasconcelos, actual titular de la SIEDO, quien cuenta con el respaldo de la DEA y del Ejército.
De no ser el próximo procurador, Vasconcelos tiene ofrecimientos –según él mismo ha dicho-- en la ONU y como asesor de la DEA en el combate al narcotráfico. Pero el todavía funcionario de la SIEDO busca, también, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque en el equipo de transición ha manifestado sus intenciones primeras de encabezar la PGR.
Otro de los políticos panistas que están anotados en la lista para la PGR es el exdiputado y exsecretario general de Gobierno de Jalisco, Ricardo Franco Guzmán, principal impulsor para la apertura del expediente sobre el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y uno más es Arturo Chávez, secretario de Gobierno en Chihuahua en el periodo de Francisco Barrio. Chávez ha sido cuestionado por su fracaso para aclarar el caso de las muertas de Juárez.
Felipe Calderón dará a conocer la segunda parte de su gabinete esta misma semana.
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